¿A siete meses del golpe, quién respalda al gobierno de Bolivia? – Por Julio Peñaloza Bretel, especial para NODAL

Por Julio Peñaloza Bretel *

El gobierno de Jeanine Añez ha perdido en las últimas cuatro semanas, la disminuída simpatía que ya generaba desde que decidiera a principios de año, convertirse en candidata para unas elecciones que debían realizarse el pasado 3 de mayo, y que finalmente, si la pandemia lo permite, se celebrarán el 6 de septiembre, gracias a la presión combinada que ejercieron el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, los principales candidatos de la derecha que gestaron y concretaron el golpe –Carlos Mesa, Jorge “Tuto”Quiroga–, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el mismo Tribunal Supremo Electoral que logró flexibilizar la posición parlamentaria mayoritariamente masista, que había sancionado una ley para que el acontecimiento electoral se produjera el 2 de agosto.  Todo esto, a pesar de la reticencia de la alianza que encabeza Añez y el también golpista Luis Fernando Camacho, candidato de la fórmula Creemos, que se ha convertido en uno de los más virulentos detractores del gobierno de transición.

A casi tres meses de la irrupción del coronavirus en el continente, Bolivia es el único país de la región que enfrenta la crisis sanitaria con un gobierno que nadie eligió, y que al haber generado la doble condición de Añez como presidenta transitoria-candidata, empezó a atravesar  un camino plagado de decisiones equivocadas, corrupción y un fuerte acento en tareas represivas, policial y militar, al extremo de que el ministro de Defensa, Luis Fernando López, luego de un altercado con un ciudadanoen el departamento del Beni, tuvo que disculparse ante el país después de afirmar que él no permitía que se irrespetara a un uniformado porque “podría hacerlo desaparecer en diez segundos”, afirmación que desató una ola de enardecidas críticas en las redes sociales con la utilización de “Los dinosaurios”, emblemática canción de Charly García que alude a las dictaduras militares de los 70 y 80 en América Latina.

Entre los escandaletes por compras estatales con presuntos sobreprecios (respiradores para combatir la pandemia y gases lacrimógenos para reprimir a los enemigos políticos), utilización de aviones oficiales para trasladar amigos a la fiesta cumpleañera de la hija de la Presidenta, la supresión de los ministerios de Culturas, Deportes y Comunicación a título de ahorro en el erario nacional,y simultaneamente la creación de una fuerza especial (policial) para brindar seguridad exclusiva a la propia presidenta accidental y a sus ministros,  los pagos de bonos extraordinarios para mitigar la crisis generada por la cuarentena y las detenciones practicadas por las fiscalías departamentales a dirigentes afines al partido de Evo Morales, y el nombramiento de un embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bolivia…ante el gobierno de Bolivia (?) Jeanine Añez cuenta objetivamente hoy con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, y en el plano internacional, de manera explícita, nada más que con la aprobación de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, país al que el avión presidencial  se habría dirigido en veinticinco oportunidades, sin que se haya dado cuenta oficial, ni dejado registro,del carácter de los vuelos realizados.

Atal extremo llega la endeblez gubernamental que en términos de representación internacional,figuran apenas tres embajadores, Oscar Serrate ante Naciones Unidas, Jaime Aparicio representante en la OEA y el recientemente nombrado Wilfredo Rojo como “Ministro de Primera”en la representación diplomática en Brasil. El resto de los representantes son Encargados de Negocios o Ministros Consejeros, y como para que la débil presencia internacional del país quede en mayor evidencia, se han suspendido, de facto,  relaciones con los gobiernos de Cuba, Venezuela y en los últimos días con Nicaragua e Irán.  En este contexto, Erick Foronda, uno de los principales asesores presidenciales, ligado a la embajada de los Estados Unidos en La Pazpor más de dos décadas, dicho sea de paso, sindicado como agente de la CIA, ejercerá ahora el cargo de asesor de relaciones internacionales en materia de cooperación, mientras que el vicecanciller, Manuel Suárez Ávila, se convertirá en el asesor principal de la Presidenta, con incidencia en tareas de campaña a través de encuestas, materia de su especialidad como cientista político, y que tiene como antecedente los trabajos que realiza para Samuel Doria Medina, el empresario candidato a Vicepresidente que conforma binomio con Jeanine Añez por la Alianza Juntos.

Luego de un sostenido tira y afloje entre el gobierno de Añez y los partidos y coaliciones con candidatos presidenciales, se ha oficializado la decisión de promulgar la ley de convocatoria a elecciones para el 6 de septiembre “sin asumir la responsabilidad de lo que pueda sucederle al país por las consecuencias que pueda traer el coronavirus a la ciudadanía” según se ha encargado de enfatizar el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, que se ha adelantado a culpar a Evo Morales si las elecciones se llevan a cabo mezcladas con el incremento de los contagios por coronavirus.

¿Quién respalda al gobierno de Jeanine Añez en la actualidad boliviana? De manera práctica y efectiva, solamente los militares y los policías, los militantes de su partido –Movimiento Social Demócrata–, la embajada de los Estados Unidos que camina con pies de plomo y que llamativamente no se ha apurado en generar la reposición de embajadores para vigorizar la relación bilateral. Han pasado a la vereda opositora quienes la entronizaron y ya se manifiesta el descontento de distintos gremios y sectores laborales, incluídos los empresariales de alto vuelo que guardan un silencio expresivo y seguramente esperan, de una buena vez, que el país cuente con un presidente surgido de las urnas a fin de generar la indispensable normalización democrática en la que se deberán corregir una serie de desatinadas decisiones estructurales que competen a gobiernos electos y de ninguna manera a administraciones gubernamentales transitorias surgidas de pedidos de renuncia a mandatarios antecesores en clave de ultimátum y motines policiales.

* Periodista boliviano