Breves notas sobre los primeros 100 días de Lacalle – Por Pablo Álvarez

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Pablo Álvarez

El pasado 17 de junio  se cumplieron los primeros 100 días del Gobierno de la coalición de derechas conducidas por el Partido Nacional bajo la Presidencia de Luis Lacalle Pou. El 90% del tiempo ha estado bajo el escenario de la pandemia, lo que obviamente ha condicionado fuertemente las opciones de gobierno.

• El presidente tiene un saldo positivo en su aprobación en estos 100 días por encima del 60%[1].
• Ha sido, como señala Oscar Bottinelli (uno de los principales analistas políticos y referente de FACTUM, una las principales empresas de opinión publica), un Gobierno de fuerte estilo presidencialista, que ha puesto al presidente en el centro del mando optando por la negociación uno a uno con sus asociados, ya sea en el Ejecutivo o a nivel parlamentario.
• El estilo de Lacalle Pou, al decir de un dramaturgo y expreso político de la dictadura, Mauricio Rossencoff, haría parecer que “gobierna una agencia de publicidad”[2] y es que, efectivamente, hay esfuerzos muy importantes del Gobierno por manejar la comunicación política como un elemento central de su gestión, acercándolo a modelos como el de Macri o Macrón.
• Al momento de redactar este informe se estaría produciendo la primera crisis de Gobierno. El canciller Ernesto Talvi habría planteado su salida, al parecer, por conflictos al interior de su partido con el expresidente Julio María Sanguinetti en una disputa por la conducción partidaria, así como con otros integrantes del Ejecutivo por su manejo en algunos aspectos de la pandemia; por último ha sido clara la tensión generada por el posicionamiento sobre Venezuela con el propio presidente, que ha desconocido su declaración.
  • La interna del Partido Colorado tiene como principales referentes al histórico líder Sanguinetti y al actual canciller Talvi, que emergió en la última elección como referente político. Sanguinetti ha sido promotor de la actual coalición gobernante y, entre otros asuntos, propuso el nombre de su hijo Julio Sanguinetti para ocupar un cargo de gobierno, algo a lo que Talvi se oponía, entre otras razones porque había sido protagonista de un caso de estafa durante el Gobierno colorado de los años 90.
  • En lo que refiere a su manejo en la pandemia, el canciller manejó dos grandes agendas. Por un lado todo, lo relativo al “repratriamiento” de uruguayos varados en el mundo y, por otro, el manejo de un caso particular que fue el del crucero Greg Mortimer. Ambos hechos fueron asumidos como medidas de protagonismo político, cosa que no gustó a otros integrantes del Poder Ejecutivo.
  • El canciller Talvi hizo referencia a que no podía decir que en Venezuela hubiese dictadura, y para ello se amparó en el histórico posicionamiento de Uruguay. El presidente lo desautorizó. Cabe señalar que en las horas previas a la filtración de prensa de la eventual salida, el embajador de Estados Unidos se reunió con el presidente.
• El conflicto dentro de la coalición es fuerte, aunque todo indica que sobrevivirá hasta la Ley de Presupuesto. El hecho es que la no reelección de presidente en Uruguay tiende a adelantar la carrera de sucesión, y hoy ningún partido de la coalición lograría triunfar por sí solo en las elecciones nacionales, de modo que todos los actores se disputan el protagonismo. En la historia reciente, en Uruguay las coaliciones han durado en paz dos o tres años. Hoy, la coalición tiene cinco partidos y uno de ellos, Cabildo Abierto, tiene el mismo peso electoral que el Partido Colorado, por lo que su capacidad de presión es amplia y real.
• El Gobierno ha sometido un proyecto de Ley de Urgente a consideración. En la ley se definen parte de los acuerdos programáticos de la coalición gobernante, en la que se trasluce el carácter neoliberal, desregulador y policial-represor[3], como liberar de responsabilidad los abusos policiales, restricciones a la movilización social, dinámicas privatizadoras en la educación, desregulación del sistema de transparencia, redireccionamiento hacia la política interna de la Inteligencia y dependencia directa del presidente, disminución del patrimonio estatal de tierras para políticas de colonización, etc. La desmonopolización del combustible y medidas que afectaban las telecomunicaciones se retiraron del proyecto para incorporarse en propuestas legislativas específicas.
• Dicha Ley exigió negociaciones al interior de la coalición, que implicaron modificaciones importantes. Sobre todo a partir del posicionamiento político del socio más a la derecha que es Cabildo Abierto, un partido nuevo de identificación militar, nacionalista y conservador. Este nuevo partido fue un firme resistente al interior del Gobierno en cuanto a las propuestas que iban contra las empresas públicas, en el sentido de debilitarlas ante privados, por ejemplo.

La oposición

• El Frente Amplio (FA) es el único partido político en la oposición, la distribución parlamentaria lo hace innecesario para el oficialismo y, en la práctica, significó el desconocimiento del Gobierno a la oposición política.
• A esta dinámica se le suma el hecho de que el FA aún no ha consolidado un rol claro, una estrategia a desarrollar desde su nueva ubicación política, lo que facilita al Gobierno su desempeño.
• Por el contrario, a nivel del movimiento social, el Pit-CNT sí ha sido expresión de una oposición política desde el campo popular y está procurando extender un movimiento más allá de sus fronteras, convocando a una Intersocial[4], una instancia de coordinación de varias organizaciones sociales y populares. Juntos han convocado varias movilizaciones, incluida la del 1° de Mayo, y han elevado propuestas para enfrentar la crisis social derivada de la emergencia sanitaria.

