Asesinan a otro excombatiente de la FARC y ya son 199 desde la firma del Acuerdo de Paz
Asesinan a excombatiente de las Farc en Campoalegre, Huila
Por Fabio Arenas
La tranquilidad del barrio Alfonso López, en el municipio de Campoalegre, Huila, se vio perturbada el sábado por el asesinato de Herney Betancourt Arias, quien fue miembro de las Farc en este departamento.Se trata del segundo asesinato cometido esta semana contra un exguerrillero pues el miércoles anterior murió Manuel Olaya, ultimado a tiros en la zona rural de Neiva.
En el caso de Herney Betancourth, las autoridades informaron que fue atacado a tiros por un desconocido que lo sorprendió en la zona urbana y sin mediar palabra le propinó dos disparos de arma de fuego en su cuerpo.
Testigos narraron que la víctima, de 48 años, se encontraba en una tienda y un hombre que se le acercó por detrás lo impactó con arma de fuego por lo que murió en el sitio de los hechos.
Diego Tello, asesor de paz de la gobernación del Huila, afirmó que no había amenazas reportadas contra Betancourth, oriundo de Campoalegre.
«El reincorporado fue firmante de los acuerdos de paz», aseguró el funcionario y agregó que no hacía parte de los programas de la Agencia de Reinserción y Normalización.
«El Huila espera las capturas de los responsables, así como el esclarecimiento de otros crímenes cometidos por desconocidos contra exmiembros de la guerrilla que apoyaron el proceso de paz», señaló el asesor de paz.
Otros ciudadanos que lo conocían señalaron que Herney trabajaba en los cultivos de arroz y agregaron que «era una persona muy conocida en Campoalegre, a la que le gustaba jugar fútbol».
«Aquí todos lo conocíamos, en el pasado hizo parte de la guerrilla y se acogió al proceso de paz, pero no se sabe quién lo mató», dijo un habitante de Campoalegre.
Ojalá pudiéramos llegar al Consejo de Seguridad de la ONU: Timochenko
Por Juan David López Morales
Con Herney Betancourt Arias, asesinado el sábado en Campoalegre, Huila, ya son 199 los exguerrilleros que, según las cuentas del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), han sido víctimas de homicidio desde la firma del Acuerdo de Paz.
Este lunes, a las 9:30 a.m., varios voceros de Farc participarán de una audiencia dialógica en la que serán escuchados por varios magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de las medidas cautelares de protección colectiva que estudia la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de esa justicia.
El presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, habló en esta entrevista con EL TIEMPO de las inquietudes y propuestas que le presentarán a la JEP, justicia en la que se estudia proteger no solo a exguerrilleros, sino también a comparecientes de la Fuerza Pública, como una forma de proteger el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
¿Cuál será el panorama que presentarán ante la JEP este lunes?
Tenemos mucha expectativa, creemos que es muy importante la decisión que ha tomado la JEP y lo primero que vamos a plantear es la necesidad de la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que funcione en el marco del espíritu letra con que está definida esa comisión en los acuerdos de La Habana. También planteamos la de convocar una coordinación institucional para que le haga seguimiento minucioso a las medidas y acciones en función del cumplimiento del punto 3 del Acuerdo de Paz. También exigir, porque nada que lo hacen, el Plan Estratégico por parte del Ministerio del Interior, junto con la Unidad Nacional de Protección, para marcar la ruta estratégica en función de la seguridad de nuestra gente. Otro elemento que es necesario plantear es que está establecido que muchos compañeros nuestros necesitan esquema de seguridad y no se ha hecho. Además, vamos a exigir que la Comisión de Investigación y Desmantelamiento de la Fiscalía, creada también por el Acuerdo, funcione como debe ser y establezca con claridad quiénes están detrás y qué intereses se mueven detrás de los asesinatos de exguerrilleros y exguerrilleras.
¿Hace cuánto no funciona la Comisión Nacional de Garantías?
Ya ni me acuerdo. Creo que se ha reunido una vez. Una vez, en una reunión formal en la cual prácticamente no se definió nada. No ha funcionado.
¿Por qué no está funcionando?
Por falta de voluntad política. A mí me preguntaban qué es lo que se necesita para parar los asesinatos de los firmantes del Acuerdo, y yo decía: voluntad política del Estado. Desde que haya voluntad política, los paramos. Tienen todos los instrumentos y mecanismos, además los acuerdos de paz dejaron eso establecido. Ese tema lo trabajó con mucha minuciosidad, de nuestro lado, ‘Pablo Catatumbo’ y del lado del Gobierno el general Óscar Naranjo, un hombre conocedor de los temas de seguridad.
¿Sienten que las versiones que han entregado a la JEP en los casos les han generado riesgos o estos son de otra naturaleza?
