Desde el lunes se podrá salir y serán los municipios los que administren la cuarentena
La cuarentena dinámica regirá desde junio sin restricción de carnet
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Ortiz, informó este jueves que el gabinete ministerial, a través de varios decretos, aprobó la cuarentena nacional dinámica desde junio.
«El gabinete ministerial ha aprobado varios decretos hoy, especialmente aquel que regula la cuarentena de junio, una cuarentena nacional dinámica y condicionada, en la cual se va a permitir reiniciar una serie de actividades que aún no estaban operando», señaló el ministro Ortiz.
Explicó que el Gobierno establece un rango de horario entre las 05:00 a 18:00 para la circulación, sin embargo, cada departamento y municipio debe regular los horarios de los distintos sectores que reinicien sus actividades. Dijo que se busca que sean horarios de media jornada continua para evitar el menor traslado posible. Con esto sostuvo que el permiso de las salidas por número de carnet de identidad quedaría sin efecto.
“El tema de la actualización de salidas con cedula de identidad ya no estaría vigente porque las personas podrían circular en las 5:00 y 18:00 sin ninguna autorización especial”, añadió.
Fijan el trabajo comunitario a infractores de la cuarentena en La Paz y más control en El Alto
El municipio de La Paz aprobó ayer la Ley de regulación de la cuarentena dinámica condicionada y de corresponsabilidad ciudadana, para ingresar a una nueva etapa de lucha contra la pandemia, que permita reactivar la economía local y sancionar las inconductas de los vecinos para evitar mayor propagación del coronavirus COVID-19.
La normativa local, aprobada en sesión extraordinaria virtual, dispone, entre otros aspectos, sanciones a los habitantes que incurran en actos que pongan en peligro la salud pública como el trabajo comunitario, además de la donación voluntaria de sangre por parte de los pacientes recuperados del coronavirus, según ABI.
El incumplimiento a las disposiciones locales prevé el arresto de los infractores, su conducción inmediata ante la autoridad competente «sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público», además de la limpieza y fumigación de calles, espacios públicos, jardinería, reforestación o cualquier otra actividad en beneficio de la comunidad.
Cornejo explicó que la normativa local establece el cumplimiento ciudadano con todas las medidas de bioseguridad, con los horarios de tránsito ya dispuestos en los decretos emitidos por los niveles central y municipal, que están vigentes en el marco de la prevención y protección de la vida y la salud.
El artículo 10 de la Ley local señala la prioridad que deben tener las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas que tienen enfermedades de base y/o crónicas, personas con discapacidad y mujeres en estado de gestación y lactancia para acceder a la atención y protección de COVID-19.
También hace referencia al derecho de acceder a información veraz y oportuna en canales oficiales para conocer las medidas de bioseguridad que le permita a la ciudadanía actuar con responsabilidad respecto a la pandemia.
«La Ley básicamente norma muchas de las cosas que se han visto que, de pronto, no se han cumplido durante la cuarentena rígida, como el uso obligatorio de barbijos, el lavado de manos, la desinfección, mantener la distancia física. A medida que vayamos retomando nuestras actividades y vayamos viendo cómo se comporta la población tomando todas las medidas de bioseguridad es que vamos a poder estar tranquilos», puntualizó la presidenta del Concejo Municipal y proyectista de la norma, Andrea Cornejo.
Asimismo, la normativa dispone la máxima restricción en la salida de las niñas, niños y adolescentes, salvo situación justificada excepcionalmente (como citas médicas y urgencias) en compañía y resguardo de la madre/ padre/ tutor (a), guardador (a) o cuidador (a), quien está en la obligación de demostrar la situación justificada de excepción en pleno uso de sus facultades y cumpliendo las normas de protección y bioseguridad.
CONTROL Por otro lado, el secretario municipal de Movilidad Urbana de El Alto, Fernando Flores, informó que, a tres días de levantar la cuarentena en esa urbe, se intensificaron a 29 puntos estratégicos de control para el transporte público en esa urbe.
