Ecuador: amplio rechazo a la ley sobre el impacto económico provocado por la pandemia
Trabajadores, analistas y empresarios critican ley presentada por el Gobierno para reducir impacto económico provocado por COVID-19 en Ecuador
Por Ricardo Zambrano
El producto interno bruto del Ecuador presentaría, este año, una de las contracciones más fuertes desde la dolarización de la economía en 1999 cayendo hasta en -2,85 %. Las tasas de desempleo crecerían en cuatro puntos más a nivel nacional lo que provocaría un aumento del 2,8 % en los niveles de pobreza.
Todo esto serían las consecuencias del COVID-19 que agudizó la crisis económica que presentaba el país. Para tratar de paliar en algo la situación el Gobierno propone, entre otros aspectos, contribuciones “únicas y temporales” que asumirán, de aprobarse, las empresas con utilidades mayores a $1 millón y trabajadores que ganen más de $500 mensuales.
Además, para “cuidar y fomentar” el empleo se propone que empleadores y empleados podrán modificar las condiciones laborales para precautelar las fuentes de trabajo. También se podrá reducir la jornada laboral y con ello los ingresos que percibe el trabajador. Esto por hasta dos años y renovables por el mismo periodo una sola vez.
Asimismo, se crea la figura del contrato especial emergente, para que empresas enrolen nuevo personal por un mínimo de 20 y un máximo de 40 horas semanales hasta por dos años y la paga será proporcional a lo trabajado. Dirigentes, analistas y empresarios analizan la normativa.
‘Empleados con doble castigo si se aprueba ley del Gobierno’
La disminución de los ingresos de los trabajadores que suponen, si se aprueba, la reducción de la jornada laboral y la contribución especial por nueve meses es un doble castigo para el trabajador, señala el analista económico Olmedo Farfán.
Indica que con el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo se debilitará más la alicaída economía ecuatoriana.
“Si usted le disminuye el salario al trabajador, está mermando su capacidad adquisitiva que ya de por sí estaba afectada y peor aún sin controles en los precios de alimentos y medicinas en medio de esta pandemia. Están liquidando la base económica de las familias ecuatorianas”, afirma.
Asegura que estas medidas también afectarán a las empresas porque sufrirán una caída drástica de las ventas, en especial de bienes y servicios.
“No vamos a poder pagar ni las tarjetas de crédito y los índices de morosidad se irán hacia arriba. Terminarán afectando todo el sistema económico del país”, alerta.
Recuerda, además, que Ecuador es un país con grado de producción medio-bajo y la reducción de la jornada laboral también conllevaría grandes desafíos: “Países europeos antes de la pandemia ya habían aplicado estas medidas y siguen produciendo, pero los ecuatorianos no tenemos una mano de obra tan especializada para producir lo mismo en menos horas”.
Señala que el Gobierno Central debe reducir gastos en consultorías, diferir capitales e intereses de las deudas no solo de los bonos globales, sino con organismos internacionales y países extranjeros.
“El Gobierno no quiere asumir su rol. Está esperando destruir la economía, el sector productivo, el mercado laboral. El país necesita unos dos mil millones de dólares para paliar en algo la crisis y esto lo logra racionalizando el gasto público. Tampoco se pueden justificar despidos en el sector público porque se fomenta el desempleo”.
«Actualmente no estamos en condiciones parecidas a la crisis económica de 1999. Hay una economía que está por debilitarse si no se toman medidas correctas”.
“Hay que pausar los impuestos si quieren salvar los empleos”
Las medidas anunciadas por el Gobierno están desconectadas de la realidad y son contraproducentes para la crisis económica que el país está viviendo, dice Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Cuestiona la propuesta de crear una contribución especial que durante nueve meses “extraerá” recursos de trabajadores y empresas: “Ecuador es el único país de la región que en plena crisis pretende subir impuestos. Son cerca de $516 millones menos para el sector productivo y $695 millones que el Gobierno extraerá del bolsillo de los ciudadanos”.
Afirma que quitarle liquidez al sector productivo agrava la situación económica del país, golpea a la solidaridad de las empresas e impide la generación de empleo.
Añade que debe haber claridad en las nuevas reglas que se buscan implementar, ya que las normas laborales no pueden estar sujetas a interpretaciones.“Hoy tenemos resoluciones en el plano laboral que no estamos seguros si se pueden ejecutar en la práctica. Empleadores y trabajadores necesitan reglas claras, no reglas raras. Siempre y cuando haya claridad, se podrían salvar decenas de miles de empleos y emprendimientos”, señala.
La pandemia deterioró la lenta dinámica económica del país. Con 27 días de paralización, las pérdidas en ventas a nivel nacional alcanzaban los $5881 millones. El sector más afectado es el comercial con pérdidas económicas que rondan los $3174 millones. Si la paralización se mantiene es probable que las ventas nacionales experimenten una caída entre el 10 % y 15 % interanual en el 2020, afirma Arosemena.
