Brasil: ya hay más de 20 pedidos de impeachment contra Bolsonaro y ex ministros de Salud lo denuncian en la ONU
El mandatario de Brasil ya superó las veinte solicitudes de impeachment en Diputados
Por Gustavo Veiga
Cuando se asocia el sustantivo prontuario con el apellido Bolsonaro en una búsqueda de Google aparecen 127 mil resultados. Son demasiados para un presidente cuya calidad constitucional devino en una parodia. El militar ultraderechista que gobierna Brasil tiene antecedentes de sobra para “estar detenido” como dice el jurista brasileño Pedro Esteban Serrano, aunque simplemente se refiera a que interfirió en una investigación judicial que complica a su hijo Carlos como hacedor de una usina de fake news. El padre pretendía hacerlo zafar de un presunto delito y terminó sepultándolo más.
El mandatario ya superó las veinte solicitudes de impeachment en la Cámara de Diputados. La última es de su ex aliada, la congresista Joice Hasselmann (PSL-SP). El militar ultraderechista ha sido denunciado también por la Comisión de Paz y Justicia de su país porque considera que sus acciones son delitos de responsabilidad, como el de alentar a la ciudadanía a desafiar la pandemia que viene provocando miles de muertes en Brasil. Precursores de las imputaciones contra este personaje fuera de control, la Comisión Arns y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos, ya le habían imputado crímenes contra la humanidad por incitar al genocidio de los pueblos índigenas en noviembre de 2019. La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) lo llevó además ante la Corte Penal Internacional con argumentos semejantes a los otros espacios de DDHH. Por último, siete ex ministros de Salud de Lula y Dilma Rousseff acaban de anunciar que recurrirán a la ONU y la OMS por lo que consideran un “potencial genocidio” en el país más grande de América Latina.
Los repudios unánimes que cosecha el presidente lo dejan al borde de una salida deshonrosa que hasta podría llevarlo a la cárcel por causas justificadas. No es una exageración, ni un deseo fallido de sus detractores. Es una posibilidad aunque parezca lejana y que se robustece día a día.
Bolsonaro fue comparado con Donald Trump por el célebre lingüista estadounidense Noam Chomsky en el programa Democracy Now: “compiten para ver quién puede ser el peor criminal del planeta” dijo el 15 de abril. En Brasil hay una gran porción de la ciudadanía que lo ve al militar como un delincuente, un término que respeta la semántica, porque el jefe de Estado comete delitos con habitualidad. Incluso un sector de su propio electorado profundizó su desencanto con el presidente tras la salida del gobierno del ex ministro de Justicia Sergio Moro.
Antes de que lo abandonara el juez que llevó a Lula a prisión, Bolsonaro había caminado solito hacia el precipicio cuando arengó a su núcleo más duro de simpatizantes en Brasilia que pedían el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (TPF). Un mensaje golpista dentro del golpe que ya lleva casi cuatro años y que se inició el 31 de agosto de 2016 con la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff, y a la que seguiría una sucesión de eventos tan planificados como desgraciados: antes que todo, el encarcelamiento de Lula en Curitiba, y también podrían anotarse en la cuenta aquellas fake wews que desvirtuaron el proceso electoral como la que acusaba al candidato presidencial del PT, Fernando Haddad, de promover la pedofilia y el incesto.
Para el jurista Serrano, un respetado profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, se cumplen todas las condiciones constitucionales y legales para destituir a Bolsonaro de su cargo. “Ya existe un delito caracterizado: el intento de obstruir una investigación. Si se añade este caso a la postura del presidente hacia la pandemia, hay varios delitos de responsabilidad”, señaló en una entrevista con el sitio Carta Capital. No se detuvo ahí: “Debería ser detenido, no tengo ninguna duda al respecto. Es grave”.
Serrano no es el único que considera a Bolsonaro un reo con chances de ser condenado en el futuro. En todo caso, la suya es una opinión desde el derecho penal. Pero en el plano institucional la situación del presidente es igual o peor. Más de veinte pedidos de juicio político fueron presentados en la Cámara Baja. El más reciente corrió por cuenta de la ex líder del gobierno en el Congreso, la diputada Hasselmann. No es la única que avanzó sobre el militar. Los partidos Rede y el PSB coincidieron en hacer algo con ella.
