Lenín Moreno sin capacidad ni voluntad de adoptar medidas frente al Covid-19 – Por Adoración Guamán, especial para NODAL
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Adoración Guamán *
La pandemia del Covid-19 se extiende por el mundo provocando una crisis sanitaria sin precedentes con repercusiones sociolaborales y económicas abrumadoras. Con el epicentro ahora mismo en Italia, con Europa sumida en una cuarentena cada vez más estricta, la pandemia amplía su radio y golpea ya a América Latina, la región más desigual del mundo, dirigida por una mayoría de gobiernos que por incapacidad o falta de voluntad no están dando una respuesta que permita precautelar la vida de los pueblos de la región.
Contrariamente a lo habitual, América Latina puede asomarse ahora a la realidad europea a modo de laboratorio de pruebas de reacciones frente a la pandemia. Sin perjuicio de las muchas críticas que puedan hacerse a las tardías o renuentes actitudes de sus gobiernos, la experiencia de estas dos semanas, que han parecido dos años, demuestra cómo el virus ha doblegado a los más ortodoxos neoliberales, haciéndoles abrazar una suerte de “keynesianismo de trinchera”.
Así, más allá de cuestiones ideológicas, la realidad del mundo en que vivimos nos ha caído encima como un jarro de agua helada, tan helada que ha llevado a Boris Johnson, el más duro entre los neoliberales, a pagar el 80% de los salarios de las personas que no puedan trabajar durante la crisis.
Mientras, la mismísima Comisión Europea, madre del austericidio que arrasó al Estado Social en Europa, anunciaba la suspensión de los límites al gasto público y proponía autorizar a los Estados de la UE a gastar “todo lo necesario” para luchar contra el virus y sostener a trabajadores y empresas. A su lado, el Banco Central Europeo aprobó la decisión de destinar 750.000 millones de euros a comprar activos públicos y privados en los mercados.
Evidentemente, nada esto cambia (todavía) las “verdaderas” reglas del juego ni subvierte las actuales bases neoliberales de la estructura de la UE pero, al menos, indica que esa parte del mundo ha tenido que asumir, y ha costado una pandemia, que el gasto público y la intervención estatal en la economía es el único camino posible.
El laboratorio de pruebas, descoordinado, en el que se ha convertido Europa nos permite discernir cuatro tipos de medidas, cuyo análisis es importante a efectos de tomar nota en aquellos países donde la pandemia está ahora comenzando.
En primer lugar, evidentemente, debemos colocar las medidas sanitarias. Sostener la vida de la gente está poniendo a prueba a unos sistemas de salud pública golpeados por las medidas de privatización y reducción de la financiación de los servicios públicos, especialmente duras tras la crisis de 2008 pero que llevaban ya décadas ensayándose.
El virus ha llevado al límite a estos sistemas y los gobiernos, en mayor o menor medida, no han tenido más remedio que inyectar dinero para fortalecer la atención sanitaria: contratación de nuevo personal, construcción de hospitales, compra de material sanitario, etc.
En paralelo, y esto es algo que hace solo dos semanas podría parecer inverosímil, la crisis sanitaria ha requerido una intervención estatal de la sanidad privada para ponerla al servicio del interés general. Evidentemente, nadie ha sido capaz de protestar (abiertamente) por esta intervención.
En segundo lugar, y activadas siempre unos días después de las medidas sanitarias, encontramos socio-laborales.Dado que la paralización de la mayoría de la actividad económica es fundamental para poder mantener el aislamiento y frenar los contagios, la cuestión laboral se coloca en el centro del tablero.
La paralización exige una serie de actuaciones públicas para asegurar fundamentalmente dos cosas: por un lado, que quienes dejen de trabajar puedan mantener una vida digna, por otro lado, que el tejido empresarial pueda seguir funcionando y sostenga los puestos de trabajo. El rango de medidas orientadas a estos objetivos ha sido muy amplio, pero todas pasan por la inyección de dinero público, directamente a las personas y a las empresas.
En el ámbito de la atención a las necesidades vitales de la población, y mirando únicamente la batería de medidas adoptada por el gobierno de coalición español, encontramos una serie de acciones sociales para asegurar la vida digna.
Ellas son: el aplazamiento en el pago de hipotecas y de los servicios básicos (se debate también el tema de los alquileres); la prórroga automática de ayudas sociales; los dotación de fondos específicos para colectivos vulnerables; el aumento de la capacidad de gasto social para los municipios; o un plan específico de contingencia contra la violencia de género en estos momentos de aislamiento.
Medidas de carácter similar se han adoptado en otros Estados de la UE, incluyendo transferencias en efectivo a la población. De hecho, la propuesta de establecer una prestación a modo de renta básica, ya sea universal ya sea a colectivos específicos, cobra fuerza día a día.
En el ámbito del trabajo asalariado, las medidas van orientadas a evitar los despidos y a sostener la actividad de las empresas para que reabran tras la crisis y mantengan el empleo. En concreto, en España se ha actuado respecto a las personas trabajadoras en un triple sentido: fomento del teletrabajo; establecimiento de opciones para garantizar la compatibilidad del trabajo y de los cuidados desde el punto de vista de impedir el contagio y permitir los cuidados, siempre a voluntad de los y las trabajadoras.
Y en último lugar se permite la suspensión de la prestación laboral, quedando los salarios de todas las personas en esta situación a cargo de la seguridad social.
