Los «centros de contención» en El Salvador, un infierno para quienes rompen la cuarentena
Coronavirus: los “centros de contención” en El Salvador, un infierno para quienes rompen la cuarentena
Romper la cuarentena en El Salvador puede ser la llave para entrar a un limbo. El gobierno instaló 91 «centros de contención». Se tata de gimnasios, hoteles y otros lugares reconvertidos en zonas de confinamiento, donde los infractores quedan a la deriva.
Allí van a parar, y quedan internados, quienes violan la cuarentena obligatoria. Pero en algunos casos en vez de 30 son 40 días sin noticias sobre los resultados de sus tests. En el medio, los «confinados» sufren hacinamientos y abusos. Algunos se embriagan y se agreden entre sí. Muchos rompieron la cuarentena, buscando un sustento.
Este lunes llegaron las protestas. Medio centenar de salvadoreños que cumplen cuarentena forzada en un «centro de contención» protestaron para exigir a las autoridades les brinden resultados de pruebas para determinar si están contagiados por el nuevo coronavirus.
«Estamos cumpliendo la cuarentena, no pedimos irnos a la casa, queremos que nos digan qué pasa con los resultados de pruebas de COVID-19 que nos han hecho», dijo vía telefónica a AFP Jimmy Meléndez, quien lleva dos semanas de cuarentena en el Palacio de los Deportes, un gimnasio en San Salvador.
A pesar de las restricciones, unas 50 personas con sus manos en alto salieron del recinto hasta un parqueo contiguo, donde pidieron a gritos a un grupo de policías que se comunicaran con el Ministerio de Salud para que atienda su petición.
«Aquí nadie nos dice nada, a todos nos han hecho pruebas pero nadie se acerca a darnos los resultados», reclamó Meléndez.
Hacinamiento y abusos
Actualmente hay 3.964 personas en estos centros, que han despertado fuertes críticas dentro y fuera de El Salvador por hacinamiento y abusos en su interior. La Fiscalía abrió varias investigaciones por supuestas violaciones de derechos humanos en esos establecimientos.
«Es tiempo suficiente, mucha mentira ya, queremos que nos digan qué pasa con nosotros», gritaban otros manifestantes, ante la mirada de agentes antimotines que acudieron a contener la protesta.
En el oeste de San Salvador, la policía acudió a otro centro de contención ubicado en las instalaciones de una iglesia evangélica, donde la prensa local denunció que algunos internos suelen embriagarse y agredir a otros.
El Salvador registra hasta este lunes 555 casos del COVID-19, entre ellos 13 muertos.
La pelea política
El Gobierno de Nayib Bukele ordenó en marzo el confinamiento en el contexto de un estado de emergencia nacional respaldado por el Congreso pero que fue endureciendo ante la molestia de los diputados, que llegaron a acusarlo de abuso de poder, desatando una nueva crisis institucional que llegó al Tribunal Constitucional.
Este martes de madrugada, La Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de cuarentena en una agitada sesión que da cuenta de la creciente tensión política en la nación centroamericana.
La ley restringe las salidas a la calle a los «casos autorizados», que se limitan prácticamente a la compra de comida y medicamentos, urgencias médicas y atención de menores, ancianos y personas con discapacidad, así como a medios de comunicación.
No obstante, abre la puerta a otras actividades, incluidas comerciales e industriales, que en un momento dado se puedan considerar esenciales por el Ministerio de Salud para atender la crisis sanitaria.
En los demás supuestos, la ley establece que las personas que violen la cuarentena podrán ser detenidas y obligadas a cumplir las medidas de aislamiento social, según informa la prensa salvadoreña.
Esto enfureció a los diputados del FMLN, que llegaron a golpear con fuerza sus bancadas para impedir que los defensores del proyecto de ley expusieran sus argumentos y llamaron «dictador» al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce.
«No son vagos, no son holgazanes, son gente con necesidad», dijo la jefa del FMLN en la sede legislativa, Nidia Díaz, en alusión a quienes infringen la cuarentena para seguir trabajando.
Gobierno endurece control en centros de contención
El Gobierno salvadoreño empezó desde a endurecer las medidas de control en los llamados centros de contención, lugares destinados para el aislamiento de ciudadanos que fueron detenidos por supuestamente violar la cuarentena domiciliaria decretada el 21 de marzo pasado para intentar frenar la expansión del coronavirus.
