ONU DDHH alerta sobre las condiciones de las cárceles de la región y el peligro de la expansión del Covid-19
Los presos también deben ser protegidos de la pandemia de coronavirus
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió investigar los motines que están ocurriendo en cárceles de las Américas para protestar por la falta de protección.
El coronavirus se está expandiendo rápidamente por cárceles sobrepobladas y con falta de higiene. “Miles de prisioneros y funcionarios se han infectado en América del Norte y del Sur”, dijo el portavoz.
El peor incidente tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la cárcel de Los Llanos en Venezuela, donde 47 presos perdieron la vida. Otro motín en la cárcel de La Modelo, en Colombia, dejó en marzo 23 muertos. En Perú, nueve reos perdieron la vida el 27 de abril. Otros incidentes, incluidos intentos de fuga, han ocurrido en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.
«La escala y gravedad de los incidentes mencionados parece indicar que en algunos casos los Estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención y que los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones”, dijo el portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville.
Además, algunos países están deteniendo a gente por incumplir las cuarentenas, lo que aumenta el riesgo de infección. Colville habló de la situación en El Salvador donde se están tomando medidas “extremadamente severas” que pueden constituir trato cruel, inhumano y degradante y que pueden exacerbar las condiciones de higiene ya precarias.
“Los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica han permitido la rápida propagación de COVID-19 en muchas instalaciones”, advirtió la Oficina de Bachelet.
Además, en muchos países, el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, como la provisión regular de alimentos debido a la prohibición de las visitas familiares, han desencadenado protestas y disturbios.
Investigaciones, acción y justicia
“Recordamos a las autoridades que el uso de la fuerza debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que los Estados tienen el deber de proteger la salud y el bienestar físico y mental de los reclusos, según lo establecido en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, también conocidas como las Reglas de Nelson Mandela”, aseguró el portavoz de Bachelet.
La Oficina de la Alta Comisionada hizo un llamado a los países para que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y lesiones durante los disturbios, incluida cualquier denuncia de uso de la fuerza por parte de agentes estatales.
También pidió a los países que tomen las medidas apropiadas para evitar una mayor propagación del virus garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a las pruebas y acceso a la atención médica necesaria para los detenidos, así como equipos de protección personal y pruebas para el personal de la prisión.
Las autoridades además deben garantizar un nivel mínimo de contactos personales con los miembros de la familia y el acceso adecuado a alimentos y agua potable, así como proporcionar información periódica y transparente sobre el impacto de la enfermedad en los presos y el personal. Las condiciones en los centros de detención y las cárceles, y el tratamiento de los detenidos deben ser monitoreados regularmente por organismos independientes, y los presos que se enferman deben ser colocados en aislamiento no punitivo o en cuarentena en instalaciones donde puedan recibir la atención médica adecuada.
Liberación en la pandemia sin impunidad
Rupert Colville agradeció las medidas tomadas por algunos Estados para liberar a convictos y a los detenidos preventivamente más vulnerables a COVID-19, incluidos los que tienen afecciones médicas subyacentes, las mujeres embarazadas, los más mayores, los que viven con el VIH y los que cuenta con alguna discapacidad.
“Sin embargo, se necesitan medidas más amplias para reducir los niveles extremos de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de presos que cumplen sentencias cortas por delitos no violentos, así como niños y personas detenidas por delitos de inmigración”, dijo.
También es esencial que los Estados garanticen que esas medidas no contribuyan a la impunidad de los crímenes violentos. Las personas condenadas por delitos reconocidos por el derecho internacional después de un juicio justo y público por un tribunal independiente e imparcial deben considerarse para la liberación temporal de la custodia solo en circunstancias excepcionales.
Según la Oficina de Bachelet, en el contexto de la pandemia, es urgente reducir el uso de la detención preventiva, una medida que siempre debe ser excepcional, pero que se ha utilizado de manera crónica en las Américas. La Orientación provisional del Comité Permanente entre Organismos sobre COVID-19 y las personas privadas de libertad ofrece sugerencias prácticas a los Estados que desean implementar medidas para reducir el hacinamiento en los lugares de detención.
“Las personas detenidas arbitrariamente, sin base jurídica suficiente, o por delitos incompatibles con el derecho internacional, así como todos los encarcelados por ejercer sus derechos humanos, incluida la expresión de opiniones discrepantes, también deben ser liberados”, expresó el portavoz.
