Colombia: decreto de excarcelación genera controversias por sus exclusiones y su tardía aplicación
En un documento de 20 páginas, el Colegio de Abogados Penalistas le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tome medidas cautelares y le ordene al Estado colombiano descongestionar “masivamente los centros de reclusión, ante el inminente riesgo de contagio”.
Los abogados que le hicieron esta petición a la CIDH –organismo que precisamente el 10 de abril alentó a los países a bajar el hacinamiento en las prisiones–, levantaron este miércoles fuertes críticas sobre el decreto que publicó el Gobierno, con el cual, según el Ministerio de Justicia, saldrían unos 4.000 presos que tendrán detención domiciliaria por seis meses.
Según Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, el decreto “no resuelve nada” porque “excluye casi todos los delitos”.
La crítica de muchos abogados se sustenta en que hoy en Colombia hay en las cárceles unas 120.577 personas, con un hacinamiento del 48 por ciento, por lo que no hay cupo para por lo menos 39.629 presos, agravando el riesgo de contagio de coronavirus. La cárcel de Villavicencio fue la primera en reportar casos (ver nota anexa) y se teme que esto pueda ocurrir en otras penitenciarías.
El decreto 546 de 2020 permitirá sacar de prisión a personas que tengan más de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años, personas con movilidad reducida por discapacidad, responsables de delitos culposos, los que respondan por penas de hasta 5 años, y quienes hayan cumplido el 40 % de su condena.
Sin embargo, la amplia lista de excepciones deja por fuera de ese beneficio a los responsables de por lo menos 77 delitos, como los violentos, de drogas, los de corrupción, violencia sexual e intrafamiliar, entre otros.
El decreto excluye el top 10 de delitos más cometidos. Entre estos hay tres por los que hoy están detenidas más de la mitad de las personas (78.445 presos), ya sea condenadas o con medida de aseguramiento. Estos son homicidio (28.295), tráfico de drogas (25.276) y concierto para delinquir (24.874).
La única población grande que podría ser beneficiaria es la que ya pagó por lo menos el 40 por ciento de su pena por hurto.
La ministra Justicia, Margarita Cabello, aseguró ayer que aunque inicialmente se había proyectado la salida de unas 10.000 personas, se hicieron unas modificaciones por “recomendación de la Judicatura sobre la operatividad del decreto y la necesidad de evitar una congestión del sistema”.
En cualquier caso, Cabello admitió que “ninguna de las medidas que tome va a garantizar que no se dé el contagio”, afirmando que el Gobierno buscó reducir riesgos.
Ricardo Posada Maya, director del área de derecho penal de los Andes, dijo en sus redes sociales que el decreto es “una normativa de excepción extravagante, fruto del derecho penal de la exclusión y discriminación”.
Para el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, el decreto pudo haber beneficiado a más personas debido a la situación excepcional por la pandemia, aunque cree que el Gobierno llegó “hasta donde pudo”, y cree que esta será una primera fase, pues luego se podrían ampliar las medidas.
Y Horacio Bustamante, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, dijo que se trató de un “decreto tibio” que se preocupó demasiado “por qué dirá la opinión pública”.
En cambio, el exministro de Justicia Carlos Medellín afirma que aunque es necesario incrementar las medidas de protección para evitar un desastre en las prisiones, por ahora cree que el decreto está bien, pues un problema de aumentar los beneficiarios es que “el Gobierno no tiene todos los medios para controlar a esa cantidad de personas en detención domiciliaria”.
Y el fiscal general, Francisco Barbosa, quien el lunes dijo que la liberación de detenidos debía ser minimalista –y que hace más de una semana se había manifestado en contra de un borrador del decreto porque consideraba que la norma no debía resolver el problema de hacinamiento–, con el documento final se mostró de acuerdo. Según Barbosa, el decreto “demuestra la cooperación armónica y responsable que existe entre nuestra Judicatura, el Gobierno y la Fiscalía”.
En medio de la polémica, el Ministerio de Justicia se reunió ayer con la Judicatura para identificar el número de personas que cumplen los requisitos para salir de prisión.
La situación de la cárcel de Villavicencio, cercada por covid-19
La preocupación en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana de Seguridad de Villavicencio es latente, tanto adentro como afuera de los muros, por cuenta de la propagación del coronavirus.
Afuera, porque según el alcalde de la ciudad, Felipe Harman, 42 personas han quedado en libertad desde el pasado 1°. de abril y habrían tenido contacto con los internos contagiados de la enfermedad.
Harman le pidió al Ministerio de Justicia hacer seguimiento a estas personas: “Es urgente hacer rápidamente una base de datos con estas personas, saber si están en la ciudad o dónde se encuentran”, dijo el moércoles el mandatario local.
Y adentro porque es allí, en esa institución penitenciaria de 7.200 metros cuadrados, donde se han presentado todos los casos confirmados de contagio de covid-19 en población privada de la libertad.
Hasta ayer, se conocía de 18 casos confirmados, de los cuales dos fallecieron la primera semana de abril por complicaciones asociadas al coronavirus, uno de ellos después de haber quedado en libertad el 1°. de abril. Los dos hombres tenían 73 y 68 años.
Mientras la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) informó del reforzamiento de medidas sanitarias en ese centro carcelario –incluida la provisión de 602 litros de jabón para manos, dos termómetros infrarrojos, 370 batas antifluidos, 370 gorros desechables, 4.100 guantes para exámenes, 10.000 tapabocas quirúrgicos y 340 tapabocas N95–, los guardianes del Inpec asignados a esa cárcel aseguraron en un comunicado que no tienen suficientes medidas de protección.
“Contamos con tan solo una enfermera jefe y un auxiliar de enfermería durante el día”, aseguraron los funcionarios.
A esto se suma que allí hay, según el Inpec, 1.787 personas privadas de la libertad, es decir, 888 más que la capacidad de las instalaciones físicas, con un hacinamiento del 98,8 %. De estos, 1.068 hombres están sindicados, sin condena en su contra, y hay 716 hombres y una mujer condenados.
Unos 30 privados de la libertad están aislados de los demás, por tener síntomas respiratorios, según el alcalde. Y, hasta el martes, el Inpec informó que 49 adultos mayores también estaban aislados.