En Francia y el Reino Unido se ha establecido un mecanismo de compensación salarial en casos de interrupción del trabajo y en Italia se decretó la prohibición de despido por causas económicas durante dos meses.
También se han adoptado préstamos estatales o garantías de crédito para empresas, aplazamiento de pagos a la seguridad social o de impuestos y medidas específicas para los trabajadores autónomos, todo con la finalidad de la supervivencia del tejido empresarial y de los puestos de trabajo.
Por último, y como medida algo olvidada, pero de primera necesidad, es imprescindible asegurar que las personas que deben trabajar porque su prestación es imprescindible para la sociedad (alimentación, sanidad, seguridad, transportes relacionados con lo anterior) lo hagan en situaciones de absoluta seguridad para su salud. Lo contrario es mantener la posibilidad, aun reducida, de contagios.
De manera paralela, debe asegurarse igualmente que solo se mantenga la actividad imprescindible, cuestión que poco a poco va aceptándose como necesaria.
Todo lo anterior evidencia que la batalla contra el coronavirus se juega en el campo del gasto público y de la intervención del Estado en la economía. La buena noticia es que empiezan a desmoronarse los dogmas neoliberales, que en diez días han pasado a ser cuestionados por algunos de sus principales adalides.
La mala es que esta crisis golpea a América Latina en un momento de hegemonía casi plena de la Lex Mercatoria (con magníficas excepciones como Argentina) y de gobiernos capturados por las elites y obedientes a los dictados del FMI que, como en el caso de Ecuador, no tienen ni voluntad (ni capacidad) para adoptar las medidas anteriores.
El análisis de la reacción de Ecuador ante el Covid-19 ejemplifica lo dicho. Los planes del gobierno de Lenin Moreno en materia socio-económica pueden dividirse en dos: medidas para sostener a las empresas y actuaciones de carácter asistencial mínimo para la población más empobrecida.
Las primeras se adoptaron el 15 de marzo, es decir, antes de que se adoptara el Decreto por el que se declaró el Estado de Excepción y de que se paralizara una buena parte de la actividad económica (con matices). El Acuerdo del Ministerio del Trabajo (077) establece una serie de reformas como la reducción de jornada (hasta de seis meses), la modificación de jornada (incluyendo la posibilidad de trabajar los fines de semana) y la suspensióndel trabajo.
Todas estas medidas serán tomadas unilateralmente por el empleador, sin mencionar a los sindicatos o las preferencias del trabajador. Además de ser legalmente cuestionables y de no relacionarse claramente con la lucha contra la propagación del virus, ninguna de estas medidas indica qué va a pasar en esas situaciones con los salarios.
Todo parece indicar, y así lo están asesorando los gabinetes jurídicos, que los trabajadores dejarán de percibir sus remuneraciones sin que haya ninguna previsión de compensación. De hecho, esta compensación solo se prevé en los casos que, tras la finalización de la emergencia, el trabajador recupere las horas no trabajadas. La pregunta es ¿mientras tanto, durante la pandemia, de qué viven estas personas?
El Presidente Lenín Moreno respondió a esta cuestión en un vídeo publicado el día 20 de marzo. Acostumbrados a la informalidad, con un Estado cuya institucionalidad se basa ya en el twitter, el presidente y dos de sus ministros anunciaron una serie de medidasinsuficientes y mal planteadas. La medida estrella es la iniciativa “dar una mano sin dar la mano”, que en realidad es una actuación de las empresas privadas de alimentación que han creado una plataforma on line para dar canastas de alimentos.
El gobierno por su parte, según el vídeo del Presidente, está repartiendo 245.000 raciones de alimentos (no informó de qué criterios se utilizan para este reparto). En el plano de las ayudas económicas, desde los ministerios respectivos solo se han propuesto la apertura de líneas de préstamos, bien personales bien para empresas, con elevadas tasas de interés y obligación de solicitud presencial (¿en pleno confinamiento?).
Como única ayuda económica directa, el Presidente ha anunciado un “bono de contingencia” para 400.000 familias consistente en dos pagos, de 60 dólares cada uno, a solicitar presencialmente en abril y mayo. Junto con estas (insuficientes) medidas, es importante recordar que el Decreto por el que se declaró el Estado de Emergencia, de 17 de marzo, prevé la suspensión de la jornada presencial de trabajo, pero afirma que seguirán funcionando, entre otras industrias, toda la cadena de exportaciones.
Como puede observarse, ni hay voluntad de parar el país para frenar los contagios, ni hay voluntad de poner la vida por delante de los intereses económicos. En Ecuador, sigue ganando la banca y esta tragedia ya cotidiana puede ser, ahora, una catástrofe social.
El Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de un Estado robusto, que sea capaz de intervenir en la economía y tomar el mando de la situación. Un Estado fuerte que asegure en primer lugar la atención sanitaria a la totalidad de la población. Un Estado firme que pueda además establecer normas claras para asegurar el aislamiento de las mayorías sociales como única vía para contener el contagio y un Estado capaz que sepa inyectar dinero directamente a las familias para que a nadie le falte alimento.
Se necesita, ahora más que nunca, instituciones y gobiernosque, además de sostener al tejido empresarial para precautelar los puestos de trabajo, den soporte a los autónomos y se ocupen de los salarios dejados de percibir durante esta situación que ya apunta hacia una crisis civilizatoria y que está poniendo sobre la mesa que las recetas neoliberales, sencillamente, matan.
* Profesora de derecho. Universidad de Valencia.
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