Ecuador: expresidente Bucaram denuncia persecusión política y la Fiscalía detiene al legislador opositor Mendoza
Fiscalía detiene a asambleísta Daniel Mendoza y a director del Secob, René Tamayo, por contratación en Manabí
Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, y René Tamayo Silva, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), fueron detenidos. La Fiscalía General de Ecuador lo informó la madrugada de este viernes 5 de junio del 2020.
Las detenciones se efectuaron por un presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí, señaló la entidad.
Agentes de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía y uniformados de la Policía Nacional efectuaron allanamientos en Quito, Portoviejo y Bahía De Caráquez, en las últimas horas.
“La Fiscalía y la Policía cumplen su deber, ahora, que la Justicia aplique la ley”. Con ese mensaje reaccionó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tras las capturas de Torres, a quien nombró titular del Secob en agosto del 2019, y de Mendoza, legislador de su agrupación política. “La corrupción se combate y se sanciona, solo así se evita la impunidad”, aseveró el Mandatario en su cuenta de Twitter.
“Atrás de cada acción policial contra la corrupción, sea un allanamiento, una investigación, una detención, una desvinculación interna u otra de cualquier índole, está un reclamo colectivo por recuperar la decencia, la moral y la ética”, señaló el comandante de la Policía, general Patricio Carrillo, a través de su cuenta de Twitter, tras la operación.
“Hace tres meses, juntos con Policía y Fiscalía empezamos nueva investigación sobre caso Pedernales”, manifestó por su lado la ministra de Gobierno, María Paula Romo. “Primer operativo se dio el 14 de mayo y hoy se siguen recabando pruebas para dar con la verdad y sancionar a quienes sean responsables”.
La captura del asesor del asambleísta
El 14 de mayo del 2020 la Fiscalía y la Policía ejecutaron la denominada operación Fortuner, con nueve allanamientos en Pedernales, Portoviejo y Calceta, que desembocaron en la detención de Jean B., asesor del asambleísta manabita Daniel Mendoza, y de otras ocho personas, por irregularidades en la adjudicación hecha en 2019 para la construcción del Hospital Básico de Pedernales (Manabí), por USD 16 millones.
Entonces, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se decomisaron USD 1,6 millones (1 694 720,80), la mayoría de ese dinero en cheques y USD 662 191,70 en efectivo; además de armas de fuego, municiones, sellos de instituciones públicas, dispositivos electrónicos y documentos.
Según la Contraloría, USD 8,2 millones destinados en 2019 para la construcción del Hospital provenían de la cuenta para la reconstrucción de Manabí. El Consorcio Pedernales-Manabí, a cargo de ejecutar la obra, retiró USD 7,3 millones, como anticipo. Pero no se registraron avances en el proyecto.
La Contraloría halló indicios de responsabilidad penal en funcionarios del Servicio de Contratación de Obras (Secob), entidad responsable de la contratación, administración y fiscalización de obras del Estado.
El ente de control de cuentas descubrió que los funcionarios a cargo de la adjudicación habían descalificado ofertas de empresas extranjeras “sin motivos” y que no aceptaron los documentos que avalaban la experiencia de estas constructoras.
Los auditores señalaron que la oferta del Consorcio Pedernales-Manabí debía ser anulada, porque su experiencia «se calificó sobre la base de certificados inválidos”. Por ejemplo, el procurador es gerente general de una compañía subcontratista, “lo que está prohibido”.
Esta supuesta red de corrupción también es investigada por la construcción del Hospital de Bahía de Caráquez (Manabí).
La defensa del expresidente de Ecuador en arresto apunta a una persecución política
El abogado del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, en arresto domiciliario por un presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego en el marco de pesquisas anticorrupción, consideró este viernes que su defendido es objeto de una «persecución política».
En una rueda de prensa el letrado, Fernando Rosero, lamentó que al inicio del proceso, «la Fiscalía ya ha determinado que es culpable, ya hay que sancionarlo, meterlo preso y que sea privado de su libertad».
A Bucaram lo detuvieron a primera hora del miércoles en su residencia en Guayaquil (suroeste), en el marco de una amplia redada ordenada por la Fiscalía General del Estado en esa ciudad y en Quito, en medio de las investigaciones por presunta corrupción en la compra de productos médicos durante la pandemia del coronavirus.
