Detienen al alcalde de Cochabamba por presunta compra irregular de alimentos
José María Leyes es aprehendido y dice “esto viene por orden de Murillo”
El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue aprehendido este miércoles en su domicilio, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la adquisición del servicio de comida para militares y policías, en el marco de la cuarentena.
Al ser sacado de su casa, enmanillado, Leyes consideró su aprehensión como un “Quintanazo” ordenado por el ministro Arturo Murillo.
“Nuevamente vuelven los ‘Quintazanos’. En el Día de la Madre, delante de mis hijos menores, un abuso total, no respetan ni la cuarentena, un abuso total. Sé que esto viene por orden de Murillo”, dijo Leyes.
El Alcalde fue trasladado a la Fiscalía, donde debe prestar declaración. Antes su comparecencia fue postergada porque el sindicado ingresó en aislamiento, por presunto con personas contagiadas de Covid. Después se descartó que Leyes tenga el coronavirus.
Tras la aprehensión, la esposa de Leyes a gritos reclamó que las autoridades sean tan duras con el Alcalde, pero no así con gente del MAS.
Pidió misericordia a la presidenta Jeanine Añez y que “por favor” les dejen tranquilos.
Aseveró que dejarán la política y que no se aferran a ella, pero pide que dejen tranquila a su familia.
Antes, Leyes ya estuvo encarcelado con detención preventiva, acusado de irregularidades en la compra de mochilas escolares.
En horas de la tarde, Leyes se abstuvo de declarar ante la Fiscalía. Se conoció que junto a él tres personas fueron aprehendidas.
El «caso respiradores» es declarado en reserva para evitar «fugas»
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció hoy que se decidió declarar en reserva la investigación penal por el caso respiradores.
“Hacerles conocer que el Ministerio Público ha solicitado ante la autoridad judicial que declare la reserva de las actuaciones. Entonces, a partir de hoy, se ha declarado en reserva todo el proceso de investigación del caso respiradores”, dijo Lanchipa a los medios de comunicación.
Según reportó Erbol, el Fiscal General explicó que la decisión obedece a una estrategia que tiene el propósito de evitar que algunas personas puedan darse a la fuga o escondan información.
La polémica causa está referida a la supuesta compra con sobreprecio de 170 respiradores españoles por parte del Gobierno y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Y es que el precio unitario de los respiradores oscila entre los 7 mil y los 12 mil dólares en el mercado, pero el Ministerio de Salud pagó poco más de 27 mil por cada uno de ellos.
A eso se sumó el hecho de que una Importadora ofreció al Ministerio traer 175 de los mismos respiradores a un precio unitario de 12 mil dólares, pero la oferta fue descartada por esa Cartera de Estado.
Por este caso, ya fueron enviados a la cárcel, con detención preventiva, el exministro de Salud Marcelo Navajas el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Geovanni Pacheco; el exdirector jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela; y el «testigo clave», Fernando Humérez.
CIDH también pide investigar la aprehensión del juez Huacani
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó este miércoles al pedido de que se realice una investigación sobre la aprehensión del juez Hugo Huacani, quien el pasado viernes fue detenido minutos antes de oficiar la audiencia cautelar por el caso respiradores.
“La CIDH recuerda que la independencia judicial es vital para la vigencia del Estado de Derecho. Asimismo, llama a las autoridades competentes a realizar investigación sobre circunstancias de aprehensión del juez Hugo Huacani -ya liberado- y respetar el debido proceso”, dice un pronunciamiento difundido en el Twitter del organismo.
El fin de semana la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de ONU para Derechos Humanos también pidió investigar las causa y autores de la detención de Huacani.
El Ministerio de Gobierno fue quien hizo la denuncia que derivó en la detención del juez. Dicha entidad argumentó que había una posible parcialización, debido a que había dado libertad a una persona procesada.
El Colegio Nacional de Abogados también se expresó en contra de la detención del juez y pidió que se respete la independencia judicial.
