Informe de la ONU ratifica que «Colombia es el país latinoamericano con más asesinatos de defensores de DDHH»
Nota de prensa de la ONU: Colombia: el país latinoamericano con más asesinatos de defensores de derechos humanos, señala experto
Esta es una de las principales conclusiones del informe que presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, tras su visita al país sudamericano del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018.
El informe señala que «las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz; oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra; y por proteger sus comunidades. Las defensoras son, además, objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataques».
Pese al descenso en la tasa general de homicidios que ha experimentado el país desde 2011 -que sigue siendo alta-, , los asesinatos de los defensores de derechos humanos han aumentado desde 2016, según los datos de fuentes estatales como la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la sociedad civil.
El informe de la Consejería Presidencial destaca un importante descenso en el número de asesinatos y de municipios afectados tras la llegada al poder del presidente Iván Duque; sin embargo,el relator destaca que el índice de esos crímenes sigue siendo muy elevado, con 52 verificados por la Oficina de la Alta Comisionada en 47 municipios durante la primera mitad de 2019.
La impunidad perpetúa la violencia
Forst indica que históricamente la tasa de impunidad de homicidios contra los defensores de las garantías fundamentales se sitúa alrededor del 95% en comparación con la de homicidios dolosos, que fluctúa entre un 86% y un 94%.
Sin embargo, recuerda que desde 2016, la Fiscalía decidió priorizar la investigación de los asesinatos de defensores documentados por la Oficina de la Alta Comisionada, con 302 casos.
De ellos, la Fiscalía detalla que a fecha de agosto de 2019 «33 cuentan con sentencias firmes, 55 están en etapa de juicio, 45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura y 3 han sido precluidos por muerte del indiciado».
Estas cifras conllevan un 11 % de casos esclarecidos, frente a un 89 % pendientes de determinar la culpabilidad, «si bien en el 54% de estos últimos se están dando avances en la investigación», apunta Forst.
No obstante, agrega que «esta cifra no representa el universo total de asesinatos ocurridos y excluye aquellos que sucedieron antes del Acuerdo de Paz».
El relator advierte que «cuando los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas defensoras y permanecen impunes, se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor en la sociedad, y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos».
Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Grupos específicos
El experto indica que los defensores de derechos humanos «más expuestos» tras el Acuerdo de Paz son los líderes sociales y comunitarios, los étnicos, y «sobre todo los promotores de las políticas derivadas del Acuerdo de Paz, en particular el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la reforma agraria, así como los reclamantes de tierra».
Forst subraya la gran complejidad del contexto en el que estos activistas implementan su tarea en favor de los derechos humanos, especialmente «en los territorios donde hay una ausencia integral del Estado y las comunidades no son protegidas de manera efectiva por las fuerzas públicas del orden allí presentes».
El relator fue informado de cómo estas personas se ven forzadas a relacionarse con diferentes grupos armados ilegales y criminales y que se convierten en sus objetivos cuando se oponen a su presencia, al reclutamiento forzoso o a la explotación sexual de sus hijas, o cuando impulsan el Acuerdo de Paz, sobre todo en lo que se refiere a la reforma rural o el programa de sustitución de cultivos ilícitos, o se oponen a la extorsión.
Los activistas también plantearon a Forst la situación de peligro de los defensores indígenas y afrocolombianos, quienes «se enfrentan a una discriminación racial de facto con causas estructurales e históricas y a riesgos intrínsecamente relacionados con la defensa de los derechos humanos de sus pueblos, su forma de vida y sus tierras».
Pese a una pequeña disminución en 2018, el número de mujeres defensoras asesinadas aumentó desde la firma del Acuerdo de Paz hasta junio de 2019, representando entre un 20% y un 17% del total de defensores abatidos.
El experto lamentó asimismo la muerte de seis personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) defensoras de los derechos humanos en 2017 y denunció la situación de riesgo que corren los abogados que representan a las víctimas de violaciones graves de las garantías fundamentales durante el conflicto, así como los abogados de derechos humanos.
Por último, resaltó un incremento de los ataques contra la libertad de prensa el año pasado.»Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que trabajan sobre temas de derechos humanos y corrupción están en mayor riesgo, y quienes trabajan en las regiones de Arauca, Cauca, Antioquia y Nariño están más expuestos. En las zonas rurales se ha denunciado un clima generalizado de temor que ha llevado a la autocensura del sector», apuntó.
