Amazonía: la pandemia se expande en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil

Colombia, Perú y Brasil, la triple frontera en jaque por el COVID-19

Por Yvette Sierra Praeli

Seis personas han muerto en la comunidad indígena de Bellavista de Callarú en solo una semana. Todas ellas son víctimas del COVID-19, enfermedad que ha logrado vencer las barreras de aislamiento del pueblo tikuna asentado en la Amazonía norte de Perú, en la triple frontera con Brasil y Colombia.

“Estamos pidiendo auxilio”, reclama angustiado Omar Montes del otro lado del teléfono, el obstetra del centro de salud de esta comunidad que, junto a un técnico de enfermería y un laboratorista, libra la batalla contra la pandemia totalmente desarmado. “No tenemos camas para internamiento, no tenemos balón de oxígeno ni medicinas ni indumentaria para protegernos. Siento que estoy perdiendo la batalla”.

El 30 de abril falleció el primer indígena tikuna en Bellavista de Callarú. El 2 de mayo el segundo. Solo pudieron confirmar que el COVID-19 era el responsable de estas muertes, cuando le tomaron una prueba rápida a la hija de uno de los fallecidos. Ella se convirtió en ese momento en la tercera víctima de la pandemia.

Las defunciones ocurrieron entre el 30 de abril y el 6 de mayo, sin embargo, la pesadilla comienza a extenderse. Seis personas más están en estado crítico y el obstetra del centro de salud confiesa que teme perderlos.

Contagios en la triple frontera

Solo dos pruebas de descarte del COVID-19 llegaron a la comunidad de Bellavista de Callarú. Las únicas dos pruebas rápidas que lograron que les envíen desde el centro de salud de Santa Rosa, ciudad ubicada a tres horas por río, si el transporte es rápido, y a siete horas, si se viaja en peque-peque.

“Solo conseguimos dos pruebas y las hicimos a dos de los pacientes que murieron. Ambas fueron positivas. Los otros fallecidos presentaban los mismos síntomas y por eso también han sido considerados como fallecidos con COVID-19”, dice Montes.

La comunidad indígena Bellavista de Callarú es la más grande de ese sector de la triple frontera y se calcula que viven alrededor de 3600 personas. La red de salud a cargo de atender a esta población tiene que darse abasto para velar por las necesidades de cinco comunidades más.

En el centro de salud han hecho un mapeo preliminar para estimar cuántas personas podrían estar contagiadas en Bellavista de Callarú. Los cálculos iniciales, que incluyen a los familiares de los fallecidos, la mayoría mayores de 60 años, indican que hay por lo menos 60 personas contagiadas.

Según Montes, los contagios ocurrieron cuando las personas que reciben beneficios del Estado, como los bonos del Programa Juntos y Pensión 65, viajaron a la ciudad de Santa Rosa –en la frontera con Leticia, Colombia y Tabatinga, Brasil– para cobrar estas subvenciones. “Ahí también hacen sus compras y quizá cruzaron a Leticia o Tabatinga, donde hay muchos positivos al COVID-19”, dice Montes.

En Leticia 526 personas resultaron afectadas por el coronavirus y 23  han fallecido.  La situación es crítica en esta ciudad colombiana cuyos hospitales no cuentan con unidades de cuidados intensivos y los médicos y enfermeras temen atender estos casos, pues no cuentan con equipos de protección.

Tabatinga, en Brasil, no enfrenta una mejor situación. Esta ciudad del estado brasileño de Amazonas, que está separada de Leticia por solo una calle, ha registrado hasta el 6 de mayo 266 casos de COVID-19.

Francisco Hernández, presidente de la Federación de Comunidades Tikunas y Yaguas del Bajo Amazonas (Fecotyba), asegura que los contagios se dieron en Santa Rosa de Yavarí, cuando los tikuna de la comunidad de Bellavista de Callarú viajaron para cobrar sus bonos.

El presidente de Fecotyba no oculta su preocupación. Desde Caballococha, ciudad ubicada a ocho horas de las comunidades tikuna, Hernández se esfuerza por asistir a las comunidades de su federación.

