La milla 201. Un desafío geopolítico – Por Javier Figueroa

Por Javier Figueroa *

Un gran desafío geopolítico que enfrenta nuestro país es la actividad pesquera sin control en el Área Adyacente (AA) a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), problemática popularmente conocida por el nombre de «Milla 201».

Contamos con un diagnóstico preciso de la cuestión: las flotas que operan en el AA y de las capturas que realizan. Cabe aclarar que las flotas extranjeras no realizan pesca ilegal, toda vez que no existe un marco regulatorio para disciplinar su accionar. Más allá de las 200 Millas los recursos marinos de la columna de agua están libres para la explotación de cualquiera. No así aquellas especies fijas o que se desplazan por la plataforma continental, que están sujetas a la jurisdicción del Estado Ribereño que ejerce derechos sobre su plataforma continental, en nuestro caso una las más extensas del globo.

El derecho internacional prevé la regulación de estas pesquerías fuera de las ZEE a efectos de asegurar su ordenación y la sustentabilidad de los recursos marinos. Tal regulación se realiza a través de las denominadas OROPs (organismos regionales de ordenación pesquera), en ellos participan los estados que pescan esos recursos en alta mar y los Estados Ribereños. Si bien existen OROPs que se crearon en los años 60s y 70s, la mayoría de estas organizaciones están basadas en un Tratado Internacional, la Convención de Nueva York sobre Especies Transzonales y Altamente Migratorias, instrumento que nuestro país firmó en la década del 90 pero no fue ratificado.

¿Por qué no hemos recurrido a tal mecanismo que permitiría, en teoría, brindar una respuesta al problema? Como bien advirtieron sucesivas administraciones de distinto signo político, la constitución de una OROP en el Atlántico Sudoccidental, podría resultar en el reconocimiento por parte de terceros Estados de un pretendido status de Estado Ribereño del Reino Unido en Atlántico Sudoccidental. Una línea roja absoluta para nuestra sólida posición legal en el conflicto. Por otra parte, existen otras críticas respecto de las OROPS, orientadas a su supuesta eficiencia. Así, no pocos especialistas recuerdan que en el Atlántico Norte – región pionera en el establecimiento de estas organizaciones – no se evitó el colapso de valiosas e históricas pesquerías. Lo mismo puede decirse de la organización SEAFO, la OROP del Atlántico Suroriental de la que son miembros varios países africanos y europeos. Las OROPS atuneras no pueden enorgullecerse de su historial de conservación y otras organizaciones naufragan entre la inoperancia y/o la irrelevancia.

Ahora bien, este panorama jurídico no nos debe inhibir de desarrollar políticas para ordenar una situación que pone en riesgo valiosos recursos que generan riqueza y trabajo en nuestro país. La denuncia y la indignación no bastan. Podemos, sin duda, avanzar en un esquema que, a la vez que nos posicione como el actor clave en el Atlántico Sudoccidental, acomode los intereses de aquellas flotas extranjeras que operan en alta mar. Una política en tal sentido, que sin duda implicará trabajosas negociaciones internacionales, es a la vez imprescindible, urgente y, creemos, posible.

Contrariamente a los que se podría pensar, contamos con no pocas ventajas para liderar un proceso de ordenación de pesquerías en el AA, a saber:

– La geografía. Estas pesquerías de alta mar se desarrollan frente a las costas de las provincias Patagónicas más allá de las 200 millas, pero no a más de 250. Las posibilidades de control del área y la logística de nuestros puertos patagónicos son grandes activos que poseemos.
– Los recursos mismos. La principal especie capturada en AA es el calamar Illex, una especie de ciclo anual que migra de norte a sur en nuestra plataforma continental (la mayoría de su corta existencia antes de desovar tiene lugar en aguas jurisdiccionales argentinas).
– Contamos con una institución de excelencia, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que tiene un conocimiento acumulado de décadas sobre las pesquerías del Atlántico Sudoccidental y personal altamente calificado, con gran experiencia en formular recomendaciones de manejo.
– Una acción coordinada de la Armada y de la Prefectura Naval Argentina puede fácilmente no sólo controlar que estas flotas ingresen ilegalmente a la ZEEA, sino tener una acabada información de la composición y operación de estas flotas en tiempo real. Ambas instituciones cuentan con medios materiales y humanos con probada capacidad para la tarea.
– En lo que hace a una eventual negociación externa, los actores claves son China y España. Países amigos y con un entramado de intereses con nuestro país, inclusive en temas pesqueros, que facilitaría un diálogo político que brindara estabilidad a largo plazo a la pesquería en el AA, incentivo compartido por estos países.
– Cabe, asimismo, destacar que la Cancillería Argentina cuenta hoy con una Secretaría específica para la gestión de estos temas – la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur – y con funcionarios especializados y con gran experiencia en materia pesquera y de derecho del mar, disciplina en la cual nuestro país ha sido históricamente uno de los referentes en la comunidad internacional.