Durante el pasado fin de semana, Forstst informó que el Gobierno colombiano no le había autorizado entrar al país para finalizar el informe que presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos.
Vista panorámica de Bogotá, capital de Colombia.
Recomendaciones
Pese a constatar la voluntad política e importantes iniciativas de las autoridades de Colombia para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos, y tras analizar la información proporcionada por el Gobierno, la sociedad civil y otros actores, Forstconcluyó que la gran mayoría de las personas defensoras en ese país no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio.
«Carecen de un reconocimiento social y público positivos, son deslegitimados y criminalizados en relación con su labor de defensa de los derechos humanos por actores estatales y no estatales».
Recomendaciones al Gobierno:
Entre otras recomendaciones, Forst propone:
-Reafirmar el compromiso político con el Acuerdo de Paz, priorizar su implementación, dotándolo de los recursos necesarios para ello, y en particular de los mecanismos de protección de las personas defensoras.
-Reconocer pública y regularmente, incluso mediante campañas en los medios de comunicación y sociales, el papel fundamental de las personas defensoras en la sociedad y condenar las violaciones e intentos de deslegitimarlos y criminalizarlos, apoyando a la Procuraduría y a la Fiscalía en la toma de medidas disciplinarias contra funcionarios y autoridades que actúen en contra de las personas defensoras.
-Continuar priorizando la lucha contra la impunidad por los asesinatos contra las personas defensoras, comprometiéndose a avanzar en la investigación de todos los asesinatos, amenazas y otras violaciones anteriores al Acuerdo de Paz, más allá de los asesinatos y casos documentados por la , dotando a la Fiscalía de los recursos y apoyos necesarios para ello.
-Revisar o evitar la adopción de instrumentos legislativos que restrinjan el espacio cívico y los derechos de reunión pacífica, la libertad de expresión y de participación en asuntos públicos y los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos y, en particular, el derecho a la consulta previa y consultiva, asegurando su concordancia con los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto;
– Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, reconozca el procedimiento de comunicación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y firme la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Asesinan a un escolta del líder social Leyner Palacios en Cali
Sobre las 3 de la tarde de este miércoles, en el barrio La Selva, ubicado al suroriente de Cali, fue asesinado Arley Hernán Chalá, de 24 años, quien se desempeñaba como escolta del líder social de Bojayá (Chocó), Leyner Palacios Asprilla.
Según fuentes locales, la víctima se encontraba en su hora de almuerzo, solo y sin escoltar a nadie. Se presume que este habría sido un ataque sicarial.
Chalá hacía parte de la empresa de seguridad Guardianes y prestaba el servicio como escolta al líder social chocoano.
Leyner Palacios se pronunció en su cuenta de Twitter y manifestó que «tenemos mucho dolor ante el brutal asesinato del que fue víctima Arley Hernán Chalá, uno de mis escoltas. 18 impactos de bala lo acallaron».
Tenemos mucho dolor ante el brutal asesinato del que fue víctima Arley Hernán Chalá, uno de mis escoltas, 18 impactos de bala lo acallaron. En mi mente él y su familia. No me es sfácil dar declaraciones, agradezco la comprensión y solidaridad. https://t.co/IKUBONu9uu
— Leyner Palacios A (@PalaciosLeyner) March 5, 2020
Tenemos mucho dolor ante el brutal asesinato del que fue víctima Arley Hernán Chalá, uno de mis escoltas, 18 impactos de bala lo acallaron. En mi mente él y su familia. No me es sfácil dar declaraciones, agradezco la comprensión y solidaridad. https://t.co/IKUBONu9uu
— Leyner Palacios A (@PalaciosLeyner) March 5, 2020
La oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se encuenta a esta hora en la capital del Valle, acompañando al protegido.
