COVID-19 y la necesidad de una reforma del sistema penitenciario peruano – Por Ruth Luque Ibarra, especial para NODAL

Por Ruth Luque Ibarra *

La situación de crisis sanitaria global, ha impactado de diferentes maneras en la población. En el caso de Perú, el COVID-19 golpea a los sectores más vulnerables, en especial aquellos que por su situación o condición se encuentran en inminente riesgo. Hoy el COVID-19 enrostra la cruda realidad de las personas que se encuentran en las cárceles.

La crisis en los establecimientos penitenciarios no son propios de Perú, problemas similares enfrentan Colombia, Argentina, por citar algunos ejemplos. El gobierno peruano mantuvo una posiciónpolítica inicial, afirmando que la situación en las cárceles estaba controlada hecho que luego se evidenciaría que no, por la cantidad de motines y denuncias de infectados por COVID-19. Es cierto que esta dura realidad en las prisiones, no es de ahora pues ya en el 2017 a raíz del Decreto Legislativo 1325 el gobierno peruano de entonces reconocío la grave situación de salud de las personas privadas de libertad, pues alrededor de 10 mil personas presas presentaban enfermedades bronco pulmonares.En diciembre de 2019 la Defensoria del Pueblo de Perú, precisaría la existencia de 11 536 internos e internas con enfermedades crónicas, entre ellos VIDH-SIDA, tuberculosis, cáncer[1] .

El sistema penitenciario peruano a la fecha tiene una población de alrededor 97 111 personas privadas de libertad, representando del total  6% mujeres. De este número, el Instituto Nacional Penitenciario (en adelante INPE) solo cuenta con capacidad de albergar a 40 137 personas, es decir existe un hacinamiento del 140%. A ello hay que añadir, el porcentaje elevado de personas que no cuentan con sentencia, representando alrededor de 36%. Una cifra sumamente alta,que evidenciael usoexcesivo de la recurrencia a la prisión preventivapor el sistema de justicia, rompiendo su carácter de excepcional, como ya lo advirtió  la Comisión Internamericana de Derechos Humanos en uno de sus informes[2].

Hay que recordar que iniciada la cuarentena en Perú, ninguna medida inicialdel gobierno comprendió a la población penitenciaria. No se estableció ninguna articulación entre el INPE y sector salud y peor aún protocolos específicos. La decisión de aislamiento y estado de emergencia, involucro la no visita a penales por parte de familiares,  sin la posibilidad de establecer procedimientos telefónicos o la dotación de medicinas para aquellos internos que dependían exclusivamente de ello. Se han presentado cuatro motines y denuncias graves de vulneración de derechos, como la muerte en pasillos cuyos cuerpos demoraban días en ser recogidos. A raíz de esta situación el gobierno peruano destino diez millones de soles para implementación de medidas de bioseguridad y prevención. Dicho monto representa, alrededor de tres millones de dolares que resultan insuficientes frente al número de personas privadas de libertad y problemas de hacinamiento existentes. A la fecha no existe un comunicado oficial del INPE que dé cuenta del número total de infectados por COVID-19 en los establecimientos penitenciarios. Hasta el miércoles 21 de abril el Ministro de Justicia informo que 113 trabajadores del INPE y 500 internos estaban infectados. Esto evidencia, una vez másla falta de coordinación entre los sectores de salud y justicia para contrarrestar el  evidente  aumento que en los siguientes días podría seguir produciéndose. De ese modo, en este contexto de pandemia hemos visto la precaria atención médica para los 63 penales a nivel nacional, ausencia de controles en la atención médica, carencia de información a internos sobre resultado de pruebas, deficiente suministro de implementos de seguridad.

En el caso del Penal Sarita Colonia (ubicado en la provincia constitucional del Callao a 15 km de Palacio de Gobierno de la capital de Perú-Lima) por decisiones trabajadas entre la dirección de este penal y los internos, los ambientes se han convertido en salas improvisadas donde los internos luchan por su vida, incluso ambientes de talleres acogen a quienes posiblemente tendrían COVID-19. Este penal, por ejemplo alberga a 3700 personas, cuando su capacidad real es para 500 internos y se sabe por noticias difundidas en medios de comunicación que se habrían producido 8 muertes por coronavirus.

