Docentes vuelven a las calles en rechazo a los recortes en la educación
Docentes mantienen protesta por recortes a la educación superior
Las protestas contra los recortes en la educación superior de Ecuador continuaron este lunes con un plantón de docentes en Quito, donde exigieron el pago de salarios congelados desde 2019 y denunciaron más de 200 despidos.
Javier Andocilla, docente de nivelación de la Universidad Central del Ecuador (UCE), que coordina la educación preparatoria previa al ingreso en el centro académico, censuró que muchos compañeros llevan si cobrar sus sueldos desde la segunda mitad del año pasado.
“A algunos compañeros les deben el pago desde agosto de 2019, a otros desde octubre, y a la gran mayoría de docentes de nivelación nos adeudan desde diciembre de 2019”, manifestó junto a varios colegas que se manifestaron ayer a las puertas de la sede de la universidad manteniendo las medidas de seguridad por la pandemia de COVID-19.
Junto a él, otros profesores sostenían pancartas en las que se podía leer “Abajo el recorte a las universidades”, “No al recorte presupuestario” o “Exigimos el pago inmediato de nuestros sueldos, no al desempleo”.
Andocilla lamentó que su situación se debe a “la constante reducción del presupuesto que ha sufrido la universidad ecuatoriana” y urgió al Ejecutivo de Lenín Moreno a que proporcione “respuestas” sobre su situación laboral.
En total, más de 215 docentes de nivelación de la UCE viven en la incertidumbre absoluta, sin conocer cuándo les abonarán sus salarios y con un panorama poco claro acerca de si podrán recuperar un trabajo que consideran vital, porque además de preparar a los estudiantes para el desafío universitario aseguran que ejercían una labor de orientación vocacional.
En medio de una crisis económica sin precedentes en la historia reciente del país en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Gobierno ecuatoriano tenía previsto recortar más de 98 millones de dólares a más de una treintena de centros universitarios en todo el país.
Desde que se diera a conocer la medida el mes pasado se han sucedido las movilizaciones en Ecuador protagonizadas por estudiantes, profesores y organizaciones sociales, que han asegurado que los recortes ya han provocado despidos de docentes y socavado la viabilidad de una educación superior de calidad.
La Corte Constitucional había dictado medidas cautelares y suspendido la aplicación de la reducción proyectada por el Ejecutivo en tanto resolviera los recursos de inconstitucionalidad que habían presentado estos grupos contra la medida.
A finales de mayo el alto tribunal escuchó a los demandantes, si bien aún no ha emitido una resolución e informe final al respecto.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), la reducción de asignación a las universidades se produce por la disminución del IVA y el impuesto a la renta, de los que el 80 % se destina a las instituciones.
Con todo, algunos analistas han indicado que las universidades públicas y otros centros académicos y de formación profesional en Ecuador venían denunciando reducciones en sus presupuestos desde antes de la pandemia por múltiples razones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado recientemente su “profunda preocupación” por el recorte de presupuesto a las universidades públicas en Ecuador.
El mes pasado su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) alertó de las consecuencias negativas del ajuste en el “acceso y calidad de la educación para miles de estudiantes de Ecuador”, así como en los derechos laborales de docentes y personal académico.
La ministra de Educación avaló la reducción del presupuesto del sector educativo
La ministra de Educación, Monserrat Creamer, justificó el recorte presupuestario, por alrededor de 900 millones de dólares, en el sector educativo, con el argumento que “ningún presupuesto es rígido, peor en una crisis”.
Creamer confirmó que, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, se procedió a una restructuración o reprogramación de ofertas de ciertos programas, que, a su parecer, no son prioritarios en los actuales momentos.
De acuerdo con sus declaraciones, están suspendidos los programas de Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (Safpi) y de alfabetización y posalfabetización, que son difíciles de implementar de manera virtual. Safpi tenía una inversión de 7 millones 150 mil dólares y más de 11 millones de dólares los programas de alfabetización.
En opinión de la ministra, no es pertinente pagar la franquicia por el uso del bachillerato internacional, tomando en cuenta que solo 17 de cada 100 alumnos han accedido al diploma o título, por lo que entrará en un proceso de evaluación.
Según la funcionaria del Ejecutivo, en cumplimiento de disposiciones de la Contratación Pública se ha tenido que desvincular, no despedir, a un grupo de personas que no están vinculadas a un trabajo específico.
Estas declaraciones las vertió Creamer ante los asambleístas de la Comisión de Educación, en su última sesión, cuya vicepresidenta Jeannine Cruz señaló que hay una evidente reducción presupuestaria, que supera los 900 millones de dólares en el área educativa, desde enero de 2020, lo que constituye una violación de la norma constitucional, en perjuicio de estudiantes, docentes y las familias ecuatorianas.