La decisión gubernamental ocurrió luego de que en los últimos días albergados denunciaron que son intimidados por internos supuestamente pandilleros y amenazaron con abandonar a la fuerza los centros de contención porque ya cumplieron más de los 30 días legales, según denuncias recibidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
El lunes pasado, en el edificio Gamaliel del Tabernáculo Bíblico Bautista (TBB) y el Palacio de los Deportes, en San Salvador, agentes antimotines tuvieron que intervenir protestas de albergados que se quejaron de que ya excedieron los 30 días impuestos por el Gobierno para permanecer en centros de contención.
Mientras que el sábado anterior, el personal de salud destacado en el centro de contención en el polideportivo El Polvorín de San Jacinto, también en San Salvador, dio a conocer que varios albergados rompieron su aislamiento para bañarse en una piscina.
«Nos va a tocar, a partir de este día, entiendo que se van a tomar medidas mucho más fuertes para poder darle viabilidad a esta cuarentena obligatoria en aislamiento», dijo Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, durante una entrevista en Canal 12.
El funcionario agregó que quienes rompen el aislamiento en los centros de contención retrasan su salida, puesto que deben permanecer más días para descartar que padezcan covid-19, la infección causada por el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2.
Bukele y las maras: la masacre de Mariona, la «batalla campal» que llevó a El Salvador a segregar a las pandillas por cárceles
Aquí y allá se amontonaban pedazos de piel, de hueso, esquirlas afiladas, un cuchillo de lata, una pata puntiaguda de una cama, un tenedor vuelto punzón.
Y los cuerpos seguían desparramados por el piso.
Era el 18 de agosto de 2004 y allí, en el Centro Penal La Esperanza, en Mariona, El Salvador, acababa de consumarse una terrible matanza.
«Fue una pelea entre dos pandillas, la Barrio 18 y La Raza, por un problema con lo que ellos llaman los paisas (los que no son de la 18) y se da un enfrentamiento muy sangriento», recuerda a BBC Mundo Carlos García, experto internacional en maras.
«32 cuerpos quedan ahí casi irreconocibles por la brutalidad con la que se llevó a cabo», agrega.
De acuerdo con el analista, no era la primera vez que las pandillas se enfrentaban en las penitenciarías de El Salvador, pero el alcance de aquella matanza, la peor que ha tenido lugar en las cárceles del país centroamericano, llevó al gobierno a asumir una medida insólita.
Desde aquel momento se comenzaron a segregar a las maras rivales en diferentes centros penitenciarios.
Fue en sus inicios una decisión controvertida: para unos, era la única forma de evitar que las cárceles se volvieran una carnicería. Para otros, era entregarle las prisiones al poder furibundo de las pandillas.
Esos tiempos parecen haber llegado a su fin.
En una operación vastamente cuestionada, el gobierno de Nayib Bukele anunció la pasada semana que, a partir de ahora, mezclará los miembros de las principales pandillas en las mismas celdas, independientemente del grupo al que pertenezcan.
Según las autoridades, la medida responde a un castigo ante reportes de inteligencia (cuyo contenido y veracidad no han sido confirmados de forma independiente) de que la Mara Salvatrucha (MS) había ordenado aumentar los crímenes en El Salvador.
Las fotos de las pandillas mezcladas en tiempo de coronavirus dieron la vuelta al mundo como un golpe de efecto.
Y el fantasma de lo que pasó en Mariona hace casi dos décadas volvió a emerger de la sombras como un nefasto augurio.
¿Qué pasó en la Mariona?
Aquella mañana de agosto de 2004 marcaría por casi dos décadas el destino en las cárceles de las pandillas de El Salvador.
Ya para entonces, Honduras también había comenzado a separar a las maras por grupos y el ejemplo era visto como una alternativa para reducir los enfrentamientos que se habían estado dando en los últimos meses.
«Si bien es cierto que para ese entonces las maras ya tenían tiempo en El Salvador, en ese momento estaban reconfigurando su poder en las cárceles y esta masacre hay que entenderla en ese contexto», considera García.
En la Mariona, la cárcel emblema del sistema penitenciario de El Salvador, la 18 era minoría: apenas unos 400 miembros compartían pasillos con más de 3.000 «paisas».
Pero otra pandilla dentro del penal comenzó a resultarles incómoda.