Finalmente, las autoridades además deben asegurarse de que las personas que han sido liberadas reciban atención médica adecuada.
Perú | Ejecutivo presenta proyecto al Congreso para que se revisen prisiones preventivas
El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso de la República que consiste en que el Poder Judicial pueda analizar de manera más rápidas las prisiones preventivas de más de 30.000 reclusos sin sentencia.
“Hoy hemos ingresado este proyecto de ley al Congreso de la República para que a instancias del Ministerio de Justicia dar algunas modificaciones y facilidades para que el Poder Judicial pueda hacer un análisis de más de 30.000 personas que están privadas de su libertad, pero que no están sentenciadas”, dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.
Como lo adelantó el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, a La República, la iniciativa del Gobierno busca disminuir el hacinamiento en los penales, principal situación de riesgo de contagio del coronavirus.
El jefe de Estado sostuvo que la pandemia ha afectado a todos los sectores nacionales, y que la problemática que se presenta en el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), por los 645 presos contagiados y 30 fallecidos a causa de la enfermedad.
“Debemos analizar la problemática en todos los sectores y a la del INPE hay que darle un prioridad especial”, resaltó el mandatario agregando que espera la aprobación del Legislativo de la propuesta.
Con esta norma los jueces tendrán el deber de revisar cada orden de prisión preventiva de oficio, sin que el interesado presente una solicitud, siempre y cuando este cumpla determinados requisitos.
Cabe resaltar que la iniciativa beneficia directamente a los reclusos que no tengan investigaciones por delitos graves como corrupción, violación sexual, crimen organizado, sicariato, reglaje, tráfico ilícito de drogas agravado, organización en banda, terrorismo y feminicidio, entre otros.
Proyecto de ley N° 5110
El “Proyecto de ley que establece medidas excepcionales para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19” fue recepcionado por el Parlamento este martes 5 de mayo a las 11:45 de la mañana.
La iniciativa legal, conformada por cuatro títulos, establece el cese de la prisión preventiva en diferentes situaciones y condiciones de los presos, beneficiando a los que han sido procesados por delitos leves y a los menores que hayan cometido infracciones y se encuentran internados.
Se plantea que los que no son investigados por delitos graves se les variaría su prisión preventiva por el de comparecencia con restricciones, que consistirán en reglas de conducta, el reporte virtual. Luego del estado de emergencia nacional el anuncio debe ser de forma presencial.
Beneficio para investigados por delitos graves
No obstante, los que están investigados por delitos como lavado de activos; contra la vida, el cuerpo y la salud; la administración pública; la libertad; patrimonio; seguridad pública; tranquilidad pública; humanidad; contra los poderes del Estado y el orden constitucional; también podrán ser beneficiados.
Se determina que los jueces son los que deben analizar la situación, verificando los elementos de convicción así como su condición de que si están dentro del grupo de personas vulnerables al coronavirus, si puede ser factor de riesgo a sus otros compañeros presos, si su prisión ha sido ampliada por más veces sin inicio de un juicio oral.
Se agrega que se debe tomar en cuenta las restricciones sociales como el cierre de fronteras. Se enfatiza en la iniciativa que la conversión de pena automática no procede en estos casos.
Cese de internamiento para adolescentes
Asimismo, en el título III del proyecto de ley se establece que el cese de prisión preventiva para los adolescentes que no hayan sido implicados en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; la libertad; patrimonio.
Además, se dispone la variación de la medida socioeducativa de internación no mayor de seis años por la sanción de prestación de servicio a la comunidad hasta después que se levante el estado de emergencia. Este caso no procede si los internos fueron sentenciados por los delitos anteriormente mencionados.
Este proyecto de ley tiene la clasificación de urgente por ser de inictiva del presidente Martín Vizcarra y deberá ser visto por el Congreso de la República en el más breve plazo. Según el Ministerio de Justicia, hasta el 3 de mayo, 60 los internos que fallecieron por el coronavirus, mientras los contagiados sumaban 898. Además, se reportó 295 trabajadores del INPE también infectados.
Colombia | El hacinamiento carcelario se redujo 5,59 por ciento en abril
Hasta este lunes, 268 personas privadas de la libertad habían salido de prisión a casa por cárcel como beneficiarios del decreto de excarcelación emitido el 15 de abril por el Gobierno Nacional, en medio de la emergencia por covid-19.
