Motines en cárceles de Colombia y Bolivia por hacinamiento y falta de acciones contra el Covid-19
Colombia | Presos incendian colchones y se amotinan en cárcel de Huila: piden medidas contra COVID-19
Alrededor de 400 reclusos del patio 3 de la cárcel de Neiva, ubicada en el municipio de Rivera, iniciaron los disturbios que minutos después fueron controlados.
Así lo informó Caracol Radio, que indicó que, en la noche del domingo, los presidiarios le prendieron fuego a sus colchonetas y elementos reclamando porque no cuentan con el servicio de agua y los guardias no toman las respectivas medidas de protección contra la COVID-19 para entrar y salir del penal.
Además, los reclusos, que se declararon en huelga de hambre, le piden al Gobierno que promulge el decreto de excarcelación que se anunció hace algunos días, les autoricen visitas a su lugar de reclusión y se desarrollen las audiencias suspendidas desde hace más de un mes, añadió esa emisora.
En la noche del mismo domingo, al parecer minutos después de que se presentaran los disturbios, el Inpec controló la situación, en medio de la llegada de bomberos y otras autoridades hasta el centro penitenciario, señaló el diario regional La Nación.
Según ese medio, el intento de motín involucró solo a 30 presos, quienes, en general, protestaban por las precarias condiciones que viven al interior de esa cárcel.
Jaime Pérez, miembro del comité de Derechos Humanos del penal, le dijo al medio local Vive Huila que están siendo amenazados por denunciar la delicada situación que estarían padeciendo los internos del plantel carcelario.
El patio donde se registraron las protestas tiene capacidad máxima para 200 personas y registra un hacinamiento de más del 200%, precisó Blu Radio.
Bolivia | Motín en Oruro devela hacinamiento y necesidades en las cárceles del país
La muerte de un recluso el viernes por la noche detonó un motín el sábado por la mañana en el penal de San Pedro del departamento de Oruro. Los reos quemaron objetos en el patio de la cárcel, mientras otros treparon al techo, desde donde arrojaban piedras y tejas a la calle.
“Queremos ser beneficiados con la ley de indulto. También somos seres humanos, todos cometemos errores. Queremos salir para no estar en riesgo”, declaró un recluso a los medios locales.
La falta de información apropiada provocó que los internos caigan en psicosis, pues había corrido el rumor al interior de la cárcel de que su compañero había muerto por Covid-19.
“Hay muchos compañeros que tienen síntomas del coronavirus. Los medicamentos que nos dan ya vencieron en 2018. Queremos ser beneficiados con el indulto”, gritaba otro recluso, mientras mostraba un tiro de tabletas ya vencidas.
Régimen Penitenciario, a través de un comunicado, señaló que Gastón Báez Franco falleció el viernes por la noche por un cuadro de pancreatitis crónico. Había sido internado de emergencia el martes 7 de abril en el hospital general San Juan de Dios.
La instancia de Gobierno también desvirtuó las declaraciones de los amotinados indicando que la atención médica a la población carcelaria es inmediata.
Personal policial de diferentes unidades tuvo que intervenir el motín para apaciguar a los reos en protesta.
Los funcionarios policiales hicieron uso de agentes químicos para retomar el penal. Dos personas resultaron heridas: un interno y un funcionario policial.
Según el reporte de Régimen Penitenciario, el recluso fue dado de alta, mientras que el policía se encuentra en observación.
Proyecto de ley
Días antes, el director nacional de Régimen Penitenciario, Clemente Silva, preparaba un proyecto de ley para descongestionar las cárceles en todo el país ante el temor de que el coronavirus ingrese a estos centros.
Semanas antes, los internos del penal de San Sebastián varones hicieron pública una carta dirigida a la presidenta Jeanine Áñez, en la que solicitan que se libere a internos ancianos, enfermos, que hayan cumplido más de la mitad de su pena y a quienes estén con detención preventiva.
