Ecuador: Tribunal acepta hábeas corpus de Jorge Glas en caso Sobornos pero seguirá en prisión por caso Odebretch
Tribunal acepta hábeas corpus planteado por Jorge Glas en caso Sobornos, pero seguirá en la cárcel por el caso Odebrecht
El Tribunal integrado por los jueces María de los Ángeles Montalvo, Pablo Valverde y Carlos Pazos resolvió la mañana de este lunes dar paso al hábeas corpus solicitado por la defensa del exvicepresidente Jorge Glas, debido a la caducidad de la prisión preventiva de su cliente dentro del proceso por el delito de cohecho dentro de caso Sobornos 2012-2016.
El 7 de agosto pasado, la Fiscalía pidió prisión preventiva contra Glas, el expresidente Rafael Correa y los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solís. El pedido se enmarcó dentro de la audiencia de vinculación que solicitó la fiscal general Diana Salazar contra 22 personas al caso Sobornos.
Harrison Salcedo, defensa de Glas, explicó que el hábeas corpus se planteó porque la Constitución establece que ninguna persona puede estar detenida sin fórmula de juicio o sin la respuesta de un juicio, más allá del plazo razonable. La diligencia se instaló el lunes 2 de marzo y se reinstaló la mañana de este lunes debido a que existía un informe por evacuar.
El artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) habla de que la caducidad de la prisión prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta cinco años o no podrá exceder de un año, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a cinco años.
«Al día de hoy han transcurrido 7 meses y un día sin que sean imputables, ningún sufrimiento, ninguna justificación adicional que no sea el inexorable paso del tiempo. Al haberse cumplido este plazo razonable sin haber llegado, pese a los esfuerzos del Tribunal, a una sentencia, en primera instancia, automáticamente Jorge Glas recupera su libertad dentro de esta causa», dijo Salcedo.
Sentenciado en caso Glas
Pese a la resolución de esta mañana, el exvicepresidente Jorge Glas no podrá recuperar su libertad, debido a que él cumple una condena de seis años de reclusión menor debido a que fue encontrado culpable, en calidad de autor, del delito de asociación ilícita relacionada a la trama de corrupción de Odebrecht. Esta sentencia fue emitida el 13 de diciembre de 2017.
Además, Jorge Glas mantiene otra orden de prisión preventiva dentro del denominado caso Singue. Este proceso penal está a la espera de que se defina una fecha para instalar la audiencia de juzgamiento.
En el caso Sobornos, desde el viernes 6 de marzo pasado, el Tribunal de Juicio de la causa se encuentra en fase de deliberación, luego de la cual emitirá una sentencia condenatoria o absolutoria contra quiénes crea necesario.
Prisión preventiva contra Glas por el caso Sobornos caducó, pero él seguirá en la cárcel por el caso Odebrecht
El exvicepresidente Jorge Glas logró que se levante la orden de prisión preventiva en el caso Sobornos. Sin embrago, él no podrá salir de prisión pues cumple una sentencia de seis años de cárcel por asociación ilícita, en el caso Odebrecht.
La mañana de este lunes 9 de marzo del 2020, Harrison Salcedo, abogado de Glas, presentó un pedido de hábeas corpus a la Corte Nacional. Su principal argumento fue que la prisión preventiva había caducado, pues en los delitos que tiene penas menores a cinco años de cárcel, como en este caso, la caducidad de la prisión se produce a los seis meses. Salcedo dijo que Glas ya lleva siete meses con prisión preventiva sin que hasta el momento haya recibido sentencia y que era «absurdo» aplicar la detención cuando él ya estaba preso por el expediente Odebrecht.
«La garantía es que mientras dure este proceso, hasta la sentencia ejecutoriada de casación por esta causa, no podrá volver a ser detenido», dijo Salcedo.
Los jueces que tramitaron el hábeas corpus son María de los Ángeles Montalvo, Pablo Valverde y Carlos Pazos.
Fiscal Diana Salazar pide la pena máxima contra Rafael Correa y una reparación integral para el Estado de mil millones de dólares
La fiscal general Diana Salazar aseguró que ha cumplido con probar que en el caso Sobornos 2102-2016 existió un organización delictiva que se formó desde las alta esferas del poder para pedir recursos a empresarios privados a cambio de obras públicas de vialidad estatal.
Aseguró que en la parte alta de la organización estuvo ubicado siempre el expresidente Rafael Correa, de quien dijo tuvo todo el poder durante los 10 años que fue el presidente de la República. «Todo estaba organizado desde arriba», indicó Salazar en una exposición de sus alegatos de cierre que duró dos horas y cincuenta minutos.
Salazar pidió al tribunal que se declare la culpabilidad de Rafael Correa en calidad de autor mediato, mientras que los 19 restantes acusados debían ser vistos como autores directos del delito de cohecho que se procesaba. Para todos pidió se les aplique la pena máxima de seis años y debido a la agravante de que se había cometido el delito en grupo, dijo que se les sume un tercio de la pena. Un aproximado de ocho años podría ser la pena que sugería al tribunal la Fiscalía.
La fiscal Salazar explicó que al no encontrar elementos de peso que evidencien la participación del exasesor de María Duarte, Yamil Massuh, en la organización, ella se abstuvo de acusarlo y pidió que el tribunal defina lo pertinente. En el caso de Massuh la Fiscalía señaló que el solo obedeció órdenes de sus superiores.
En el caso de Pamela Martínez y Laura Terán, debido a que ellas habían cooperado con la Fiscalía par resolver la investigación, la fiscal general pidió una reducción de la pena que se les imponga de hasta el 90%.
También en el caso del empresario y procesado Pedro Verduga, relacionado con la empresa Equitesa, Salazar dijo que por haber dicho la verdad y colaborar con la justicia solicitó se le aplique la atenuante trascendental, lo que significaría que solo tenga un tercio de la pena que se le defina.
Pese a que la Fiscalía definió que la cantidad por el pago de sobornos, en efectivo y por medido del cruce de factura, alcanzaría los $ 7.5 millones, ella creía que en la reparación integral par el Estado no solo debía incluirse esa cifra sino la cantidad de cada uno de los contratos que se entregaron dentro de esta trama de corrupción. Para Fiscalia la cifra por reparación integral debería ser de $ 1 130 420 108,08.