Esa cifra todavía dista mucho de los 4.000 que según estimaciones del Ministerio de Justicia saldrían por cuenta del decreto.Y también es mucho más pequeña frente a los que salen por los mecanismos ordinarios.
Todo el mes pasado salieron de las prisiones 4.521 personas y de ellas, solo 207 lo hicieron gracias al decreto de excarcelación, mientras que la mayoría, 4.314, lo hicieron por medidas contempladas en la ley tales como la pena cumplida y el cumplimiento de las tres quintas partes, entre otras.
Como en el último mes no ingresó ninguna nueva persona a las cárceles por la emergencia del coronavirus, la salida de presos redujo el hacinamiento en 5,59 %, ya que pasó de 51,49 por ciento, a finales de marzo, a 45,9 por ciento al terminar abril.
Así, la sobrepoblación bajó de 41.670 a 37.149 personas por encima de la capacidad de los establecimientos penitenciarios.
En abril salieron de prisión tanto condenados como sindicados. Los primeros pasaron de 86.109 a 83.424 a lo largo del mes, lo que significa una reducción de 3,11 %. Mientras que los sindicados pasaron de 36.229 personas, en marzo, a 34.684, en abril, es decir, un 4,16 % menos.
Entre tanto, por regionales, la que mayor disminución total presentó en abril fue la noroeste (21 cárceles en Antioquia y Chocó), que es al mismo tiempo la de mayor hacinamiento. Pasó de una sobrecarga de 83,8 a 75,9 %.
En cambio, la que menos disminución tuvo fue la del Viejo Caldas, la que menor hacinamiento tiene en general. En las 24 cárceles que la conforman, distribuidas en Boyacá, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, el hacinamiento pasó de 20,6 a 16,2 %.
Estos datos dejan ver que las medidas que ya contemplaba la ley han sido más eficaces para descongestionar las cárceles que las que se crearon excepcionalmente, como el decreto de excarcelación. Hasta el lunes, el Inpec había radicado ante jueces 1.454 solicitudes de beneficio por el decreto de excarcelación; de estas, 268 habían sido aprobadas, 198 negadas, y 988 seguían en estudio por los despachos judiciales.
De las 268 personas que ya están en casa por cárcel, 111 salieron de prisión por tener condenas menores de 5 años; por tener el 40 % de la pena cumplida salieron 87 personas; por ser mayores de 60 años, 18 personas; por tener enfermedades catastróficas, tres, y por estar en prisión por delitos culposos, cinco personas.
Entre tanto, para agilizar el trámite de las solicitudes de domiciliara, la Judicatura creó más de 140 cargos temporales a fin de apoyar a los juzgados de ejecución de penas.
Colombia | COVID-19 en las cárceles: van 685 contagios y tres muertes
Desde hace meses, organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos han venido advirtiendo sobre los nefastos efectos que tendría la pandemia del COVID-19 en personas privadas de la libertad. En Colombia, donde el hacinamiento en las cárceles asciende a un 51% y se vive una permanente vulneración de derechos fundamentales que la Corte Constitucional ha denominado «estado de cosas inconstitucional» el panorama no es distinto.
El virus llegó primero a la cárcel municipal de Villavicencio y se ha expandido desde entonces a otros centros de reclusión. En esta nota le mostramos cómo.
5 de mayo de 2020
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó 149 casos nuevos de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio. En total, ya son 657 casos de coronavirus en esta prisión, que tiene 1.700 internos y 300 guardias. Es decir, un 32% de la población de la cárcel ya contrajo el virus.
Asimismo, se confirmaron cinco nuevos contagios entre funcionarios de la cárcel de Las Heliconias, en Florencia (Caquetá), para un total de ocho personas con COVID-19 en esta prisión.
3 de mayo de 2020
Una nueva alza en los contagios en la cárcel de Villavicencio: Se registraron 85 nuevos casos de COVID-19, para un total de 508, en una cárcel con 1.780 reclusos y 300 guardias.
2 de mayo de 2020
Se registró un nuevo contagio en la cárcel de Villavicencio, para una cifra total de 423 casos confirmados, en una prisión con 1.780 internos.
