Bolivia | Gobierno de facto busca judicializar al MAS con denuncias a Luis Arce y Evo Morales
Gestora Pública denuncia formalmente al exministro Luis Arce por daño económico al Estado
La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo formalizó, hoy, una denuncia penal por daños económicos al Estado contra Luis Arce, exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los delitos económicos que pudo cometer Arce, quien fue presidente del directorio de la Gestora Pública, están vinculados con la contratación de dos empresas extranjeras que deberían proveer el software sobre las pensiones de jubilación.
«Se ha realizado un trabajo técnico a través de auditorías internas y auditorías especiales y se encontró, de manera contundente, pruebas que involucran al señor Luis Arce como también a funcionarios que intervinieron en estos contratos», declaró Sergio Flores, el actual gerente de la Gestora Pública, poco después de presentar la denuncia en la Fiscalía de La Paz.
Los contratos cuestionados tienen que ver con la provisión de software destinado a la administración del Sistema Integral de Pensiones, uno con la empresa panameña Sysde International INC y otro con la colombiana Heinsohn Business Technology.
El anterior Gobierno pagó $us 3 millones como adelanto de un contrato valuado en $us 5,1 millones a Sysde, pero esta empresa nunca entregó el software comprometido.
Tras ello, la colombiana Heinsohn fue contratada por una cifra mucho más alta: $us 10,4 millones para la provisión de este software, pero además el Estado boliviano tenía que pagar un derecho de uso, un alquiler de $us 1,6 millones anuales por la licencia y el código fuente.
Flores señaló que en 40 años, que es el tiempo de duración de este contrato, el Estado iba a erogar $us 78 millones en estos pagos ilegales.
«Esto es lo que nos han tratado de engañar y es mi deber, como representante legal de la Gestora Pública, denunciar penalmente (…). Será la Fiscalía la que realice las investigaciones adicionales y nosotros coadyuvaremos, puesto que tenemos las pruebas para demostrar que lo que habido aquí es un acto de corrupción», sostuvo Flores.
La denuncia presentada contra Arce y varios exfuncionarios del Gobierno anterior consta de 10 cuerpos foliados y anillados.
«Todo esto ha sido una pérdida de tiempo y la Gestora Pública nunca iba a funcionar como una AFP estatal», resumió.
Flores aclaró que él es un técnico en el área, y no tiene militancia política, y aseveró que Luis Arce Catacora, en su condición de exministro de Economía y expresidente del directorio de la Gestora, «debe responder ante estos hechos de corrupción».
Cancillería denuncia ante la comunidad internacional a Evo y sus afines por “desestabilizar” y “bloquear la cooperación”
En un comunicado dirigido a la comunidad internacional, la Cancillería acusó a Evo Morales y sus afines de intentar la desestabilización en Bolivia y de bloquear la cooperación internacional destinada a la lucha contra el COVID-19.
“Sectores afines al Sr. Morales intentan desestabilizar al país, causar caos y profundizar la crisis sanitaria, llegando inclusive a negar la existencia misma de la enfermedad, lo cual a su vez es aprovechado por el narcotráfico y la delincuencia organizada”, dice el comunicado.
Agrega que “al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el Sr. Morales, bloquea la cooperación financiera internacional para la lucha contra la pandemia y la recuperación económica. Esto es un inescrupuloso atentado contra la salud y la vida de los bolivianos”.
El comunicado señala que además Morales y sus aliados “han convocado a los extremistas resguardados en las instituciones bajo su control para agudizar ese bloqueo político y administrativo”, mencionado el caso de la tardanza en ratificar los ascensos en las Fuerzas Armadas y la aprobación de la Ley de Estados de Excepción.
La Cancillería también denunció que Morales, en complicidad con Nicolás Maduro, “ha recrudecido su campaña internacional de desinformación y de difusión de noticias falsas para tergiversar la lucha del pueblo boliviano por la recuperación de la democracia”.
“Esto lo hace desde su asilo o refugio, otorgado por el gobierno argentino, el cual soslaya las normas internacionales del asilo y del refugio, tolerando declaraciones incendiarias y hasta amenazas de convocatoria a milicias irregulares armadas”, acota el texto.
En ese marco, el Gobierno de Bolivia solicitó a la comunidad internacional que realice “un riguroso rechazo y condena a los violentos actores del narcoterrorismo”.
Comunicado de la cancillería de Bolivia
En las últimas semanas, Evo Morales y sus aliados ideológicos han intensificado sus intentos de desestabilización política y social en Bolivia con campañas de desinformación a nivel global. Ante la gravedad de los crecientes ataques, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia cumple con informar a la comunidad internacional la realidad de los hechos:
1. Luego de la renuncia de Evo Morales, su vicepresidente y los presidentes de ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa, el 12 de noviembre de 2019 la Dra. Jeanine Áñez Chávez asumió la Presidencia de Bolivia, mediante un proceso de sucesión validado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en base a los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado; lo cual, posteriormente, fue respaldado internacionalmente.