“Al solicitar acceso a información confidencial a la que desde su posición no tendría acceso, Jair Bolsonaro violó los artículos 5 y 7 de la ley de Delitos de Responsabilidad, ya que está ‘utilizando a las autoridades bajo su subordinación inmediata a practicar abuso de poder’” comentó Hasselmann. También lo acusó de incurrir en el delito de “falsedad ideológica” por incluir la firma falsificada de Sergio Moro en el decreto del Boletín Oficial cuando despidió al director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo, quien estaba investigando a Carlos Bolsonaro, el hijo del presidente que es concejal por Río de Janeiro en lo formal, pero mucho más influyente de lo que indica su cargo. Valeixo lo tenía en la mira por fogonear las fake news que tantos buenos resultados le dieron al militar en el camino que emprendió para llegar al gobierno allá por octubre de 2018.
Hay una cola extensa de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron, querellaron o proyectan llevar a la Justicia a Bolsonaro. La Comisión de Justicia y Paz relacionada con la Confederación Nacional de Obispos de Brasil es una de ellas. Pidió su destitución por delitos comunes y por los procesos políticos que se le siguen en el Congreso. La Comisión junto a otras semejantes y de distintas confesiones religiosas publicaron una extensa nota donde sostienen: “Las acciones tomadas por el Presidente de la República se clasifican como un delito de responsabilidad, un delito común, un delito contra la Ley 7.170 / 83, entre otros”.
En el texto firmado el 24 de abril en Brasilia, las organizaciones afirman que “ante la crisis de salud más grave del siglo, el Presidente de la República continúa actuando de manera irresponsable y no propone unirse y liderar a la nación en la lucha contra la enfermedad”.
Bolsonaro ya había sido denunciado en noviembre de 2019 ante la Corte Penal Internacional (CPI) de Naciones Unidas por “incitar al genocidio de los pueblos indígenas” de la región amazónica. La presentación la hicieron la Comisión Arns (que lleva el apellido del célebre obispo brasileño que denunció los crímenes de la dictadura militar) y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos. En abril pasado se sumó la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) que señaló ante la CPI, que Brasil está gobernado por un presidente “totalmente irresponsable” ante la crítica situación que vive el país por la propagación del COVID-19.
La última denuncia contra Bolsonaro que seguramente terminará también en Naciones Unidas y la OMS fue de siete ex ministros de Salud. Humberto Costa, José Saraiva Felipe, José Gomes Temporão, Agenor Álvares, Alexandre Padilha, Arthur Chioro y Marcelo Castro acompañaron a Lula y Dilma en distintos gabinetes y hoy sostienen que el presidente va camino a cometer un “potencial genocidio”.
Rodrigo Maia apreciou só 1 dos 27 pedidos de impeachment contra Bolsonaro
Até a tarde desta sexta-feira (24/4), 27 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro foram protocolados na Câmara dos Deputados. Mas apenas um deles foi apreciado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a quem compete fazer uma análise inicial de denúncias por crime de responsabilidade contra o chefe do Executivo federal.
Esse único pedido acabou sendo indeferido, pois a denúncia era anônima, o que é vedado pelo regimento interno da Câmara.
O número de pedidos não analisados chama a atenção especialmente porque a intensidade da crise política em Brasília só tem aumentado. Declarações feitas nesta sexta-feira (24/4) pelo demissionário ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, podem resultar em novos pedidos de impeachment do presidente da República.
Além disso, nesta quinta-feira (23/4), o ministro do STF Celso de Mello solicitou a Maia informações acerca de um mandado de segurança impetrado na Corte. O MS (37.083) foi proposto por advogados para que o STF obrigue o presidente da Câmara a apreciar imediatamente um pedido de impeachment protocolado por eles em 31 de março.
A questão constitucional colocada, portanto, é se Maia deveria ter o poder de ditar o ritmo de eventual processo de impeachment, escolhendo a qual dos pedidos dará seguimento e em que momento o fará.
Juristas ouvidos pela ConJur avaliaram as normas que disciplinam a matéria e concluíram que inexiste regra que expressamente trate do assunto.
Crise política
Segundo Moro, Bolsonaro exonerou o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, porque queria ter alguém do «contato pessoal dele [na PF] para poder ligar e colher relatórios de inteligência». «O presidente me falou que tinha preocupações com inquéritos no Supremo, e que a troca [no comando da PF] seria oportuna por esse motivo, o que gera uma grande preocupação», disparou o ex-juiz.