Uno espera que eso no tenga que generar riesgos, pero sí fue planteado en su momento incluso por la misma JEP, que estableció en el caso 001 una serie de medidas de seguridad en función de quienes estamos participando en ese caso. Uno espera que no, pero nos está haciendo mucho daño la estigmatización y a lo que está jugando el actual Gobierno. Está jugando a hacer fracasar el proceso y uno de los instrumentos es la estigmatización tratando de mostrar, con mentiras, con medias verdades y con calumnias que nosotros no estamos cumpliendo.
¿Qué espera el partido Farc que la JEP haga en su estudio de medidas cautelares frente a los mecanismos de protección que ya existen?
Aquí no tenemos que inventarnos nada, es retomar lo que está en los acuerdos, es que no ha habido voluntad política para plasmarlos en la práctica. Lo importante es que es una medida cautelar colectiva, que tengan en cuenta los espacios territoriales, pero también las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), que son como 86. Esperamos que a partir de lo que la JEP determine se dispongan mecanismos en función de esto. En el tema de la seguridad, nuestra misma gente y la de las comunidades tiene experiencia, pero se necesita la voluntad y el apoyo político del Estado.
Ya que menciona los antiguos ETCR, en el caso de Ituango el Gobierno ha dicho que ellos les habían recomendado cambiarse de ese lugar a otra zona, incluso más cerca de Medellín, ¿qué pasa allí?
Yo desconozco hasta donde han logrado avanzar, lo que sé es que no ha habido voluntad política, porque está también el tema de La Blanquita (en Frontino, Antioquia, donde familias de exguerrilleros fueron amenazadas y desplazadas), y están los riesgos que ya han expresado distintos compañeros en varias regiones, que les ha tocado desplazarse de las zonas donde están. Insisto en que las medidas de la JEP deben ir encaminadas a hacer que haya voluntad política de implementar lo que está en los Acuerdos en materia de seguridad.
Ustedes van a pedir que se realicen audiencias regionales con autoridades municipales y departamentales, ¿cuál es el objetivo?
Tenemos mucha esperanza de que la JEP recoja esa propuesta, porque es lo que hemos venido diciéndole hace mucho rato al Gobierno: hay que ir y escuchar a la gente, hay que reunirse con los exguerrilleros y exguerrilleras en la región y con la gente de la región. Y en este caso, también que involucren a las autoridades departamentales y municipales. La mayor experiencia que nosotros hemos tenido para encontrar soluciones a cualquier problema, en este caso al de seguridad, es la discusión colectiva en la región que además sabe de dónde provienen las agresiones.
Sin embargo, la responsabilidad de garantizar la protección es del Gobierno Nacional, ¿qué podrían hacer alcaldes o gobernadores?
Creo que creamos un hecho político que va a generar presión en el Gobierno nacional, con la JEP de por medio. Esperamos que sea un elemento que incida para que se haga algo, porque explicar 199 exguerrilleros y exguerrilleras asesinados y los desplazamientos que ha habido es bastante complejo.
Altos de la Estancia: los desalojos no se detienen con la pandemia
Doña Isabel es una de las habitantes que fue desalojada en el barrio Altos de la Estancia, ubicado en Ciudad Bolívar, Bogotá. Este lugar se convirtió en punto de encuentro o asentamiento de centenares de familias que, ante la negligencia por parte del Estado para garantizar el derecho universal de una vivienda digna, han construido sus casas en este sitio.
En su libro «Las ciudades invisibles”, Italo Calvino afirmaba que las “ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y temores, aunque el hilo de su discurrir sea secreto, sus normas absurdas, sus perspectivas engañosas y cada cosa esconda otra”. Bogotá encaja en esa imagen de la megalópolis, de la crisis de la ciudad demasiado grande.
Mientras está sentada en la hierba de uno de los cerros de Altos de la Estancia, Isabel teje al crochet unos bolsitos para fundas de celular que, con suerte, podrá venderlos con el fin de conseguir algo de dinero para atender sus gastos.
Es la 1:00 p.m de un viernes y han pasado mas de 24 horas desde que los equipos de Derechos Humanos, integrantes de la organización Congreso de los Pueblos, le entregaron una copia de la resolución en la que se le concede una tutela. En esta se concede un plazo de 48 horas para que la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Policía Nacional, provean a Isabel “un lugar que cuente con las condiciones mínimas de salubridad donde la señora Isabel Molano junto con su grupo familiar pueda habitar, hasta el día 30 de junio de 2020, o en su defecto hasta el día en el que el Gobierno Nacional levante la medida de aislamiento obligatorio».
Esa misma mañana acudió a las oficinas de la Alcaldía de Ciudad Bolívar para exigir el cumplimiento de la tutela o recibir información acerca de la misma; sin embargo, la única respuesta que obtuvo fue que no podían atenderla, pues únicamente estaban disponibles para casos de maltrato. Mientras regresa al barrio, espera obtener noticias antes de que oscurezca, pues como su casa fue desbaratada hace días, no tiene un lugar para dormir.
