Colombia: la Procuraduría destituye e inhabilita por diez años a Jesús Santrich

Procuraduría destituyó e inhabilitó a ‘Jesús Santrich’ por 10 años

Después de casi un año de que Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, dejará su curul en el Congreso y, junto a Iván Márquez y otros disidentes del Acuerdo de Paz, anunciaran en agosto de 2019 su rearme, la Procuraduría anunció que Santrich queda destituido e inhabilitado por 10 años. Durante ese tiempo, el exrepresentante a la Cámara por el Partido FARC no podrá ejercer cargos públicos.

Según el ente de control, la decisión obedece, justamente, por la intención de Hernández Solarte de “dar continuidad a la lucha armada de las Farc-EP, a través del relanzamiento y reestructuración de esa organización y sus milicias”.

En ese sentido, la Procuraduría encontró disciplinariamente responsable al nuevamente guerrillero de “fomentar y ejecutar actos tendientes a la formación y subsistencia de grupos armados al margen de la ley, además de promoverlos, organizarlos, dirigirlos y colaborar con ellos, como se evidenció en las manifestaciones públicas realizadas en agosto y septiembre de 2019″.

Sobre ese episodio cabe recordar que, en el video en el que aparecen los disidentes, entre ellos Santrich, Iván Márquez pronunció comenzaba “una nueva Marquetalia bajo el amparo del derecho universal de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana…”.

La Procuraduría hizo mención de la participación de Santrich en el video, a pesar de que aún estaba condicionado por su calidad de congresista. Según recordó la entidad, el rearme se formalizó en una reunión extraordinaria de comandantes, llevada a cabo el 22 y el 24 de agosto de 2019.

Por ello, la Procuraduría calificó, en fallo de única instancia, como falta gravísima la decisión de Hernández Solarte “por afectación no justificada de sus deberes funcionales como congresista, quien en razón a su investidura estaba llamado a respetar el orden jurídico y la institucionalidad”.

Te contamos que estamos trabajando en nuestra plataforma tecnológica para que sea más fácil de disfrutar, por eso no podrás hacer comentarios en los artículos. Estarán activos próximamente. Gracias por tu comprensión.

El Espectador

---

Fue asesinado el líder social Carmen Ángel en el Catatumbo

En horas de la noche de este martes 23 de junio se conoció el asesinato del líder social Carmen Ángel Angarita en zona rural de Convención, Norte de Santander, quien fungía como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Hoyo. Según el Instituto de Estudios para el Desarollo y Paz (Indepaz), con su homicidio ya son 140 los defensores de DD.HH. asesinados en el 2020, 54 desde que fue iniciada la cuarentena a finales de el mes de marzo.

Pese a que aún son desconocidos las causas y los sucesos en los que el líder fue asesinado, comunidades que habitan en Catatumbo, Norte de Santander, vienen denunciando la difícil situación humanitaria por cuenta de la confrontación entre grupos armados legales e ilegales, incluidos el EPL y el ELN, además de la presencia de la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA N°3, quienes permanecen en la región aunque las comunidades han manifestado no sentirse respaldadas. Cabe resaltar que Convención fue lugar en el que fue asesinado a manos de integrantes del Ejército el excombatiente Dimar Torres.

Carmen Angel, otro integrante de JAC asesinado

Hasta el pasado 8 de junio habían sido asesinados un total de ocho líderes sociales, una cifra que se elevó durante el primer puente festivo del mes en el que también fue asesinado Mauricio Antonio Uribe, miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Carmen del municipio de Remedios, Antioquia.

Según Guillermo Cardona, fundador de la Confederación Nacional de Acción Comunal (JAC) en menos de ocho días también fueron asesinados el presidente de la JAC de Santa Isabel, José Ernesto, Eider Lopera, vicepresidente de la JAC de Popales en Tarazá Antioquía, Mauricio Antonio Uribe de la JAC El Carmen, en Remedios, Antioquia y Concepción Corredor, presidenta JAC La Pradera en Casanare el pasado 22 de junio.