2. El proceso de auditoría de las elecciones de 2019 y la verificación del fraude electoral fueron realizados por la OEA y avalados por la Unión Europea y la comunidad internacional, quienes también reconocieron el proceso de transición y pacificación política que asumió el país.
3. En la actualidad, Bolivia –al igual que muchos países en el mundo– se enfrenta a la amenaza de la pandemia de COVID-19. Todos los esfuerzos del gobierno y de la ciudadanía están concentrados en minimizar sus impactos; sin embargo, sectores afines al Sr. Morales intentan desestabilizar al país, causar caos y profundizar la crisis sanitaria, llegando inclusive a negar la existencia misma de la enfermedad, lo cual a su vez es aprovechado por el narcotráfico y la delincuencia organizada.
4. Al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el Sr. Morales, bloquea la cooperación financiera internacional para la lucha contra la pandemia y la recuperación económica. Esto es un inescrupuloso atentado contra la salud y la vida de los bolivianos.
5. El Sr. Morales y sus aliados han convocado a los extremistas resguardados en las instituciones bajo su control para agudizar ese bloqueo político y administrativo. La Asamblea Legislativa, en particular, se niega a ratificar los ascensos en las Fuerzas Armadas y busca promulgar una “Ley de Excepción”, con el fin de inmovilizar al Gobierno Nacional y generar aún más violencia.
6. El Sr. Morales, con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro, ha recrudecido su campaña internacional de desinformación y de difusión de noticias falsas para tergiversar la lucha del pueblo boliviano por la recuperación de la democracia. Esto lo hace desde su asilo o refugio, otorgado por el gobierno argentino, el cual soslaya las normas internacionales del asilo y del refugio, tolerando declaraciones incendiarias y hasta amenazas de convocatoria a milicias irregulares armadas.
El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia agradece el apoyo incondicional a nuestro proceso democrático de parte de las naciones hermanas. Asimismo, ratifica su respeto pleno a los derechos humanos, a la Libertad y la Democracia y a todas las normas y principios del Derecho Internacional. En ese sentido, solicita a la comunidad internacional, un riguroso rechazo y condena a los violentos actores del narcoterrorismo.
Caso Respiradores: ahora denuncian a Evo Morales, Gabriela Montaño, Carlos Romero y otros
La compra irregular y con presunto sobreprecio de 170 respiradores dio un nuevo giro y ahora la administración de Jeanine Áñez pedirá a la Fiscalía que se incluya en la investigación al expresidente Evo Morales y exautoridades de su Gobierno.
En conferencia de prensa, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, anunció que la solicitud de ampliación del caso es en contra de 17 personas, todas ligadas al anterior gobierno
Detalló que entre ellas se encuentran Morales; además de los exministros de Gobierno Carlos Romero; de Salud Gabriela Montaño, su hermano, Carlos Rodrigo Montaño, el dirigente cocalero Adrónico Rodríguez.
Afirmó que conforme avanzó la investigación, el Ministerio Público encontró nuevos indicios tras un peritaje a los teléfonos celulares de Fernando Valenzuela y Fernando Humérez, desvelado por el director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas.
“Ellos (Evo Morales y los exfuncionarios) conjuntamente con funcionarios públicos han intentado hacerse de recursos del Estado con el sobreprecio de los respiradores”, aseguró Melgar.
La ampliación de la denuncia contra los 17 nuevos investigados es por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito de personas particulares con afectación la Estado, organización criminal vinculada a delitos de corrupción, entre otros.
“¿Qué privilegios tenía Carlos Romero para tener un aparato telefónico?, los internos están prohibidos de tener este tipo de artefactos, pero, sin embargo, el doctor Carlos Romero desde el interior del penal se comunicaba con el señor Fernando Valenzuela”, cuestionó.
La investigación al caso Respiradores, es por la contratación de los respiradores a un precio unitario de $us 20.080, según acuerdo con la importadora IGE Consulting Global Services SL, a diferencia del precio de fábrica, de $us 7.234.
“Aquí estamos ante un posible complot para hacer quedar mal Gobierno y segundo, de hacerse de los recursos económicos producto del sobreprecio”, añadió Melgar.
Aseguró que todas las llamadas que implican a las exautoridades tienen fueron desde el 4 y 19 de mayo y que coincidiría con el proceso de compra de los respiradores en cuestión.
Negó que se haya ampliado la denuncia contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ya que en el peritaje no se habría detectado ninguna comunicación que lo implique con los investigados.
En el mismo caso unas seis personas se encuentran procesadas, entre ellos, el exministro de Salud Marcelo Navajas, quien ahora cumple la detención domiciliaria, pero hospitalizado.
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