El gobierno ecuatoriano admite que ya hubo 115 mil despidos durante la cuarentena
El Ministerio de Trabajo registra 115.000 despidos en la emergencia
El ministro de Trabajo, Luis Poveda, explica los alcances de los acuerdos laborales que el Gobierno promueve y asegura que están respaldados legalmente.
Organizaciones sociales sostienen que la reducción de la jornada laboral es ilegal, ¿por qué no es así?
La jornada especial diferenciada para la función ejecutiva, de ocho a seis horas, se aplica de acuerdo con el artículo 25 de la Losep y en medio de la emergencia sanitaria para preservar la salud de los servidores públicos. Es necesario indicar que la reducción de la jornada es de un 25%, pero la remuneración se reduce en un 16,66%.
También se oponen a la Ley Humanitaria…
En el proyecto promueven los acuerdos. Se trata de viabilizar los acuerdos para que se ajusten a la realidad de nuestro país y del mundo entero. Los empleados y empleadores podrán cambiar las condiciones para garantizar la estabilidad laboral, como es la principal preocupación del Presidente de la República. Los acuerdos tienen que lograrse dentro del marco constitucional, respetando los derechos de los trabajadores. El Ministerio supervisa y verifica estos acuerdos.
Para la validez de los acuerdos, los empleadores deben presentar los estados financieros de la empresa, así como utilizar los recursos con total transparencia.
¿Qué pueden negociar los empleados?
Los trabajadores y empleadores siempre tienen que buscar acuerdos sin perjudicar los derechos adquiridos de los trabajadores. Hay opciones mediante acuerdos ministeriales o la reducción de la jornada por acuerdo entre las partes según el artículo 47.1 del Código de Trabajo y el pago se hace en virtud de las horas trabajadas, pero el aporte al IESS se mantiene como antes. Eso es una forma de conservar el trabajo, con una reducción del ingreso, pero con estabilidad y beneficios de ley; cuando pase la emergencia se volverá a la jornada normal.
Pero si no se llega a un acuerdo, el empleador puede terminar el contrato, según el proyecto de ley.
Eso sería despido intempestivo por decisión unilateral del empleador y por eso es condenado al pago de una indemnización y bonificación por desahucio. Lo que trata el Gobierno es evitar a toda costa los despidos intempestivos y por eso damos las herramientas como la Ley de Apoyo Humanitario. El programa de crédito Reactívate Ecuador también es un incentivo.
Se habla de 150.000 despidos durante la emergencia, ¿es esa la cifra actualizada?
La cifra registrada en el Ministerio de Trabajo es de 115.000, pero hay muchos trabajadores que han sido despedidos y que no han tenido acceso a registrar sus denuncias. A medida de que se vuelva a la normalidad, tendremos la cifra precisa. Eso es del sector privado. En el público se han terminado unos 3.000 contratos ocasionales.
¿Por qué no se han detenido los despidos pese a que el Gobierno promueve los acuerdos?
Son situaciones que se escapan del control de las autoridades del Gobierno, pero hemos entregado algunas herramientas para evitar los despidos intempestivos. Los empleadores nos han manifestado es que si está cerrada la industria, no pueden cubrir las remuneraciones y les hemos llamado a la sensibilidad para que no se pierdan tantas plazas de trabajo y ellos han manifestado que una vez que se normalice la situación, ellos van a volver a contratar. Eso lo vamos a dejar en constancia en una acta con el departamento de mediación del Ministerio de Trabajo, reconocido con el Consejo de Judicatura, para que quede respaldado legalmente.
¿Cuántos empleados públicos saldrán próximamente? ¿Pueden las empresas públicas acogerse a la figura de fuerza mayor?
No, estas tienen que acogerse a la terminación que estipula la ley. Las empresas tienen 60 días para su liquidación y por eso aún no tenemos el número de empleados que saldrán ni el monto que se necesitará para su liquidación.
