Denuncias de corrupción en la compra de insumos en Paraguay, Ecuador, Perú y Puerto Rico

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Paraguay | Casos de corrupción en cuarentena salpican al entorno del Presidente

Las denuncias de corrupción que se vienen denunciando salpican al entorno del presidente Mario Abdo Benítez. Varios ya tuvieron que dar un paso al costado y solo algunos de ellos están procesados. Los hechos más graves se están dando en esta etapa de cuarentena sanitaria por el covid-19.

En esta cuarentena por la pandemia del covid- 19 dos titulares de entes y otros funcionarios de menor rango pero en cargos de importancia renunciaron porque fueron salpicados por supuestos hechos de corrupción.

Entre los casos más recientes aparece el caso del presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo, quien fue salpicado con la compra sobrefacturada de tapabocas. Además, la adquisición se hizo de una empresa que supuestamente es de fachada, entre otras aristas del caso.

Cuando se desató el escándalo, el presidente de la República Abdo Benítez fue consultado al respecto y respondió que iba a esperar que se investigue y se aclare todo. Sin embargo, tras estas declaraciones, el entonces presidente de la Dinac, en una conferencia de prensa, anunció que presentaba su renuncia al cargo, pero negaba su participación en el presunto negociado.

La Fiscalía le imputó a Melgarejo y a otras seis personas por supuesta lesión de confianza y les impuso presión domiciliaria.

Caso Petropar

Igual situación se dio con la cuestionada Patricia Samudio, ahora extitular de Petropar. Ella fue cuestionada desde el inicio mismo de su administración, pero siempre tuvo la confianza del Jefe de Estado, quien la mantuvo en el cargo hasta que explotó el escándalo de la supuesta sobrefacturación en las compras de insumos médicos y agua tónica para hacer frente a la pandemia del covid-19.

Este hecho le costó el cargo, pero como en todos los casos fue Samudio la que se alejó del cargo y no fue destituida. Hasta ahora está investigada por la Fiscalía.

La “bomba” en Salud

La fallida millonaria compra de insumos para hacer frente al covid-19 desató un tembladeral en la Salud Pública en general. Este hecho generó la renuncia de varios altos funcionarios como la directora general de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Lourdes Rivaldi y el director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud, Alcides Velázquez, responsables de la licitación para la compra de artículos médicos que están ahora en el ojo de la tormenta por haber sido rechazados por varias irregularidades.

Esta situación afecta los planes del Ministerio de Salud Pública de contar ya con más cantidad de equipamientos para el personal de salud que trabaja con pacientes de covid-19. A esto se suma que los casos positivos suben.

Los casos Ullón y Villamayor

Los casos que salpicaron a dos hombres muy cercanos al presidente Mario Abdo Benítez: Juan E. Villamayor y Julio Ullón ocurrieron antes del estallido de la pandemia. Los dos casos se suscitaron a finales del año pasado, generando una inestabilidad al Gobierno. Ulllón renunció al cargo de jefe de Gabinete tras conocerse que él era accionista de la empresa INTEC Ingeniería, que tenía contratos con la ANDE. El ahora jefe de Gabinete, Villamayor, fue salpicado en el caso Darío Messer por un supuesto caso de coima, que lo negó.

ABC


Ecuador | Nuevas denuncias de sobreprecios en compras públicas durante la emergencia

La Comisión Nacional Anticorrupción hizo público, el 3 de mayo de 2020, un supuesto caso de sobreprecios en el Hospital Eugenio Espejo durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

“Equipos de laparoscopía y energía laparoscópica son adquiridos con sobreprecios a empresa de publicidad, llamada Garbocorp S.A.”, sostiene un comunicado de la Comisión.

Durante el informe por la emergencia sanitaria del 2 de mayo de 2020, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos dio a conocer que la Fiscalía está investigando al Hospital Eugenio Espejo, y confirmó la remoción del gerente general, Pablo Izquierdo.

“En este mes de gestión al frente del Ministerio he recibido diferentes alertas en los procesos de adquisición de insumos médicos y equipamiento en hospitales del país”, sostuvo Zevallos en la cadena del 3 de mato.

