Uruguay: el presidente Lacalle anunció una agenda «provida» para restringir el aborto legal
Lacalle Pou aseguró que su gobierno tiene una agenda “provida” y recibió críticas del Frente Amplio
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou encabezó en la noche de este lunes una conferencia de prensa online junto con el grueso de su gabinete para recibir preguntas de periodistas del interior del país, y allí informó que de 866 análisis realizados, siete resultaron positivos, aunque de ayer a hoy sólo hubo dos personas contagiadas, según la información proporcionada por el gobierno. En total, hay 193 casos activos de la enfermedad, mientras que 447 personas ya se recuperaron.
Tras dar a conocer los datos, Lacalle Pou informó que el gobierno trata de avanzar en la transición hacia la “nueva normalidad”, que está siendo planificada con los ministros, el equipo de gobierno y el grupo de científicos que los asesora –en referencia al Comité de Gestión de Crisis–, que se ha “puesto a la orden del país” y está haciendo “un gran trabajo”. Recordó que los primeros pasos hacia la transición se dieron cuando se habilitaron las clases presenciales en algunas escuelas rurales, y luego al abrir la actividad en la construcción. En cuanto a esto último, subrayó que hace unos días se hicieron más de 430 test “aleatorios” a trabajadores de la construcción y todos dieron negativos.
“No quiere decir que seamos contundentes con que no hay ningún caso en todos los operarios de la construcción, pero sí debemos decir que no ha habido un contagio masivo, y que el efecto de la apertura de esta actividad tiene un resultado que nos permite seguir evaluando y valorando la apertura de otras actividades”, indicó Lacalle Pou. Por lo tanto, señaló que este martes se reiniciará la atención al público en distintas oficinas de la administración pública, “obviamente, con un protocolo que está consensuado” con los técnicos que asesoran al gobierno y también “con los propios funcionarios”.
Además, subrayó que para más adelante están evaluando la apertura de otros ámbitos, tanto de la educación como de “actividades productivas y comerciales”, pero que el gobierno quiere ir “contando de a poco”, porque sabe que de cada decisión que se toma “dependen la vida, la salud y el trabajo de los uruguayos”.
“Estamos con la tranquilidad de estar bien asesorados, y eso es fundamental. Hay un respaldo político, técnico y científico en cada paso que damos. ¿Cuánto va a demorar en llegar esa nueva normalidad? No lo sabemos. Siempre termina dependiendo de la conducta de los uruguayos. Hemos apelado a la libertad responsable, que los uruguayos han sabido utilizar, y eso es lo que nos permite ir avanzando”, subrayó.
Seguro de paro y arroz
Cuando se abrió el espacio para las preguntas, el presidente fue consultado por el impacto en el desempleo que tendrá la pandemia cuando se transite la “nueva normalidad”. Contestó que todavía no hay elementos como para decir la cifra, ya que va a depender “de la vitalidad de las empresas” y no sólo “a la salida de esta pandemia”, ya que hay algunas actividades del país, sobre todo en los “sectores primarios”, que “venían golpeadas, y esto las va a perjudicar más”.
No obstante, subrayó que se llevó “una grata sorpresa” con la cosecha de arroz, por “los precios que estamos teniendo, el rendimiento, el precio del dólar y demás”, y a raíz de la escasez de arroz y el trabajo de la cancillería y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se están “consiguiendo mercados” para ese alimento básico.
“Lo que está claro es que el desempleo va a crecer. Pero el gobierno no va a escatimar recursos en lo que hace al seguro de paro. Estamos terminando de negociar con el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social], el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Previsión Social para extender el seguro de paro parcial a otras actividades”, señaló. Agregó que el gobierno no quiere que la pandemia traiga consecuencias que hagan que mientras unos siguen andando, haya otros que queden “a la vera del camino, muy golpeados”. “Una de nuestras prioridades es que nadie se vaya a dormir con la panza vacía”, sostuvo el presidente.
Aborten
Un periodista de Paysandú consultó a Lacalle Pou sobre su postura sobre el aborto (no sin antes mostrarse claramente en contra de su legalización), y el presidente recordó que votó en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2012. El mandatario dijo que se trata de una realidad que ya es “ley” en el país, y explicó que a su juicio “Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que el Uruguay en su Constitución y de acuerdo a los pactos ratificados entiende que hay vida desde la concepción y, en ese sentido, un niño que no ha nacido tiene derechos”.
No obstante, destacó que el tema ya fue “decidido” en el Parlamento y luego, “con la posibilidad de ser refrendado, plebiscitado en la opinión pública, esa ley tuvo las voluntades que debió tener, esa es una ley vigente”. Sin embargo, dijo que, como había anunciado durante la campaña, su gobierno tiene una agenda “provida”, y dijo que estaba “seguro” de que todo su gabinete comparte esa agenda, más allá de lo que votó cuando se aprobó la ley. Luego habló de fomentar la adopción y de masificar los anticonceptivos y la educación sexual.
Las reacciones no se hicieron esperar. La senadora frenteamplista Carolina Cosse cuestionó en su cuenta de Twitter al mandatario, y dijo que está dando “muy malas señales”: “primero señala la violencia de género como daño colateral, luego [dice] que el gobierno es provida, una definición perniciosa. Todos somos partidarios de la vida. El gobierno debe garantizar el ejercicio de los derechos”.