El dirigente campesino atribuye el incremento de la violencia contra integrantes de juntas de acción comunal a la intensificación erradicación forzada y la persecución del campesino a través del accionar del Ejército, campesinos de la región y el área rural de Cúcuta, en Norte de Santander, han pedido al Gobierno que cese las erradicaciones forzadas la erradicación y que esta sea de la mano de los campesinos, gradual y que esté acompaña de proyectos productivos.

Contagio Radio

---

Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados 2020

FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS/AS EN 2020

1	Benjamín Banguera González	1 de enero	Guapi	Cauca
2	Carlos Andrés Ricaurte	11 de enero	Finlandia	Quindío
3	Gerson Moises Morales	11 de enero	Finlandia	Quindío
4	Crescencio Santos	12 de enero	Quibdó	Chocó
5	Hober Arias Giraldo	15 de enero	Dabeiba	Antioquia
6	Duver Esneider Solano	22 de enero	Mesetas	Meta
7	Jhon Freddy Vargas Rojas	25 de enero	Pitalito	Huila
8	Cesar Dario Herrera Gomez	24 de enero	Ituango	Antioquia
9	Rafaél Zapata	14 de febrero	San Juan de Arama	Meta
10	Daniel Jiménez Ospina	16 de febrero	Puerto Guzmán	Putumayo
11	Wiston Antonio Moreno	21 de febrero	Quibdó	Chocó
12	Esder Pineda Peña	21 de febrero	Algeciras	Huila
13	José Elias Peralta	21 de febrero	Puerto Asís	Putumayo
14	Holman Antonio Montes	27 de febrero	San Vicente del Caguán	Caquetá
15	Astrid Conde	5 de marzo	Bogotá D.C	Bogotá D.C
16	Edwin de Jesús Carrascal	10 de marzo	Coloso	Sucre
17	Bella Esther Carrillo	17 de marzo	La Macarena	Meta
18	Irnel Flores Forero	17 de marzo	La Macarena	Meta
19	Alveiro Antonio Gallego	21 de marzo	La Macarena	Meta
20	José Isidro Cuesta Ricas	29 de marzo	Jiguamiandó	Chocó
21	Juan Carlos Castillo Certijama	30 de marzo	Puerto Asís	Putumayo
22	Carlos Alberto Castillo	3 de abril	Planadas	Tolima
23	Jhon Jairo Londoño Bedoya	15 de abril	La Uribe	Meta
24	Rigoberto García	17 de abril	Urrao	Antioquia
25	Wilder Daniel Marin Alarcón	7 de mayo	Bello	Antioquia

 

Indepaz

---

Líderes sociales: entre amenazas de disidencias y acusaciones del Ejército

En los días previos y posteriores al 15 de abril, cuando se emboscó a un grupo donde murieron dos menores de edad, en esta región ubicada en las estribaciones de la cordillera occidental, que conecta a los municipios de Argelia y El Tambo (en el occidente Cauca) se registraron más de siete crímenes contra miembros del consejo comunitario Afrorenacer, cuyos integrantes son mayoritariamente negros. Otros 25 líderes sociales salieron del territorio junto con unos 300 habitantes de la comunidad por las amenazas y señalamientos que se tejieron en su contra: “son integrantes o auxiliadores de la guerrilla del ELN”, les dijeron los armados. La mayoría de estos hechos sucedieron en el corregimiento San Juan de Micay, perteneciente a El Tambo, que está más cercano al océano Pacífico, aguas abajo por el río Micay.

La cordillera occidental también conecta a estos municipios con la región del Alto Patía, en donde Kevin Andery Vargas, señalado de ser uno de los jefes de la columna “Carlos Patiño” (disidente del proceso de paz), reclutó a la niña de 14 años, Yina Fernanda Gómez Mósquera, en enero de este año. Ambos murieron en la confusa emboscada que se atribuyó el Ejército, aunque, como lo reveló este diario recientemente, en el primer reportaje titulado: La confusa emboscada del Ejército en la que murieron dos menores de edad en el Cauca, la comunidad denunció que realmente se trató de una celada de un grupo de narcotraficantes de la región.