Caso respiradores paraliza entrega de pruebas, insumos y equipamiento
La entrega del hospital de Montero, la compra de insumos para las Unidades de Terapia Intensiva, ventiladores, aspiradores de secreciones, máquinas de anestesia y de 200.000 pruebas para detectar a personas sospechosas de Covid-19 están suspendidos debido a que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) está siendo investigada por el caso respiradores.
La pesquisa que desarrolla el Ministerio Público por la compra de los 170 equipos Respira con un presunto sobreprecio, provocó que la Aisem no tenga un director y sus actividades están suspendidas.
Según datos de la entidad ejecutora, la Aisem se encarga de dotar infraestructura, equipamientos, tecnología, conocimiento y/o capacidad de gestión al Sistema Único de Salud.
La entidad se encarga de los trámites para la compra de insumos, equipos para los hospitales, además de la infraestructura hospitalaria, aseveró el asambleísta de La Paz, Marco Fuentes (UN).
En el caso del hospital de Montero, la Aisem realizó el contrato con la empresa constructora. Si bien se tenía prevista una entrega parcial, por las investigaciones no se pudo concretar la firma del acuerdo y la entrega sigue siendo postergada.
Similar situación ocurre con las alcaldías de La Paz y El Alto, ya que se estaba realizando el trámite para la compra de 200.000 pruebas para detectar casos de Covid-19, pero esto fue suspendido por la ausencia de un director general y el precinto que tienen las oficinas de esa institución.
Las alcaldías aguardaban por la autorización de la Aisem para la adquisición de las pruebas, pero con la investigación todo quedó estancado.
En este sentido el alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció que se analizarán otros canales para proceder con la compra.
Si bien los procesos de contratación se estaban desarrollando, debido a que las empresas elegidas para algunos contratos no se presentaron no se tienen acuerdos para 426 camas para terapia intensiva. Así también ocurre con 1.000 aspiradores de secreciones y 50 máquinas de anestesia.
Las empresas no se presentaron a firmar los contratos y las licitaciones deben iniciar nuevamente, sin embargo, no se tiene actividad en el ente que se encarga de los procesos por lo cual también están suspendidas.
Ante esta situación, este medio intentó conocer cuál es la versión desde la Aisem, sin embargo, una funcionaria de esa entidad señaló que la única persona autorizada para referirse al tema es el director ejecutivo.
Desde el Ministerio de Salud no se ha posesionado un nuevo director para la unidad, por lo que todas las adquisiciones están suspendidas, médicos e instancias municipales y departamentales están en espera de una pronta solución para las compras.
48 horas detiene la replicación. El estudio “in vitro” realizado en Australia determinó que se pudo contener la replicación del virus en un cultivo celular.
AISEM MANEJÓ BS 4,5 MIL MILLONES
Desde la creación de la oficina descentralizada en agosto de 2017, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) manejó 4.543.084.278 de bolivianos.
Por la presunta compra irregular de los 170 equipos Respira también se desarrollan auditorías sobre el presupuesto que recibió en cada gestión.
En 2018, el Presupuesto General del Estado otorgó a la Aisem 1.010.467.329 bolivianos, en tanto en 2019 el montó subió a 1.463.163.726 bolivianos y para este 2020 bajó a 1.385.310.559 bolivianos.
MÉDICOS PIDEN CELERIDAD, “NO PODEMOS ESPERAR MÁS”
“No se puede más, estamos esperando 60 días, lo digo enfáticamente queremos que se nos dote y lastimosamente no se ha equipado como debe ser”, afirmó ayer el presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Edgar Fernández.
Agregó que si se va a levantar la cuarentena, van a aumentar los casos de Covid-19 y se necesitará más insumos de terapia intensiva.
El galeno se refirió a la suspensión de actividades de la Aisem y aseguró que se tendría que ver la posibilidad de emitir un decreto o definir que otra instancia ministerial se haga cargo de la compra de insumos. “Ya no se puede esperar más o que saque un decreto la Presidencia para que se autorice la compra directa vía obras públicas, planeamiento o gobernación y municipios”, dijo.
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