Muy malas señales está dando el Presidente. Primero señala la violencia de género como daño colateral, luego que el gobierno es pro vida, una definición perniciosa. Todos somos partidarios de la vida. El gobierno debe garantizar el ejercicio de los derechos.
— Carolina Cosse (@CosseCarolina) May 5, 2020
En la misma línea, la diputada Cristina Lustenberg sostuvo que “una política de desestímulo al aborto legal será una propuesta regresiva en términos de derechos, sobre un asunto laudado por la sociedad uruguaya, que pone en duda el pilar de laicidad del Estado”.
Lo que le cabe al Estado es el respeto absoluto a la decisión voluntaria de las mujeres y eso pasa en Uruguay desde que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). (?)
— C. Lustemberg (@LustembergC) May 5, 2020
Palabras de Lacalle sobre «agenda provida» generaron elogios de Sturla y críticas del FA
En la conferencia que realizó anoche para medios del interior, el presidente Luis Lacalle Pou recibió una consulta sobre la despenalización del aborto.
El corresponsal de Radio Felicidad de Paysandú le manifestó a Lacalle su preocupación por «los diez mil niños que no nacen en este país, una situación muy lamentable y grave que estamos teniendo en un país con baja natalidad».
«Hay hoy anticonceptivos y mil maneras para no quedar embarazada la mujer; hablando de derechos, el derecho es solo para una parte, la mujer. No contempla el derecho del hombre ni tampoco el del niño que seguramente no tiene voz. ¿Qué puede hacer el Estado al respecto para que esto no siga sucediendo?», preguntó el periodista.
Lacalle replicó: «La pregunta, que tiene un tinte de esencia y personal, la tengo que contestar con mi investidura. En ese sentido, desde el punto de vista personal tomé decisiones como legislador cuando se votaban esos proyectos de ley, manifesté mi voluntad contraria».
«Creo que sin perjuicio de la filosofía de cada uno y de lo que hayan votado, todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que Uruguay en su constitución y de acuerdo a los pactos ratificados, entiende que hay vida desde la concepción, y en ese sentido un niño no nacido tiene derecho», agregó.
«Esa es la visión del presidente de la República. Simplemente, cuando una sociedad lo ha decidido en el Parlamento y luego con la posibilidad de ser refrendado en la opinión pública, es una ley vigente. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos una agenda provida que estoy seguro que todos los que estamos acá compartimos sin perjuicio de lo que haya votado en la ley de interrupción voluntaria del embarazo», manifestó el presidente.
Señaló que hay ejemplos muy buenos a nivel internacional y nacional, que «hacen al acompañamiento y protección a la madre que no desea serlo».
«Obviamente que la masificación de los anticonceptivos es una buena cosa, que debe ir acompañada de una educación sexual para que desde temprana edad todos sepan a qué atenerse cuando se tienen las prácticas sexuales», concluyó.
Sus palabras le valieron muchas críticas desde el Frente Amplio y una señal positiva por parte del arzobispo Daniel Sturla.
«Un avance significativo en el camino de la defensa de la vida humana más débil», señaló al comentar por Twitter las palabras del presidente.
La respuesta del FA
La bancada de senadores del Frente Amplio hizo una declaración ante los dichos referentes a la agenda pro-vida. «Defenderemos la agenda de derechos», señaló el FA.
«Uruguay es uno de los países pioneros en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y en la implementación de políticas públicas que garanticen su ejercicio, destacándose la promulgación de la ley Nro. 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la ley Nro. 18.426 del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. Estas leyes fueron aprobadas luego de un extenso debate legislativo y social, que involucró la participación no sólo de actores políticos, sino también de la sociedad civil y la academia», comienza la declaración.
«La ejecución de una política integral integral de salud sexual y reproductiva ha permitido ubicar a Uruguay como uno de los países con menor mortalidad materna vinculados al embarazo, parto, puerperio y aborto de toda América Latina y ha cambiado el paradigma de la relación sanitaria, promoviendo una atención basada en el respeto por los derechos de la mujer, en la promoción del asesoramiento y la información para la toma de decisiones, la anticoncepción universal y gratuita y la instalación de servicios seguros de atención sexual y reproductiva», continúa.
Sin perjuicio de lo anterior, dice, «aprobar leyes no es suficiente: el Estado tiene la obligación de garantizar su efectivo cumplimiento, removiendo los obstáculos de acceso al servicio, robusteciendo los servicios, asegurando los recursos para universalizar la cobertura, fortaleciendo el sistema para asegurar la mejor atención posible, avanzando en la educación sexual y reproductiva, entre otros».
«Los dichos del señor presidente de la República, respecto a que el gobierno cuenta con una agenda ‘pro vida’, atenta contra los cometidos que impulsaron la promulgación de la normativa vigente y la implementación de una política de salud pública que ha demostrado ser exitosa, y garantista de los derechos humanos de las mujeres. Manifestamos nuestro rechazo a los dichos del señor presidente que ponen en duda la promoción del cumplimiento de la normativa vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, generando una alerta en este momento tan especial con respecto al goce de derechos humanos adquiridos y principios democráticos fundamentales», concluye.
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