“Con un grupo de militares que ha entrado a la zona hemos enviado 20 litros de lejía, mascarillas N95, guantes, plástico para los cadáveres y cinta aislante. Estamos preocupados. No sabemos cuántas personas más pueden fallecer. Son lugares distantes y es difícil controlar la situación”, manifiesta Hernández.

Pueblos indígenas en riesgo

El 7 de mayo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) informó que Lizardo Cauper, presidente de esta organización, y Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) presentaban síntomas de COVID-19. Ese mismo día iniciaron tratamiento para el mal del coronavirus y se les aplicó la prueba molecular cuyos resultados deben estar listos hoy.

Los reportes de casos de indígenas afectados por el coronavirus se repiten en varias regiones amazónicas de Perú. En la cuenca del río Corrientes, región de Loreto, por lo menos 20 comunidades están en riesgo luego de que once integrantes de una comisión de la Municipalidad de Trompeteros, que llevó alimentos a estos lugares, dieran positivo a la prueba del COVID-19.

En la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, en el límite con Ecuador, también se han reportado casos positivos de la enfermedad.

En el distrito de Masisea, en la región amazónica de Ucayali, hay colonos e indígenas afectados por el coronavirus, entre ellos el alcalde Silvio Valles, quien informó a través de las redes sociales que resultó positivo para la prueba del COVID-19. Yul Yen Matos, integrante del Frente de Defensa de Masisea, informó a Mongabay Latam que en la comunidad nativa de Caimito ya se registran los primeros contagios.

También en la región Ucayali, la comunidad nativa de Puerto Bethel, del pueblo indígena shipibo-conibo, siete personas se mantuvieron en cuarentena tras salir positivos a la prueba de COVID-19.

“Desde el inicio de la emergencia, la Defensoría del Pueblo advirtió que iba a ser muy difícil si el contagio llegaba a las comunidades. En marzo solicitamos acciones de prevención para evitar que la enfermedad llegue a las comunidades indígenas”, señala Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

La representante de la Defensoría del Pueblo lamenta la demora en el establecimiento de una estrategia de protección para los pueblos indígenas. “Esperábamos que el Ministerio de Cultura sea más expeditivo”.

Cincuenta y seis días después de iniciada la emergencia, el Gobierno peruano aprobó la Estrategia Multisectorial para protección de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La norma publicada ayer domingo 10 de mayo establece los lineamientos para la atención por parte del sector salud, el control de las vías fluviales y carreteras, el abastecimiento de alimentos de primera necesidad, un sistema de información y alerta temprana y la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.

Mongabay Latam conversó con la viceministra de interculturalidad del Ministerio de Cultura, Ángela Acevedo, para quien la situación de los pueblos indígenas es complicada con deficiencias que se han hecho evidentes durante esta pandemia. “La realidad nos sobrepasó y hay que tomar medidas correctivas”.

Acevedo lamentó lo que ha ocurrido en el distrito de Trompeteros donde no se siguieron las medidas básicas implementadas por el Ministerio de Salud. Al respecto, aseguró que un equipo de cinco personas está recorriendo las 20 comunidades a las que llegó la comitiva municipal en la que había once personas positivas a COVID-19.

La viceministra de interculturalidad también se refirió a lo que ocurre con el pueblo tikuna en la triple frontera. “Tuvimos una reunión con los ministerios de Salud, de Inclusión Social y Aidesep en la que se discutió las medidas de seguridad que se debe adoptar para la entrega de los bonos y beneficios del Estado y estamos evaluando las modificaciones”.

Para Acevedo uno de los problemas que se solucionarán con esta estrategia es el registro de los casos que corresponde específicamente a la población indígena. En las fichas de registro no se incluía la variable étnica. Ahora lo haremos”.

Las organizaciones indígenas peruanas han cuestionado la falta de implementación de estrategias y acciones por parte del Gobierno Central y los gobiernos regionales, así como de un plan de contingencia para enfrentar la pandemia en las comunidades indígenas.