No STF, a decisão de Celso de Mello não deixa de ser um recado ao Planalto. «Existe uma tendência de se tratar essas questões como interna corporis» — isto é, que devem ser resolvidas internamente pelo próprio Legislativo — afirma o jurista Thomas Bustamante, da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Assim, ao adotar entendimento diverso, o STF sinaliza que a matéria — poder de apreciação do presidente da Câmara sobre pedidos de impeachment — pode agora ser tratada de maneira distinta.
Em fevereiro, o decano do STF já havia afirmado que Bolsonaro poderia ter cometido crime de responsabilidade. À época, o presidente da República havia compartilhado, via redes sociais, uma convocação para uma manifestação hostil ao Congresso Nacional.
O que dizem as normas
Há basicamente três fontes normativas que tratam do impeachment: a Constituição da República, a Lei 1.079/50 («lei do impeachment») e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. É o que explica o jurista Carlos Ari Sundfeld, professor da FGV-SP.
«A Constituição apenas prevê o instituto, que é o impeachment, e define competências básicas para autorizar e para julgar [um pedido de impeachment]. Ela não define o procedimento interno na Câmara dos Deputados. A ‘lei do impeachment’ também não define os procedimentos», afirma.
As regras a respeito da tramitação de denúncias por crime de responsabilidade em tese praticados pelo presidente da República são então estabelecidas pelo regimento interno da Câmara dos Deputados. Trata-se de seu artigo 218, parágrafo 2º:
Recebida a denúncia pelo Presidente, verificada a existência dos requisitos de que trata o parágrafo anterior, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada à Comissão Especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os Partidos.
O parágrafo 1º do mesmo artigo estabelece que a denúncia deve ser «assinada pelo denunciante e com firma reconhecida», e estar «acompanhada de documentos que a comprovem ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com indicação do local onde possam ser encontrados, bem como, se for o caso, do rol das testemunhas, em número de cinco, no mínimo».
Segundo o regimento interno, então, o presidente da Câmara pode deferir o pedido, iniciando o processo de impeachment, ou indeferi-lo — o que pode gerar, segundo o próprio regimento interno, um recurso ao plenário.
«Mas o que não está solucionado no regimento interno é a omissão. Não se estabelece prazo para o presidente da Câmara decidir, nem alguma consequência [caso não haja decisão]», explica Sundfeld.
Bustamante explica que o «recebimento» a que o parágrafo 2º do artigo 218 faz alusão é o ato do presidente da Câmara de fazer um juízo de admissibilidade da denúncia, e não o protocolo do pedido. Assim, a determinação de que a denúncia deve ser «lida no expediente da sessão seguinte e despachada à Comissão Especial eleita» aplica-se apenas após o pedido ser admitido. Se ele simplesmente não for apreciado — nem admitido, nem indeferido —, não há prazo a pesar sobre o presidente da Câmara.
Interpretações possíveis
Segundo Sundfeld, caso o presidente da Câmara seja omisso, as normas do artigo 218 e seus parágrafos podem ser interpretadas de duas maneiras: uma é a de que existiria um «indeferimento tácito» (decorrente da demora em analisar os pedidos); outra é a de que o regimento interno teria dado um poder discricionário ao presidente da Casa.
O problema da primeira interpretação, contudo, é saber qual seria o período de tempo que precisaria ter transcorrido para caracterizar esse indeferimento tácito. «E aí caberá ao plenário decidir se houve ou não o indeferimento tácito. Se decidir que não houve, o recurso ao plenário é incabível. Se decidir que houve, o plenário vai acolher ou não a denúncia», explica.
Segundo Bustamante, «depois de um certo lapso de tempo que vai se estendendo, é plausível a ideia de que se pode exigir do presidente da Câmara que dê alguma decisão sobre isso. O momento exato ainda tem que ser fixado. Mas chega uma hora em que se pode caracterizar uma desídia, um ato omissivo que tem efeitos jurídicos».
O problema da segunda interpretação — a de que o chefe da Casa pode escolher quando analisará um pedido de impeachment —, para Sundfeld, «é que se dá ao presidente da Câmara um poder excepcional». Restaria saber, portanto, se essa concentração de poder faz ou não sentido.
Para o jurista, «não é absurdo considerar que o presidente da Câmara recebeu esse poder», pois ele «é um autoridade que, pela dinâmica parlamentar, decide muito dialogando com o colégio de líderes, e essa realidade política é importante para entender se esse poder é excessivo ou não».
