Nuevo estudio del CEPR muestra que la OEA “tergiversó datos y evidencia” en su Informe Final de auditoría para justificar acusaciones de fraude en las elecciones bolivianas
Un nuevo estudio de gran envergadura realizado por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglos en inglés) examina las fallas en el “Informe Final” de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la auditoria de las elecciones de Bolivia en octubre, y muestra que los autores de ese informe tergiversaron datos y evidencia en un aparente intento de respaldar las alegaciones anteriores de la OEA sobre una manipulación deliberada por parte de las antiguas autoridades electorales de Bolivia. El documento del CEPR (el resumen ejecutivo) es publicado justo después de la divulgación de un análisis estadístico de los resultados electorales de Bolivia elaborado por Jack Williams y John Curiel, dos investigadores del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del MIT que fueron contratados para realizar el análisis por el CEPR.
La OEA ha criticado los estudios anteriores del CEPR, así como el de Williams y Curiel, por no tomar en cuenta ciertos aspectos de las elecciones bolivianas, como la existencia de actas defectuosas y de “servidores ocultos” utilizados en el procesamiento de los resultados electorales. El nuevo documento de 82 páginas (en inglés) del CEPR, “Observando a los observadores”, del investigador Jake Johnston y del economista David Rosnick, examina estos y otros factores en detalle, brinda una refutación integral al Informe Final de la OEA y muestra que “no proporciona evidencia alguna de que esas irregularidades alteraran el resultado de las elecciones, o fueran parte de un intento deliberado de hacerlo”.
“Está claro que el Informe Final de la OEA, que la organización ha presentado como la última palabra sobre lo que sucedió en las elecciones de Bolivia, no ofrece la evidencia necesaria para demostrar que un fraude afectara los resultados electorales”, dijo Jake Johnston. “Más bien, parece tener la intención de justificar acusaciones apresuradas y en última instancia indefendibles, pero muy perjudiciales, que la OEA hizo el día después de las elecciones”.
Después de que la OEA ayudó a perpetuar una falsa narrativa de fraude, el Gobierno de facto de Bolivia utilizó el Informe Final para justificar la destitución del presidente Morales, su consolidación no democrática en el poder y su persecución a exfuncionarios del Gobierno. Decenas de exfuncionarios electorales están actualmente detenidos en espera de juicio por presunta participación en un supuesto fraude electoral.
El estudio del CEPR encuentra que el Informe Final de la OEA:
- Se basa en análisis estadísticos defectuosos y suposiciones incorrectas;
- Entierra u oculta por completo los resultados de sus ejercicios de verificación a pesar del hecho de que son altamente relevantes;
- No presenta evidencia que apunte a la manipulación de los resultados electorales;
- No presenta información que indique que los problemas con la TREP (el recuento preliminar), ya sean reales o supuestos, afectaron el Cómputo (recuento oficial) o que el cómputo fuera alterado fraudulentamente;
- No proporciona claridad sobre la detención de la TREP y, como resultado, perpetúa una falsa narrativa de fraude.
El estudio del CEPR señala: “El Informe Final presenta información contradictoria relacionada con la TREP. Afirma que no había una razón técnicamente válida para detener la TREP, pero luego incluye más de una docena de hallazgos relacionados con problemas técnicos con la TREP que surgieron antes de su detención”.
Si bien el Informe Final de la OEA identifica la detención de la TREP como un acto de “manipulación dolosa”, no tiene en cuenta que Ethical Hacking, la empresa auditora cuyo análisis destaca el Informe Final de la OEA, envió una “alerta máxima” a la autoridad electoral justo antes de que se tomara la decisión de detener la TREP. Además, durante la detención, la empresa auditora investigó el servidor “no autorizado” que fue objeto de la alerta y determinó que no se habían alterado ni manipulado los datos electorales. Estos hechos básicos no se mencionan en el Informe Final de la OEA.
El estudio del CEPR advierte: “Una organización multilateral llamada a resolver una disputa electoral debe ser honesta, imparcial y creíble. Este estudio muestra que la OEA no puso en práctica nada de esto en el caso de la crisis electoral boliviana de 2019. La conducta poco ética de la OEA en Bolivia ha tenido consecuencias profundamente perturbadoras.”
“Las acciones de la OEA en Bolivia son solo el último ejemplo de una organización que, bajo el liderazgo del Secretario General Luis Almagro, ha renunciado a todas las pretensiones de neutralidad”, dijo Johnston. Almagro espera asegurar su reelección a la cabeza de la organización multilateral en una votación este 20 de marzo.
“La OEA continúa haciendo alegaciones que contradicen totalmente los datos puestos a disposición del público en tiempo real durante el recuento rápido y el recuento oficial. Las alegaciones de la OEA contradicen incluso la presentación de sus propios datos”, señaló David Rosnick. “El Informe Final confirma que la OEA no tenía sustento para su afirmación del 21 de octubre de que había algo extraño e inexplicable sobre el conteo preliminar que mostraba a Morales con una victoria en primera vuelta. En lugar de presentar un argumento razonado, respondiendo a los numerosos cuestionamientos de estadísticos, la OEA eligió, decepcionantemente, atacar al mensajero, es decir, atacar a quienes buscamos sacarlos de su error”.
En diciembre, el Consejo Permanente de la OEA impidió que el CEPR presentara sus hallazgos junto con los de la OEA, como lo había solicitado el representante del Gobierno mexicano ante el organismo.
“Esperemos que terceros den la bienvenida a este informe con la curiosidad intelectual y el rigor académico que tanto el Informe Final de la OEA como este estudio merecen”, agregó Johnston.
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