En un comunicado, emitido el 5 de mayo, reclamaron la falta de atención y exigieron que se incluya a las organizaciones indígenas en el Comando COVID-19 “para atender la emergencia de acuerdo a la diversidad de los pueblos en las regiones del país”.

En el documento también se reclamaba por la implementación del Plan de Acción Nacional diferenciado y culturalmente adecuado para los pueblos indígenas, además que se exige dejar sin efecto la autorización para que se retomen las actividades extractivas y de infraestructura dentro de territorios indígenas. Finalmente, se cuestiona la improvisación con la que se ha hecho el reparto de alimentos.

El mismo día que se pronunciaron las comunidades indígenas, el Ministro de Salud, Víctor Zamora, escribió en su cuenta de Twitter que se han unido esfuerzos para proteger a las comunidades indígenas. “Junto a @aidesep_org, @MinCulturaPe y @MidisPeru, acordamos entregar 420 mil mascarillas comunitarias, alimentos, tratamientos y pruebas rápidas para descartar el #COVID-19”.

Actualmente, la región Loreto tiene más de 1700 casos confirmados de COVID -19, mientras que Ucayali supera los 1300. Ambas son las regiones amazónicas con con mayor cantidad de contagios en el Perú.

El Gobierno Regional de Ucayali aprobó, el 7 de mayo, el Plan de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19. Ahora se debe iniciar la implementación. “Los planes deben estar acompañados de un presupuesto para la puesta en marcha del mismo”, acota la representante de la Defensoría del Pueblo.

Una campaña para enfrentar la pandemia

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) lanzó el último miércoles 6 de mayo una campaña de recaudación de fondos para atender a las comunidades indígenas de los nueve países amazónicos en América del Sur. La meta es recolectar por lo menos 5 millones de dólares en las próximas seis semanas.

José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de Coica, recordó que son aproximadamente 500 comunidades indígenas que existen en la región y por lo menos 66 pueblos en aislamiento voluntario. “Como pueblos indígenas estamos en peligro de extinción. Hasta el 2 de abril no había ningún hermano muerto por COVID 19, ahora superamos los 40. No podemos seguir esperando a los gobiernos ni las políticas sociales de los nueve países”.

Díaz Mirabal mencionó que la pandemia está llegando con mayor intensidad a los pueblos transfronterizos en países como Perú, Colombia, Brasil, Guyanas y Bolivia. “En las fronteras no hay hospital, no llegan las medicinas, no hay apoyo humanitario. De no tomarse medidas en esas localidades habrá un etnocidio”.

“No es solo una emergencia humanitaria, también es una emergencia ambiental”, dijo Susane Pelletier, de Rainforest Foundation US y agregó que lo recaudado en esta campaña se destinará a la adquisición de equipos de protección para el personal de salud en las comunidades, la compra de alimentos y otros insumos que se requieran durante la emergencia.

“Que llegue el coronavirus a los pueblos indígenas es volver a la época de la conquista”, señala Julio César López, coordinador general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) para recordar que con los conquistadores en el siglo XV arribaron también enfermedades desconocidas a este continente que diezmaron a los pueblos indígenas.

“Aprendimos de nuestros abuelos que en época de pandemia y de guerra la única forma de sobrevivencia ha sido el aislamiento. Pero ya no tenemos hacia donde correr, estamos rodeados por los agronegocios y las industrias extractivas”, puntualizó López.

---

*Artículo publicado originalmente en Mongabay Latam con el título COVID-19: muerte y contagios en comunidades tikuna de la triple frontera.Las Dos Orillas

---

Ecuador | Indígenas confirman primer caso de COVID-19 en mujer waorani

Organizaciones indígenas y de Derechos Humanos expresaron su preocupación tras la confirmación del primer caso de COVID-19 en una mujer waorani, de la Amazonía, y exigieron la realización de pruebas en la comunidad así como mayor atención del Gobierno de Ecuador.

Así lo aseguró la Alianza de Derechos Humanos en un comunicado en el que expresa su preocupación «debido a la confirmación de un caso COVID-19 de una mujer waorani, de aproximadamente 21 años, que vive en la comunidad de Miwaguno, en la provincia de Orellana».