Similar pedido hicieron de manera pública los internos de la cárcel de Palmasola de Santa Cruz y del penal de San Pedro de Oruro.
El 30 por ciento de la población carcelaria del país pertenece actualmente al penal de Palmasola. En este centro, existen alrededor de 6 mil internos, de los que menos del 30 por ciento podrán acogerse a la ley de indulto que propone el Gobierno.
“Con base en el pedido de algunas organizaciones internacionales y de la población penitenciaria, estamos trabajando en un proyecto que vamos a presentar a consideración del Gobierno y que beneficiará a los sectores vulnerables de los privados de libertad”, informó el director general de Régimen Penitenciario.
Silva aclaró que si acaso el reo hubiera cometido un delito grave como violación, infanticidio, asesinato u otro, por más que califique dentro de uno de los grupos vulnerables, no podrá salir de la cárcel.
En San Sebastián se declaran en emergencia
El 3 de abril a través de una carta abierta, delegados del penal San Sebastián varones de Cochabamba pidieron a la presidenta Jeanine Áñez tomar medidas para asegurar la vida y salud de los internos ante la emergencia sanitaria que vive el país.
Ante ello, los reclusos plantearon la liberación de al menos cinco tipos de reos: los de la tercera edad, los que tengan medias sustitutivas pero no cuenten con el dinero para el pago de fianza garante; los que estén con detención preventiva con vencimiento de plazos; los que cuenten con sentencia ejecutoriada y ya cumplieron 2/5 y 3/5 partes de su condena, y los que se acogieron al indulto pero que no fueron beneficiados.
Sobrepoblación
El penal de San Sebastián varones, en Cochabamba, es uno de los más hacinados del país, pues cuenta con más de 750 internos y 214 celdas de no más de 4 metros cuadrados, lo que provoca que muchos de ellos vivan en la intemperie (pasillos y otros ambientes al aire libre).
“El hacinamiento hace de las cárceles un escenario idóneo para el rápido contagio del virus Covid-19 y otras enfermedades, lo que se agrava tomando en cuenta las precarias condiciones de acceso a tratamiento hospitalario, medicamento y personal médico para atender nuestras necesidades”, dicta parte de la carta.
Colombia | Dos cárceles, en alerta por contagios de coronavirus
Mientras los detenidos completan tres semanas esperando a que el Gobierno emita el decreto con el que anunció que les daría casa por cárcel a unos 10.000 presos para aliviar el hacinamiento, hasta ahora se han confirmado cuatro casos de personas relacionadas con las prisiones que están contagiadas de coronavirus.
La Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que el comandante de guardia de la cárcel Distrital tiene coronavirus. Según la información oficial, el guardia, que hace varias semanas tuvo contacto con un familiar que llegó del exterior, presentó síntomas el pasado 27 de marzo.
Tras confirmarse su contagio, las autoridades ordenaron aislar y hacerles pruebas a 13 guardianes que tuvieron contacto con él. Según la Secretaría de Seguridad, el comandante de guardias no estuvo directamente con los presos de la cárcel Distrital, que es responsabilidad del municipio y que tiene a 1.032 detenidos sindicados, es decir, que aún no tienen una condena.
Aunque hasta ahora no se han reportado detenidos de esa penitenciaría con síntomas, ni más contagiados, el hecho generó preocupación.
Su situación se suma a la de dos internos de la cárcel de Villavicencio que murieron el 5 y el 7 de este mes por covid-19. En esa cárcel, un tercer interno está hospitalizado por el virus. De otros dos que estaban en un centro médico de la capital del Meta con síntomas respiratorios, según informó ayer el Inpec, se descartó que estuvieran contagiados con la enfermedad.
Para tratar de evitar un brote en la cárcel de Villavicencio –en donde hay más de 1.700 detenidos y un hacinamiento del 100 por ciento–, los más de 500 internos que estaban en el patio de los contagiados fueron aislados, y 60 adultos mayores fueron llevados a otro punto de la prisión.