¿Qué se viene en este año para incentivar el empleo?
Tenemos que viabilizar nuevas modalidades de contratación, pensando en las personas que están en la desocupación o en el subempleo con contratos más dinámicos, más expeditos de acuerdo con el mundo en el que vivimos. Eso lo haremos a través del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.
Gremios de la educación se movilizarán
Varias organizaciones del sector educativo anunciaron que el jueves 28 de mayo de 2020 realizarán un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional, en Quito, para pedir que no se dé paso al recorte del presupuesto en educación. En una rueda de presa, Isabel Vargas, presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores, detalló que el Ejecutivo prevé reducir $ 300 millones a los recursos para educación general y $ 98 millones para educación superior. “Según la Constitución, ni en estado de excepción se puede recortar el presupuesto para educación y salud”, aseguró.
Roberto Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios y Politécnicos, mencionó que de darse la medida saldrían hasta 3.500 docentes de las universidades “lo que podría bajar la calidad de la educación”.
El Ejecutivo ha asegurado que es necesario reducir el gasto público, priorizar los egresos de las entidades, debido al impacto económico del covid-19.
Casos de coronavirus en Ecuador: miércoles 27 de mayo: 38103 contagiados, 3275 fallecidos
El Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE-N), a través del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), informó sobre las cifras oficiales del COVID-19, en Ecuador, para este miércoles 27 de mayo.
La cifra de contagiados es de 38103 y la cifras de fallecidos confirmados es de 3275, aunque la cifra de fallecidos probables es de de 2144.
De los contagiados, son pacientes recuperados 3700, con alta hospitalaria 4021, con alta epidemiológica 171 10704, están estables en aislamiento domiciliario 15747, hospitalizados estables 437 y hospitalizados con pronóstico reservado 219.
Las provincias con mayor mortalidad por el COVID-19, de mayor número a menor número, son: Guayas con 1394 fallecidos, Manabí con 421, Pichincha con 268, Los Ríos con 199 y El Oro con 180.
Las provincias con mayor número de contagios por COVID-19, de mayor a menor, son: Guayas con 13890 contagiados, Pichincha con 3769, Manabí con 2150, Los Ríos con 1440 y El Oro con 1051.
Casos de #CoronavirusEnEcuador, según reporte oficial de este 27 de mayo de 2020. pic.twitter.com/UtToJbkVcF
— El Universo (@eluniversocom) May 27, 2020
11 000 trabajadores del Ecuador fueron desvinculados por fuerza mayor; los empleadores deberán justificar motivos
El ministro de Trabajo, Luis Poveda, informó que hasta el momento la entidad registra de alrededor de 11 000 contratos individuales terminados por caso fortuito o fuerza mayor.
La relaciones laborales que finalizan bajo esta causal «no generan ningún tipo de indemnización, porque están dentro de las causas legales para terminar un contrato de trabajo», explicó Poveda, la mañana de este 27 de mayo del 2020 en una entrevista en Ecuadoradio.
La figura de caso fortuito o fuerza mayor consta en el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. Según la norma, se trata de circunstancias «que imposibiliten el trabajo», sean incendios, terremotos, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra o por cualquier otro acontecimiento que no se puedo prever o que previsto no se pudo evitar.
«Si la empresa sigue trabajando y aplica esa causal, no guarda coherencia. Entonces, en un momento el Juez (de lo laboral) podría ordenar el pago de un despido intempestivo», refirió el Ministro.
La correcta aplicación de este mecanismo será controlada y verificada por la Cartera de Trabajo. Los empleadores que se acogen al numeral 6 deben sustentar sus motivos a través del portal del Sistema Único del Trabajo (SUT).
Reforma legal plantea ajuste a la fuerza mayor
La Ley de Apoyo Humanitario, que aún espera el veto presidencial, incluye una disposición interpretativa al numeral 6.
Según la ley, la imposibilidad de trabajar estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica.