Oswaldo Nenquimo, portavoz de Resistencia Waorani, aseguró el sábado 16 de mayo de 2020 a Efe que la confirmación del caso se dio por una prueba PCR y otra rápida y que la mujer, en estado de gestación, fue trasladada a un hospital del sur de Quito.

Indicó que a la comunidad ingresó el viernes un grupo del Ministerio de Salud Pública (MSP) para realizar acciones de verificación y están a la espera de los resultados.

OTROS POSIBLES CASOS

La Alianza de Derechos Humanos informó que el caso de la mujer se confirmó el pasado jueves y apuntó que «preocupa que, de acuerdo al permanente monitoreo de las autoridades políticas waorani, estamos frente a una posible propagación del virus en varias comunidades».

«Se han detectado a varios integrantes de la Nacionalidad con sintomatología asociada al COVID-19, específicamente, en las comunidades de Conipare y Gareno, en Napo; Miwaguno, en Orellana; y Toñampare, en Pastaza», especificó en el escrito.

Y recordó que la nacionalidad Waorani es un grupo de reciente contacto (aproximadamente desde los años cincuenta), y por tanto, «su memoria genética inmunológica es frágil y la propagación de este virus en su territorio localizado en tres provincias (Napo, Pastaza y Orellana) podría ser catastrófica y altamente letal».

Los pikenani (abuelos de la nacionalidad) no poseen defensas que les permita resistir y generar anticuerpos para combatir varias enfermedades, entre ellas este nuevo virus, al que incluso miles de personas mestizas e indígenas de mayor contacto con occidente no han podido sobrevivir, agregó

La Alianza alertó que la posible expansión de la pandemia en la nacionalidad waorani también pondría en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

La cifra de decesos confirmados por COVID-19 ascendió este sábado a 2.688, mientras que la de muertes probables por esa enfermedad totaliza 1.632 en Ecuador, donde los contagiados llegaron a 32.723, según los datos oficiales.

Ecuavisa

---

Colombia | Retrato de Leticia: pueblo que llora la peor tragedia de su historia

Por Cristián Ávila

En Leticia están llorando. Nunca se imaginaron que contra esta tierra, clavada en la selva y apartada de todo, se ensañara un virus que desnudó las deficiencias en su salud y por el cual ya están escasas hasta las tumbas de tantos muertos.

Capital del Amazonas y hogar de unas 49.000 personas, Leticia es el territorio en Colombia con más casos por millón de habitantes. El coronavirus ha dejado 1.003 contagios y 35 fallecidos; además, el Instituto Nacional de Salud (INS) estudia si otros 20 decesos tienen que ver con la enfermedad. En sus dos centros médicos, el Hospital San Rafael y la Clínica Leticia, ya no hay cómo atender a tantos enfermos.

Ya lo había advertido el diputado Camilo Suárez: “El Amazonas está en SOS, señor Presidente, el Amazonas es Colombia y necesitamos de su ayuda. No estamos preparados para atender esta pandemia”.

Las palabras de este indígena llegaron apenas comenzaban los primeros brotes. Unos cuantos días después de pedir ayuda para su departamento, este hombre falleció. Rosa Silva, una de las amigas más cercanas del ‘diputado de la selva’, como lo llamaban, cuenta que este enfermero de profesión había padecido durante unos cinco días de fiebre y una fuerte tos que le impedía respirar.

Suárez pensó que podría ser otro de los contagiados por covid-19 y duró esperando días a que le realizaran la muestra. El viernes 8 de mayo, tras despertar y manifestarle a su esposa Marinelli Menitofe que estaba mejor, se sentó en una silla y se desvaneció.

Marinelli llamó a la ambulancia y a todos sus amigos, entre ellos a Rosa. Pasaron alrededor de 30 minutos y el vehículo nunca llegó. Sus allegados lo montaron en una camioneta con rumbo al hospital, donde llegó sin signos vitales producto de un infarto.

En Leticia lloran a Suárez, uno de los rostros que encarna el drama que viven los pueblos indígenas de esta región del país por cuenta de un sistema de salud que no tiene cómo responderle a un pueblo vulnerable y apartado.

