El Senado paraguayo aprueba suspender la elección directa de parlamentarios del Mercosur desde 2023
El Senado aprueba eliminar elección para el Parlasur pero desde el 2023
La Cámara de Senadores aprobó ayer el pedido del Ejecutivo de suspender las elecciones directas de parlamentarios del Mercosur a partir del 2023. La decisión pasa ahora a Diputados. Dicha delegación, de 18 miembros, le cuesta al contribuyente US$ 5 millones al año.
En sesión digital, un total de 35 senadores aprobaron ayer la eliminación de las elecciones parlasurianas en Paraguay a partir del 2023, lo que significa que los 18 representantes paraguayos de distintos partidos seguirán cobrando sus salarios hasta ese año.
Por otro lado, diez legisladores querían seguir protegiendo a esta representación conocida como los “planilleros vips”.
El trámite legislativo señala que con la aprobación del Senado, el texto se remite a la Cámara de Diputados para su consideración. Se trata de un mensaje del Poder Ejecutivo y la Cancillería Nacional que pide aprobar la suspensión de las elecciones directas de 18 “representantes” del Paraguay ante el Parlamento del Mercosur, cuestionado órgano con sede en Montevideo, Uruguay. Este organismo emite resoluciones no vinculantes ni obligatorias y solamente Paraguay y Argentina cumplieron el acuerdo de elegir representantes directos, trámite que nunca siguieron Uruguay ni Brasil.
El objetivo del proyecto es que la cuestionada delegación actual, integrada en su mayoría por políticos escombros, perseguidos por la justicia o que “compraron” su banca, termine su mandato. Luego desde el 2023 sus funciones serán asumidas por diputados y senadores, tal como ocurre en otros órganos supranacionales como el Parlatino en Panamá.
Actualmente el Paraguay carga con 18 parlasurianos y unos 100 funcionarios a su disposición. Los “legisladores” reciben salarios básicos de G. 32 millones pero reciben jugosos viáticos y hasta vales de combustible. Recientemente la Cámara de Diputados estableció algunos recortes presupuestarios ante la indignación ciudadana. Sin embargo, la Cámara Baja no se animaba a aprobar el acuerdo que también les fue remitido por el Ejecutivo.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Darío Monges (ANR, cartista), pretendía impedir el tratamiento al dejar el proyecto sin dictamen. Lo respaldaron la bancada del Frente Guasu y el liberal Eusebio Ramón Ayala (PLRA, independiente), entre otros, quienes insistían en mantener a los parlasurianos. Incluso llegaron a argumentar que gracias a los parlasurianos el Paraguay se consiguieron millones de dólares americanos del Focem. Este punto fue duramente desmentido por varios legisladores, entre ellos el exsenador nacional Luis Alberto Castiglioni (ANR, Añetete).
En cambio, la bancada de Patria Querida exigió el tratamiento. Hacía falta 23 votos para postergar el proyecto pero solo hubo 20 votos, entre ellos varios legisladores cambiaron de postura en la votación por la aprobación.
Un órgano inútil y muy costoso
El Parlasur para el Paraguay es un organismo inútil y costoso porque las decisiones del mismo no son vinculantes. Representa un enorme gasto, de US$ 5 millones anuales para sus 18 miembros nacionales. Además, mantiene funcionarios que tienen groseros beneficios, como combustibles, viáticos y otros.
Procesan y citan a declarar a la exsenadora María Bajac
La jueza penal de Garantías Rosarito Montanía admitió la imputación contra la exsenadora María Eugenia Bajac (PLRA) y la procesó por violar la cuarentena sanitaria y tentativa de lesión grave. La magistrada le señaló la audiencia de imposición de medidas para el 24 de abril, a las 8:30.
Bajac había sido imputada el pasado 4 de abril por la fiscala Belinda Bobadilla, quien requirió el arresto domiciliario de Bajac. La comunicación de la imputación (para proceder al desafuero) fue enviada a la Cámara de Senadores, cuyos miembros el 14 de abril pasado resolvieron por 40 votos de un total de 45 miembros expulsarle del Congreso Nacional por uso indebido de influencias y de dinero público.
Automáticamente al dejar de ser senadora, se comunicó a la justicia y ayer la magistrada Montanía ya admitió la imputación y procesó a Bajac.
El 24 de abril se espera a la exparlamentaria para ser sometida a su audiencia de medidas, donde se debe discutir si los argumentos del Ministerio Público son suficientes para ordenar el arresto de la procesada.
La fiscala Belinda Bobadilla, al tomar conocimiento que la exsenadora asistió a la Cámara de Senadores luego de haber estado de viaje por el Perú, realizó una investigación. Bajac presentó síntomas de covid-19, pero recién el 30 de marzo se puso en comunicación con el Servicio de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública.
El martes 31 de marzo, luego de acudir a varios lugares públicos, se realizó el test y pese a que se le recomendaron que no saliera de la casa, al día siguiente fue al Congreso a una sesión extra. Por ese motivo también fue imputada por el hecho punible de violación de vedas y cuarentenas sanitarias; así como de tentativa de lesión grave.
La violación de la veda sanitaria es penada con cárcel de 6 a 18 meses. Mientras que la tentativa de lesión grave con cinco años de cárcel. Por el curso de delitos esto presupone la posibilidad de una pena máxima de siete años y seis meses.
VOLVER