«Seguimos trabajando en los controles en los distintos puntos, empezamos con 24 puntos de control, ahora son 29; estos son estratégicos en los que realizamos los controles al transporte público», dijo.
Flores precisó que, solamente en el cruce de Villa Adela, en la jornada del martes se decomisaron 25 placas a choferes que incumplieron con las medidas de bioseguridad y no adecuaron sus motorizados a lo establecido por la Alcaldía de El Alto.
Indicó que estos trabajos de control se iniciaron el lunes 25 de mayo y es coordinado con representantes de la Federación Andina de Choferes, con el apoyo de su control sindical, además de la Policía Boliviana.
A cuatro días de la flexibilización de la cuarentena Bolivia acumula 8.387 casos de coronavirus
El Ministerio de Salud informó que los casos positivos de coronavirus en el país ascienden a 8.387, luego de que este jueves se registraran 619 nuevos casos.
El anuncio se da cuatro días antes de la flexibilización de la cuarentena que rige en el país desde el 22 de marzo.
Los pacientes identificados hoy están en Santa Cruz (408), Beni (151), Cochabamba (43), La Paz (8), Oruro (4), Tarija (3) y Chuquisaca (2).
Por otro lado, informaron que durante la jornada hubo 13 fallecimientos por Covid-19, seis en Santa Cruz, cuatro en Beni, dos en La Paz y uno en Cochabamba.
Los casos recuperados suman 738 y los descartados 17.803 desde el inicio de la pandemia en el país.
Casos acumulados por departamento
Del total de casos, el departamento de Santa Cruz continúa concentrando el mayor número de casos positivos, con 5.774 contagiados, le sigue Beni con 1.506, La Paz tiene 423, Cochabamba reporta 419, Oruro 159, Potosí 46, Chuquisaca 25, Pando 13 y Tarija 22.
Jeanine Áñez posesiona a su tercer ministro de Salud en seis meses; Eydi Roca fue oficializada
En pleno ascenso de la curva de casos por coronavirus en Bolivia, este jueves, la presidenta Jeanine Áñez hizo oficial la posesión de la tercera ministra de Salud en su gestión, responsabilidad que asumió Eidy Roca bajo juramento.
La presidenta Jeanine Áñez fue la única que tomó la palabra en el acto de posesión. La nueva autoridad no intervino. «Bolivia necesita de sus mejores profesionales para enfrentar esta crisis de salud que estamos viviendo, y requerimos la misma calidad de profesionales para enfrentar la otra prioridad de Bolivia, la reactivación económica».
Luego manifestó que el Gobierno tiene la decisión de contar con el concurso de todos ellos. «Privilegiaremos su grado de profesionalismo, pero al mismo tiempo su honestidad y decencia para el manejo de la administración pública».
Áñez se refirió al caso de la compra con presunto sobreprecio, de 170 respiradores españoles. «Hemos enfrentado lamentablemente una crisis en el área de salud, reaccionamos inmediatamente y no vamos a interferir en la investigación que sigue en curso y que esperamos revele esta red de sabotaje y corrupción que ha sido montada no sólo para perjudicar al Gobierno, que sabemos somos actores políticos pasajeros, sino que puso en peligro la vida de familias bolivianas, eso no se perdona».
Retó a la nueva ministra a asumir este enorme desafío, en cuanto a lo específicamente sanitario. «Se trata de una crisis que nunca antes el mundo ha enfrentado, pero además el gobierno anterior nos dejó un sistema de salud sin equipamiento ni previsión y con gente improvisada o corrompida, por eso su misión es tan importante».
Le encargó a su nueva ministra que no solamente esté a la cabeza de las políticas públicas de salud, sino que debe reestructurar el sistema de salud, otorgándole transparencia, capacidad y compromiso.
Destacó que Eidy Roca tiene la calidad profesional para asumir este desafío. «Nuestra atención principal hoy está en Beni y Santa Cruz, estamos trabajando coordinadamente y de manera sostenida para atenderlos».
