Chile: con 653 muertes no registradas por el gobierno, la cifra llega a 2.290
Tras un nuevo balance de casos de COVID-19 en Chile, el ministro de Salud entregó una alarmante cifra desconocida hasta el momento, sobre la cantidad de víctimas fatales que ha dejado este virus en el país.
De acuerdo con Jaime Mañalich, debido a un cambio metodológico en la forma en que cuentan e informan las cifras de personas que han fallecido, presuntamente vinculadas a COVID-19, hay una corrección en los números oficiales que les corresponde aclarar desde el oficialismo.
Actualmente, y según lo inicialmente anunciado por la autoridad sanitaria, se han registrado un total de 1.637 muertes por coronavirus en el país desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, esta cifra sería errónea, debido a que, hasta esta semana, no se estaban contando los casos de aquellas personas que fallecieron a la espera de sus resultados del examen PCR.
“Hemos revisado la base de datos en el Registro Civil, y asimismo hemos logrado consolidar todos los laboratorios que en Chile informan PCR”, explicó el ministro, para detallar que esto “nos lleva a la necesidad de reconocer las declaraciones de la OMS”, respecto al conteo de fatalidades por coronavirus.
De esta forma, y como un “compromiso de legitimidad”, el ministro de Salud anunció que existen 653 personas fallecidas por “sospecha” de COVID-19 que no habrían sido reconocidas en un principio, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la cual habría sugerido contabilizar a todos los posibles casos de COVID-19 para observar más claramente la evolución de la pandemia a nivel país.
Así, Mañalich indicó que han recabado información de bases de datos adicionales, a las que no tenían acceso anteriormente, para de esta forma obtener todas las cifras correspondientes a fatalidades por esta crisis sanitaria. De esta forma, consolidaron en una sola base de datos la información de 80 laboratorios alrededor de Chile, junto con la entregada por el Registro Civil, para finalmente determinar que el número correcto de víctimas fatales por COVID-19 correspondería a 2.290 desde el inicio de la pandemia.
Refuerzos en la salud: El duro desgaste que está sufriendo la reserva que reemplaza a los caídos durante la pandemia
“Se necesita Técnico en Enfermería Apoyo COVID+ Servicio de Salud Metropolitano Occidente / Hospital San Juan de Dios, Ministerio de Salud Santiago- Quinta Normal. Se necesitan Técnicos Paramédicos a Honorarios para periodo de contingencia COVID- 19 Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio. Postular hasta el 30/05”
Estos avisos circulan por redes sociales desde el 7 de marzo, cuando el gobierno estableció un decreto sobre las facultades extraordinarias para los servicios de salud por el brote del coronavirus COVID-19. Con esto, se permitió la contratación de mayor personal de salud para abordar la crisis, entre ellos, y de manera excepcional, estudiantes que cursaran sexto año en adelante de medicina y ex profesionales acogidos a los beneficios del incentivo al retiro. En esa fecha se registraban solo 4 casos confirmados.
A tres meses de este decreto presidencial y con una cifra de contagiados que ha crecido de manera exorbitante, sumando más de 134 mil casos en el país, ha sido imprescindible para los hospitales públicos y clínicas privadas reforzar los equipos de salud ante una red asistencial que da muestras de colapso.
De acuerdo a la información entregada en los reportes diarios por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, desde esa fecha hasta el 29 de mayo se han contratado 11 mil funcionarios para enfrentar la emergencia en distintas áreas: enfermeras y enfermeros, paramédicos, médicos internistas, tecnólogos médicos, camilleros.
En el detalle, son 2.403 funcionarios en los servicios de Salud Central, Norte, Oriente, Occidente, Sur y Sur Oriente de la Región Metropolitana. Le sigue la región de Coquimbo con 1.300 contrataciones y los servicios Araucanía Norte y Sur que suman 1.063 en total.
Ante este gran contingente de profesionales que se ha sumado a la red, una de las preocupaciones es la falta de protección laboral porque la mayoría ha sido contratado a honorarios y su continuidad se evalúa mes a mes ante el avance de la pandemia. Más aun cuando están expuestos a altas probabilidades de contraer el virus y eso les ha generado dificultades con el pago de sus licencias médicas, como el caso de dos funcionarias que entregaron sus testimonios bajo reserva de identidad a El Desconcierto.