“Propusimos pausar impuestos para salvar empleos. El Gobierno lo hizo focalizado en Mipymes y ciertos sectores de la economía. La pausa de impuestos también debe incluir grandes empresas, pues son las que generan la mayor cantidad de empleo adecuado, 39 %”, dice.
«Empleadores y trabajadores necesitan reglas claras, no reglas raras. El Gobierno está lanzando toda la responsabilidad y el sacrificio al sector privado. Todos los gobiernos del mundo meten plata, en Ecuador la sacan”.
‘Esta ley ilegal es una vieja aspiración de los empresarios’
Como inmoral, inconstitucional y falto de derecho califica Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo.
Para el dirigente, el Gobierno está dando “carta abierta” para que se violen los derechos de los trabajadores.
“Se aprovechan de una pandemia y una emergencia para ayudar solamente al empleador y debilitar el derecho del trabajador. Lo único que dice ese proyecto es que el patrono tiene que llegar a acuerdos cuando la Constitución dice que el Gobierno tiene que amparar al más débil, en este caso el trabajador!, señala.
Además, muestra su rechazo a la contribución especial propuesta por el Gobierno: “Quieren meterle la mano al bolsillo del trabajador, del pueblo ecuatoriano irrespetando el derecho al trabajo y sin garantizar la estabilidad laboral”.
Asegura que se encuentran analizando las acciones que tomarán para mostrar su rechazo a la normativa. Sin embargo, asegura que aplicarán estrategias legales internas e internacionales, porque “esto no lo están haciendo en otros países”.
También denuncia que actualmente se registran “miles” de despidos dejando sin recursos a los trabajadores en medio de la pandemia y que el Ministerio del Trabajo no está sancionando a las empresas.
“La Asamblea (para aprobar el proyecto) deberá violar la Constitución, porque van a reducir horas y pagar menos. Esto es una vieja aspiración de los empresarios. El proyecto es ilegal. La Asamblea debe rechazar esta normativa”, reclama.
El dirigente indica que ha conversado con varios empresarios que tampoco están de acuerdo con la reducción planteada por el Gobierno. Dice que la pandemia “desnudó” la falta de un plan económico.
“Se debe llegar a un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas del país para diseñar un plan económico donde se establezca el no pago de la deuda y con esos recursos invertir en alimento, salud y fomentar el empleo. El Gobierno debe indemnizar a los trabajadores despedidos y recuperar esos recursos con coactivas a los empresarios”, asegura.
También pide renegociar los contratos petroleros con las empresas chinas y recuperar “los recursos de la corrupción”, entre otras medidas.
«Las leyes no pueden ser direccionadas solo para un sector. No queremos leyes solo para empresarios, solo para las cámaras, queremos leyes que garanticen estabilidad laboral y el derecho al trabajo”.
‘Ecuador necesita una ley de quiebras para ayudar a empresas’
La crisis económica actual se desprende del mal manejo de la bonanza petrolera, exceso de gasto, el endeudamiento agresivo que empezó en 2013 y problemas de productividad, según el analista Alberto Acosta Burneo. “Nadie puede vivir del endeudamiento indefinidamente”, señala.
El COVID-19 generó un choque muy fuerte a nivel internacional lo que disminuyó la demanda de los productos de exportación ecuatorianos y sumado a la cuarentena interna que ha paralizado a gran parte del sector productivo.
“Estamos en un entorno en el que el sector productivo tiene detenidas sus ventas, los cobros, demorados los pagos a proveedores, sueldos. Estamos con una iliquidez por falta de actividad económica”, dice.
Con esta situación querer “sacar” dinero de ciudadanos y empresas a través de una contribución como lo plantea el Gobierno agravará la situación del país, asegura Acosta.
Sin embargo, indica que la reducción de jornadas laborales y permitir acuerdos entre patronos y trabajadores para definir mecanismos de pagos son necesarios y urgentes.
“Estamos viviendo un momento extraordinario negativo. No podemos aplicar reglas normales. Si no hacemos nada, muchas empresas no van a sobrevivir y viviremos un proceso fuerte de quiebra de empresas y destrucción de empleos que ya lo estamos viviendo”, afirma.
El experto indica que en países como Estados Unidos existen mecanismos conocidos como leyes de quiebra para salvar a empresas que están en situaciones complejas.
“Esto da opciones a las empresas. Pueden cerrar o acogerse a esta ley y negociar con todos sus acreedores para reducir costos, y se comprometen a un plan de salvataje donde todos acceden a contribuir para sostener a la empresa. Con esto se evita la quiebra de la empresa y la destrucción de empleos”, anota.
«La mayoría de empresas están cerradas. No tienen ingresos, no pueden pagar sueldos. Si no se hace algo pronto, la alternativa será destruyendo empleos”.
‘Se debe incentivar a las empresas para que recontraten personal’
Para Pedro Romero, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, la imposibilidad de concretar una reforma laboral y la no solución del déficit fiscal por parte del equipo económico del actual Gobierno han agravado la situación del país y “el vaso se terminó de derramar” con la llegada del COVID-19.
