Los Derechos Humanos en contexto de pandemia – Por Dolores Gandulfo, especial para NODAL
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Dolores Gandulfo *
Días atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 1/2020 titulada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, donde hace un recorrido sobre los desafíos a los que se enfrenta nuestro continente a causa de la emergencia sanitaria global en virtud de la pandemia del virus que causa el COVID-19.
En este contexto, la plena vigencia de los Derechos Humanos puede verse afectada por algunas medidas tomadas por los Estados, obligados frente a los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19.
La CIDH considerótambién las condiciones estructurales que afectan a nuestro continente, y quedificultan aún más las políticas de contención implementadas por los Estados americanos frentea la pandemia: el hecho de que sea la región más desigual del planeta, las profundas brechas sociales, la pobreza y pobreza extrema; la falta y precariedad en el acceso al agua potable y saneamiento; la inseguridad alimentaria; las situaciones de contaminación ambiental; la falta de viviendas; las tasas de la informalidad laboral e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas; los altos índices de violencia generalizada, por razones de género, raza o etnia.
Asimismo, la corrupción; la violencia institucional y represión policial, la crisis penitenciaria; la migración, el desplazamiento forzado interno, las personas refugiadas y apátridas y la discriminación estructural en contra de grupos en situación de especial vulnerabilidad.
La resolución, emitida con el apoyo de sus Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y sobre Libertad de Expresión, está dirigida a garantizar que en medio de una emergencia como la que vivimos, los Estados puedan adoptar medidas de atención y contenciónde la pandemia tengan como eje el pleno respeto a los Derechos Humanos.
En este contexto, cabe destacar el rol y la atención que están dando las Instituciones de Derechos Humanos (IDH), tanto nacionales como locales, sobre todo en América Latina. Estas Instituciones son la primera línea de observancia frente a la acción u omisión de los Estados respecto de los Derechos Humanos.
Frente a la crisis sanitaria global, muchas IDH se encuentran respondiendo a reclamos, demandas y solicitudes de la población, pero también realizan recomendaciones, sugerencias y demandas a los Estados, en consonancia con las descripciones realizadas por la CIDH en su resolución.
A continuación, presentamos la situación de los Derechos Humanos en este contexto de pandemia en América Latina, desde el trabajo y las gestiones que vienen realizando las distintas Instituciones de Derechos Humanos desde el comienzo de la pandemia.
Atención a migrantes
Tal como describe la CIDH, la cuestión migratoria merece un especial énfasis en América Latina. Pero en este contexto, esta cuestión se recrudece frente a la decisión de los países de cerrar sus fronteras como medida para evitar la propagación del COVID-19.
Respecto a este ámbito, en América Latinase han firmado acuerdos de cooperación para controlar que se cumplan las garantías de los ciudadanos en frontera, acompañando a la población y promoviendo el acceso a servicios de salud, independientemente de dónde se encuentren.
También se ha realizado un seguimiento de comunidades y poblaciones en riesgo, en situación de desplazamiento forzado, y migrantes en general, con énfasis en aquellas personas con necesidad de protección internacional.
Se ha solicitado a los gobiernos tomar medidas preventivas ante el hacinamiento y la falta de servicios de salud en estaciones migratorias, e implementar políticas de asistencia a personas varadas en las fronteras.
Situación carcelaria
En distintos países del continente, las IDH han solicitado información a las autoridades políticas pertinentes en materia de seguridad penitenciaria, para conocer en detalle las decisiones adoptadasrespecto de la población carcelaria en el contexto de pandemia. Algunas instituciones intervienen también como autoridad de aplicación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, exhortando a tomar medidas urgentes en relación a las personas en situación de encierro.
En algunos casos, como la Defensoría del Pueblo de Colombia, han solicitado la declaración de emergencia carcelaria, contemplando temporariamente la prisión domiciliaria para mayores de 60, para quienes tengan medida de aseguramiento que no supere los 8 años, y para quienes hayan cumplido la mitad de la pena, salvo delitos atroces y/o que pertenezcan a bandas criminales, logrando disminuir el estado de hacinamiento y también las posibilidades de circulación del Coronavirus COVID-19.
En Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) solicitó medidas urgentes para descongestionarlas cárceles y sugirió el indulto humanitario ymasivo de los internos con enfermedadesterminales, y de los adultos mayores de 65 años, y la libertad pura y simple de internos que cumplandeterminadas condiciones.
Derechos económicos
En este caso, las IDH también están accionando para garantizar los Derechos Económicos de la población, englobados en los reconocidos DESCA. Desde estas instituciones se realizan recomendaciones generales y solicitudes específicas que van desde la suspensión o postergación de los pagos de servicios públicos básicos a la adopción de medidas económicas urgentes para establecer una moratoria de pagos de deudas y obligación de refinanciamiento por parte del sistema financiero público y privado respecto de tarjetas de créditos, líneas de consumo educativo o hipotecario entre otras.
También se solicita efectivizar o ampliar subsidios excepcionalmente para beneficiar a una mayor cantidad de grupos en situación de vulnerabilidad, que debido a las declaraciones de emergencia y cuarentena y la restricción de la circulación no pueden trabajar.
Asimismo, distintas Instituciones de Derechos Humanos han expresado a las autoridades gubernamentales mediante recomendación, sugerencia o resolución respecto de la vulneración de los derechos humanos en cuestiones vinculadas a: atención de los grupos de riesgo; suspensión de desalojos de viviendas; atención al aumento de situaciones de violencia de género en cuarentena; adopción de medidas de resguardo y prevención en beneficio de las personas en situación de calle.
Asimismo, cuestiones vinculadas a la distribución de agua y medicamentos, para garantizar el acceso de la población; restricción de las protestas; faltante de alimentos; adopción de medidas para garantizar prevención y protección para naciones y pueblos originarios; implementación de medidas de accesibilidad, inclusión y empleo para personas con discapacidad, entre otras.
Una situación recurrente que se da en muchos países de la región la vive el personal de la salud y profesionales con obligación de trabajar (trabajadores de mercados y farmacias), que sufren actos discriminatorios por parte de vecinos y personas del barrio frente al temor que les genera un aumento del riesgo de contagio.
En Argentina, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició un trámite de oficio tras haber tomado conocimiento de sucesivos hechos que ponen de manifiesto hostigamientos, amenazas, discriminación, escraches e insultos de vecinos para con aquellas personas que trabajan en el ámbito sanitario, ya sean médicos, enfermeros, farmacéuticos, etc.
Cabe destacar además que todas las Instituciones de Derechos Humanos fortalecieron los centros de contactos virtuales y telefónicos, para poder contener la creciente demanda en la atención al público por esos canales.
En este contexto excepcional, es loable el trabajo que realizan estas instituciones por los Derechos Humanos en toda América Latina, y demuestran una vez más cuán relevantes e indispensables son en nuestra región. Más aún, en medio de una pandemia mundial.
* Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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