“Trabajé menos de dos meses y me contagié”
Vania* es una de las enfermeras contratadas a fines de marzo en el Hospital San José. Durante cinco años trabajó en el área de psiquiatría de otro recinto hospitalario hasta que supo de esta oportunidad para formar el equipo de una nueva UTI en el hospital de Independencia. Le informaron que el reclutamiento de profesionales era, en principio, para una UTI COVID, pero con proyecciones para integrar el equipo permanente. Sabiendo el riesgo que significaba, aceptó las condiciones.
Con el transcurso de las semanas ha visto llegar a profesionales que a los días han desertado de sus funciones. Esto lo relaciona a la gran carga laboral que tienen. “Los turnos son pesados: de 24 horas de corrido por 3 días libre. Y los espacios que tenemos en los turnos solo nos permite ir a almorzar o ir al baño. Hay mucha gente que no lo ha resistido o que tampoco le ha gustado, y se entiende porque estás trabajando muy de cerca con la muerte. Tendrías que ser un robot para que eso no te afecte”, cuenta.
Por la emergencia, el área de enfermería de este hospital ha cambiado casi a la atención exclusiva de pacientes críticos. Mucha gente que ha sido contratada tampoco cuenta con esta experiencia, según explica la profesional. Es por eso que ha sido necesaria la capacitación, flexibilidad y la rápida adaptación a las jornadas laborales donde se vive a diario mucha presión y estrés. “Se te empañan los escudos faciales o los lentes, te da calor con los trajes cuando haces movimientos con el paciente, muchas veces intubado. Antes, si se te olvidaba algo, podías volver a entrar, ahora tienes que esperar mucho rato porque todo está muy controlado”, describe sobre su jornada.
Casi al mes y medio de trabajo, Vania contrajo el virus y comenzó una licencia que duró más de 14 días. Según detalla, esta no fue considerada una enfermedad laboral porque ya no era posible identificar el origen del contagio, que podría haber sido externo al trabajo. Eso le dijeron desde el hospital. Mientras que el pago de su licencia lo está gestionado su isapre.
Una situación similar le ocurrió a Daniela*, otra enfermera del mismo recinto hospitalario que estuvo reemplazando a otros profesionales durante el segundo semestre de 2019 y en esta ocasión la contrataron a honorarios por un sueldo de $1.300.000 mensuales líquidos.
Al mes presentó síntomas y supo que era COVID+. Gestionó los trámites de su licencia y le informaron que por su condición contractual debía atenderse por su previsión de salud, que es Fonasa. Su manejo médico fue en el Cesfam de su comuna de residencia, en Lo Prado: ahí le tomaron en dos oportunidades el test PCR y asistió a las consultas posteriores durante su licencia de 28 días. Del sueldo de mayo solo recibió el pago por los tres días restantes que alcanzó a trabajar. “Me comuniqué con varias áreas del Hospital, prevención de riesgos, consultas médicas, y me dijeron que no me correspondía el pago de licencias ni por manejo de la Mutual de Seguridad, que todo iba por mi cuenta”, explica.
A unas semanas que finalice su contrato, ve difícil que la gente quiera trabajar tan al límite justo cuando vienen los meses de invierno y todos los años colapsan las urgencias. Ahora prevé una situación peor si no se robustecen los equipos. Por lo pronto, la próxima semana espera reintegrarse el equipo y evalúa presentar acciones legales en contra del hospital, por eventual vulneración y así conseguir el pago íntegro de su licencia médica.
De acuerdo a la información que maneja el Colegio de Enfermeras y Enfermeros, la mayoría de estas contrataciones se han hecho por un plazo de tres meses y en calidad de honorarios. “En tiempos de crisis sanitaria, las enfermeras, así como el equipo de salud en su conjunto, está muy exigido y expuesto. Por lo mismo, es muy importante que cuenten con contratos que les permitan estabilidad laboral, seguridad y acceso a prestaciones para ellos y sus familias. Tener derecho a una licencia médica, por ejemplo, se vuelve esencial frente a una posible cuarentena”, aseguró a El Desconcierto la presidenta nacional del gremio, María Angélica Baeza.
