Estallido social en Chile: mañana habrá paro nacional y marchas contra Piñera a dos años de su asunción
Unidad Social llamó a paro nacional para el 11 de marzo
La Mesa de Unidad Social convocó a un paro nacional para este miércoles 11 de marzo a las 11:00 horas, en la que los funcionarios públicos, por medio de una protesta simbólica, van a paralizar sus actividades por un nuevo aniversario del Gobierno.
Así lo informó el vocero de la coordinadora No+AFP, Luis Mesina, quien calificó como incapaz la gestión del Presidente Sebastián Piñera. “Este miércoles 11 se cumplen dos años del gobierno de Sebastián Piñera. Un Gobierno que ha sido incapaz para responder a la legítima demanda que la ciudadanía, que el pueblo de Chile, que los trabajadores y las trabajadoras han levantado por tanto tiempo. Después de dos años aún es incapaz de responder a estas demandas”, aseguró.
“Este miércoles nos manifestaremos en todo el país a través de una protesta nacional en la que expresaremos legítimamente nuestro rechazo a un Gobierno que ya no da el ancho para dirigir las instituciones del Estado”, afirmó.
Finalmente, Mesina señaló que este Gobierno “se muestra cómo el Gobierno más nefasto para los intereses de la sociedad“.
La Moneda conmemorará dos años de la investidura de Piñera y 30 años de la vuelta a la democracia
Para el próximo miércoles 11 de marzo, el Gobierno realizará un acto de celebración por motivo de los dos años de la investidura de Sebastián Piñera como Presidente de Chile, fecha que además coincide con los 30 años de la vuelta a la democracia.
La actividad se realizará el 11 de marzo a partir de las 08:30 horas en el Palacio de la Moneda, según las invitaciones que fueron enviadas el domingo, reseñó el diario El Mercurio.
Para esa misma fecha, la Mesa de Unidad Social convocó a un paro nacional, por medio de una protesta simbólica en la que los funcionarios públicos paralizarán sus actividades a las 11:00 por 11 minutos.
En tanto, a las 20:30 horas está pautado un cacerolazo en todo el país, pues la agrupación considera que la agenda social del Gobierno no responde a las demandas de la ciudadanía.
Chile Vamos y parte de la oposición acuerdan avanzar en cuatro puntos y nuevas reuniones para tener un Plebiscito «pacífico»
Sin un compromiso escrito, una declaración formal o la suscripción de un nuevo acuerdo terminó la cita convocada por los presidentes de ambas cámaras del Congreso y que incluyó a gran parte de los timoneles de los partidos que firmaron el acuerdo por la paz y una nueva Constitución.
De hecho, el encuentro fue catalogado como una «primera conversación» por los participantes.
La cita buscaba coordinarse para asegurar que el Plebiscito del 26 de abril se desarrollo bajo un «clima favorable» y tras una reunión que se extendió por cerca de una hora y media, determinaron que hay cuatro puntos en consenso y por los que comenzarán a trabajar.
Al encuentro, pese a estar convocados por haber suscrito al acuerdo del 15 de noviembre, no llegó el Partido Radical ni ningún representante del Frente Amplio, considerando que Comunes, Convergencia Social y Revolución Democrática fueron parte de esa alianza.
En tanto, tampoco acudieron el Partido Comunista ni la Federación Regionalista Verde Social que estaban invitados aunque no firmaron el documento que permitió el proceso constituyente. El presidente de la Cámara, diputado Iván Flores (DC), calificó el encuentro como «altamente positivo» y señaló que en la conversación se acordó que todos quienes participaron harán «un llamado a la participación pacífica en el proceso constituyente. No más campaña del terror, no información tergiversada, participemos todos independiente de cuál sea la opción».
«Segundo, que deberíamos iniciar una serie de reuniones -entre los presidentes de partidos y con las mesas del Congreso- de manera de colaborar, porque nos toca una parte importante de las decisiones que es el proceso legislativo y un Gobierno colegislador», contó. En ese mismo sentido se determinó «partir con el proceso del nuevo acuerdo social y económico».