El gobierno peruano mantiene  limitada capacidad para enfrentar la pandemia en la cárceles, puesa la insufiencia de  recursos económicos asignados, existe un evidente abandono del sector salud en el sistema penitenciarioy las medidas normativas dispuestas en las últimas semanas no terminan de solucionar el conjunto del problema. Nuevamente se recurre a estrategias focalizadas como la conmutación de penas a sentenciados por delito de omisión de asistencia familiar, estableciendo la exigencia de pago del íntegro de reparación civil y la deuda alimentaria.La decisión aparentemente es buena pero la realidad es otra, pues si ya para personas en libertad su  economía es crítica la situación de quienes estan en las cárceles es aún más profunda.

Es evidente que se necesitan respuestas en distintos niveles. Para iniciar urge se refuerce instrumentos de bioseguridad con los y las trabajadores de las cárceles. Así mismo se requiere disposiciones cuyo objetivo sea disminuir el hacinamiento y esto significa considerar distintas situaciones de las personas en prisión: decisiones contra quienes estan con prisión preventiva, personas que tienen condenas menores a 5 años, adultos mayores, mujeres gestantes, mujeres con niños, personas con enfermedadescrónicas, personas que estan a punto de cumplir su condena, o la situación de los extranjeros querepresentan el 2% de la población total. Estas medidas deben estar acompañadas de protocolos, que establezcan aislamientos obligatorios de quienes salen de las cárceles anter de ir a sus hogares.

Es cierto que en las última semanas se anuncio el otorgamiento de indultos por razones humanitarias, situación que pretendería solucionar los evidentes problemas de hacinamiento y favorecer a personas en mayor vulnerabilidad,  se espera no primen lógicas burocráticas y estáticas, como la actual comisión de gracias presidenciales, y  que actúe a nivel nacional e incluso de manera itinerante.

Si bien en este momento todas la decisiones gubernamentales van en la lógica del COVID-19, es preciso apuntar a una reforma integral del sistema penitenciario, en dicho marco debe abrirse necesarios debates como por ejemplo la conveniencia o no del uso masificado de grilletes electrónicos y si estos deben ser o noasumidos por el Estado, considerando el costo que actualmente le demanda al Estadoperuano mantener a un interno dentro de una cárcel, pues la actual regulación establece que el interno es quien asume el costo del grillete electrónico equivaliendo 800 soles al mes(250 dólares aproximadamente), y la actual situación carcelaria evidencia que son los internos con menos recursos económicos los que deberían acceder pero no tienen como asumir  dicho costo, resultando especialmente grave en el caso de  mujeres presas que son jefas de hogar y con  hijos a cargo o personas que tienen enfermedades graves o con discapacidad. Precisamente en febrero de2020 el entonces jefe del INPE confirmaba que solo 28 personasutilizaban el  grillete electrónico,  lo que demuestra que la proyección hecha para el  2018 por el INPE no se  había logrado pues se estimaba que cinco mil presos deberían acceder. Recordó que el costo de una persona privada de la libertad para el estado peruano es de 42 soles diarios, es decir 120 millones  de soles al mes[3].

Es cierto que muchas de estas decisiones podrían no ser políticamentepopulares y confrontar con sectores políticos e incluso ciudadanos que lo último que les importa es la situación de los y las presas de este país,o con aquellos grupos que en los últimos años en el Perú se han esforzado por pedir mano dura y  endurecimiento de penas sin plantear otras medidas alternativas o resocializadoras. Corresponde finalmente al gobierno nacional en coordinación con los gobiernos regionales,decidir si garantizan la salud o privilegian la dignidad por encima de cualquier cálculo político y arriesgarse a iniciar la siempre relegada reforma que necesita el sistema penitenciario peruano.

Notas

[1]Informe Especial Nº 03-2020-DP.- Situación de las personas privadas de libertad a propósito de la declaratoria de emergencia sanitaria.

[2]Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas.- Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[3]De https://peru21.pe/lima/inpe-propone-que-estado-asuma-costo-de-los-grilletes-electronicos-infografia-noticia/?ref=p21r fecha de consulta 1 de mayo del 2020.

* Abogada en derechos humanos, militante del Nuevo Perú