Y ayer se entregaron en esa cárcel 1.793 tapabocas para los internos y 153 para los funcionarios del penal. También les dieron jabón antibacterial, jabón de ropa y 10 bultos de cloro granulado para asear los pabellones.
Fuentes del Inpec le dijeron a EL TIEMPO que aunque había rumores de contagios en la cárcel El Pedregal, y de un interno en La Picota, se descartó que sus casos tuvieran que ver con coronavirus.
Pero el contagio del guardia de la cárcel Distrital y los de los internos de Villavicencio prendieron las alarmas de organizaciones de derechos humanos, expertos y líderes de opinión que en las últimas semanas habían advertido que, si el virus entraba a las prisiones del país, las consecuencias podían ser catastróficas.
De las 134 cárceles que tiene Colombia, solo 13 centros penitenciarios registran un hacinamiento menor al 20 por ciento, y únicamente en siete hay cupos disponibles para más presos.
El panorama general indica que la sobrepoblación en todas las prisiones suma un 53 por ciento, y hay cárceles como las de Riohacha, Santa Marta y Andes (Antioquia), en donde el hacinamiento supera el 300 por ciento, es decir, tienen tres veces más detenidos que su capacidad real.
Teniendo en cuenta que la mayoría de presos comen, duermen y viven los unos sobre los otros, varias organizaciones le han pedido al Gobierno agilizar la emisión del decreto con las excarcelaciones, que, según dijo en su momento el Ministerio de Justicia, les daría casa por cárcel a unos 10.000 presos considerados población vulnerable por su edad y sus enfermedades, o a quienes estén detenidos por delitos culposos, o que no son violentos ni tienen que ver con corrupción.
Aunque el 23 de marzo –tras varios amotinamientos que dejaron por lo menos 23 detenidos muertos y 80 heridos– el Gobierno estableció la emergencia carcelaria y anunció que decretaría la detención domiciliaria para miles de presos
‘Decreto minimalista’
Una de las voces que se manifestaron en su momento en contra del borrador del decreto que presentó la ministra de Justicia, Margarita Cabello, fue el fiscal general. Francisco Barbosa.
En un documento, el fiscal le dijo al Gobierno hace una semana que las excarcelaciones no sirven como medida sanitaria, pues consideraba que no traen medidas para prevenir y tratar el contagio en cárceles.
En cambio, dijo que liberar a miles de presos podría poner en peligro la seguridad ciudadana, y que esa era solo una medida que no respondía a la coyuntura, sino que buscaba resolver líos de fondo como el hacinamiento.
Al hablar sobre cómo van las investigaciones por los motines en las prisiones, el fiscal Barbosa también se volvió a referir ayer al decreto. Dijo que la salida de las cárceles “debe ser minimalista”, y afirmó que acompañaba al Gobierno para que “rápidamente proceda a expedir el decreto que permita aliviar las condiciones de quienes verdaderamente necesitan salir de las cárceles por su condición de fragilidad en el marco de esta epidemia”.
En una carta abierta, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil al tema carcelario habló de las críticas que Barbosa le había hecho al borrador de excarcelaciones.
Dijo que el Fiscal muestra “falta de sustento o coherencia” así como “desconocimiento de los riesgos y problemáticas que enfrenta la población reclusa”.
Y agregó que, al contrario de lo que afirma el Fiscal General, el hacinamiento sí facilita la propagación del coronavirus, pues esta enfermedad se transmite por el contagio cercano con personas infectadas.
“En esta medida, reducir el hacinamiento no solo es una política necesaria para prevenir el contagio del virus, sino también para reducir la carga sobre el sistema de salud de la población reclusa y poder garantizar el acceso a las personas privadas de la libertad que podrían llegar a presentar cuadros complejos de infección”, dijo.
Adicionalmente, esta comisión –conformada por juristas y ONG– expuso que bajar el hacinamiento es una medida que han buscado otros países, de cara al riesgo de coronavirus.