Por ese nudo de montañas, el grupo al mando de “Kevin” bajó a la zona rural de Argelia y luego a San Juan de Micay, a principios de marzo. Otro ingreso hizo la columna “Jaime Martínez”, al mando de Leider Johani Noscue, conocido como “Mayimbú”, por los cerros que enlazan a El Tambo con el sur, centro y norte del Cauca. Así, el 13 de marzo ya había unos 30 hombres portando armas largas, por lo que la comunidad del consejo comunitario decidió hacer una movilización de unas 600 personas hacia la vereda La Emboscada, jurisdicción del municipio de El Tambo, en donde se encontraron con los armados para dialogar. Algunos líderes tomaron la vocería para rogar que no involucraran a la población civil en su guerra y que, incluso, si era necesario se repartieran el territorio con el ELN, pero que no los involucraran.

No obstante, esas súplicas no fueron escuchadas y quien en ese momento se identificó como “Kevin”, les dijo que se iban a quedar para controlar el impuesto a los narcotraficantes, que la gente tenía que sembrar coca y que todo aquel que apoyara la sustitución de dichos cultivos iba a ser desterrado o asesinado. Ese mismo día, los líderes enviaron una carta al ELN en el mismo sentido y la respuesta llegó tres días después, el 16 de marzo, con un mensaje: que ellos cesarían el fuego de manera unilateral y en todo el país el 1º de abril y que se retirarían del territorio por un mes. Pero que, en todo caso, como insurgencia vigente en Colombia no reconocían a dicha disidencia de las Farc, autodenominada “Carlos Patiño”, porque se trataba de un ejército de jóvenes armados al servicio de narcotraficantes. Ninguno de los dos bandos planteó alguna salida y, por el contrario, ese mismo día los hombres de “Mayimbú” reunieron a los pobladores de la vereda Honduras y les comunicaron el mismo mensaje que expuso “Kevin”, sobre la coca, en la vereda La Emboscada.

Entre el 18 y 20 de marzo, a raíz de la presión, cerca de 25 miembros de la junta directiva del consejo comunitario Afrorenacer se desplazaron del territorio y, desde entonces, el éxodo no se ha detenido. El 13 de abril la situación se agudizó, al punto de que la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Procuraduría General tuvieron que pronunciarse para que la Fuerza Pública actuara en este territorio, pues, justo a una hora por trocha en el corregimiento de Sinaí (Argelia), los hombres de “Kevin” estaban buscando puerta a puerta a los excombatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz. La respuesta, que un día después entregó (al diario El Tiempo) el general Marcos Mayorga Niño, del Comando Específico del Cauca, fue que se trató de información falsa. “Sí, llegó un pequeño grupo a buscar a un hombre, aparentemente del ELN que maneja unos laboratorios. No llegaron buscando a excombatientes”, apuntó.

Al día siguiente, este “pequeño grupo”, que estaba conformado por ocho armados de la columna “Carlos Patiño”, entre ellos, dos menores de edad, fue emboscado por el Ejército, dice la inspección judicial y el general Mayorga, aunque la comunidad denuncia que realmente fue emboscado por un grupo de narcotraficantes de la zona. Sin embargo, aunque dichas tropas estaban en la zona, el 17 de abril los armados irrumpieron en las casas de los líderes en San Juan de Micay y se llevaron un computador, grabadoras, radios de la guardia cimarrona y documentos del consejo comunitario. Igualmente, “Mayimbú” (de la columna “Jaime Martínez”) reunió a la comunidad en la vereda Betania y asesinó, delante de los pobladores, a Teodomiro Sotelo Anacona, líder del consejo comunitario. Al día siguiente, los armados se trasladaron a la vereda Honduras en busca de la lideresa Lorena Gómez, pero, al no encontrarla, mataron a Andrés Cansimance, su esposo.