Isabel es una de las muchas protagonistas de la «guerra» que se vive en los cerros de Altos de la Estancia desde el 2 de mayo. El término guerra, “lucha o disputa continuada entre personas, que puede dar lugar a actos violentos”, es apropiado en el marco de esta contienda que desató la institucionalidad contra una de las capas más empobrecidas y vulnerables de la ciudad.
En este caso, la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar, han llevado a cabo una serie de desalojos contra los pobladores de este barrio después de que se decretara la medida de aislamiento preventivo, a raíz de una emergencia sanitaria que ha sacudido a todo el país y especialmente a las poblaciones más vulnerables.
Los motivos que ha presentado la administración local para llevar a cabo los procedimientos son: que se trata de un suelo público destinado a la construcción de un parque, debido a que el terreno presenta riesgos geológicos que lo hacen inseguro para las personas que allí habitan. Sin embargo, los argumentos no explican por qué se lleva a cabo un desalojo en medio de la pandemia y por qué no se brindan garantías de vivienda para quienes están siendo expulsados de sus hogares.
Durante estos procedimientos, además, se han presentado múltiples casos de violencia por parte de la Policía y el Esmad, contra los pobladores, defensores de Derechos Humanos, observadores internacionales y periodistas que han acompañado las jornadas.
La comunidad ha resistido ante un procedimiento que consideran ilegitimo, pues no entienden por qué no hay razón de órdenes escritas para efectuar los desalojos. La irregularidad ha sido una constante en este operativo en el que, una de las funcionarias de la Alcadía de Bogotá, Indira Caicedo, ha hecho presencia encapuchada y vestida de negro. Sin ningún distintivo ni identificación de la Alcaldía, Caicedo ha sido la encargada de señalar cuáles casas tumbar.
Después de varias semanas la situación de Altos de la Estancia comenzó a conocerse en los medios de comunicación, debido a la violencia de los desalojos. Así como los pobladores, la opinión pública no logra entender la urgencia de realizar un desalojo en medio de una crisis sanitaria, económica y social nacional e internacional.
La Alcaldía reaccionó con una campaña para posicionar su imagen. Comenzó con una rueda de prensa y continuó con un video en el que el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, desautorizaba a la funcionaria Indira Caicedo para volver a subir a Altos de la Estancia y argumentaba su vestimenta en supuestas amenazas que había recibido antes.
Después de ese video han habido días de aparente calma. Sin embargo, los habitantes de Altos de la Estancia aún son requeridos para abandonar sus viviendas sin ninguna garantía de por medio. Esta misma semana, se han notificado resoluciones que explicitan las razones que invoca la Alcaldía para justificar los desalojos.
El giro procedimental que tuvo la administración ha sido evidente. El sábado 30 de mayo los funcionarios de la Alcaldía reconocieron que habían cometido errores en el pasado. Sin embargo, no se ha cuestionado el rol de los gestores de convivencia, la personería y la procuraduría, que respaldaron a los funcionarios, a pesar de los atropellos que llevaban a cabo contra la población.
La nueva táctica institucional se concretó en la mañana del viernes 29 de mayo, cuando numerosos grupos de funcionarios coparon las diferentes zonas del asentamiento que en días anteriores habían sido notificadas del desalojo. Ahora los representantes de la Alcaldía ofrecen a las familias un subsidio de alquiler durante tres meses. Sin embargo, para acceder a esa ayuda deben desalojar su hogar de manera voluntaria e inmediata, mientras que los funcionarios no les dan brindan ninguna garantía ni documento que asegure el cumplimiento del trato.
En caso de no aceptar el pacto, los habitantes quedan expuestos a que durante los próximos días la Fuerza Pública los desaloje violentamente y sin ninguna garantía de vivienda. Este es el caso de muchas familias de Altos de la Estancia que no creen en la palabra de la administración y los funcionarios.
Durante estos días muchas de las personas a las que supuestamente se les había garantizado una ayuda, han regresado al barrio y ahora duermen en tiendas de campaña situadas junto a la cancha deportiva. La Alcaldía no ha cumplido con su palabra.
#DDHH?| Doña Isabel fue desalojada en Altos de la Estancia, Ciudad Bolívar. Este lugar se convirtió en punto de encuentro o asentamiento de familias que, ante la negligencia del Estado para garantizar el derecho de una vivienda digna, han construido sus casas en este sitio. pic.twitter.com/ozOlm444Jt
— Colombia Informa (@Col_Informa) May 31, 2020
La propia respuesta a la tutela de Isabel aún se encuentra desatendida. Las puertas de la Alcaldía han permanecido cerradas para ella, mientras intenta dar cumplimiento a una orden judicial. La situación de Altos de la Estancia da cuenta que la Alcaldía no tiene una hoja de ruta que garantice a los desalojados una renta suficiente para pagar una vivienda digna.
Los habitantes de este barrio son, principalmente, vendedores y trabajadores informales que en este momento no cuentan con los recursos económicos para hacer frente al pago de un alquiler.
“El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio», es el pasaje final del libro de Calvino.
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