1 de mayo de 2020
En menos de un día hubo 103 nuevos casos de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio, según reportó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. La cifra total de contagios ascendió a 422.
30 de abril de 2020
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó 5 nuevos casos de COVID-19 en la prisión de la capital del departamento, con lo cual los contagios al interior de la cárcel de Villavicencio ascendieron a 319.
29 de abril de 2020
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó cuatro nuevos casos de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio, que ahora es el epicentro de la pandemia en las prisiones. Con estos, el número de casos en el penal asciende a 314.
28 de abril de 2020
En la cárcel de Villavicencio, epicentro de la pandemia entre los penales del país, ya hay 310 casos. Este diario conoció que dos funcionarios del Inpec que laboran en la cárcel de Florencia contrajeron el COVID-19, con lo que la cifra de contagios en este centro de reclusión asciende a cinco.
27 de abril de 2020
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó que la cifra de contagios en la cárcel de Villavicencio ascendió a 203. Sumando la primera muerte de un hombre que ya había recuperado su libertad, van 204 casos vinculados a este centro de reclusión.
26 de abril de 2020
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó que la cifra de contagios en la cárcel de Villavicencio ascendió a 186, entre guardias y funcionarios. Esto, pues las autoridades no cuentan el primer caso reportado, ya que se trataba de un hombre que murió tras recuperar la libertad.
25 de abril de 2020
Se confirma el primer contagio de COVID-19 en la cárcel Picaleña de Ibagué. Se trata de un interno que en las últimas semanas había llegado trasladado de Villavicencio, luego de que, supuestamente, fuera central en un intento de motín en el centro de reclusión de la capital del Meta. Con la confirmación de la presencia del nuevo coronavirus en la cárcel de la capital de Tolima, ya son seis las prisiones del país con casos de esta enfermedad.
24 de abril de 2020
Se confirma el primer caso de COVID-19 en la cárcel de Leticia (Amazonas). Se trata de un guardián que estuvo recientemente en Brasil. Según conoció este diario, el hombre ha guardado todas las recomendaciones de bioseguridad y se encuentra aislado.
23 de abril de 2020
Se confirmó que la cifra de contagios en La Picota ascendió a cinco. El alcalde de Villavicencio confirmó que los casos en la cárcel municipal ascendieron a 109. Adicionalmente, contrajeron la enfermedad la auxiliar de enfermería y la enfermera jefe, que son todo el personal de salud que hay en el centro de reclusión, así como el jefe de cocina y el chef de la prisión.
22 de abril de 2020
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirma 40 nuevos contagios en la cárcel de Villavicencio, donde están recluidas 1.782 personas. Aunque inicialmente estaban contagiados solo en uno de los patios (el Santander), en esta oportunidad se confirmó que 38 internos del otro pabellón de la cárcel, el Colombia, también tienen el virus. Los otros dos casos son de guardias del Inpec.
Asimismo, se confirmó el primer caso en la cárcel de Guaduas (Cundinamarca), ubicada en la vía que conduce de este municipio a Honda (Tolima), sobre el kilómetro 30. Se trata de un interno que fue trasladado en las últimas semanas de Villavicencio.
21 de abril de 2020
Se confirman más casos en la cárcel de Villavicencio para un total de 12 privados de la libertad y 15 funcionarios contagiados. Hay tres víctimas.
19 de abril de 2020
Se reporta el primer caso de contagio en la cárcel Las Heliconias de Florencia en Caquetá. Se trata de un joven de 35 años que fue trasladado de la cárcel de Villavicencio.
18 de abril de 2020
Se confirman los dos primeros casos de contagio en la cárcel La Picota de Bogotá. Se trata de dos personas que fueron trasladadas de la cárcel de Villavicencio en días anteriores.
17 de abril
El Inpec confirmó la muerte del recluso de la cárcel de Villavicencio que estaba hospitalizado para un total de tres muertos. También reportó 20 casos de contagio activos: 13 presos y 7 guardias.
11 de abril
El Inpec confirmó la primera muerte de un recluso bajo su vigilancia. Se trata de un hombre de 78 años que estaba en la cárcel de Villavicencio con antecedente de enfermedad respiratoria. Además, se confirmó el contagio de un recluso que estaba hospitalizado desde comienzos de abril.