Estamos en #Cali acompañando a defensor de #DDHH Leyner Palacios. @PalaciosLeyner no estaba en el lugar del atentado contra su escolta. Condenamos atentado y homicidio de Arley Hernán Chalá, escolta de La @UNPColombia Nuestra solidaridad y condolencias a su familia @Albrunori pic.twitter.com/gR65pkZgOR
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) March 4, 2020
Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, habló con Palacios en los últimos minutos sobre lo sucedido con su escolta y dijo que «Leyner se siente muy golpeado por la situación y está buscando una clarificación sobre lo acontecido», mencionó de Roux.
Las autoridades investigan si se trataba de un atentado directamente contra Palacios. Sin embargo, el presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró que el hecho de que el homicidio haya sido contra un escolta del protegido, puede ser una de las razones que explican el fatal hecho.
La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, de la que Palacios Asprilla es Secretario General, pidió al Gobierno Nacional elevar la seguridad de todos los líderes sociales. «Exigimos al Estado Colombiano, a la Fiscalía General y al Presidente Duque, la inmediata investigación de este crimen,se haga justicia efectiva y eleve la protección de nuestro secretario general Leyner Palacios y de todos los líderes y defensores de DD.HH.».
Colombia rechaza nuevo informe de la ONU
Hoy en Ginebra, Suiza, el relator para los Derechos Humanos de la ONU, Michael Forst, presentó su informe sobre asesinato de líderes sociales en el país, sin embargo, nuevamente el Gobierno rechazó el documento.
La semana pasada también el gobierno colombiano criticó y manifestó su desacuerdo con el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y dijo que las recomendaciones expuestas eran una “intromisión” de la ONU.
En este nuevo informe, Forst detalló que “Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia”.
Registró que “históricamente la tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores y defensoras en Colombia se ha situado en torno al 95 %”.
Ante esto, EL HERALDO consultó a la Fiscalía General, pero el ente investigador no se pronunció sobre el caso.
La Cancillería, por su parte, este miércoles en la noche, detalló algunas objeciones frente a consideraciones del informe que “no reflejan objetividad e integridad”.
En total, fueron 5 temas a los que se refirió la canciller Claudia Blum.
El primero es sobre la “supuesta criminalización estatal de los defensores de Derechos Humanos en Colombia”.
Según Blum, tal acusación es inadmisible porque desconoce las garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales del país.
El segundo hace refencia a las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales. “Son afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”, agregó Blum sobre este punto.
El tercer tema que mencionó la canciller son las conclusiones sobre la supuesta falta de determinación política y de asignación de fondos para implementar el Acuerdo de 2016.
“Desconocen de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de Paz con Legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”, expresó Blum.
El cuarto tema en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores marcó distancia fue en las supuestas restricciones estatales a la libertad de expresión, la reunión pacífica y a las consultas previas, “que se mencionan ignorando garantías constitucionales colombianas destacadas internacionalmente”.
La última objeción de la canciller fue sobre las consideraciones sobre el modelo de desarrollo de Colombia. De este quinto tema, la canciller dijo que el informe “refleja opiniones políticas subjetivas ajenas al mandato del relator”.
“Declaraciones irresponsables”. Por su parte, el relator de la ONU había manifestado su descontento con el Gobierno por no haberlo invitado al país a una visita de seguimiento a la situación de los líderes sociales, a pesar de que ya se había comprometido en hacerlo.
Forst indicó que de haberse dado esta visita, se hubiese reunido con ministros y otros funcionarios para verificar las recomendaciones de su informe que se estén aplicando.
De otro lado, el relator también se refirió a la polémica frase de la ministra del Interior, Alicia Arango, de que en Colombia mueren más personas por robos de celulares que por ser defensores de Derechos Humanos.
“Lamento este tipo de declaraciones irresponsables, especialmente cuando las hace un ministro en ejercicio, aunque también es el caso de algunos miembros del Congreso”, manifestó Forst.
De hecho, el relator dijo que habló del tema con el presidente Iván Duque, durante su visita a Colombia, en noviembre de 2018.
“El me dijo que recordaría en un consejo de ministros la importancia de ser consistente en la definición de los defensores y de no estigmatizarlos en las declaraciones públicas, así que espero que a este exceso de la ministra no le sigan otros”, le dijo el relator de ONU a El Tiempo.
Esta miércoles, la ministra Arango en diálogo con varias emisoras capitalinas presentó excusas por si alguien se sintió ofendido, aunque dijo que no se retractaría. “Me excuso pero yo no me retracto, porque las cifras son esas y además la seguridad ciudadana también cuenta”, expresó Arango.
