El Salvador: Bukele veta normativa que brindaba seguro de vida a trabajadores de la salud
El presidente Nayib Bukele vetó por “inconstitucionales” los decretos legislativos 620 y 621 que contenían disposiciones para facilitar el retorno de salvadoreños varados en el exterior por la pandemia y para que el personal de salud cuente con seguro de vida.
En cuanto al decreto 620 aprobado por la Asamblea Legislativa donde, por medio de disposiciones transitorias, se permitiría regular el retorno de los salvadoreños al país, el mandatario expuso que el decreto es inconstitucional porque violentó la seguridad jurídica como principio y derecho constitucional, al emitir disposiciones que no se dan en el contexto de la pandemia.
Según Bukele, no se contempla la capacidad de los centros de cuarentena para las personas que regresarían al país, de personal de salud con el que cuentan para poder atenderlos, ni la cantidad de personas que están fuera de El Salvador y que desean retornar.
Tampoco hicieron las consultas pertinentes a los ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores y el decreto fue basado solo en expectativas que se les han dado a los salvadoreños fuera del país, señala.
El diputado Norman Quijano, de ARENA, dijo que a ningún salvadoreño se le puede negar el derecho de venir a su patria.
“Se deben establecer mecanismos (para el retorno) para eso hemos aprobado $2,000 millones, para que puedan tener alojamiento, cuarentena adecuada, o cualquier otra necesidad de lo que fuere”, explicó el legislador.
Otros de los decretos vetado por el presidente de la República es el de otorgarle seguro de vida al personal de salud que se encuentran atendiendo la pandemia por COVID-19.
El documento expone que el Ejecutivo está buscando mecanismos para dar seguridad y garantías al personal de salud, pero que con el decreto se da una violación al principio de equilibrio presupuestario, y que al aprobar el decreto legislativo no se consultó con el Ejecutivo estudios o proyecciones sobre el impacto presupuestario que esto pueda tener en el país.
La Sala de lo Constitucional ordenó el pasado 8 de abril al Gobierno salvadoreño elaborar un plan urgente para la repatriación de los 4,500 compatriotas que se encuentran varados en varios países, a raíz de que el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero en Comalapa, se encuentra cerrado como parte de las medidas preventivas de la pandemia COVID-19.
Dicho plan debe de ser gradual, se debe de priorizar los casos más urgentes y que los repatriados cumplan con la cuarentena sanitaria al llegar al país, según la sentencia de la Sala. Lo anterior está plasmado en la admisión de la demanda de amparo que puso un grupo de salvadoreños que se encuentran en espera en distintos países.
El presidente Bukele ha descartado desde hace semanas atrás la repatriación de los alvadoreños que se encuentran en distintos países y que no lograron viajar al país por el cierre del aeropuerto de Comalapa. En su momento, reconoció que no había la capacidad suficiente en los albergues en los que se atienden a las miles de personas que cumplen con la cuarentena.
Hasta el 16 de abril, el Gobierno reporta 80 muertes de salvadoreños por coronavirus fuera del territorio nacional.
Las muertes han ido incrementando durante este mes, en marzo las muertes en el exterior por COVID-19 eran 12. Entre el 1 y el 16 de abril, se contabilizan 57 muertes. En 11 casos no se dio a conocer la fecha de fallecimiento, según información brindada por Relaciones Exteriores.
El 91% de las muertes de compatriotas en el exterior ha ocurrido en Estados Unidos. El resto ha sido en España, Italia y Suecia. De un caso no se reportó el lugar donde ocurrió el deceso. En España se reportan tres fallecidos y en Italia dos.