10 de abril
Colombia reporta el primer recluso fallecido por el nuevo coronavirus. Se trata de un hombre de 63 años con antecedente de enfermedad respiratoria que estaba detenido en la cárcel de Villavicencio. Aunque recuperó su libertad el 1 de abril, fue directamente al hospital local y allí murió el 5 de abril.
Argentina | Coronavirus: La Corte bonaerense decidirá sobre las prisiones domiciliarias
Por Irina Hauser
En medio de la controversia sobre la (falsa) liberación masiva de presos y presas, la Suprema Corte bonaerense anunció que revisará el habeas corpus colectivo con el que la Cámara de Casación provincial habilitó prisiones domiciliarias para algo más de 400 detenidos, en el contexto de la pandemia de covid-19. La decisión del alto tribunal, que responde a un recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Altuve, deja en suspenso la resolución que había firmado el camarista Víctor Violini en consenso con sus pares, pero esto no implica que quienes ya obtuvieron beneficios vuelvan a prisión sino que no se decidirán más planteos del mismo tenor hasta que la Corte resuelva la cuestión de fondo. Esto podría ocurrir entre finales de esta semana y principios de la próxima. Todo indica que la decisión apuntaría a sostener criterios destinados a descomprimir la sobrepoblación carcelaria, un factor que favorece los contagios masivos en ámbitos de encierro, pero posiblemente cuestionen el uso de una acción colectiva y pidan que se resuelva caso por caso.
Lo que hizo la Corte bonaerense es admitir un recurso de queja presentado por el fiscal Altuve, donde plantea que hay una cuestión de “gravedad institucional”, que excede un interés individual y se proyecta a muchos casos, pero además por “las repercusiones públicas” generadas. Como es conocido ya, actores políticos e incluso judiciales generaron mensajes alarmantes en los últimos días acerca de una supuesta suelta de presos peligrosos, que las cifras desmienten. Lo que Altuve plantea es que Casación no tenía competencia originaria para definir arrestos domiciliarios y dice que lo hizo “en forma indiscriminada sin examen de las circunstancias concretas del caso”. Con este criterio, cada planteo debería resolverlo el juez a cargo, que señala como “juez natural”. Ahora los supremos bonaerenses establecieron un cronograma para dar una “respuesta rápida y eficaz”. Antes de resolver escucharán al procurador general, Julio Conte Grand, y al defensor ante Casación, Mario Coroliano. Ambos tendrán plazo de 24 horas.
El hábeas corpus colectivo resuelto el 8 de abril hacía lugar a arrestos domiciliarios de personas detenidas por delitos leves, no violentos, en riesgo de salud ante el coronavirus por la edad o por patologías previas (tuberculosis, VIH, diabetes, tratamientos oncológicos, Epoc, insuficiencia renal), así como mujeres embarazadas o madres con hijos alojados con ellas en unidades penales. “El hábeas corpus que resolví no permite arresto domiciliario de: delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, abuso sexual o delitos cometidos con violencia”, precisó Violini. Sobre presos con preventiva, se sugería evaluar los plazos cumplidos (no pueden durar más de dos años) y también considerar las situaciones de quienes estén próximos a obtener la libertad. Esto último quedaría a criterio de cada juez. El fallo de Violini criticaba la gestión de Conte Grand, a la que responsabiliza de haber impulsado miles de preventivas mientras que hizo cierto giro frente al hacinamiento actual. La sentencia seguía criterios y recomendaciones internacionales para descomprimir las cárceles frente a la pandemia y lo que viene sucediendo en muchos países, donde se conceden domiciliarias y libertades a mucha mayor escala que en Argentina.
Pero el fiscal Altuve cuestionó que se otorgue un carácter general a las domiciliarias y dijo que fue imprecisa la forma de definir los delitos leves o graves. Habló de arbitrariedad también porque Casación había rechazado su recurso extraordinario y dijo que, además, fue una sentencia que generó “conmoción social e institucional”.
La resolución de la Corte que admite el recurso y anuncia que tomará una decisión está firmada por Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo De Lázzari y Sergio Torres. Por ahora, queda suspendida la sentencia de Casación firmada por Violini sólo con el fin de analizar los planteos de la fiscalía.
Los organismos de derechos humanos que se ocupan de las cuestiones carcelarias advierten que todo va encaminado hacia una decisión regresiva, en medio de una situación que requiere medidas específicas, urgentes, y Casación ya ha tratado otros planteos colectivos.