El ministro dijo que no podía dar detalles porque Fiscalía se encuentra investigando los casos, agregó que ha “solicitado a la Contraloría General del Estado realizar las auditorías pertinentes para transparentar la gestión pública e identificar y determinar responsabilidad si se identifican irregularidades”.

Otro caso de supuesta corrupción en el IESS también se reportó en redes sociales el 3 de mayo. Se trataría de la compra con sobreprecio de 4.000 bolsas para cadáveres, cada una a USD 148.

En respuesta a esta denuncia, la Fiscalía indicó este 4 de mayo que realizó siete allanamientos en Guayaquil, para investigar el supuesto caso de sobreprecios.

La asambleísta Cristina Reyes fue una de las personas que ha publicado en redes sociales sobre el aparente sobreprecios en la compra de bolsas para cadáveres.

Jorge Wated, quien fue designado para liderar la Fuerza de Tarea para el levantamiento de cadáveres, se manifestó sobre el tema.

“Si esto es real sería una vergüenza y recomendaría que quien esté atrás de esto pusiera las barbas en remojo”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

En la tarde el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos dijo que el proceso para la adquisición de bolsas de embalaje para cadáveres respetó la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y “el proceso se apegó a la Resolución 032, de la dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS”.

El comunicado del hospital agrega que “cuatro oferentes participaron con proformas, en donde el valor unitario de las fundas de embalaje de cadáveres osciló desde USD 148,50 hasta USD 160″.

https://twitter.com/iessceibos/status/1257047381352341512

Sobreprecios en el IESS

El 22 de marzo, se conoció el primer caso de sobreprecio en el proceso de contratación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para la adquisición de USD 10 millones en insumos médicos para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus, entre ellos, mascarillas N-95.

La Contraloría inició un proceso de investigación y la Fiscalía General del Estado detectó que, con base a la información recabada, tiene suficientes elementos para “formular cargos por presunto delito de peculado”.

Por eso, el 30 de marzo, el Consejo Directivo de la entidad resolvió remover del cargo al director General del IESS, Miguel Ángel Loja, la Directora Nacional de Servicios Corporativos y la Subdirectora Nacional de Contratación Pública, involucrados en el polémico proceso.

Primicias


Puerto Rico | Lo que se sabe sobre las funcionarias de La Fortaleza mencionadas en las compras fallidas en Salud

Por Lorraine M. Martínez

A poco más de tres semanas desde que comenzaron las vistas investigativas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre las compras de pruebas rápidas y ventiladores para hacer frente a la crisis de salud por el coronavirus, hoy arranca la semana con testimonios del personal más cercano a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, entre los que se encuentran el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle; la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez Pérez; la ayudante especial, Marisol Blasco Montaña; y la exjefa de personal del Departamento de Salud, Mabel Cabeza Rivera.

Inicialmente se había citado al grupo el pasado jueves, 30 de abril, pero se acordó posponer la vista para hoy, pues tanto Pabón Batlle como Cabeza Rivera se excusaron mediante cartas por separado.

Las vistas camerales, lideradas por el representante y presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, comenzaron el pasado 8 de abril con la deposición de la ex secretaria interina del Departamento de Salud (DS), Concepción Quiñones de Longo.

La decisión de investigar ocurrió luego que Quiñones de Longo, previo a su renuncia, expresara en una carta que 500 pruebas ordenadas a la empresa Quest Diagnostics se entregaron sin seguir los debidos procedimientos administrativos de la agencia, y por encima de su propio aval; lo que destapó una caja de Pandora que, hasta el sol de hoy, ha involucrado no solo a miembros del «Task Force» médico del DS, sino a personal de la Mansión Ejecutiva.

De hecho, por el mal manejo de las 500 pruebas rápidas es que inicialmente se menciona a Cabeza Rivera, señalada como la persona que pidió que se entregaran los kits de Quest en el Negociado de Manejo de Emergencias y no el Departamento de Salud, como regularmente hubiera ocurrido.