Y agregó que “no pueden haber muertes de primera y segunda mano”.
El gobierno y los líderes. Esta no es la primera vez que por frases de personas del Gobierno se generan grandes polémicas.
Sobre la situación de violencia que viven los líderes sociales en el país, varias veces el Gobierno se ha pronunciando diciendo que sí están llevando a cabo una política de protección a los mismos.
Sin embargo, han reiterado en varias ocasiones que estos asesinatos no son sitemáticos.
El actual fiscal General, Francisco Barbosa, siendo consejero presidencial para los Derechos Humanos, precisó: “No podemos hablar de sistematicidad ya que cada territorio tiene sus particularidades”.
Lo mismo dijo la ex ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, quien ahora es la consejera para los DDHH. Así como también lo manifestó el alto consejero presidencial para la seguridad, Juan Carlos Restrepo, entre otras personas del Gobierno.
Lo anterior, a pesar de que el exfiscal General Néstor Humberto Martínez sí reconoció la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales.
En su momento, Martínez aclaró que esta sistematicidad no involucra a agentes del Estado, pero concluyó que sí hay factores comunes que permiten determinarla.
Reacciones. Tras las declaraciones de Arango, fueron varias las reacciones, unas a favor y otras en contra.
Desde el partido gobiernista Centro Democrático defendieron a la ministra del Interior.
“La ministra Alicia Arango dijo una verdad (…) y le cayeron los de siempre para crucificarla y hacer un escándalo mediático. Claro, tenían que tapar la noticia de las barbaridades de la JEP”, señaló el senador Ernesto Macías.
Por su parte, el senador opositor Alexander Maya, del Polo Democrático, ‘trinó’: “La ministra no se equivoca, obedece a lo que ha venido orientando el presidente Duque, a quien no le interesa la vida de los líderes sociales”.
También desde la Comisión de la Verdad, el comisionado Carlos Martín Beristain, defendió la “solidez” de los informes de la ONU afirmó que “hay verdades incómodas que hay que asimilar”.
“Las metodologías de trabajo del Alto Comisionado de la ONU están probadas en múltiples países. Son informes sólidos en muy diferentes contextos, también en Colombia durante muchos años”, refirió Beristain.
Policía rechaza informe de ONU que sugiere cambios en el Esmad
El director General de la Policía Nacional, Óscar Atehortua Duque, aseguró que no está de acuerdo con el informe presentado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, en el que se sugiere una «profunda transformación» del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para garantizar que «cumpla con los estándares internacionales».
Según el alto oficial, no se entiende cómo pudieron realizar un informe con ese tipo de declaraciones, cuando ni siquiera se tomaron el trabajo de visitar la institución o de preguntar el origen de esos procedimientos.
«Para hacer manifestaciones de ese talante, ni siquiera fuimos visitados por ellos para obtener respuestas directas», destacó el alto oficial, quien además recordó que estos son los protocolos recomendados por las mismas Naciones Unidas.
Según señaló el general Atehortua, se tienen abiertas las puertas de la institución para que los delegados de la ONU puedan acercarse y hablar de forma directa.
De igual modo, el alto oficial también fue claro en destacar que hasta el momento se mantienen los protocolos actuales y establecidos con anterioridad.
Hay que recordar que esta misma solicitud fue rechazada con vehemencia por el presidente Iván Duque, quien calificó de «intromisión en la soberanía», que la ONU señalara además que la Policía debe estar a cargo del Ministerio del Interior.
Otro que en su momento, también reaccionó frente a este informe fue el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, quien calificó el texto de la ONU como «injusto y dañino» porque, a su juicio, sienta un mal precedente que asegura podría estimular el crimen.
«El informe con ese ajusticiamiento al Gobierno es muy injusto y dañino. Está dando la oportunidad a que los criminales puedan justificar sus crímenes y deja un mal precedente que, sin quererlo, estimula el crimen porque exacerba a los criminales», afirmó.
Cabe recordar que el informe se hizo a propósito de la muerte del joven Dilan Cruz en Bogotá, en medio del paro nacional del 21 de noviembre del 2019.
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