La Corte puede darle la razón a Altuve y revocar el hábeas corpus, lo que no necesariamente significa que vuelva todo atrás. Lo más probable es que clarifiquen algunos parámetros e indiquen que cada juez o jueza se ocupe de resolver caso por caso de acuerdo a las características particulares.
Coronavirus | «Sin visitas los hombres intentan abusar más de nosotras»: cómo el coronavirus está incrementando la tensión en las precarias cárceles de América Latina
Su frase no es una exageración: las celdas del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, en el este del país, están hechas para cuatro personas, pero en ellas duermen tres o cuatro veces más reclusos.
La imagen se repite en toda América Latina, donde el hacinamiento carcelario alcanza el 60%, según el Instituto para la Investigación de Política Criminal (ICPR, por sus siglas en inglés), un centro de estudios con base en Londres.
Es decir: si hay espacio para 100 personas, en él viven un promedio de 160.
«Hay gente durmiendo en los pasillos, algunos en los baños, otros que comparten cama», relata Alonso, seudónimo que heredó de sus tiempos en la guerrilla.
Desde que se detectó el primer caso positivo de coronavirus, la tensión reina en los patios de la cárcel de Villavicencio: intentos de fuga, protestas —pacíficas y violentas— y motines se reportan cada dos o tres días en una penal que tiene cupo para 1.000 reclusos, pero acoge a más de 1.700.
El nerviosismo se propaga por las cárceles de toda la región. En Lima, Perú, un motín por temor al contagio de coronavirus dejó 9 muertos y más de 60 heridos; en otro incidente similar en Guanare, Venezuela, perdieron la vida más de 40 personas.
En Sao Paulo, Brasil, 1.200 reclusos escaparon de varias cárceles en medio de motines. En Argentina, 1.200 presos están en huelga de hambre para protesta por condiciones «infrahumanas».
Y en El Salvador, país con una de las mayores tasas de hacinamiento de la región, el gobierno de Nayib Bukele juntó a todos pandilleros presos de grupos rivales en pequeños espacios y divulgó unas polémicas fotos que dieron la vuelta al mundo.
Prácticamente todas las cárceles latinoamericanas sufren hacinamiento. Es lo contrario a lo que se necesita para frenar la propagación del coronavirus: el aislamiento social.
Excarcelaciones para descongestionar
«Lo que alimenta la sobrepoblación es el incremento en la inseguridad, la falta de recursos para mejorar la infraestructura, porque es un tema sin simpatía electoral, y la prevalencia de un dogma judicial de que la solución a la delincuencia, para cualquier delito, es la privación de la libertad», le dice a BBC Mundo José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch.
Vivanco es uno de los activistas que han apoyado los decretos de perdón para descongestionar las cárceles que se han implementado en varios países del mundo, desde Irán a Argentina.
En este último casi 2.000 personas pasaron a arresto domiciliario con gran polémica, ya que entre ellas había algunas condenadas por delitos delitos como violación, homicidio y corrupción.
Colombia también emitió un decreto de exoneraciones por el que medio centenar de reclusos en situación de vulnerabilidad se fueron a sus casas. El gobierno espera sacar a 4.000 presos, de una población carcelaria de 170.000, con una tasa de hacinamiento del 53%, según cifras oficiales.
En Perú, que vio cómo la tensión por dos contagios en una cárcel produjo un grave motín, el gobierno espera liberar a 3.000 presos. Al menos 13 reclusos han muerto y 500 están infectados en todo el país.
La fuga masiva en Brasil se dio cuando el gobierno prohibió la salida de 34.000 prisioneros que tenían beneficios de libertad condicional. Las imágenes de los prófugos corriendo por las calles de la Sao Paulo dieron la vuelta al mundo.
Sin visitas ni nuevos detenidos
Además de las excarcelaciones, dos medidas que se repiten a lo largo de América Latina son la prohibición de visitas en las prisiones y el envío de detenidos a centros penitenciarios.
Ambas, según los expertos consultados, tienen consecuencias: la primera genera más tensión dentro de las cárceles y la segunda traslada el hacinamiento a los centros de detención temporal.
Vivanco, de HRW, asegura que «prohibir las visitas promueve la posibilidad de motines, pero además no elimina la posibilidad del contagio a menos de que los tuvieras en una isla, sin guardias, sin médicos, sin ingreso de alimentos».