Advirtió que Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, informó al presidente de la Legislatura, mediante oficio de 10 de mayo, que las medidas financieras y administrativas tomadas son producto de una coordinación con el Ministerio de Educación, para reducir el presupuesto, y no debido a una replanificación, como sostuvo Creamer. Incluso, la directora general Administrativa del Ministerio de Educación, en respuesta a la Corte Constitucional, reconoció dicha situación
El exviceministro de Educación Vinicio Baquero insistió en que el recorte al presupuesto del ministerio, particularmente en el área de Gestión Educativa, es de 500 millones en proyectos de inversión y 400 millones de dólares en gasto corriente, lo que dificultará la educación en el país.
Precisó que se retiró cerca de 50 millones de los rubros de textos escolares y uniformes. Así mismo, hubo un recorte total de 74 millones 919 mil dólares en el presupuesto de alimentación escolar. Reiteró su objeción a la prórroga de contratos de alimentación escolar, que significan desembolsos por 18 millones de dólares mensuales, en momentos en que los estudiantes no asisten a recibir clases de manera presencial.
Militares jubilados y médicos del Hospital de las FF.AA. exigen sus pagos
En un nuevo plantón, este lunes 15 de junio de 2020 un grupo de militares en servicio pasivo reclamaron al Instituto de Seguridad Social de las Fuerza Armadas (ISSFA) el pago de sus pensiones jubilares.
Todos con mascarillas se concentraron en los exteriores de la Unidad de Flagrancia, en Quito, para reclamar por sus pagos adeudados de varios años.
“Fuera Jarrín Fuera”, exclamaron los manifestantes, entre ellos, algunos mayores de edad que dijeron no importarles la pandemia y preferían salir a reclamar sus derechos. La semana pasada, en varias ciudades también se realizaron plantones de militares jubilados, pero la medida de hecho se levantó, luego de alcanzar un acuerdo.
El ministro de Defensa, Olswaldo Jarrín, informó el pasado 11 de junio que alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Finanzas para el pago de USD $220 millones de la deuda del Estado con el ISSFA. Con este monto, dijo, cubren los pagos de estos seis meses de pensiones.
Además, menciona que, por ahora, “tenemos la reservas, solvencia y capacidad, pero no es a largo plazo”, alertó el ministro, quien dijo que en unos 15 años podrían tener problemas.
Este lunes también hubo un plantón en los exteriores del Hospital Militar en Quito por parte de médicos y otros profesionales de la salud, quienes reclamaron sus remuneraciones y la necesidad de más insumos para la protección de bioseguridad.
Con sus batas, mascarillas y trajes, los salubristas exigen los pagos pendientes de mayo. “Somos personal de salud de primera línea”, dice uno de las pancartas que cargaba uno de los manifestantes.
El delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, Roberto Veloz, acudió para verificar que se cumpla y garantice el derecho a la protesta pacífica por parte de los médicos.
Ecuador extiende por 60 días el estado de excepción por el coronavirus
Ecuador extendió el lunes por 60 días más el estado de excepción que rige desde marzo pasado en el territorio nacional ante la pandemia del nuevo coronavirus, que deja más de 47.000 casos, incluidos 3.929 muertos, informó la secretaria de Comunicación.
El gobierno decidió mantener la medida por “calamidad pública” ante la presencia de la covid-19 y la “emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado”, según un decreto divulgado por la cartera hacia la medianoche del lunes.
Tras ser declarada la presencia del virus en febrero, el presidente Lenín Moreno ordenó el estado de excepción por 60 días el 16 de marzo y luego lo renovó por otros 30, como le permite la Constitución.
El mandatario esta vez volvió a declarar el estado de excepción, que se extenderá hasta el 13 de agosto.
El mecanismo permite al Ejecutivo mantener medidas de restricción, incluidos el toque de queda, la movilización de las Fuerzas Armadas y la suspensión de derechos como a la libertad de reunión ante la pandemia.
Ecuador, con 17,5 millones de habitantes, es de los más golpeados de Latinoamérica por la covid-19 con encima de 47.000 contagios, entre ellos 3.929 muertos (22 fallecidos por cada 100.000 habitantes).
Por la cifra de víctimas fatales, el país ocupa el cuarto lugar en la región detrás de Brasil (43.959), México (17.141) y Perú (6.688), según un conteo de la AFP.
El gobierno ecuatoriano también reporta alrededor de 2.600 muertos probables por el coronavirus.
A pesar de que desde mediados de mayo empezó a aliviar las medidas de confinamiento, el Ejecutivo mantiene el cierre de las fronteras terrestres y la suspensión de clases presenciales hasta en universidades.
Asimismo, impone un semáforo para medir el nivel de peligro por la pandemia.
La gran mayoría de los 221 cantones de la nación están en amarillo, que establece el toque de queda de ocho horas diarias, permite la circulación de vehículos particulares tres días por semana, el trabajo presencial con un 50% del personal y la reanudación parcial del transporte público.
En ese color figuran el puerto de Guayaquil (suroeste), foco de la pandemia en Ecuador con casi 10.000 infectados, y Quito, la segunda ciudad con más casos (alrededor de 4.900).
Un 30% de los cantones continúan en rojo, con toque de queda de once horas al día y prohibición del trabajo presencial.
El verde, en el que están apenas dos cantones, recorta la libre circulación a cinco horas por día y autoriza la jornada laboral con 75% de empleados.