Cabeza Rivera, quien fue destituida por Quiñones de Longo luego fue designada en destaque en La Fortaleza. Cabeza Rivera ha rechazado irregularidades en su proceder en declaraciones escritas.

Tras la renuncia de la ex secretaria interina y el nombramiento de Lorenzo González Feliciano como nuevo titular de la agencia Cabeza fue removida de sus labores en el DS el pasado 30 de marzo. Posteriormente, La Fortaleza confirmó que tampoco continuaría siendo parte de su equipo.

A lo largo de la pesquisa cameral ha surgido que, aunque negó su participación en las compras, Cabeza Rivera, igual que la subsecretaria de la Gobernación, Sánchez Pérez, eran copiadas en cotizaciones, órdenes de compra y documentos que daban cuenta de las adquisiciones capitaneadas en ocasiones desde La Fortaleza, según muestran correos electrónicos enviados por Adil Rosa Rivera cuando laboraba en secretaría auxiliar del DS.

La subsecretaria de la Gobernación ha sido mencionada en varias ocasiones como la persona a quien se le enviaron correos electrónicos para que evaluara la cotización de Apex General Contractors (APEX), que ofrecía un millón de pruebas rápidas en cinco días por $38 millones, a pesar de que es una empresa de construcción sin experiencia en venta de suministros médicos.

Por otro lado, las declaraciones de Rosa Rivera han sido objeto de constante escrutinio y cuestionamiento por parte del presidente de la comisión cameral de Salud, quien ha alegado que Rosa Rivera ha mentido bajo juramento bajo la alegación de que sus testimonios no son cónsonos con el material documental que es evaluado al momento.

Parte de esa evidencia es una serie de correos electrónicos, donde Rosa Rivera detalla justificaciones de compra a Carmen Salgado, secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), a los efectos de que esta última enviara una carta al suplidor de ventiladores para finiquitar su compra.

En estos documentos, de hecho, se pudo comprobar que no estaba copiada la entonces secretaria interina Quiñones de Longo, quien era, al momento, la máxima autoridad del DS, aún cuando se estaba copiando a personal de La Fortaleza.

Otro de los eventos que involucra a personal de la Mansión Ejecutiva fue una llamada recibida por Quiñones de Longo, quien aseguró que una funcionaria de La Fortaleza, señalada como Marisol Blasco Montaña, la llamó para obligarla a firmar un contrato de $13.2 millones en 20 minutos.

El contrato que se alega Blasco Montaña quería forzar a firmar era el que involucraba unos 713 ventiladores de la compañía Puerto Rico Sales & Medical Services, quienes harían llegar al DS los artículos dentro de un período de 16 a 20 meses, pese a que el pico de casos a nivel local se ha proyectado para el corriente mes de mayo y junio. No obstante, la empresa Puerto Rico Sales & Medical Services, aclaró luego que se trató de un error en la cotización y se trataba de 16 a 20 semanas. NotiCel tuvo acceso a ese documento.

Aunque poco se había escuchado públicamente sobre Blasco Montaña, se ha sabido que el vínculo que la une a la gobernadora no es de ahora: desde que Vázquez Garced dirigía la Procuradoría de la Mujer, a Blasco Montaña se le conocía como el «látigo» de la entonces procuradora contra los empleados de esa agencia.

Un reportaje investigativo de NotiCel más adelante también confirmaría que tanto a Blasco Montaña como a Cabeza Rivera le unen vínculos como activistas políticas con el cabildero Elías Sánchez Sifonte y su suegra Kathy Erazo, destacada como una de las principales recaudadoras de fondos del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

A esto se suma que, en una de las vistas de las pasadas semanas, un empleado del Departamento de Hacienda dio a conocer, bajo juramento, que Cabeza Rivera y Sánchez Rivera hicieron una llamada en conferencia para indagar sobre cómo se podían hacer pagos por adelantado a suplidores.

Esa llamada se hizo unos días antes de tramitarse los contratos y pagos adelantados para la compra de cientos de miles de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, o COVID-19, a un total ascendente a $38 millones y con un adelantó de $19 millones a la empresa suplidora.