Laura Zamora, una mujer transexual condenada a 50 años en la cárcel La Picota de Bogotá, añade: «Sin visitas los hombres intentan abusar más de nosotras».
Y Andrés Cruz, recluso del centro La Modelo de Bogotá, donde un motín hace un mes dejó 23 muertos, lamenta: «Con la prohibición de salidas nos quitaron el único aliento que tenemos».
Originalmente arrestado por corrupción, Cruz lleva 8 meses preso a pesar de que su proceso judicial no ha empezado.
Los sistemas judiciales latinoamericanos están entre los más lentos del mundo, según el Banco Mundial.
Y el ICPR reporta que Sudamérica es la región del mundo con más presos en prisión preventiva: un 50% de los reclusos no tiene condena.
«Como se están dando las cosas, se ve muy lejos ver y abrazar a la familia. Hasta pienso que nunca los voy a ver. Si me llega a agarrar el virus acá, ¿será que me voy a morir?», dice Cruz, de 50 años.
Más que el hacinamiento
El hacinamiento no es el único obstáculo que impide contener al virus en las cárceles latinoamericanas, coinciden las fuentes consultadas.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 20% de las cárceles en América Latina no tiene acceso a agua potableregularmente y el 40% de los presos duermen en el suelo.
Rafael Pérez, preso hace 8 años en la cárcel de Cúcuta, Colombia, relata: «Acá hay gente con hepatitis, tuberculosis, cirrosis, VIH. Si no tenemos atención para ellos, mucho menos para el coronavirus».
De acuerdo al BID, el 71% de los reclusos en los países estudiados dicen haber recibido atención médica.
De vuelta a Villavicencio, en Colombia, Johan Alarcón, guardia en la cárcel y presidente del sindicato de penitenciarios, le dice a BBC Mundo que de los 400 contagiados con coronavirus, 40 son funcionarios.
«El personal que trabaja en la cárcel es tan vulnerable como los presos», indica.
Y se queja de que tienen que hacer rifas y colectas para comprar el material de protección para los reclusos. «Estamos mitigando el virus con infusiones», asegura.
Y denuncia un «abandono del Estado», que «envía material de protección para maquillar, para hacerse el que hace algo»
«Nadie estaba preparado para esto —continúa— y a medida que fueron pasando las cosas fuimos cometiendo errores. No sabíamos cuáles eran los síntomas, no sabíamos cómo aislar, ni que había personas asintomáticas».
Alarcón concluye: «El virus acá está haciendo lo que le da la gana».
«Obligación de proteger a los presos»
En línea con estas denuncias, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) publicó un comunicado este martes en el que denuncia que muchos Estados de América Latina no han tomado las medidas adecuadas para evitar los contagios en sus cárceles ni para evitar los episodios de violencia de las últimas semanas, «abusando del uso de la fuerza para retomar el control de estas instalaciones penitenciarias».
Desde la ACNUDH, recuerdan que los gobiernos tienen «la obligación de proteger el bienestar físico y mental de de los presos».
También expresan su preocupación por los países en los que se ha detenido a ciudadanos por violar las órdenes de cuarenta, «lo que ha aumentado el riesgo de infecciones».
Y hacen mención especial a El Salvador, denunciando que las «medidas de seguridad extremadamente duras impuesta recientemente en las prisiones, pueden considerarse como trato cruel, inhumano o degradante y pueden exacerbar las precarias condiciones de higiene» en los centros penitenciarios.
Además, solicitan que los Estados tomen medidas para evitar que continúe la propagación del virus en las cárceles, aumentando los servicios de salud para los presos y las pruebas de coronavirus, igual que para los trabajadores de las prisiones, dotándoles también del material de protección necesarios.
También solicitan que a los presos se les permita mantener un nivel de contacto mínimo con sus familiares y se felicitan por las medidas tomadas por algunos gobiernos para liberar a los presos más vulnerables ante el coronavirus, como los que tienen enfermedades preexistentes, mujeres embarazaras , reos de edad avanzada o con discapacidades.
Y animan a que se tomen más medidas para descongestionar las cárceles, liberando a los presos con sentencias cortas por delitos no violentos, así como a menores y aquellos detenidos por delitos migratorios.