«Es lamentable, señores, que hasta el momento no se haya inaugurado aquí en el país la justicia y se siga manipulando a jueces y a fiscales», expresó el abogado y aseguró que la fiscal general, Diana Salazar, «seguramente» esté siendo «presionada desde arriba».
Sobre otro delito que la Fiscalía General investiga imputarle, el de peculado (malversaión de fondos públicos) según adelantaron las autoridades fiscales, Rosero aclaró que sería improcedente puesto que Bucaram no es un servidor público.
En el allanamiento en el domicilio del expresidente, de 68 años, agentes judiciales y policiales encontraron un arma de fuego para la que no tenía licencia, lo que motivó su aprehensión.
Un juez ecuatoriano emitió el jueves medidas alternativas a la prisión preventiva para Bucaram, que cumple arresto domiciliario al haber sido procesado por el órgano fiscal por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego.
Al respecto, su defensor manifestó este viernes que la figura por la que se le investiga es el «tráfico internacional de armas, químicas, biológicas y nucleares».
Rosero indicó que el arma en cuestión era un regalo que le hicieron a su defendido hace varios años.
En el registro efectuado en la vivienda del exmandatario se encontraron 5.000 mascarillas, 2.000 pruebas y otros materiales sanitarios que, según explicó el miércoles fiscal Salazar, coinciden con insumos sanitarios que fueron encontrados en el hospital del IESS en el contexto de una trama de corrupción que es investigada.
El operativo anticorrupción en el país se saldó el miércoles con 17 detenidos y 37 allanamientos en dos provincias y la detención de una autoridad provincial y de un exgerente del hospital mencionado.
Otra vivienda allanada en las redadas fue la del exasambleísta Dalo Bucaram, hijo del expresidente, que consideró «un atropello total de derechos» la intervención.
Bucaram gobernó Ecuador seis meses entre agosto de 1996 y febrero de 1997, cuando fue destituido por el Congreso ecuatoriano por «incapacidad mental para gobernar».
Tras ello, también fue prófugo de la justicia ecuatoriana durante 20 años, exiliado en Panamá, hasta que los juicios en los cuales se le acusaba prescribieron.
Abogado de Abdalá Bucaram explica la procedencia de las cajas decomisadas en operativo
Fernando Rosero, abogado defensor de Abdalá Bucaram por el procedimiento de tenencia de arma de fuego, habló con la prensa sobre la situación jurídica del expresidente.
CON RESPECTO A LAS CAJAS DE INSUMOS EN SU DOMICILIO
Rosero indicó que el hecho de que las cajas que se incautó Fiscalía hayan estado en el domicilio de Bucaram no significan delito. «De lo que tengo entendido, estos insumos fueron adquiridos para ser repartidos en sectores populares, y ya se habrían entregado cerca de 40 mil canastas».
Los insumos, según indicó, fueron traídos el mismo día del allanamiento por parte del hijo del señor Eduardo Azar, cercano al expresidente y reconocida familia de comerciantes, quien a su vez habrían comprado a otras compañías.
Rosero «le aconsejo al señor Azar que vaya a Fiscalía a reconocer la mercancía con las facturas del caso», señaló Rosero, al ser indagado por el origen.
Indicó que las acusaciones se basan en persecución política y privarlo de la oportunidad de participar en las próximas elecciones de 2021.
SOBRE EL ARMA
Fruto de los allanamientos efectuados en su casa, las autoridades encontraron una Magnum, calibre 44, que se encontraba en su escritorio, bajo llave, en la habitación de Bucaram, según relató su abogado, «la cual no ha sido utilizada».
Según Rosero, la prisión preventiva no aplica en el caso de Bucaram porque el delito debe representar una pena mayor a un año, y según el COIP, la tenencia de arma de fuego conlleva una pena de seis meses a un año.
Rosero indicó que había dialogado con el General Paco Moncayo, indicando que cuando era Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, se le habría entregado a Bucaram el bastón de mando presidencial y un arma de fuego como obsequio.
Metro Ecuador