Sundfeld também destaca que o presidente da Câmara é uma autoridade que foi eleita pelos seus pares e que, no caso de pedidos de impeachment, faz um filtro especialmente grave, realizando para tanto um trabalho prévio de articulação.
Bustamente não endossa essa segunda interpretação. Para ele, «é muito problemático tratar isso como competência discricionária do presidente da Câmara». «Maia está claramente não fazendo nada, o que aumenta o poder de barganha dele, de fazer análise de timing. Essa é a pior das interpretações», afirma.
De todo modo, se o plenário da Câmara tivesse que avaliar todos os pedidos de impeachment (de Collor a Bolsonaro, 220 denúncias), certamente surgiria um problema operacional importante. Algum filtro deve ser realizado — concordam os juristas.
Jurisprudência
O STF tem sido chamado a se pronunciar sobre o assunto, principalmente por meio de mandados de segurança — como o que resultou na decisão de Celso (MS 37.083) desta quinta.
De modo geral, a jurisprudência da Corte tem preferido não pressionar a Câmara a apreciar os pedidos de impeachment, conforme afirmou Bustamante.
De todo modo, para o jurista Marcelo Campos Galuppo, também da UFMG (e autor do livro Impeachment — O que é, como se processa e por que se faz), a decisão de Celso de Mello que determinou a interpelação de Maia está correta. Afinal, «a Constituição deixa claro que a competência [de apreciar pedidos de impeachment] é da Câmara», afirma.
Galuppo lembra ainda que o presidente da Câmara não deve fazer juízo de mérito sobre os pedidos, mas apenas avaliar se eles contêm condições da ação e justa causa.
O próprio STF cristalizou esse entendimento: a competência do presidente da Câmara dos Deputados «não se reduz à verificação das formalidades extrínsecas e da legitimidade de denunciantes e denunciados, mas se pode estender (…) à rejeição imediata da acusação patentemente inepta ou despida de justa causa».
Galuppo também faz menção ao MS 34.087. No caso, um pedido de impeachment contra o então vice-presidente Temer havia chegado à mesa de Eduardo Cunha, presidente da Casa à época, que indeferiu a denúncia durante o recesso parlamentar.
O autor do pedido impetrou o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal com vistas a invalidar o despacho de Cunha. O relator do caso, ministro Marco Aurélio, deferiu liminarmente o pedido, determinando que à denúncia fosse dado seguimento, no seio de Comissão Especial a ser formada para tal apreciação.
A Câmara ignorou a decisão de Marco Aurélio que, mais tarde, chegou a pedir ao MPF que investigasse o assunto.
Ironicamente, o episódio resultou em pedido de impeachment contra o próprio ministro Marco Aurélio, rejeitado pelo então presidente do Senado, Renan Calheiros.
Enquanto as limitações aos poderes do presidente da Câmara não são definidas, caberá às instituições da República tentar lidar com esse vácuo normativo. «Não haverá resposta categórica e conclusiva sobre essas questões. O problema é que o caminho será construído em contexto conturbado, do qual dificilmente sairão boas decisões», diz Bustamante.
Ex-ministros da Saúde denunciam Bolsonaro no Alto Comissariado da ONU, por violação aos direitos humanos
O presidente Jair Bolsonaro foi denunciado junto a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, por suas ações contra a pandemia do coronavírus, segundo informa a Folha de S. Paulo.
Os autores da denúncia são três ex-ministros da Saúde, Alexandre Padilha, que chefiou o Ministério da Saúde de 2011 a 2014, Arthur Chioro (2014-2015) e Humberto Costa (2003-2005).
Em atitude inédita eu e os ex-ministros @senadorhumberto e Chioro recorremos a ONU @UN e a OMS @WHO p/observarem a atitude genocida de Bolsonaro diante da COVID19 https://t.co/4E4HsMMnQU
— Alexandre Padilha (@padilhando) April 25, 2020
Eles acusam Bolsonaro de “violar o direito humano à saúde e à vida e de possível genocídio”, por não cumprir as recomendações das autoridades de saúde do país e da Organização Mundial da Saúde (OMS) no contexto de enfrentamento da pandemia de coronavírus, que já matou mais de 203.000 pessoas em todo o mundo.
