Ecuador: Comisión legislativa pide juicio político contra ministro de Finanzas por recorte en educación
Comisión de la Asamblea pide juicio político contra Richard Martínez por recorte a universidades
La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional resolvió iniciar las acciones para proceder con el juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Los parlamentarios aprobaron por unanimidad la iniciativa, luego conocer la reducción presupuestaria de 98 millones de dólares aplicada a las instituciones de educación superior.
En la sesión virtual de este miércoles 6 de mayo, los doce asambleístas argumentaron los incumplimientos en los que incurrió el ministro Martínez. Se consideró que se extralimitó en sus funciones, establecidas en los artículos 165 y 355 de la Constitución, y fue en contra de lo dispuesto en las leyes orgánicas de Educación Superior (artículo 33) e Intercultural (artículo 20) al hacer el recorte presupuestario.
El Ministro no compareció a la Comisión Legislativa ni se excusó de la cita para responder por la decisión política de realizar un ajuste al Sistema Nacional de Educación como a las universidades públicas y a las que reciben recursos estatales.
La asambleísta Jeannine Cruz, vicepresidenta del organismo, anunció que presentó una acción de protección ante la Corte Constitucional, para que se declare la nulidad del recorte por vulnerar derechos constitucionales.
Consecuencias del recorte
La decisión del ministro Martínez de reasignar partidas presupuestarias en el contexto de estado de emergencia provocó despidos de personal docente y administrativo y reducción de salarios. Los rectores anticiparon que también impactará en proyectos de investigación, ciencia y tecnología.
A corto plazo, desde las universidades advierten que podría desmejorar la calidad educativa y provocar el inminente cierre de carreras, una realidad que limitará el acceso de los jóvenes la educación superior.
Dirigentes de federaciones y colectivos estudiantiles nucleados en el Parlamento Estudiantil, alertaron que el 45 por ciento de alumnos no puede ingresar a las universidades por falta de recursos o por no disponer de dispositivos electrónicos y conexión a internet para seguir la modalidad virtual.
Recortes en el presupuesto de universidades públicas genera rechazo
Los recursos asignados a las universidades públicas serán 98.210 millones de dólares menos en 2020. Agustín Albán, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) lo anunció el 4 de mayo. Albán dijo que el recorte no es una decisión unilateral, se debe a “la manera en la que está compuesto el presupuesto del Estado”. En 2019, estas instituciones recibieron 1.214 millones de dólares, en 2020 recibirán 1.177.
Según Albán, el 80% del dinero asignado a las universidades depende de la recaudación del IVA y del Impuesto a la Renta. Durante la pandemia del covid-19, la actividad económica y, por ende, la recaudación tributaria cayeron. “Derivado de la fórmula de asignación de recursos”, dijo Albán, hay menos fondos que entregar a las instituciones de educación superior.
En su intervención, Albán dijo que hubo acercamientos previos con algunos rectores, equipos técnicos y el Ministerio de Finanzas. Desde esa fecha, Albán se ha reunido con los rectores de instituciones de educación superior públicas para entender cómo afectará la decisión a cada una. Dijo que discutirán “cómo podemos apoyar a reasignar recursos, reorientar gastos durante la nueva normalidad”. Según Albán, no tener clases presenciales podría ayudar a manejar ciertos recursos de una manera distinta.
Incluso con los recortes presupuestarios, Albán dijo que la Senescyt garantizará el acceso, la calidad de la educación y que se mantenga la seguridad académica de los estudiantes. También dijo que a la Secretaría le preocupaba la estabilidad laboral de ciertos docentes. En su intervención, se comprometió a reorientar el gasto para que eso no suceda.
Según Albán, se evaluarán los gastos y se eliminarán los que no son productivos en la realidad que vive el país por las pandemias. Citó como ejemplo las prácticas de laboratorio y las investigaciones de campo, que tendrán que suspenderse para garantizar la seguridad y salud de los estudiantes. Albán dijo que el impacto económico de la crisis generada por el parón económico producto de las medidas de aislamiento y distanciamiento para evitar la propogación del covid-19“dependerá de la creatividad que tengan los rectores”.
El secretario Albán dijo que era difícil pretender que en una crisis mundial no haya que hacer ajustes. “A todos los ecuatorianos nos toca de manera solidaria arrimar el hombro”, dijo y pidió que las universidades hagan un esfuerzo por mantener la matrícula y la calidad de la educación en la nueva realidad presupuestaria.
Los directivos y estudiantes de las universidades públicas expresaron su desaprobación del recorte de varias formas. Pese a las medidas de distanciamiento social, los estudiantes de universidades públicas en Quito y Cuenca organizaron plantones para protestar la medida. En un comunicado, la Universidad Central del Ecuador anunció que se suspendía el proceso de matrículas de 2020 “por la severa disminución de presupuesto” hasta que pueda “aclarar el financiamiento de la oferta académica”.
Modificar los recortes, dijo Albán, dependería de la recaudación tributaria del país. El recorte, dijo, es el resultado de aplicar una fórmula sobre las recaudaciones obtenidas “no es una asiganación arbitraria de recursos”. Con los datos actuales, según Albán, la fórmula arroja la reducción de los más de 98 millones de dólares de la asignación prevista.Albán dijo que la Secretaría bajo su administración espera que no crezca el recorte presupuestario, “pero no se descarta”.
El 4 de mayo comenzó el proceso de asignación de cupos en las universidades públicas para el siguiente semestre. Cuando comenzó la emergencia sanitaria, se pospuso porque había estudiantes que no tenían Internet en sus casas y perderían el cupo. Albán dijo que se habilitó la asignación de cupos por mensajes de texto para que todos los estudiantes puedan recibir y aceptar una plaza en las universidades públicas del país.
