Bolivia: Coronavirus o elecciones – Por Julio Peñaloza Bretel
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Bolivia: Coronavirus o elecciones
Julio Peñaloza Bretel*, especial para NODAL
Con un elemental sentido de simple observación un compañero periodista se preguntaba en La Paz hace algunos días: ¿si podemos hacer inacabables filas para acudir a los bancos a cobrar bonos, por qué no podemos hacer las mismas filas para votar? Muy probablemente esa pregunta se hará más repetitiva ahora que se ha desatado un indignante hecho de corrupción presuntamente a la cabeza de Marcelo Navajas, destituido como Ministro de Salud, que habría instruído la compra de unos respiradores –por si fuera poco inservibles- para combatir adecudadamente el coronavirus con un sobreprecio de aproximadamente 3.3 millones de dólares y que involucra a media docena de funcionarios a los cuáles se apresó por serios indicios de estar involucrados en este hecho de corrupción.
La Asamblea Legislativa Plurinacional determinó hace un par de semanas la realización de elecciones en el lapso de noventa días, como máximo hasta el 3 de agosto, a través de una ley que habilita la continuación del gobierno de transición, ya que de no haberlo hecho era irremediable la generación de un vacío de poder para la desvencijada constitucionalidad boliviana.
El gobierno y los principales candidatos opositores no tardaron en reaccionar afirmando que ésta era una movida operada desde Buenos Aires en tanto en el Senado como en Diputados, prevalece la mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) que dirigiría a control remoto Evo Morales a quien se acusa de anteponer la urgencia política para la realización de elecciones al estado de emergencia sanitaria.
Al Tribunal Supremo Electoral (TSE), presidido por el experto Salvador Romero Ballivián, no le quedó más remedio que acatar la decisión del Legislativo, casi a regañadientes, afirmando que se respetan las decisiones parlamentarias que se toman y que en consecuencia comenzaría a ajustarse el calendario en función de los nuevos plazos. Algunos temerarios, proclives a la fabricación de rumores, llegaron incluso a sugerir que el gobierno respondería con el cierre de la Asamblea, con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, versión rotundamente desmentida por un alto personero gubernamental que afirmo que “una cosa así jamás sucedería.”
Así de incierto es el cuadro de situación de un país que de vivir en una sostenida estabilidad económica durante más de una década hasta noviembre del año pasado, se debate hoy en el “qué pasará mañana”, abriéndose las compuertas para conjeturas y rumores en el contexto de un alargamiento de la cuarentena rígida en las capitales de departamento y una cada vez mayor presión de los sectores que claman por su flexibilización debido a que la economía popular predominantemente informal vive del día a día, es decir del “si no trabajo hoy no como”.
La presidenta-candidata Jeanine Añez está soportando que hasta los mismos medios de comunicación que alentaron su llegada al poder “con tal de que Evo se fuera”, hayan comenzado a cuestionarla por una serie de hechos desatados desde su gobierno en la lógica de que el sol no puede taparse con un dedo. Así lo apunta el diario de la derecha Página Siete: pagos indebidos de finiquitos a ejecutivos de la empresa estatal de comunicaciones (ENTEL), sobreprecios en la compra de combustibles, alimentos y adjudicación directa de servicios de seguros en la estatal petrolera (YPFB), vuelos de naves militares para la hija de la primera mandataria, la amiga de un ministro, y el hijo de una diputada so pretexto de humanitarios por razones de salud, trato diferenciado y discriminatorio para autoridades que violan la cuarentena, según el peso específico de cada personaje, uso de bondis para fines de campaña electoral cuando se supone que hay una pausa política debido a la gravedad que supone la pandemia, y venta de cargos públicos en los sectores de minería y educación. Todo esto sin contar los nombramientos de parientes en altos cargos y el tráfico de influencias de ministros que ya dejaron el equipo gubernamental y algunos otros que pisan muy fuerte dentro el gabinete.
Bolivia enfrenta el coronavirus con un gobierno que -aparte de las irregularidades que ponen en entredicho la transparencia de sus acciones- sigue debatiéndose entre el control político con el aparato represivo militar y policial por delante, dada su falta de legitimidad, y las políticas de salud que no terminan de sincronizarse desde el Ministerio de Salud a nivel nacional y los gobiernos departamentales que confrontan enormes dificultades en materia de infraestructura hospitalaria, personal especializado y equipamiento ideal para enfrentar los contagios.
Al confuso panorama hay que añadirle, para completar el diagrama, decisiones de contratación de deuda externa a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) por trescientos millones de dólares, práctica abolida durante los catorce años de gobierno de Evo Morales que decidió prescindir de servicios financieros transnacionales de esas características.
Un gobierno que debería ser solamente una correa de transmisión hacia otro democráticamente elegido por el voto popular toma decisiones estructurales que no encajan en una estrategia de política económica de mediano y largo plazo. A no ser, que la audacia de la presidenta Añez y los suyos consista en pensar que está transición deberá prolongarse lo más que se pueda, aprovechando la gigantesca y planetaria coartada que dice que la peste del siglo XXI obliga a tomar decisiones hasta hace tres meses impensables, pero de todas maneras indeseables para un país que necesita volver a la senda de la auténtica democracia con autoridades surgidas de las urnas.
*Periodista boliviano