«La 18 y La Raza ya habían tenido un pacto antes y se habían aliado para luchar contra la MS. Pero la 18 comienza a sentirse muy achicada y amenazada y es cuando comienzan a planificar este ataque», señala García.
La minoría numeral no les hizo temer los riesgos.
Una granada al centro del patio fue la señal inequívoca de que era la hora de la batalla.
«Muchos de la 18 se envolvieron en sábanas y toallas que le servían como escudos protectores y se lanzaron a la cacería con lo que llaman puyones, que son objetos punzantes hechos con materiales de las cárceles, ya sea la pierna de una cama, cepillos de dientes afilados, un pedazo de reja…», indica.
En los informes sobre los hechos que dieron entonces las autoridades se señalaba que los apuñalamientos habían estado a la orden del día, pero García, que entrevistó a varios de los sobrevivientes, también encontró evidencias de atrocidades mayores.
«Hay testimonios de un preso de la 18 que le abrió con una piedra la cabeza a uno y comenzó a comerse los sesos en medio del pasillos», afirma.
Aunque eran minoría, solo ocho mareros de la 18 perdieron la vida y los «paisas» contaron 24 víctimas mortales y decenas de heridos.
La mayoría de los cuerpos quedaron irreconocibles y las autoridades no pudieron identificarlos inicialmente dada la magnitud de las heridas, principalmente en los rostros.
«Fue entonces, a partir de lo que pasó ese día, que se decide empezar a separar más formalmente las pandillas por cárceles en El Salvador», comenta García.
Tres días después de la masacre, 460 reos de la 18 y unos 600 de sus simpatizantes fueron trasladados a otro penal.
Fue el inicio de un largo proceso de segregación que tardaría décadas y reconfiguraría el sistema penitenciario salvadoreño y el propio funcionamiento de las pandillas.
«Algunas, como la MS, tiene su base más importante en las cárceles. Desde su confinamiento crean planes, tienen teléfonos celulares, se comunican con Estados Unidos, con otros grupos de Guatemala y Honduras y coordinan. Siempre están pensando en nuevas ideas desde el encierro», indica el experto.
«Y desde las cárceles, las ramblas o jefes principales se ponen de acuerdo para dar órdenes, ya sea para depurar, aumentar las rentas, ordenar que se mate a alguien. Y como conviven con líderes de diferentes células y otros contactos, las cárceles se vuelven estratégicas para sus operaciones», señala.
¿Qué puede pasar ahora?
De acuerdo con García, ya durante el mandato del presidente Salvador Sánchez-Cerén (2014-2019), las autoridades del país centroamericano habían comenzado a ubicar a algunos miembros de diferentes grupos rivales en el mismo penal.
«Lo que ahora cambia con Bukele es que los miembros de pandillas enemigas pueden convivir en la misma celda», señala.
Según el gobierno salvadoreño, la medida busca «poner orden en centros penales que fueron controlados por las maras durante décadas» y quitarles privilegios a estos grupos criminales.
La decisión, sin embargo, ha sido duramente cuestionada por organismos de derechos humanos, que han considerado que viola la dignidad de los presos y que constituye una «venganza» ajena a los principios del Estado de Derecho.
Sin embargo, para expertos en maras como García la pregunta más importante es qué puede pasar ahora que enemigos a muerte conviven en un mismo y hacinado espacio.
En su criterio, hay dos escenarios posibles:
El experto considera que el primer escenario es más probable.
«Este pacto que hacen las maras en las cárceles se llama sur o correr el sur y es una práctica que se aprendió desde California y que todavía se practica en las cárceles de allí», señala.
«Lo que puede suceder es que se respete el sur y la situación se convierta en algo distinto: que las pandillas cooperen en un mismo sentido pese a sus diferencias y creen una estructura carcelaria y hagan pactos para hacer frente al gobierno», señala.
Según García, esto ya ha sucedido en algunos penales de máxima seguridad y ha dado paso a treguas.
Pero el hecho de que la medida de Bukele obedezca, según el gobierno, a frenar un plan de la MS para aumentar sus crímenes hace que no se descarte que otras maras puedan buscar revancha.
«De ser ciertos estos informes de los que habló el gobierno, fue solo una pandilla la que estaba implicada. Sin embargo, está castigando también a los de la 18. Esto puede hacer que al interior de las pandillas lo vean como un motivo para una pelea interna y que se vuelva una carnicería», opina.