Al ver esta situación, los pocos líderes del consejo comunitario que resistieron en la región convocaron el 22 de abril a una asamblea para analizar la grave situación de derechos humanos que vivían. Pasadas las 5 de la tarde, a la caseta comunal de la vereda Agua Clara llegaron los hombres de “Mayimbú”, dijeron que iban a matar a tres, pero solo asesinaron a Jesús Adelino Riascos y Sabino Riascos. Este último acusado de ser supuesto lanchero de guerrilleros del ELN. Ocho días después, los armados buscaron a Luis Caicedo, coordinador de la guardia cimarrona, y a Miguel Ángel Buesaquillo, recolector de hoja de coca de la región. Estaban escondidos, pero les dejaron la amenaza de que los iban a matar. La comunidad logró avisar a las autoridades y, desde un lugar clandestino de la cordillera occidental, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa los sacó en helicópteros.

Según información de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo, El Tambo es el municipio con más homicidios en lo corrido del año, con 27 casos, de los cuales, tres eran líderes sociales. Le sigue Santander de Quilichao con 26 casos (dos líderes) y de tercero está Argelia con 23 asesinatos sin ningún líder. “El homicidio en el Cauca tiene también causas estructurales”, añadió el general Mayorga. “Un país que tenga coca va a tener violencia. Son 17 mil hectáreas que tenemos en el Cauca y que no podemos erradicar porque están bajo unos acuerdos o dentro de resguardos. Esas hectáreas en un año producen $470.000 millones de pesos, eso es mucha plata, es el combustible para que haya grupos irregulares de un pelambre y de otro”, enfatizó el general.

Esa es una de las razones por las que se ha agudizado la guerra en este corredor del cañón del Micay. Los pobladores cada semana encuentran cuerpos de personas asesinadas en los caminos de herradura y trochas; mientras este grupo ilegal, a pesar de la emboscada del 14 de abril, sigue reinando en la zona con cerca de 100 hombres armados. “Van al caserío de San Juan de Micay, visten de civil, hacen fiestas con sus armas al hombro en las casas desocupadas y luego se internan en el monte a la vista de todos, incluso, del Ejército que no hace nada para capturarlos o enfrentarlos con sus batallones”, sentenció uno de los 25 líderes desplazados desde una ciudad donde se encuentra escondido.

Aunque los armados de la columna “Carlos Patiño” están amenazando y matando a los líderes sociales y miembros de la comunidad en esta región, el general Mayorga aseguró que las contradicciones de la comunidad opacan el accionar de los militares. “Se quejan de que no hay acción militar y cuando la hacemos nos toca correr porque la comunidad se reúne y nos quita de las manos a los capturados. Por ejemplo, los cinco hombres detenidos de la columna móvil “Carlos Patiño” que nos quitaron este año”, añadió el mando militar. A la postre, los líderes sociales desplazados denunciaron la estigmatización que han vivido de parte de los militares, quienes los han acusado de ser brazo político de la guerrilla del ELN.

Por lo pronto, el cañón del Micay sigue siendo un corredor tan importante para el narcotráfico y el contrabando de armas, como lo es El Naya. A pesar de que ambos están en los dos extremos del departamento, finalmente se encuentran en las playas del océano Pacífico caucano. Horas antes de llegar al nivel del mar, miles de campesinos viven en los nudos de montañas de la cordillera occidental en donde cultivan el pan coger y la hoja de coca. “La comunidad se va contra nosotros porque temen que les quiten el diario vivir que es la coca, esa es la realidad”, dijo el general Mayorga. Y finalizó con una frase de cajón que se repite cuando la guerra se agudiza y los muertos empiezan a preocupar al Gobierno: “La institucionalidad necesita llegar a esas regiones para que la gente vea al Estado. La gente se acostumbró a que nosotros lo éramos y eso no es así nada más. Estas poblaciones necesitan ver al Instituto de Bienestar Familiar y sus carreteras arregladas, por ejemplo”.

El Espectador

---

VOLVER