Um dos episódios mais recentes, comprovando que Bolsonaro ignorou a pandemia, foi gravado em 19 de abril, quando o presidente sem luvas, sem máscara e tossindo algumas vezes, participou de uma manifestação pedindo intervenção militar e o fechamento do Congresso.
Ignorando as recomendações da OMS, dezenas de apoiadores se reuniram para ouvir o discurso de Bolsonaro por ocasião do Dia do Exército.
O presidente Jair Bolsonaro já descreveu a covid-19 como um “resfriado” e recentemente e recentemente demitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, devido a divergências quanto ao tratamento da crise do coronavírus. Recentemente, também ocorreram protestos maciços de apoiadores do presidente contra o isolamento social no país.
Segundo dados do Ministério da Saúde, em 25 de abril o Brasil registrou 346 novas mortes por covid-19, elevando o número total para 4.016, enquanto os casos já ultrapassam 58.000.
Moro aponta campanha com mensagens falsas para desqualificá-lo
O ex-ministro da Justiça Sergio Moro apontou em uma rede social neste domingo (26) uma campanha de mensagens falsas com o objetivo de desqualificá-lo. O ex-juiz disse não se preocupar com o movimento e declarou que já passou por isso «durante e depois da Lava Jato».
Moro pediu demissão do Ministério da Justiça na última sexta-feira (24), depois de um ano e quatro meses à frente da pasta. Na ocasião, o ex-juiz afirmou que o presidente Jair Bolsonaro tentava interferir politicamente no comando da Polícia Federal, órgão ligado ao Ministério da Justiça.
«Tenho visto uma campanha de fake news nas redes sociais e em grupos de WhatsApp para me desqualificar. Não me preocupo; já passei por isso durante e depois da Lava Jato», afirmou moro neste domingo em uma rede social.
Na sequência, em uma referência ao slogan de campanha de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, Moro escreveu: «Verdade acima de tudo. Fazer a coisa certa acima de todos». O presidente com frequência afirma: «Brasil acima de tudo. Deus acima de todos».
Na última sexta-feira, Moro exibiu à TV Globo reprodução de conversa que teve com Bolsonaro, na qual o presidente sugere troca no comando da PF em razão de investigações que envolvem aliados do chefe do Executivo.
Já o presidente da República foi a uma rede social neste domingo para dizer que Sergio Moro mentiu sobre interferência na Polícia Federal. Bolsonaro disse não ter trocado nenhum superintendente da PF.
«Lamentavelmente o ex-ministro mentiu sobre interferência na PF. Nenhum superintendente foi trocado por mim. Todos foram indicados pelo próprio ministro ou diretor-geral. Para mim os bons Policiais estão em todo o Brasil e não apenas em Curitiba, onde trabalhava o então juiz», disse Bolsonaro.
Não foi a primeira vez que Moro e Bolsonaro utilizaram redes sociais para trocar recados após o ex-juiz deixar o Ministério da Justiça.
Neste sábado (25), Bolsonaro afirmou que apoiou Moro no episódio do vazamento de supostas mensagens de Moro pelo site The Intercept. Na postagem, o presidente não contestou a reprodução de conversa exibida por Moro, na qual Bolsonaro sugere troca no comando da PF.
Pouco tempo depois, Moro respondeu, também por meio de rede social. Ele disse ter apoiado o presidente quando Bolsonaro foi «injustamente» atacado. O ex-ministro afirmou ainda que preservar a Polícia Federal de interferência política é «uma questão institucional, de Estado de Direito, e não de relacionamento pessoal».
Bolsonaro volta a se manifestar
Na noite deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se manifestar sobre as declarações do ex-ministro Sergio Moro.
Em uma rede social, Bolsonaro disse que a Polícia Federal, por força de lei e decretos, é parte do sistema brasileiro de inteligência, que alimenta com informações o presidente da República para tomada de decisões.
De acordo com Bolsonaro, uma coisa é pedir informações sobre inquéritos sigilosos em curso – o que, segundo ele, nunca aconteceu – e outra é ter acesso a conhecimento de inteligência produzido nos termos da lei, o que, segundo disse, sempre lhe foi sonegado.
Repercussão
As conversas exibidas por Sergio Moro à TV Globo voltaram a repercutir no meio político neste domingo. Veja algumas das manifestações:
Humberto Costa (PT-PE), senador – «As acusações são muito graves. Os indícios apresentados são muito fortes, de que o presidente da República tenha tentado interferir politicamente em investigações realizadas pela Polícia Federal sobre pessoas do seu entorno. Esses indícios, inclusive, são suficientes para que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal abram investigações para apurar autoria de crime de responsabilidade por parte do presidente. E só lamentamos que, só agora, o ex-ministro tenha trazido esses fatos que, tudo indica, já acontecem há algum tempo.»