Brecha y desgaste del recurso humano
Otro profesional consultado por este medio, un kinesiólogo del Hospital Las Higueras de Talcahuano, cuenta que no ha tenido problemas por la falta de elementos de protección personal y que las condiciones han sido las mismas que las de los funcionarios de planta, excepto por la modalidad del contrato. Como él, son cerca de 20 trabajadores extra que han contratado para fortalecer el área de kinesiología. Inicialmente les dijeron que prestarían servicios hasta el 30 de junio. En cuanto a las licencias, se pagarían solo los tres primeros días si era por COVID+.
Al igual que las dos profesionales anteriores, reconoce que los turnos han sido extenuantes. “Es un lugar que ya conocía, entonces no hay mala experiencia. Hay escasez, por lo que está pasando en general, pero se están cuidando los insumos como nos dijeron desde el primer momento”, reconoce y, a la vez, afirma que el ingreso de este grupo ha sido relevante porque la falta de personal que se arrastraba en el área se ha agudizado con la contingencia.
Precisamente, la falta de kinesiólogos es una situación puntal que aqueja a los equipos de salud, según advierte Consuelo Villaseñor, presidenta de la Confedeprus y también profesional del Hospital de Ñuble, la región donde se registró unos de los primeros focos de contagios en el país. “Para una cama UCI se necesitan médicos, enfermeros, técnicos paramédicos y kinesiólogos. Le hemos dicho a la autoridad sanitaria que faltan kinesiólogos y también que han tenido problemas para hacer algunos procedimientos porque requieren mascarillas N°95, pero el protocolo dice que son mascarillas quirúrgicas. Esto es algo que depende finalmente de cada servicio de Salud, de qué tan criterioso es el director para suministrar esto insumos”, detalla.
Las contrataciones de personal de refuerzo dependen de la complejidad de cada servicio asistencial, y aquí también se visualizan algunas diferencias. Por ejemplo, en el Servicio Metropolitano Sur Oriente se han contratado a 121 profesionales y, a la vez, se han registrado 1.067 funcionarios contagiados, hasta el 28 de mayo. Mientras que en el servicio Metropolitano Occidente se han contratado a 622 profesionales, en condiciones que 467 han resultado contagiados. El director del primer servicio asistencial mencionado, el doctor Fernando Betanzo, asegura que hasta ahora no ha habido restricción para la contratación de personal, que ha sido constante durante la emergencia y de acuerdo a las necesidades locales. “El reclutamiento nos ha permitido complejizar más camas, que se han quintuplicado en cuanto a ventilación”, precisa.
Desde una mirada más amplia, Aldo Santibáñez, presidente de la Confederación de Profesionales de los Servicios de Salud (Fenprus), pone el acento en la brecha de recursos humanos que se arrastra en el sector de la salud, y que hoy es crítica. “Este ‘personal Covid’ es, en realidad, el que debería estar prestando servicios de manera permanente en el sistema. Estamos lejos de la media de profesionales que se requieren por cada mil habitantes, eso está en estudios internacionales. Esto permitiría generar más cuartos turnos, más turnos en urgencias, en los servicios de pabellón, intensivo o bien en aquellos lugares donde se hace prevención y donde también hay falencias”, enfatiza.
Santibáñez ha planteado en las últimas reuniones con representantes del Minsal la necesidad de contratar a este personal para asegurar condiciones laborales mínimas frente a la arriesgada labor que desempeñan. “Les he dicho que necesitamos menos aplausos y más garantías para desenvolvernos en el trabajo, con medidas concretas, como contratos para dar certeza a los funcionarios al menos hasta diciembre”, explica.
Tarde o temprano, sostiene, los profesionales de planta van a querer tomarse vacaciones y ahí estarán estos profesionales disponibles, que de ser contratados evitaría abrir nuevos procesos de reclutamiento para etapas posteriores.
