Ecuador: otorgan arresto domiciliario para el expresidente Bucaram y el Prefecto Morales retomó actividades
Retiran banderas de Ecuador y Guayaquil de la Prefectura; Carlos Luis Morales llegó al edificio, se analiza destitución
El prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, llegó al edificio del Gobierno Provincial, en el centro de Guayaquil, pocas horas después de que saliera en libertad con grillete electrónico, la madrugada de este jueves 4 de junio del 2020.
Arribó al edificio matriz de la Prefectura a las 10:00, entre saludos y gritos de apoyo de simpatizantes. No habló con la prensa, únicamente saludó con su brazo derecho.
Tras retomar sus funciones, el prefecto del Guayas ordenó bajar las banderas de Ecuador y Guayaquil que estaban izadas en el edificio del Gobierno Provincial. Las astas quedaron vacías, los videos circularon en redes sociales.
Morales había sido detenido la mañana de ayer, miércoles 3 de junio. Y en la madrugada recobró la libertad, luego de que un juez no aceptara el pedido de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía por el supuesto delito de tráfico de influencias en las compras de insumos médicos.
Entre las medidas sustitutivas están la prohibición de salir del país y el uso de un grillete electrónico.
Antes de la llegada del prefecto, un grupo de simpatizantes identificados con la agrupación ‘Lealtad’ se apostó en los bajos del edificio y mostró el respaldo a Morales.
En tanto, un grupo de alcaldes de la provincia tenía previsto reunirse esta mañana para analizar la situación. Hasta ayer habían varias posturas entre las autoridades cantonales que integran el Consejo Provincial del Guayas. Un sector estaba analizando la destitución luego de que fuera detenido por la Policía. Pero hoy se buscan consensos para pedirle la renuncia a Morales, ante el proceso que enfrenta, ya que “Guayas no merece un prefecto con grillete”, dijo una de las fuentes a este Diario.
El lunes pasado, el bloque legislativo del Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero (MG), le pidió la renuncia al cargo si no entregaba a los responsables de los supuestos actos de corrupción.
Luis Almeida, concejal de Guayaquil y delegado de ese Municipio ante el Consejo Provincial, se mostró de acuerdo con un relevo en la Prefectura del Guayas.
Juez ordena arresto domiciliario para expresidente Abdalá Bucaram por tráfico de armas
Un juez penal de Guayaquil ordenó arresto domiciliario para el expresidente Abdalá Bucaram. La noticia se conoció la noche de este miércoles, 3 de junio de 2020, tras la audiencia de flagrancia que se realizó por el presunto delito de tráfico de armas y municiones. El arresto domiciliario es una medida alternativa a la prisión preventiva.
En la diligencia, que inició a las 20:45 y finalizó a las 23:50, la Fiscalía presentó como evidencia del delito un arma de fuego que fue incautada en la casa del exjefe de Estado. El fiscal David Nelson mencionó en la audiencia que el arma fue hallada durante un operativo que se realizó en horas de la madrugada.
Este es uno de los tres procesos en los que la Fiscalía indaga al exprimer Mandatario. En horas de la tarde, la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, indicó que Bucaram está dentro de las investigaciones por presunto peculado y delincuencia organizada. Los delitos se rastrean por presuntas irregularidades en las compras de insumos médicos del Hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo.
Personal de la Fiscalía confirmó que la audiencia de formulación por estos últimos ilícitos se realizará en el transcurso de este jueves, 4 de junio del 2020.
Fiscalía muestra preocupación por resoluciones jurisdiccionales en investigaciones de actos de corrupción que lleva la Fuerza de Tarea
«Profunda preocupación» le generaría a la Fiscalía General del Estado (FGE) las decisiones adoptadas en estas últimas horas por los órganos jurisdiccionales respecto a casos que investiga la Fuerza de Tarea, creada el lunes último por la fiscal general Diana Salazar para analizar temas de corrupción que estén relacionados a la emergencia sanitaria de COVID-19 . Mediante un comunicado la institución dio a conocer el mediodía de este jueves su posición.
«Como órgano técnico especializado y titular de la acción penal, la FGE actúa con sujeción a la Constitución, la Ley y los convenios de derechos humanos. Y si bien la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional, desde la excepcionalidad existen parámetros que también los operadores de justicia deben analizar al momento de motivar sus fallos», se indicó en el comunicado.
Horas antes al mismo, en la cuenta institucional de Fiscalía se colocaron dos mensajes respecto al tema. En el primero se señalaba que a pesar de que la institución justificó la solicitud de prisión preventiva contra ocho procesados por tráfico de influencias, entre ellos, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, el juez a cargo emitió medidas alternativas como la prohibición de salida del país, la presentación periódica y el dispositivo de vigilancia.
Otro de los casos señalados fue el que tiene que ver con el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, contra quien la Fiscalía pidió prisión preventiva por el delito de tráfico de armas y municiones, el juez del caso ordenó arresto domiciliario. Ambos casos se dieron en el marco de operaciones realizadas por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la FGE.
En el comunicado se explica que Ecuador vive un estado de excepción por la emergencia sanitaria que ha dejado ya miles de víctimas mortales, ha colapsado el sistema nacional de salud y ha afectado profundamente el desarrollo productivo del país. Paralelamente, se indica, se han hecho públicas una serie de denuncias sobre presuntos sobreprecios e inconsistencias en proceso de contratación para dotar de insumos médicos a hospitales y entregar asistencia humanitaria.
Para la Fiscalía las víctimas de estos «reprochables actos de corrupción» demandan justicia de los organismos jurisdiccionales, incluso considerando que muchos de los acusados son funcionarios públicos en cargos jerarquizados, que pueden poner en riesgo las investigaciones y quedar en la impunidad.
«El combate a la corrupción debe ser integral, es un compromiso continuo de la sociedad y particularmente de las instituciones de la Función Judicial. (…) La FGE hace un llamado a los demás órganos del eje de justicia para que asuman esa responsabilidad con mayor entereza y contundencia, en el marco de sus competencias y del debido proceso», refiere la FGE en su comunicado.
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