Sirenas que anuncian el inicio del fin – La Resistencia, Bolivia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El fascismo es la última línea de reacción de las clases dominantes, y surge cuando estas ven amenazados sus intereses y el mantenimiento de su dominio y el de su modelo de sociedad. Esta vieja fórmula que el pensamiento marxista provee a los pueblos que luchan por su libertad y a los intelectuales que acompañan esas luchas populares, para identificar y definir el fenómeno del fascismo, parece verse reflejada en la realidad boliviana de los últimos días.
Más allá de ingresar en el debate de la definición del concepto de fascismo, o si el gobierno de facto que tomó el poder en Bolivia tras el Golpe de Estado del 10 de noviembre del 2019 es un gobierno de carácter fascista (aunque este cumpla las características fundamentales de ultra derechismo, utilitarismo religioso, racismo, sostén en las fuerzas armadas, autoritarismo, violación de derechos humanos, silenciamiento de la prensa y liquidación de la libertad de expresión, etc.), lo que vemos es una violenta reacción del régimen golpista ante el clamor de las clases populares bolivianas que han decidido con firmeza demostrar su rechazo al gobierno “de transición” de Jeanine Añez y utilizar todos los medios pacíficos de lucha para recuperar la democracia perdida tras la asonada conservadora y restauradora de octubre y noviembre pasados.
La promulgación del decreto supremo 4231, que amplía las causas para procesar penalmente a la ciudadanía, con el pretexto de luchar contra la desinformación, en realidad atenta contra la libertad de prensa, expresión, e información, yendo acorde al accionar previo del gobierno que pretende silenciar toda voz que denuncie la incapacidad del régimen en el tratamiento de la pandemia y sus fatales consecuencias en la población más necesitada.
A esto se suma el recrudecimiento del cerco mediático impuesto desde el Golpe de Estado, que alineó a todos los medios tradicionales de comunicación en favor del gobierno de facto, impidiendo de esta manera que cualquier versión contraria a la oficial llegue a la población, ocultando así la oscura realidad del páis durante los seis meses del gobierno ilegítimo. El desfalco y desmantelamiento de las principales empresas estatales (YPFB, BoA, Entel), los incontables casos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, cuoteo, etc., dentro de los ministerios del Estado, denunciados por los propios trabajadores del Estado y por la sociedad civil, son ocultados por los medios masivos de comunicación, haciendo de los medios alternativos y digitales los últimos espacios en los que la población puede acceder a esta información.
Los recientes escándalos por el uso indebido de bienes del estado y la descomposición interna del régimen, que destroza el estado tras cada nuevo capítulo de renuncias, destituciones, denuncias y filtraciones, sumados a la toma de medidas antipopulares (aprobación de producción de semillas transgénicas, cancelación del tren metropolitano de Cochabamba, pretensiones privatizadoras) de mediano y largo plazo, impropias de un gobierno de transición -demostrando así sus intenciones prorroguistas- han llevado a las clases populares del país, las más afectadas por la crisis económica desatada por la incapacidad del gobierno en atender la pandemia, a pronunciarse estruendosamente en repudio a las medidas del gobierno de facto, autoconvocándose masivamente y organizando cacerolazos y petardazos -protestas pacíficas que no rompen con la cuarentena- a lo largo del territorio boliviano.
Las protestas, que han logrado alarmar a las altas esferas del golpismo por su contundencia, contenían demandas claras y concretas, expresadas en la inmediatez del lenguaje de redes sociales: #EleccionesYa y #FueraAñez. Sin embargo, en un redoble del cerco mediático, la Red Unitel -el medio insignia de la oligarquía- tergiversó el contenido de las protestas, y, en un bochornoso y nauseabundo intento de instalación de posverdad, afirmó en transmisión de alcance nacional que las mismas tenían como finalidad el exigir la anulación de la personería jurídica del MAS-IPSP.
Pero por si eso fuera poco, la reacción del gobierno ante la convocatoria popular al petardazo y cacerolazo fue al mejor estilo golpista: las fuerzas armadas inundaron las calles de La Paz con armas de fuego y tanquetas acompañadas de ensordecedoras sirenas, mientras que en Cochabamba los helicópteros volvieron a sobrevolar los cielos de las zonas populares. El amedrentamiento a la población ya visto desde el 10 de noviembre se repitió el 10 de mayo.
El último toque de gorilismo quedó para la mañana siguiente. Aviones cazas de combate repitieron los rasantes vuelos de las jornadas del golpe, esta vez no sólo en La Paz ,sino también en Santa Cruz.
La fórmula se puede ver claramente. Los intereses restauradores y prorroguistas del régimen se ven amenazados y este reacciona violentamente para silenciar el levantamiento de las amplias clases mayoritarias que se sacuden el miedo y se encaminan en una franca lucha por recuperar la conquista usurpada: el Estado Plurinacional de Bolivia.