“Siempre el discurso del ministro de Finanzas fue que había que arreglar el problema fiscal, aumentar las reservas del Banco Central. Sin embargo, hace poco, en cadena nacional, dijo que hay déficit fiscal, que no hay reservas. No se arregló lo que ellos dijeron que arreglarían”, señala.
Por eso justifica la reacción del sector privado (empresas y empleados) ante las medidas económicas anunciadas: “La insatisfacción con el Gobierno es que el sector privado piensa, y con justa razón, que la cuenta la están pagando solo ellos”.
Romero indica que la flexibilidad laboral que se otorgaría a las empresas iría en una dirección adecuada.
“También se debe dar flexibilidad a empresas que sí pueden y quieren contratar porque les hace falta. Por ejemplo, en un hotel actualmente no hay mucha necesidad de personal, pero esos mismos empleados pueden ser recontratados, es decir, que vayan a sectores como entregas de comida, hospitales, call centers. Los trabajadores deberían ser recontratados con salarios que tomen en cuenta la realidad. Incentivar a empresas que recontratan”, señala.
Indica que las medidas no serán aceptadas por los sindicatos y el Gobierno deberá dar libertad para que sean las empresas las que negocien con sus empleados. “Habrá empleados que querrán negociar y cuidar el empleo para no quedar en ascuas”, dice. (I)
«El Gobierno ha fallado en la política económica y por eso no podemos aplicar medidas como en Perú y Colombia, donde los Gobiernos darán fondos a las empresas para pagar una parte de la nómina”.
Asamblea dice que aprobará Ley Humanitaria con cambios
El primer criterio entre los voceros de los bloques políticos en la Asamblea sobre los proyectos urgentes remitidos por el Ejecutivo es que no serán archivados, pero sí modificados para su aprobación.
El presidente Lenín Moreno remitió el pasado 16 de abril dos proyectos de leyes urgentes para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 y para mejorar las finanzas públicas. La primera se denomina Ley Orgánica de Apoyo Humanitario; y la otra, Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
Pero el debate se centra en la Ley de Apoyo Humanitario, pues a los legisladores les preocupa la tabla de los aportes solidarios de los trabajadores públicos y privados porque consideran que no deben superar el costo de la canasta básica; aparte de que debe aclararse el destino y la administración de los fondos que se recauden.
En torno a la Ley de Finanzas Públicas, los bloques esperan un análisis comparativo para determinar si las reformas que se plantean son las mismas que la Asamblea Nacional negó en diciembre.
Las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y de la Revolución Ciudadana (RC), que rechazaron las últimas leyes urgentes, ahora señalan que no sería prudente el archivo de la Ley Humanitaria, sino mejorarla, incluir nuevas propuestas y evitar que entren en vigor por el ministerio de la Ley.
Vicente Taiano (PSC) dijo que preocupa que se insista en poner impuestos a los trabajadores públicos y privados, pero resalta el planteamiento de la contratación por horas y la reducción de pensiones en las instituciones educativas.
Advirtió sobre la forma del manejo de los aportes solidarios, pues se terminará “eligiendo a dedo” a los veedores.
Pabel Muñoz (RC) señaló que se rescatará lo bueno del proyecto de Ley Humanitaria y se eliminará lo inconsistente; se sumarán más ideas y sobre todo se tendrá que corregir la integración del “consejo de notables” para administrar fondos públicos.
Cuestionó que se hayan enviado dos iniciativas de ley y dice que las reformas a las finanzas públicas son las mismas que se negaron en el penúltimo proyecto urgente.
Héctor Muñoz (SUMA) advirtió que se tiene que evitar que algunas propuestas caigan en lo confiscatorio, refiriéndose a las aportaciones solidarias; y la retroactividad del aporte de las empresas desde el 2018, así como la inconstitucionalidad en la integración del fondo con dineros públicos.
Wilma Andrade (ID-BIN) opinó que se debe mejorar la propuesta, que es el momento de la solidaridad y unidad, y que insistirá en algunas de sus ideas que distan con el planteamiento de las aportaciones.
Del BADI, Eliseo Azuero comentó que todo es perfectible y en las actuales circunstancias del país “no nos queda sino ponernos de acuerdo, cuidando las formas y observando que las propuestas del Ejecutivo no alteren disposiciones constitucionales, en material de reducción salarial”.
El bloque de CREO, según Jeannine Cruz, inició el análisis de las propuestas, pero anticipó que la Asamblea debe tramitar las iniciativas y que para su aprobación deben modificarse, tomando en cuenta las ideas legislativas presentadas.
Trámite de leyes urgentes
Reunión del CAL: A las 09:30 está convocado el Consejo de Administración Legislativa (CAL), para conocer y calificar los dos proyectos urgentes y definir las comisiones que los tramitarán.
Plazo: La Constitución determina un plazo de 30 días para que la Asamblea apruebe las leyes urgentes. Y el Ejecutivo puede remitir dos propuestas urgentes a la vez en estado de excepción. (I)
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