Así, se han liberado presos a los que les quedaban 30 días de condena en Los Ángeles (Estados Unidos). Y en Indonesia se creó un decreto por el cual salieron de prisión 30.000 personas, mientras que en Italia se tomaron medidas para liberar a 6.000 detenidos.
Fiscal dice que ‘Romaña’ estuvo tras motines
El fiscal Francisco Barbosa aseguró ayer que se encontró que tras los amotinamientos que hubo el 21 de marzo en varias cárceles del país, y en los que murieron 23 presos de La Modelo, estuvieron relacionados jefes del Eln y disidentes de las Farc.
Ellos, según dijo Barbosa, instigaron y se concertaron “para el levantamiento de las cárceles”.
El Fiscal también dijo que se encontró que Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, jefe de las disidencias de las Farc, estuvo tras los desórdenes.
2.776 contagios y 109 decesos por Covid-19 en Colombia
Otros 67 contagios de Covid-19 en el país fueron confirmados en el último reporte del Ministerio de Salud de este domingo, elevando el número de afectados a 2.776. Asimismo, se confirmaron nueve nuevos fallecimientos, por lo que esta cifra acumulada se eleva a 109.
De acuerdo con el último boletín se informa que se han recuperado 270 personas y hasta la fecha se han descartado 37.894 casos.
Los nuevos 67 contagios se registraron en: Bogotá (21), Valle del Cauca (10), Antioquia (8), Cundinamarca (7), Cartagena (6), Atlántico (3), Santa Marta (3), Norte de Santander (2), Santander (2), Risaralda (2), Magdalena (1), Barranquilla (1) y Caldas (1).
Así las cosas, el total de contagios en el país se clasifica de la siguiente manera: en Bogotá, donde se registró el primer caso de Covid el 6 de marzo, hay 1.186 afectados, lo que quiere decir que el 42,7% de afectación se concentra en la capital.
Igualmente, después de Bogotá, el mayor número de afectaciones se concentra en el Valle del Cauca y Antioquia, cuyos contagios alcanzan 749, es decir, el 27 % del total. En los departamentos restantes con personas afectadas, los cuales son 21, hay 841 casos, es decir el 30.2% restante.
Sobre el origen epidemiológico de los contagios, el Ministerio confirmó que 1126 (41,5%) son importados de países donde circula el virus, últimamente la mayoría procedentes de Estados Unidos, mientras que 828 (30,5%) son casos de contacto en Colombia, y 755, es decir, el 27,8% del total, sin cadena de transmisión definida.
Sube a 27 las muertes y a 330 los casos confirmados de Covid-19 en Bolivia
El Jefe Nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Roberto Vargas, informó que 3 personas murieron y 30 fueron diagnosticadas con COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que Bolivia acumuló 27 decesos y 330 casos confirmados de coronavirus a la fecha.
“Hasta horas 19:30 se han reportado 30 casos positivos, que corresponden 3 Cochabamba, 8 La Paz, 2 Oruro, 16 Santa Cruz y 1 Tarija. Con estos 30 nuevos casos, se tiene un total acumulado de 330 casos”, dijo.
Los casos confirmados de coronavirus están distribuidos de la siguiente manera: Santa Cruz 163, La Paz 73, Cochabamba 52, Potosí 15, Oruro 13, Pando 11, Tarija 2, Chuquisaca 1 y Beni sin casos.
Vargas también reportó 67 casos sospechosos, de los cuales 29 están en Pando, 29 en Potosí, 4 en Chuquisaca, 4 en La Paz y 1 en Beni.
“Lamentar que en esta jornada tenemos 3 fallecidos, 1 en el departamento Oruro, sexo masculino de 59 años, y 2 en el departamento de La Paz, el primero de sexo masculino de 68 años y la segunda de sexo femenino de 81 años”, detalló la autoridad.
A la fecha en total se han descartado 2.198 casos y se tiene 1 paciente recuperado.