Un solo pueblo

El indígena Elver Viena, gobernador de la comunidad Jusy Monilla, de la etnia ticuna uitoto, cuenta que cuando empezó el confinamiento ordenado por el presidente Iván Duque en Leticia no había ni un solo caso. De hecho, los informes del INS dan cuenta que solo el 17 de abril se conoció el primer contagio.

Por esos días, dice Viena, a Tabatinga seguían llegando los grandes barcos desde Manaos, cargados de la provisión alimenticia, también vuelos a la terminal aérea de esa población. La dependencia de Leticia con este poblado brasileño es inmensa, por lo que muchos no dudaban en cruzar a diario una frontera terrestre casi imperceptible para trabajar, visitar a sus parientes o mercar.

“Leticia depende de muchas de las cosas que llegan a Tabatinga, comprar un kilo de arroz traído de Bogotá nos cuesta 4.000 pesos; del Brasil, 2.000 pesos”, comenta.

Leticia y Tabatinga, en realidad, son un mismo pueblo con banderas diferentes. Viena relata que esa codependencia y pasos continuos terminaron llevando el virus a territorio colombiano. A lo que suma que el golpe a su región es un efecto secundario de las políticas irresponsables adoptadas por el presidente brasileño Jair Bolsonaro frente al coronavirus.

Incluso, todo el Amazonas brasileño tiene 15.000 casos y Tabatinga se acerca a los 400.
Para Viena, esta enfermedad tiene a los pueblos indígenas ante un inminente riesgo de exterminio físico, pues ya se propagó en resguardos, y recuerda que la promesa de los presidentes de la región en su visita a Leticia en septiembre pasado quedó en veremos.

“Se comprometieron a proteger la biodiversidad, pero se les debe recordar que la biodiversidad también somos los pueblos indígenas”, indica Viena.

Para Jorge Luis Mendoza, alcalde de Leticia, la pandemia lo sobrepasó por completo y desató la peor crisis en la historia de esta capital, donde el covid-19 desnudó los problemas que arrastra el sistema de salud de años atrás y por los cuales la Superintendencia de Salud lo intervino.

A Mendoza le han llovido críticas por su lasitud para tomar medidas; no obstante, asegura que el tema de la salud se sale de sus manos por la falta de recurso y que la vigilancia a la frontera ha sido casi que una misión imposible. La define como un terreno vivo, donde muchas familias tienen la entrada de su casa en Colombia y el patio en Brasil.

“Hay muchas trochas, caminos difíciles de controlar, de verdad que por más que se ponga un policía siempre habrá cómo pasar. Hemos intentado ser estrictos, con pico y cédula, pero la gente piensa que eso es para ir a hacer visitas. Hemos impuesto más de 1.100 comparendos por desacatar el aislamiento”, manifiesta.

Las comunidades indígenas también han sido críticas con su propio pueblo y con los colonos que se niegan a acatar el aislamiento social.

Rosendo Ahue, líder indígena del Amazonas, reconoce que una de las causas de la propagación por cada rincón de Leticia es la indisciplina de la gente que no acata los protocolos y que no se reforzó a tiempo las barreras en frontera. Incluso, se conoció que el día de la madre hubo parrandas en varias zonas, entre ellas el barrio Porvenir Castañal, que colinda con Tabatinga y es uno de los sectores más afectados.

Lamenta que la vulnerabilidad de los pueblos sea caldo de cultivo para el virus, pues muchas personas humildes viven del rebusque y se ven obligados a exponerse al contagio.

“Hay indisciplina, la gente es muy irresponsable en Leticia, pese a que hay personas que están muriendo o contagiándose, muchos siguen caminando tranquilamente por las calles, pareciera que no estuviera pasando nada. Muchísimos indígenas estamos expuestos al contagio, estamos en riesgo”, añade.

Hospitales abarrotados

Supersalud tomó el control del hospital San Rafael cuando en Leticia ya había un centenar de contagios. Lo encontró sin mantenimiento, desabastecido de medicamentos e insumos médicos y en el Amazonas, desde el alcalde hasta los pueblos indígenas, celebraron la decisión.

