Panamá: protestas en todo el país ante el hambre y la falta de trabajo

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Confinamiento por COVID-19 lleva a la desesperación del hambre en Panamá y el mundo

Los focos de protestas en Panamá se hacen cada vez más notorios, las redes sociales informan a diario de puntos en Colón, Alcalde Díaz, San Miguelito, Panamá Oeste y Chiriquí de personas desesperadas al no tener acceso a alimentos que distribuye el gobierno nacional con los llamados bonos solidarios y bolsas de alimentos, para personas desempleadas y en condiciones vulnerables durante la cuarentena total por el COVID-19. Lo que ha conllevado a arrestos y la apertura de procesos judiciales contra los que protestan.

Los panameños deben cumplir una cuarentena obligatoria, lo que ha provocado despidos y cese laboral, que no da acceso a un salario para alimentos, medicinas, salud, entre otras.

El Movimiento Comunal Federico Britton ha cuestionado reiteradamente desde la agudización de la pandemia en el país, la falta de ayuda en distintas comunidades. Areas de la capital como Alcalde Díaz por ejemplo, en el sector 8 de febrero, donde residen 60 familias, están siendo desatendidos al no ser copartidarios del representante del corregimiento.

Señalan en sus comunicados estas acciones como “discriminatorias” y de “sometimiento al hambre”.

Estas comunidades como en otras, panameños y extranjeros se han visto obligados a salir a las calles, romper la cuarentena, para exigir la ayuda que cada vez es más lejana. Durante las protestas recientes en Alcalde Díaz estas personas han sido reprimidas y arrestadas por autoridades de policía, destacó Jorge Guzmán del Movimiento Comunal Federico Britton.

En las redes sociales de Frenadeso, un referente del movimiento popular se publican videos y situaciones complejas de personas desesperadas, que tienen la responsabilidad de niños que requieren alimentos para su nutrición diaria.

Otra cara de esta realidad la tiene Carlos Arias, un periodista independiente, que inició una campaña de entrega de alimentos en la capital a través de su red social Facebook. El recibe a diario aproximadamente 50 llamadas de personas de clase media, profesionales e independientes, que les han cesado de sus puestos de trabajo. El común denominador es el hambre y la falta de alimentos, para sus hijos e hijas menores –infantes de 0 a 5 años-.

A través de una red de amigos, excompañeros de estudios y personas anónimas, se recolectan los alimentos para ser distribuidos en su mayoría en la provincia de Panamá Oeste, -La Chorrera y Arraiján-. Mientras que en la capital no escapan a esta solidaridad personas residentes en Juan Díaz, Parque Lefevre, San Miguelito, quienes reciben bolsas de alimentos de primera necesidad de parte de los benefactores de Arias.

Pandemia del hambre

Este lunes, frente a la pandemia del COVID-19 el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP) advirtió en un nuevo informe que alrededor de 265 millones de personas en países de ingresos medios y bajos sufrirán inseguridad alimentaria aguda a finales de 2020 a menos que se tomen medidas rápidas.

“El COVID-19 es potencialmente catastrófico para millones de personas cuyas vidas ya penden de un hilo. Supone un golpe para millones de personas más que solo pueden comer si ganan un salario. Los confinamientos y la recesión económica mundial ya han diezmado sus ahorros. Solo se necesita un shock más, como el COVID-19, para llevarlos al límite. Debemos actuar colectivamente ahora para mitigar el impacto de esta catástrofe mundial”.

La economista y abogada, Rosario Arias, en una publicación de Frenadeso este lunes, argumentó que desde que se anunciara la puesta en marcha del Plan de Bono Solidario en el mes de marzo, “no se ha tenido información alguna que detalle el uso de la totalidad o, por lo menos, de una pare de estos 50 millones de dólares, ni de las donaciones recibidas por instituciones del Estado”.

Agregó Arias que “se impone la transparencia del uso de los recursos públicos (incluyendo las donaciones) y el apoyo inmediato, no caridad, a la población que más lo requiere, en montos cónsonos con los derechos humanos donde prevalezca el respeto a la dignidad de las personas”.

La Contraloría General de la República publicó un comunicado anunciando que la Comisión de Justicia y Paz en representación de la Conferencia Episcopal Panameña participará en una auditoría del bono solidario y las bolsas de alimentos que se han entregado a una parte de la población.

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni, informó en la conferencia brindada a los medios de comuniciación que se han entregado 594,484 bolsas de comida y 475,760 bonos y reiteró que la ejecución del Plan Panamá Solidario se ejecuta bajo estrictas medidas de transparencia y supervisión y vigilancia de la Contraloría General de la República.

Reporte epidemiológico

El COVID-19 según la ONU duplicaría el número de personas que hacen frente a crisis alimentarias si no se actúa con rapidez.

El Digital Panamá


Veintena de protestas en Panamá, San Miguelito, Chiriquí y Colón

Un grupo de residentes del sector de Felipillo, en el área, cerraron calles evitando el paso de conductores, quienes molestos lanzaban improperios contra los manifestantes.

Esta el es última de una decena de protestas que se registraron, en distintos puntos del país, como una forma de presión para exigir la entrega del Bono Solidario y las bolsas de comida, prometidas por la administración de Laurentino Cortizo para hacerle frente a las necesidades de la población, afectada por las medidas adoptadas ante la pandemia mundial del coronavirus.

Las acciones iniciaron desde temprano en distintos puntos del populoso distrito de San Miguelito, donde los manistantes obstaculizaron las vías utilizando llantas, ramas y piedras para evitar el paso vehicular. Igual panorama se vio en Pedregal, Pacora.