Un tercer punto que se acordó fue «buscar los mecanismo para resolver con prontitud la agenda legislativa de aquellos asuntos que son prioritarios para la ciudadanía. No hemos definido plazos, no era el objeto de la reunión». Esto, explicó Flores, en la línea de promover la discusión del ingreso mínimo garantizado, la reforma previsional y el que reforma Fonasa. Mientras que también definieron rechazar en conjunto «toda expresión de violencia, de dónde venga. Desde el que quema o saquea hasta el que saca los bastones retráctiles o los gases pimientas».
Control de gastos del Plebiscito y otros pendientes Su par del Senado, Jaime Quintana (PPD), desdramatizó el hecho de que no se haya suscrito un documento tras este encuentro, resaltando que parte del trabajo político es dialogar.
Es por eso que se programó una nueva cita de este tipo en abril, bajo el liderazgo de los próximos presidentes de las dos cámaras legislativas que asumirán este mes. «Tenemos una mesa con cuatro patas: una el acuerdo constitucional que está avanzando, el Plebiscito avanzando, pero tenemos una pata quebrada que es el orden público y los Derechos Humanos.
Y tenemos una pata que no existe, que es la agenda social. Existen proyectos del Gobierno, pero lo que no hemos concordado a la razón de fondo de por qué la ciudadanía se ha movilizado», enfatizó. El parlamentario también recalcó que existe otro tema pendientes relacionado al control de gastos del Plebiscito, ya que no quedó normado que los comandos del Apruebo y Rechazo tengan límite electoral ni tampoco se le haga control de sus gastos, como sí ocurre en todos los otros procesos eleccionarios.
«Se analizó el que, por distintas razones, la mesa técnica (que propuso la reforma constitucional) entendió que no tenía el mandato para proyectar todo lo que es control de gastos al Plebiscito y eso no está ocurriendo y ahí podemos tener un problema, y queremos ser bien responsables de esto y advertirlo . Y como consecuencia de este diálogo, se lo vamos a transmitir también al Gobierno», dijo el senador Quintana quien también mencionó que se «abordará» el proyecto que busca asegurar la representación de los pueblos originarios en la convención constitucional.
Chile Vamos La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, coincidió en que se debe avanzar en la agenda social remarcando en que para ella esto está relacionado con los proyectos de pensiones y de ingreso mínimo garantizado que ya están en discusión en el Parlamento. «En torno al tema paz social, hay que reconocer una cosa: estamos en una ambiente muy violento y la violencia se ha ido generalizando, por lo tanto hay que controlarla.
No podemos normalizarla y por lo mismo quienes tienen el deber de controlar la violencia, es el Gobierno sin dudas, pero a través de la fuerzas de orden y seguridad. Cómo se va a hacer de otra manera, la gente no puede estar defendiéndose sola, por lo tanto son Carabineros y la PDI los que tienen que controlar el orden público», planteó. La líder gremialista dijo que su partido está disponible a nuevos acuerdos y conversaciones, pero apuntó que se deben tomar medidas «concretas».
«Siempre es bueno tratar de establecer, puentes, lazos, diálogos, pero no basta con decir que condenamos la violencia. Hay que hacer actos que vayan directamente en ese sentido. Me hubiera gustado algo físico, aunque se hubiese dicho verbalmente, porque no hay otra fórmula porque la democracia no solo tiene el derecho, sino que el deber de protegerse», sostuvo Van Rysselberghe. A su vez, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte indicó que para su partido es «fundamental que respondamos a la agenda social.
Está hoy día en el Congreso la discusión de un proyecto potente, profundo, grande, ambicioso en materia de pensiones. Es clave que lo aprobemos cuanto antes. Lo propio con el ingreso mínimo garantizado, y en materia de paz social hay un proyecto que entra a la Cámara de diputados y fue aprobado en el Senado, en materia de infraestructura crítica».