Cuando apenas se avizoraba la tragedia en Leticia, la enfermera Lorena Maldonado corrió cargando una bala de oxígeno por los pasillos del San Rafael para un paciente. Ese 15 de abril, la mujer brindó los primeros auxilios, su única protección fue una bata quirúrgica, un tapabocas N95 y una monogafa.

El hombre era sospechoso de covid-19, por lo que de inmediato les pidió a sus superiores que era posible que se hubiese contagiado al no tener toda la protección adecuada, pero le argumentaron que si tenía el N95 no pasaría nada.

Pasados tres días, se confirmó el positivo del paciente y Lorena empezó a informar que sufría de fuertes dolores de cabeza, fiebre, escalofríos y tos, detalles a los cuales no les prestaron atención en el hospital, por lo que debió seguir trabajando.

Para el 20 de abril su cuerpo no aguantó más y cayó desmayada cuando tomaba unas muestras en la comunidad Arara, sobre el río Amazonas. Pese a sus ruegos para que le tomaran la prueba de covid-19, en el hospital se negaron y tuvo que acudir a la Secretaría de Salud. Su muestra salió positiva.

“Yo no recibí apoyo del hospital. Cuando enfermé no quería ir allá, tenía miedo de quedar intubada y quizá no salir viva”, detalla. Hoy espera los resultados de una nueva prueba para conocer si venció a la enfermedad.

Como Lorena son varios enfermeros que han contraído la enfermedad. De hecho, un médico del San Rafael ya falleció por la enfermedad.

El déficit del hospital San Rafael es evidente. El alcalde Mendoza dice que el virus se ensañó con un municipio sin recursos, en el cual la infraestructura hospitalaria es débil y está complemente fuera de control el número de contagios y muertos.

El virus cobró la vida de una de las personas más queridas en el Amazonas. Antonio Bolívar, un actor indígena que llevó la cultura de su pueblo al mundo con la película ‘El abrazo de la serpiente’, sufrió en carne viva la deficiencia del sistema de salud.

Cristian Bolívar, uno de sus hijos, cuenta que su padre, de 75 años, cuando enfermó tuvo que esperar tres horas a que llegara la ambulancia y ni en el hospital San Rafael ni en la Clínica Leticia lo querían atender, viviendo un paseo de la muerte.

“Cuando llegamos a la Clínica Leticia a mi papá tampoco lo bajaron de la ambulancia. Allí esperamos que lo atendieran. Un médico salió, con su celular en la mano, enojado y pidiendo explicaciones de por qué lo remitieron del hospital, cuando ellos tenían que atenderlo, era su obligación”, manifiesta Cristian, quien despidió a su papá el 30 de abril luego de cinco días internado en el San Rafael.

El alcalde Mendoza cuenta que la saturación de los servicios es en todos los niveles, teniendo en cuenta que el hospital solo tiene dos ambulancias que no dan abasto para el traslado de enfermos de covid-19.

No solo las ambulancias y las camas están copadas, la tragedia de Leticia se trasladó a los cementerios, donde ya no hay espacio para enterrar más muertos y ahora deben buscar un nuevo espacio para sepultarlos.

Aunque las autoridades locales y los médicos siguen remando contra la corriente y el Gobierno Nacional ha tomado varias medidas para fortalecer los centros médicos, el líder indígena Rosendo Ahua dice que la prevención depende de cada pueblo indígena para aislarse y acudir a las medicinas tradicionales, pues todos los servicios están colapsados y no se puede esperar nada.

Capacidad del hospital

En el San Rafael cuentan con 20 camas hospitalarias, 11 de cuidados intermedios y 4 ventiladores para atender pacientes con covid-19. Hay otras 12 camas y unidades de pediatría y ginecologías que serían usadas en cualquier momento. En la Clínica Leticia hay 11 camas de cuidados intermedios y 3 respiradores. Todos los servicios están copados.

El Tiempo

---

VOLVER