También se reportaron cierres en el corregimiento de Juan Díaz en el que las principales calles fueron bloqueadas provocando tranques. Igual situación ocurrió en la vía José Agustín Arango, una de las arterias vehiculares más utilizadas por los panameños que se dirigen hacias las afueras de la ciudad o retornan de área distantes del este del país.

En Panamá Oeste también hubo cierres de vías y quemas de llantas al igual que gritos ante la falta de cumplimiento de promesas, al igual que en La Loma Colorada, distrito de David en Chiriquí y en provincia de Colón.

La consigna era la misma en todos los puntos; la falta de entrega de los bonos solidarios y las bolsas de comida.

Algunos residentes indican que la situación económica está difícil y que el hambre está presente en muchos de los hogares, en los que sus miembros han perdido el trabajo y no tienen como sostener a sus familias.

Otros manifestantes atacaron al presidente Cortizo, a quien señalaban como el responsable de las penurias que estaba pasando el pueblo.

«En mi casa yo no tengo qué comer y tengo una hija pequeña, a quién le pido que me ayude», dijo una mujer, visiblemente molesta y en busca de respuestas.

Las protestas en Panamá han ido en aumento desde hace dos semanas tanto en la capital como en el interior del país mientras que a diario durante una conferencia de prensa, encabezada por el Ministerio de Salud y en la que participan funcionarios de distintas instituciones, se ofrece un balance de la cantidad de bolsas de comida que se distribuyen a la fecha.

Crítica


Amenazas a Cortizo y viejos complots

El Procurador Eduardo Ulloa investiga a una persona, que ya fue identificada, por amenazar de muerte al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo y a su familia.

La amenaza «directa» de muerte fue proferida por un individuo que aparecía en un video con gorra azul, lentes oscuros de aviador y una bufanda chocolate que le cubría parte del rostro.

El video de 66 segundos fue difundido en grupo de WhatsApp. La Fiscalía Superior Metropolitana realiza diligencias del caso y el sujeto ya fue aprehendido.

El hombre exclamó este «mensaje va dirigido al mismo Nito Cortizo. Nito Cortizo tú te vas a morir… cuidando intereses y la gente del pueblo pasando hambre, si se muere un familiar de los manes del getto, las vas a vivir…te voy a matar a uno por uno…estás jugando con el pan de la gente». El sujeto también mienta madre un sinnúmero de veces.

Desde 1990 a la fecha, los estamentos de seguridad han develado supuestos planes conspirativos para matar o derrocar a presidentes.

En abril del 2017, la seguridad del Estado investigó unas amenazas en twitter contra uno de los hijos del mandatario Juan Carlos Varela. En los últimos meses de su gestión, el ahora gobernante alegó que era amenazado por narcotraficantes.

En julio del 2015, a propósito de la elección de la directiva de la Asamblea Nacional, se filtró a los diarios el supuesto complot «Cazar a Tortugón», en la que se alegaba que se pretendía juzgar a Varela.

La historia de los complots se inicia el 8 de febrero de 1992, cuando se revela el plan «Asesinar al Gordito», donde se alegaba que un grupo de militares y exmilitares pretendían matar al entonces mandatario Guillermo Endara.

Unos 30 militares fueron investigados, entre ellos Evidelio Quiel, Fernando Castillo y Mario Ramos Ocaña, pero fueron sobreseídos. El único condenado a 36 meses de prisión fue el exteniente Danilo Donai Gallardo, pero luego el Segundo Tribunal de Justicia revocó la sentencia.

El 11 de enero de 1995, surge el plan «Acción y Control», donde supuestamente un grupo de militares buscaba implantar una junta cívico militar. En su momento al menos 10 miembros de la Policía Nacional fueron arrestados.

Los conspiradores estaban organizados en dos células repartidas en las provincias de Panamá y Chiriquí, cuyos planes eran asesinar al presidente Ernesto Pérez Balladares durante su viaje a la Feria de las Flores, en Boquete, se alegó en ese momento. El caso quedó en nada.

Luego, en 1998, el exagente de la PTJ, Demetrio Caballero, apodado «El Arriero», fue a la sede del Partido Arnulfista a denunciar y a brindar detalles de un presunto plan para asesinar a la presidenta de ese colectivo político, Mireya Moscoso, y en el que estarían involucrados colombianos y encargados de la Dirección de Investigación Policial. Todo resultó un cuento.

En abril de 1999, escoltas asignados a la candidata Mireya Moscoso la alertaron sobre un presunto plan para matarla en Veracruz. ¡Igual suerte corrió ese caso!

En mayo de 2001, un sujeto conocido como Gilberto Oliveros Polo reveló el plan de un colombiano conocido como «El Turista», en el que supuestamente iban a atentar con carros bomba contra Martín Torrijos y Balbina Herrera. Otro invento.

Oliveros Polo, conocido por los alias «Susu», «Rico» y «Bebito» es considerado en la comunidad de inteligencia como un «charlatán» que inventa cuentos para obtener dinero o favores.

En enero de 2010, surgió el complot «Secuestrar a El Pollo», donde se alegó que el boricua Isaac Polanco, el cabo del SPI, Javier Joel Guzmán; y su hermano, el vendedor de CD piratas, Benjamín Kennion Guzmán, iban a capturar al mandatario Ricardo Martinelli para entregarlo a la guerrilla colombiana y esperaban lograr un rescate de $5 millones. ¡El caso no prosperó y resultó que todo fue un cuento del extranjero para levantar un billete!.

Crítica

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