«Esto quiere decir, que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales, como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos», reza el cuerpo legal aprobado por la Asamblea el 15 de mayo.
Esta norma es, además, interpretativa; es decir, que se podrá aplicar de forma retroactiva, comentó el abogado laboralista Pablo Salinas.
Inicialmente, la Asamblea había señalado que la fuerza mayor también sucedía cuando existiera la prohibición de una autoridad para realizar la actividad o cuando se parara una línea del negocio. Sin embargo, esta parte se quitó en el segundo debate del texto.
Para Salinas, la norma propuesta constituye un golpe para los empresarios que desvincularon a una parte de su nómina sin que haya parado toda la empresa. Y, afecta a quienes aun cuando quieren continuar con el negocio no pueden por razones ajenas a su decisión. Puso como ejemplo a bares, gimnasios, discotecas o restaurantes que no pueden abrir y probablemente tengan que cerrar sus operaciones porque no tienen autorización para operar.
Francisco Vacas, exministro de Trabajo, señaló que la reforma generará confusiones para su aplicación, pues el artículo 193 del Código de Trabajo establece que un negocio que cierra totalmente debe pagar indemnizaciones y el numeral 6 del art. 169 actualmente señala que ese pago no cabe cuando el cese es por fuerza mayor.
Empresarios piden veto de la propuesta
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) también criticó esta medida. “Se trata de imponer una reforma que vuelve impracticable la terminación de la relación laboral por fuerza mayor”.
Según el gremio, el contenido de la disposición no es una interpretación sino una reforma, “pues el sentido del texto ha sido totalmente cambiado, configurando retroactividad inconstitucional e inseguridad jurídica”. La CEE pidió eliminar este artículo en el veto.
En Ecuador se reparte hidroxicloroquina a pesar de los riesgos
Investigaciones advierten que esta pastilla incrementa el riesgo de muerte en las personas diagnosticadas con coronavirus. El Ministerio de Salud no recomienda su uso en pacientes de Covid-19.
Entre las mayores preocupaciones de la comunidad científica mundial está la falta de un tratamiento específico que pueda aplicarse a los millones de pacientes de Covid-19.
A pesar de no existir evidencia médica que demuestre la eficacia de medicamentos para prevenir o controlar la enfermedad, han surgido una serie de tratamientos promocionados en redes y hasta por presidentes.
Uno de los más difundidos es el uso de hidroxicloroquina, un medicamento que sirve, sobre todo, para tratar la malaria y algunas condiciones autoinmunes, como el lupus, pero que puede resultar dañino para pacientes con coronavirus.
El viceministro de Salud, Xavier Solórzano, dijo a PRIMICIAS que el Ministerio de Salud “decidió instruir a los hospitales para que no utilicen hidroxicloroquina como tratamiento para Covid-19″.
“La decisión se basa en la evidencia científica recopilada por otros países y por nuestros médicos, como el equipo del hospital Eugenio Espejo”, agregó Solórzano.
El Ministerio también informó que “el equipo de especialistas en medicina crítica del hospital de Especialidades Eugenio Espejo, de Quito, ha abandonado el uso de este tratamiento para Covid-19, con el objetivo de salvaguardar la vida de los pacientes que son atendidos en esta casa de salud”.
Varios colectivos sociales benéficos creados en Ecuador a raíz de la llegada de la pandemia han donado miles de dosis de hidroxicloroquina a lo largo del país, aduciendo que el medicamento ayuda a superar la enfermedad.
El Comité Especial de Emergencia por Coronavirus en Guayaquil, por ejemplo, distribuyó en las últimas semanas 6.000 dosis en los hospitales públicos y clínicas privadas de la ciudad.
“Este lote se suma a las 5.000 primeras dosis que se entregaron a inicios de abril”, señaló la organización en un comunicado.
El Comité, liderado por el exalcalde Jaime Nebot, puntualizó que el fármaco solo se administra a pacientes en etapas iniciales de coronavirus y no pacientes que están en cuidados intensivos.