En este contexto, es posible desarrollar una serie de políticas y negociaciones, entre las que cabe mencionar

1. Vedada la posibilidad de constituir una OROP en los términos del Acuerdo de Nueva York, se podría tejer una red de acuerdos binacionales con los Estados del pabellón de las principales flotas que opera en el AA. Estos acuerdos deberían contemplar mecanismos de intercambio de información sobre las capturas, estado de los stocks, realización de investigaciones conjuntas, mecanismos acordados de cierre de temporadas y apertura de las mismas.
2. Atento el creciente rol del puerto de Montevideo como base de operaciones de las flotas que operan en el AA, el tema AA debería incluirse en nuestras conversaciones bilaterales con Uruguay.
3. No debemos perder de vista que algunos de los buques que operan en Malvinas operan posteriormente en alta mar luego de cerrada la temporada en las Islas. Por otra parte, la cantidad pescada en cada temporada en Malvinas (al igual que en áreas de la ZEEA en disputada) tiene influencia en la cantidad de pescado disponible en la AA. Estas cuestiones debieran estar presentes en nuestra agenda bilateral con el Reino Unido.
4. Se debería incentivar la participación creciente de nuestra flota en la AA.
5. Se requerirá incrementar la investigación científica en el AA, para ello resulta indispensable que el INIDEP complete su flota con un buque de gran altura, capaz de operar asimismo en aguas subantárticas. La temática de estas pesquerías debería también formar parte de la labor de la iniciativa Pampa Azul, a través de la cual se coordinan los programas de investigación marina de nuestro país, bajo el liderazgo del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
6. Conocer la actividad y disuadir la comisión de ilegalidades (ej. intrusión en ZEEA) requiere de una actividad coordinada de patrulla e inteligencia de la Armada y la Prefectura Naval Argentina. El despliegue de medios y equipamiento de ambas fuerzas debería ser acorde a esta tarea.
7. Un histórico cuello de botella en nuestro desarrollo pesquero ha sido la carencia de infraestructura portuaria adecuada. Ello requiere una urgente política de Estado. Contar con puertos eficientes no sólo mejoría la logística, sino que permitiría realizar un mejor control de las operaciones de pesca, si estos puertos resultan ser una alternativa a otros de la región que se intentan posicionar como hubs de apoyo de las flotas que operan en alta mar del Atlántico Sur.
8. Otra herramienta disponible es la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) dentro de la ZEEA y fuera de ella, para proteger los recursos de nuestra plataforma continental, en este último caso. Cabe aclarar que una AMP no implica necesariamente una prohibición de pesca, sino la ordenación de un espacio marino.

Estas políticas enunciadas requieren de una adecuada coordinación entre los múltiples actores que, necesariamente, deben intervenir: la Cancillería, los Ministerios de Agroindustria, Ciencia y Tecnología, Defensa y Seguridad, las provincias con litoral Pesquero (que participan en el Consejo Federal Pesquero) y el Congreso Nacional. Si bien el desafío es complejo y requiere de una fina articulación política interna y externa, un resultado positivo sería un paso enorme para darnos una política oceánica de Estado, una gran deuda para un país de vastas extensiones de espacios marítimos bajo su jurisdicción.

* Embajador Argentino en Cuba. Ex Subsecretario de Malvinas y Atlántico Sur. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.