Colombia: ONU manifestó preocupación por intensificación de asesinatos de líderes sociales durante aislamiento
ONU alerta sobre asesinatos de líderes sociales
Al menos 19 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2020, informó este viernes un portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien subrayó que el organismo está verificando otras 34 posibles muertes de activistas.
El portavoz Rupert Colville calificó de “profundamente preocupante” la situación concreta del departamento del Cauca, en el sur del país, donde al menos 13 activistas de derechos humanos han sido asesinados desde el comienzo del año, tres de ellos en los últimos días.
“Hugo de Jesús Giraldo, un líder social, fue asesinado el 22 de abril en Santander de Quilichao, y el pasado fin de semana murieron otros dos líderes sociales, Mario Chilhueso y Teodomiro Sotelo”, detalló Colville en rueda de prensa.
El portavoz indicó que tras este tipo de crímenes se encuentra un creciente número de grupos armados y bandas criminales que compiten por el control de actividades ilegales en ese territorio.
Las restricciones de movimientos que Colombia ha dictado para frenar la expansión del coronavirus causante de la covid-19 “parecen haber agravado una situación que ya antes era violenta y volátil”, ya que los grupos armados intentan aprovecharse del confinamiento para aumentar su presencia y control en el territorio, explicó.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha registrado un aumento del acoso y las amenazas contra agricultores, pueblos indígenas y afrodescendientes en Cauca, y una intensificación de los incidentes armados entre las bandas armadas y las fuerzas de seguridad.
“Pedimos a todos los involucrados en esta violencia que detengan los enfrentamientos, en línea con la petición del secretario general de Naciones Unidas (Antonio Guterres) de un alto el fuego mundial para poder implementar las medidas de prevención de la COVID-19”, señaló el portavoz.
Grupos armados en Colombia aprovechan la pandemia del coronavirus para ganar territorio
Los grupos armados y criminales en el departamento del Cauca, en Colombia, parecen estar aprovechando las restricciones para evitar la propagación del coronavirus para expandir su presencia y control sobre el territorio, advirtió la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos este viernes.
En lo que lleva del año, al menos 13 defensores de derechos humanos han sido asesinados, incluidos tres en los últimos días, una situación “profundamente preocupante” para la Oficina de Michelle Bachelet.
“Aunque estos últimos casos todavía están siendo verificados por nuestra Oficina, hemos recibido informes de que, el 22 de abril, Hugo de Jesús Giraldo, un líder social, fue asesinado en la ciudad de Santander de Quilichao. El fin de semana pasado, otros dos líderes sociales, Mario Chilhueso y Teodomiro Sotelo Anacona, también fueron asesinados, así como Andrés Andrelio Cacimanca Burbano, el esposo de otra líder social”, informó el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.
Un número creciente de grupos armados, así como grupos criminales que luchan por el control de las economías ilícitas en este territorio, están detrás de la mayoría de los ataques, que han aumentado en los últimos meses.
“La pandemia de COVID-19 y las restricciones impuestas por el Gobierno y por las propias comunidades para evitar la propagación del virus parecen haber agravado una situación ya violenta y volátil”, explicó el portavoz.
Amenazas a indígenas y agricultores
Según la Oficina, además de lo que parecen ser asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, se han recibido informes diarios de amenazas, incluidas amenazas de muerte, y hostigamiento contra la población local, incluidos los agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que intentan asegurar que se cumplan las medidas de confinamiento y prevención.
En algunas partes del departamento del Cauca, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados y criminales se han intensificado, incluso en los territorios indígenas. Los civiles han quedado atrapados en la violencia, lo que resultó en la muerte de un niño indígena en Toribio y el desplazamiento forzado de las comunidades rurales en Argelia y El Tambo.
A la Oficina también le preocupan los ataques contra excombatientes de las FARC-EP. Según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 36 han sido asesinados en el Cauca desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre de 2016.
“Hacemos un llamado a todos los involucrados en esta violencia para detener los combates, en línea con el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas a un alto el fuego global, para que las medidas destinadas a prevenir la propagación de COVID-19 puedan implementarse adecuadamente”, dijo Colville.
La Oficina de Michelle Bachelet recordó a las autoridades su obligación de prevenir ataques y proteger a la población local. Cualquier ataque contra los defensores de los derechos humanos socava el espacio democrático, incluido el derecho a participar. Una respuesta integral de las autoridades civiles y de seguridad es particularmente relevante en las zonas rurales.
“Hacemos un llamamiento al Gobierno para que realice investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos y responsabilice a los responsables. Todas las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y las reparaciones”, concluyó el portavoz.