Alessandro Molon (RJ), líder do PSB na Câmara – «Nesta segunda-feira (27), nós do PSB vamos dar entrada no pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, com base nas gravíssimas denúncias de crimes de responsabilidade feitas pelo ex-ministro da Justiça contra o presidente. Enquanto o presidente da Câmara avalia esse pedido de impeachment, nós vamos lutar para instalar a CPI que o PSB está pedindo para que já comecem as investigações dos crimes praticados pelo presidente. Nós lamentamos ter que fazer isso em um momento como esse tão difícil que o Brasil vive, mas, diante dos seguidos crimes que o presidente vem praticando, a nossa omissão seria imperdoável.»
Jarbas Vasconcelos (MDB-PE), senador – «Eu julgo de muita importância para o interesse do país que sejam apuradas o mais rápido possível as denúncias que Moro formulou contra o presidente da República. É importante que isso seja rápido, seja eficaz e que se procure ir a fundo na questão e, partir daí, ver quais são os seus desdobramentos. A Polícia Federal é e sempre foi uma instituição do país da maior seriedade. E essa seriedade deve ser preservada. A PF deve ter a sua autonomia sempre reforçada e ficar indiferente a qualquer interferência política, seja ela qual for.»
Alessandro Vieira (Cidadania-SE), senador – «As mensagens divulgadas pelo ex-ministro Sergio Moro são gravíssimas. Elas comprovam a prática de interferência política direta do presidente da República, que parece querer proteger amigos e parentes, ao mesmo tempo, em que pretende perseguir adversários. Isso é muito grave. Vai ter consequências jurídicas e será muito cobrado no Congresso e, certamente, na Justiça.»
Carreata em Brasília apoia Bolsonaro após polêmica renúncia de Moro
Centenas de pessoas realizaram neste domingo (26) uma carreata em Brasília para expressar apoio ao presidente Jair Bolsonaro, depois da renúncia do ex-juiz Sergio Moro ao cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, acusando o chefe de Estado de “interferir” em investigações policiais.
Com bandeiras do Brasil penduradas nas janelas dos carros e fazendo buzinaço, os manifestantes bolsonaristas percorreram o Eixo Monumental até o Congresso Nacional.
Algumas pessoas exibiam cartazes com o rosto de Moro, nos quais escreveram a palavra “traidor”. Até a sexta-feira, o ex-juiz, símbolo da luta contra a corrupção no Brasil, era o ministro mais popular do governo.
“Apoio a Bolsonaro” e “Fora Maia” diziam outros cartazes levados por manifestantes a pé, pedindo a saída do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acusado pelo presidente de conspirar para tirá-lo do poder.
Moro renunciou na sexta-feira, depois que Bolsonaro decidiu demitir o diretor-geral da Polícia Federal (PF) Maurício Valeixo, para colocar no cargo um homem de sua confiança, que lhe desse “informações de inteligência” e sobre investigações, entre outras coisas, denunciou o ex-juiz.
“Prestar esse tipo de informação não é papel da Polícia Federal. As investigações devem ser preservadas”, disse Moro.
O ex-ministro também afirmou que Bolsonaro se disse preocupado com algumas investigações em curso e que esta era uma das razões pelas quais queria trocar Valeixo, nomeado na PF por Moro.
Em rede nacional e acompanhado de ministros, Bolsonaro negou as “acusações infundadas” de Moro e o criticou por agir movido pelo “ego” e por ambições pessoais.
“Lamentavelmente o ex-ministro mentiu sobre interferência na PF”, escreveu Bolsonaro neste domingo no Twitter.
Para o lugar de Valeixo, Bolsonaro nomeou Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e ainda analisa uma lista de candidatos para substituir Moro.
A saída de Moro ocorreu em plena crise sanitária mundial, que na semana passada provocou a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por desavenças com Bolsonaro sobre as estratégias para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.
Na ocasião, os simpatizantes do presidente também fizeram manifestações em Brasília, algumas das quais foram saudadas pelo presidente, apesar das medidas de isolamento social recomendadas para conter a disseminação da COVID-19.
