Bolivia: el gobierno de facto militariza Santa Cruz y cierra puntos de acceso
Santa Cruz amanece «militarizada» para cumplir la cuarentena y frenar el contagio del COVID-19
El jefe de punto de control de la Policía Militar, Juan Carlos Pari, informó el martes que esa ciudad amaneció «militarizada» desde las cero horas, ante el incumplimiento de la cuarentena total en esa región del país, y con el objetivo de mitigar el contagio del coronavirus COVID-19.
«Las Fuerzas Armadas en cumplimiento al Decreto Supremo 4200 y el Plan Ciudad Segura emitido por el Comando de la Octava División, nos encontramos en diferentes puntos de la ciudad de Santa Cruz realizando una operación interinstitucional de la militarización», dijo a Btv.
Santa Cruz cerró los cuatro puntos de ingreso y de salida a la ciudad con más de 3.000 efectivos militares y policiales, ante el incumplimiento de la cuarentena total y el incremento preocupante de casos de COVID-19, como una medida de mitigación de esa enfermedad.
Pari explicó que serán detenidos todos los vehículos que no cuenten con su respectivo permiso otorgado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).
Indicó que desde las cero horas de esta jornada se detuvieron a tres vehículos que infringían la «militarización», por lo que recomendó a la población cruceña quedarse en casa y cumplir con las normas establecidas por el Gobierno nacional, que tienen la finalidad de velar por la salud de los bolivianos.
«Les pedimos que colaboren, ya que el coronavirus es un enemigo que no lo podemos ver», acotó.
La Alcaldía de Santa Cruz dispuso el cierre de carreteras y de al menos 73 centros de abasto en esta militarización, además dispuso en coordinación con la Gobernación la habilitación de 200 camas en el albergue transitorio «Ana Medina», para pacientes asintomáticos y quienes no revisten gravedad clínica, con el objeto de poder contar con la suficiente infraestructura hospitalaria para casos que efectivamente requieran internación.
Con batas de nylon, sin equipo de bioseguridad y sin sueldos, personal de salud denuncia abandono
Personal de salud de tres hospitales hizo conocer las precarias condiciones en las que trabaja en medio de la pandemia por el coronavirus. El común denominador es la falta de equipos de bioseguridad para atender a los pacientes por COVID-19, la falta de ítems, personal sin contrato y sueldos retrasados por hasta tres meses. En el Hospital Viedma, médicos y trabajadores acusaron a algunas autoridades de manejar políticamente la crisis y dieron 24 horas para resolver la situación bajo amenaza de paro.
El coordinador del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Alvin Siles, dijo que la falta de insumos y equipos aqueja a todos los países debido a la pandemia y respecto a los ítems aseguró que se concretarán esta semana.
En el ámbito institucional también hubo cuestionamientos. El asambleísta Daniel Torres (MAS) cuestionó las acciones de la gobernadora Esther Soria, su correligionaria, y Mario Orellana, segundo secretario de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), criticó lo que considera un “bloqueo” político de Torres y un grupo de asambleístas del MAS a un proyecto de ley para agilizar la entrega de la ampliación del Hospital Viedma.
El delegado presidencial para Cochabamba, Oscar Mercado, también envió una carta al alcalde José María Leyes reclamando el cumplimiento de compromisos sobre el equipamiento y puesta en marcha de dos hospitales para la atención de pacientes por COVID-19.
HOSPITAL URCUPIÑA Médicos y enfermeras del Hospital Urcupiña, en Quillacollo, mostraron que trabajan sin el equipo adecuado. En lugar de batas de protección, uno de ellos hizo un traje de nylon grueso (del que se vende en tiendas), otra enfermera improvisó una máscara hecha de una botella descartable de gaseosa. Mostraron 10 kits de seguridad recibidos hace como un mes y cuatro mamelucos para hacer toma de muestras de laboratorio, el resto son batas que deben lavar y volver a usar. Contaron que hay cuatro personas en cuarentena (una de ellas es una enfermera embarazada) debido a que tuvieron contacto con una paciente con síntomas que fue a pedir que le hicieran una prueba y ellos no tenían el kit. De estas personas, tres están en el hospital y sus compañeros aseguran que hace una semana no reciben alimentos que debe enviar el SEDES. También dijeron que hay varios sin contrato, sin ningún tipo de beneficios y sin sueldo hace tres meses. La infraestructura tampoco es adecuada, pues cuentan con una sala de aislamiento para una sola persona, si acaso llegara un paciente por COVID-19, es por eso que tuvieron que habilitar la sala de emergencias y si llega otro paciente, se quedarán sin sala de atención externa.
Las denuncias fueron recogidas por la asambleísta Lizeth Beramendi.
El secretario general de la Alcaldía de Quillacollo, José Terán, calificó las denuncias como “un show montado por la asambleísta”. Dijo que lo expuesto falta a la verdad y que, para no hablar sin fundamento, alista un informe con fechas, firmas y datos estadísticos sobre la entrega de insumos y equipos para demostrarlo.