Sin embargo, en las siguientes semanas, cuando el país retorne a sus actividades de manera paulatina, dijo que «debemos redoblar nuestros esfuerzos en todo el país, pero también seremos las familias las que debemos cuidarnos para evitar la explosión de los casos positivos.
La diputada del MAS, Sonia Brito, comentó que la posesión de la tercera ministra de Salud en la gestión de Áñez muestra que el nivel de inestabilidad del Gobierno es muy grande. «Nos preocupa más porque estamos hablando del área más importante ahora, porque debe encargarse de la lucha contra el Covid-19. Hay falta de una propuesta, un plan para enfrentar la pandemia», enfatizó.
Sobre las alusiones de la presidenta que en su discurso señaló que la gestión de Evo Morales dejó gente corrupta en los ministerios, replicó que «es un argumento ridículo, echar la culpa a funcionarios de quinto o sexto nivel y que no puede liberar de responsabilidades de los niveles centrales, los altos mandos del Gobierno. Estarían de más los ministros, intentar echar la culpa al MAS es un argumento tonto», aseguró.
Añez denuncia una “red de sabotaje y corrupción» para perjudicar a su Gobierno
La presidenta Jeanine Añez denunció este jueves que una “red de sabotaje y corrupción ha sido montada» para perjudicar su Gobierno, en referencia al caso de los 170 respiradores adquiridos supuestamente con sobreprecio y que fue la causa del encarcelamiento preventivo del exministro de Salud, Marcelo Navajas, además de dos exfuncionarios y un “testigo clave”.
«Esperamos que (la investigación en curso) devele esa red de sabotaje y corrupción que ha sido montada para perjudicar no sólo al Gobierno, que sabemos que somos actores políticos pasajeros, sino que esta red ha puesto en peligro la vida de familias bolivianas”, sostuvo Añez, después de posesionar a Eidy Roca, como ministra de Salud, en reemplazo de Navajas.
El fabricante español GPA Innova vendió el modelo de respirador básico al Ministerio de Salud a través de intermediarios. El costo en fábrica fue de 6.000 euros (6.567 dólares) y los accesorios suman otros dos mil euros, por lo que el dispositivo básico costó 8.000 euros, equivalentes a 8.756 dólares.
Sin embargo, Salud pagó 28.080 dólares por cada unidad. Además, los equipos, que ya fueron distribuidos a distintas regiones del país no funcionan porque su software no está actualizado y carecen de algunos accesorios técnicos.
“Eso no se perdona”, afirmó la mandataria, en referencia a los respiradores adquiridos con aparente sobreprecio por la gestión de Navajas.
Añez recordó que la semana pasada “hemos enfrentado lamentablemente una crisis en el área de salud, reaccionamos inmediatamente y no vamos a interferir en la investigación que sigue en curso”.
Poco antes de su detención, el martes 19 de mayo, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, uno de los involucrados en la adquisición de los 170 respiradores, habló durante 16 minutos vía telefónica con la exministra de Salud, Gabriela Montaño (MAS), que se encuentra en Argentina desde 2019, según reporte de eldeber.com.bo.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, explicó que falta cerrar algunos temas al respecto a la cuestionada compra de los respiradores. “¿Qué tiene que ver Montaño con los respiradores? ¿Era parte del sobreprecio o era parte de la conspiración? ¿Era parte de la corrupción o era parte de la conspiración? ¿O tal vez era parte de los dos?”, declaró.
Bolivia ya pagó casi 2,2 millones de dólares de un total de 4,7 millones por los equipos y el Gobierno anunció que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.
Por la presunta compra irregular de los respiradores, además de Navajas, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, el exjefe de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, y el supuesto “testigo clave” Fernando Humérez fueron enviados a la cárcel con detención preventiva.
Las dos funcionarias técnicas, Ana Espinoza y Gabriela Pérez, contratadas con recursos de la financiadora Banco Interamericano de Desarrollo (BID), obtuvieron detención domiciliaria por seis meses sin derecho a salidas laborales, informó el fiscal Ruddy Terrazas, integrante de la comisión que investiga el caso.
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