La primera ejecutiva ha sido enfática en varias comparecencias públicas en que La Fortaleza no tuvo nada que ver con la fallida compra de pruebas rápidas y ha defendido a su ayudante especial Blasco Montaña alegando que la llamada a la ex secretaria interina de Salud, Quiñones de Longo era para que se reportara en 20 minutos a la Mansión Ejecutiva para una reunión y no para presionarla a firmar una orden de compra sin revisarla.

Quedará por verse hoy por qué la subsecretaria de la Gobernación era copiada en las cotizaciones de compra de Salud y cuál fue su participación, si alguna, impartiendo instrucciones desde el Palacio Santa Catalina.

Noticel


Perú | Fiscalía investiga 15 denuncias a nivel nacional por compras sobrevaloradas para PNP

La Fiscalía Anticorrupción investiga 15 denuncias a nivel nacional relacionadas a compras sobrevaloradas de productos sanitarios adquiridos para la Policía Nacional (PNP), en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Según ‘Cuarto Poder’, no sólo hubo sobrevaloración, sino que además los productos no son aptos para el uso humano y habrían sido falsificados. Además las empresas no tienen experiencia en el rubro.

En la región Lima, la Fiscalía Anticorrupción ya estaba investigando compras de mascarillas, guantes y material de aseo como gel antibacterial, valorizadas en casi S/800 mil, todos productos adquiridos presuntamente de manera irregular a través de empresas sin experiencia en el rubro y con nexos con policías en actividad.

En Chiclayo, los fiscales han descubierto que las compras de mascarillas, alcohol en gel y demás insumos sanitarios, cuyo costo supera el millón de soles, no sólo estarían sobrevaloradas, sino que además no son aptas para el uso humano.

Las regiones policiales de CajamarcaAmazonas y Lambayeque hicieron el requerimiento de compra de productos de bioseguridad y limpieza para proteger a los policías del virus.

La sospecha comenzó con el alcohol en gel -se necesitaban seis mil unidades-, pues la Unidad Ejecutora Nro. 28 de la Dirterpol Chiclayo invitó de inmediato, vía email y directamente, a la empresa Inversiones CEAR SAC para que cotice dichos productos.

Sin embargo la proforma parece haber llegado antes, pues tiene como fecha 21 de marzo, cinco días antes que la Policía le pida la cotización. Para el 28 de marzo, la empresa vendió 5 mil unidades de alcohol en gel sin registro sanitario y presuntamente falsificado.

Según la Sunat, la gerente general de la empresa CEAR SAC es Giovanna Genoveva Luna Rojas, esposa del comandante PNP Edward Santillán Hidalgo, comisario de Lambayeque. Por dicho gel se pagaron S/125 mil, S/25 por cada unidad.

“Advertimos que el rubro principal de esta empresa no sería la comercialización de estos productos, porque cuando hemos hecho una verificación se dedicaría a la venta de comida y bebidas y tabaco, y a la venta al por menor de productos cosméticos, médicos y productos de tocador en comercios especiales”, dijo el fiscal anticorrupción de Chiclayo, Oscar Guevara.

En Puno, la fiscalía investiga si el presupuesto enviado, S/700 mil, sirvió para adquirir productos sanitario a precio real o sobrevalorado, pues el periodista Leonil Fernández detectó que el alcohol antibacterial que adquirió la Policía a la empresa JEORGI LQ sería de dudosa procedencia.

El Ministerio Público inició una investigación contra todas las empresas participantes en la licitación de gel, lejía, papel higiénico, mascarillas y guantes al cuerpo policial en Puno. Fueron siete las empresas involucradas cuyos dueños tienen vínculos familiares.

También se descubrió que se distribuyeron entre ellas la licitación, es decir cada empresa vendió un determinado producto a la PNP, previo acuerdo entre ellas. Todos los productos presentan sobrevaloración al costo promedio del mercado.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

  • Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
  • Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.
  • Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
  • Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.
  • Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

El Comercio


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