HOSPITAL VIEDMA “Vivimos una encrucijada política entre las autoridades. No vamos a permitir que la salud sea una bandera política”, dijo ayer uno de los representantes del personal de salud del Hospital Viedma, en una conferencia de prensa en la que pidieron a los medios de comunicación ser portavoces de su crítica situación al tener que atender pacientes sin insumos de bioseguridad, sin recursos humanos y sin equipamiento. “Esto va a colapsar, si no tenemos material de seguridad, el personal también va a ser infectado. Pedimos que dejen la politiquería, de lo contrario vamos a tomar medidas de presión”.
Un médico que pidió guardar su nombre en reserva dijo que hay al menos 10 personas, exclusivamente dedicadas a tratar pacientes por COVID-19, que hace más de un mes trabajan sin contrato y sin ítem. Empezaron bajo el compromiso de que el exministro de Salud Aníbal Cruz iba a firmar sus ítems y pidió al director enviar la lista, pero no cumplió. Mientras, trabajan en doble turno hasta 12 horas diarias. “Nadie responde, nadie resuelve. Incluso si los ítems llegaran mañana, no son retroactivos y no nos pagarán por el tiempo ya trabajado. Es injusto. Si enfermamos por COVID-19 o morimos, ni siquiera tendremos los beneficios anunciados por el Gobierno porque el primer requisito es tener contrato de trabajo”.
OTRO CASO Un caso similar fue denunciado por médicos que ya fueron amedrentados y amenazados con despidos, es por eso que se rehúsan a que se mencione el hospital en el que trabajan. También afirman estar expuestos, pues su única protección es el nylon y las cintas de embalaje que usan para hacerse trajes a falta de ropa de bioseguridad.
Consultado sobre la advertencia del personal del Hospital Viedma y sus denuncias, Siles dijo que no podía emitir criterio porque no recibió información oficial porque durante la mañana de ayer fue a verificar las denuncias hechas por Beramendi.
Señaló que el aspecto político debe manejarse con cuidado pues hay personas que buscan aprovecharse. Sobre el Hospital Urcupiña, afirmó que son problemas que se deben subsanar, pero no son muy grandes, ya que hay material de bioseguridad aunque no en cantidad suficiente. Hizo notar que tampoco hay ese material disponible en el mercado.
Aseguró que la Alcaldía de Quillacollo firmó un compromiso para resolver algunos aspectos hasta el viernes, como la dotación de insumos adicionales y transporte para el personal de emergencia.
En cuanto a los ítems, afirmó que hay 300 para Cochabamba y espera que sean afectivos esta semana.
“La escasez (de insumos y equipos) es general en todos los países, por ejemplo Estados Unidos cerró la venta de respiradores. El Gobierno realiza gestiones para la importación directa, hay municipios que debieron dotarse antes y no lo hicieron”.
AUTORIDADES CUESTIONADAS El asambleísta Torres (MAS) criticó ayer dos proyectos de ley enviados por la gobernadora Esther Soria (MAS), con nuevas medidas ante la pandemia del coronavirus, por considerarlos insuficientes e informó que planteó que una comisión especial en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) para “obligar” a Soria a implementar centros de aislamiento.
Orellana aseguró que un grupo de asambleístas a quienes acusó de haber protegido “actos de corrupción” del exgobernador Iván Canelas se convirtió en la “oposición” de la Gobernadora, pese a ser todos del MAS, y ve un acto de irresponsabilidad que hayan impedido tratar un proyecto de ley que busca agilizar la entrega de la ampliación del Viedma para que el Gobierno pueda equiparlo.
El alcalde Leyes tampoco salió bien librado, ya que el ministro de Trabajo y delegado presidencial, Oscar Mercado, le solicitó ayer en una carta enviar en el mismo día un cronograma de cumplimiento de compromisos sobre las obras pendientes en los Hospitales del Sur y del Norte, donde se debe recibir a los pacientes por coronavirus.
Más de la mitad de los 397 casos de Covid-19 en Bolivia son mujeres
Este martes 14 de abril se confirmaron 43 nuevos casos positivos de coronavirus en Bolivia, siendo uno de los días con más contagiados reportados desde el 10 de marzo cuando se dieron a conocer los primeros contagios por el virus en Bolivia.
Roberto Vargas, responsable de Epidemiología del Ministerio de Salud, informó que hasta las 20:00 la cifra total de contagiados escaló a 397.
La autoridad explicó que de los casos positivos en el país, el 48,3% corresponde a varones contagiados por el Covid-19 y 51,7%, son mujeres.
De los nuevos contagiados en Bolivia, la mayor cantidad se registraron en Oruro con 16 casos, seguido por Santa Cruz, con 13, La Paz con 11 y Cochabamba con 3.
“Con estos 43 nuevos casos, se tiene un total acumulado de 397 casos distribuidos de la siguiente manera: Santa Cruz, 190 casos (48%); La Paz, 91 casos (23%); Cochabamba, 57 contagiados (14%); Potosí, 15 (4%); Oruro, 30 casos (8%); Tarija, 2 casos (0,5%); Chuquisaca, 1 caso (0,3%) y Beni se mantiene sin contagio”, explicó Vargas.
De acuerdo con el responsable de Epidemiología, la tasa de incidencia sobre la población boliviana por 100.000 habitantes, es de 3.4, siendo la más alta Pando con 7.1; Santa Cruz con 6.5; Oruro, tiene 5.4, y el resto del país por debajo de la media nacional (3.4).