Las dosis también fueron entregadas a los municipios de Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas y de Los Ríos.
Otro colectivo que ha donado hidroxicloroquina es Salvar Vidas, encabezado por el líder político Guillermo Lasso.
En un comunicado del 22 de mayo de 2020, la organización dijo que ha distribuido “915.000 pastillas que servirán para atender a 45.750 pacientes en 212 hospitales y centros de Salud de 166 cantones del país”.
Salvar Vidas aclaró que “este medicamento será entregado gratuitamente y solo bajo prescripción del médico tratante”.
Una esperanza fallida
El presidente de la Sociedad de Cardiología de Ecuador, Diego Serrano, explicó que “durante los primeros días de la pandemia, grupos de médicos realizaron ensayos en laboratorios que dieron buenos resultados, pero al aplicar el medicamento en grupos más grandes no hubo ninguna mejoría“.
La alta demanda mundial de hidroxicloroquina, tras los rumores de que podía curar o mejorar las condiciones de los pacientes de Covid-19, elevó la demanda y produjo desabastecimiento en varios países, incluido Ecuador.
Hasta presidentes como Donald Trump, de Estados Unidos, y Jair Bolsonaro, de Brasil, la recomendaron, sin tener evidencia sobre su efectividad o sus efectos secundarios.
Tanto que los investigadores se vieron en la obligación de realizar más estudios para conocer el impacto de su aplicación en pacientes con Covid-19.
Mortal cóctel con antibióticos
Un estudio de la Universidad de Harvard, difundido por la revista especializada The Lancet, concluyó lo que la comunidad científica temía: los pacientes que toman este fármaco tienen una “mayor tasa de mortalidad”.
Los resultados indicaron que aquellas personas que recibieron hidroxicloroquina tuvieron 33% mayor riesgo de morir que los que no tomaron el medicamento.
El riesgo se incrementó un 44% en aquellas personas que tomaron hidroxicloroquina junto con el antibiótico azitromicina o claritromicina.
El estudio de Harvard, informó la revista, se llevó a cabo en 96.032 pacientes hospitalizados en 671 casas de salud del mundo.
La publicación obligó a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) suspendiera temporalmente las pruebas que venía realizando para medir la eficacia de la hidroxicloroquina.
La Organización Panamericana de la Salud también se hizo eco de las advertencias y dijo que “no hay evidencia de buena calidad” que demuestre que la hidroxicloroquina sea eficaz contra el coronavirus.
Es por eso que pidió a los gobiernos prevenir la automedicación, pues “el uso de cloroquina o hidroxicloroquina sin seguir las directrices y las recomendaciones vigentes puede tener efectos adversos, entre ellos una enfermedad grave y la muerte”.
En Francia, el Alto Consejo de Salud Pública no apoya la utilización de este medicamento para el tratamiento de Covid-19, al igual que la Agencia del Medicamentos, que activó el procedimiento para suspender los ensayos clínicos.
Peligro de arritmia
El cardiólogo Diego Serrano advierte que la administración de hidroxicloroquina, sin supervisión médica, puede producir arritmias cardíacas y derivar en una muerte súbita del paciente.
Ante los recientes estudios científicos, Serrano señaló que el medicamento no se debe utilizar en ningún paciente con Covid-19.
El epidemiólogo Francisco Pérez dice que “el país cuenta con suficiente evidencia científica que comprueba que el uso de hidroxicloroquina aumenta la tasa de mortalidad en pacientes de Covid-19″.
El médico sostuvo que “políticos como Trump han ocasionado una alta demanda de este medicamento porque se han pronunciado irresponsablemente, sin evidencia, sobre sus supuestos beneficios”.
Pérez dijo, además, que los médicos deben evaluar los síntomas de cada paciente para aplicar un tratamiento que responda a sus necesidades particulares.