Plano económico

• Según estudios del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, unas 100 mil personas cayeron en la pobreza en abril. El Gobierno no ha extendido grandes recursos para paliar las situaciones de emergencia y aspira a que la “nueva normalidad” sea conducida por los empresarios, y con eso argumenta su política de no afectar tributariamente al sector de mayores ingresos y riqueza.
• Unas 200 mil personas están acogidas al seguro de desempleo y, en materia de inflación, la trayectoria es de una fuerte alza, registrando en mayo un aumento de 11,05% en su variación anual.
• A lo anterior debe sumarse que, desde 2005, la recomposición de la negociación colectiva entre trabajadores, empleadores y Estado había logrado un sostenido aumento del salario real. En esta etapa el Gobierno está posponiendo las rondas de negociación, y a la vez está proponiendo aumentos de salario por debajo de la inflación, lo que lleva a una pérdida efectiva del valor real del salario.
• No se puede olvidar tampoco que el Gobierno actual aumentó las tarifas públicas[5] y la aplicación de un recorte de la rebaja de IVA a las compras con tarjeta de débito, en plena pandemia, algo que no ha realizado ningún otro Gobierno en el mundo. El anuncio de este aumento se hizo unos días antes del inicio de la emergencia sanitaria, pero su entrada en vigor cayó en plena pandemia, lo que también afectó las posibilidades de movilización.
• En definitiva, la crisis se ha instalado en el Uruguay. Han vuelto a las calles las ollas populares como durante la crisis del Gobierno de Batlle (1999-2004). La novedad es que el Gobierno y aliados también promueven estas acciones (en lugar de implementar políticas) en un intento de disputar algunos componentes del relato político de la izquierda: la solidaridad[6]

Perspectivas a corto plazo

• Queda aún por terminar el trámite parlamentario de la Ley de Urgencia, que finalizará a mediados de julio, y que inmediatamente dará paso a la presentación del proyecto de Ley presupuestal a partir de principios de agosto. En Uruguay, el Presupuesto es quinquenal, de ahí su crucial importancia. En el presupuesto terminarán de expresarse las orientaciones programáticas y será sin duda (como siempre ha sido) un momento de altísima movilización y conflictividad. Los recortes se avizoran en amplios sectores y el Gobierno señaló que no habrá incrementos presupuestarios. Por ahora, la información es bastante escasa al respecto.
• El Gobierno está orientando, por otro lado, un mensaje hacia los militares procesados por delitos de lesa humanidad que podría acabar resultando una disputa dentro de la coalición.
• De un lado hay sectores de Gobierno que se han posicionado muy claramente respecto de la responsabilidad de actuar en materia de verdad y justicia (Talvi, dentro del Partido Colorado, y el Partido Independiente, que si bien tiene el Ministerio de Trabajo no tiene siquiera una banca en el Senado). En el lado opuesto, en estas semanas el ministro de Defensa -citando al propio presidente- quiso revivir en clave autoritaria un antiguo y doloroso conflicto, el del procesamiento por parte de la Justicia de un militar que asesinó en 1972 a un militante tupamaro esposado por la espalda. Según el ministro, lo hizo “obedeciendo una orden” por lo que “sería un error procesarlo después de tanto tiempo”. El sector de Manini, Cabildo Abierto, ha salido abiertamente a amparar al militar retirado y a presionar también sobre la Justicia y llamar a abandonar el procesamiento de militares por sus actos durante el período autoritario. Este escenario es de alto riesgo ya que, por un lado, implica un posicionamiento muy fuerte del Gobierno y del presidente presionando al Poder Judicial y, por otro lado, toca el tema verdad y justicia frente a los crímenes de la dictadura y el período autoritario, una de las agendas más activas en el país, sobre todo en los más jóvenes, lo que llevaría a un escenario de confrontación política.
• También se viralizó el audio de una llamada telefónica de la vicepresidenta y un relacionista público. En el mismo queda en evidencia un accionar amenazante de la vicepresidenta, la confirmación por parte de la misma de que “todas” las llamadas estarían siendo escuchadas y la necesidad de silenciar algunas de las denuncias que el relacionista estaría efectuando, incluida la referencia al “dealer” de Luis, expresión que por muchos ha sido interpretada en referencia al presidente. Sin embargo el blindaje mediático garantiza al actual Gobierno la poca trascendencia del asunto.

[1]   https://equipos.com.uy/lacalle-pou-cumple-100-dias-manteniendo-alta-aprobacion/[2]   https://www.pitcnt.uy/novedades/noticias/item/3540-rosencof-nos-gobierna-una-agencia-de-publicidad[3]   https://www.celag.org/uruguay-las-urgencias-del-gobierno-electo/[4]   https://pitcnt.uy/novedades/item/3557-intersocial-que-la-crisis-no-la-paguen-los-mas-vulnerables[5]   https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/3/gobierno-aumenta-el-iva-a-las-tarjetas-de-debito-sube-tarifas-de-ose-ute-y-antel-en-el-entorno-del-10-y-posterga-ajuste-de-combustibles/[6]   https://www.busqueda.com.uy/nota/la-caida-del-relatoCELAG