Costa Rica: renuncia de ministro de la presidencia es la tercera baja del gobierno por escándalo de violación de datos personales
Renuncia ministro de la presidencia Víctor Morales: es la tercera baja del Gobierno en dos días por caso de la UPAD
El ministro de la presidencia, Víctor Morales Mora, renunció a su cargo la mañana de este miércoles por el caso de la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y la moción de censura en su contra que discuten los jefes de fracción en la Asamblea Legislativa.
La suma de estos factores en la coyuntura actual que enfrenta el Gobierno provocó el desgaste político del ministro de la presidencia quien regresará a su curul para desempeñarse como diputado por el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) hasta el final del periodo constitucional que concluye el 30 de abril del 2022.
Mora confirmó su renuncia en conferencia de prensa en Casa Presidencial a las 9:39 a.m. de este miércoles.
El ministro aseguró que su dimisión se da por la moción de censura en su contra que se discute en el plenario legislativo y por la investigación que se abrió en el Congreso −mediante una comisión especial− con el objetivo de indagar todos los hechos relacionados con la creación de la UPAD.
El también diputado aseveró que estas investigaciones limitan y erosionan su capacidad de dialogar con los congresistas de las diferentes fracciones y esa es justamente la labor principal del ministro de la presidencia.
La salida del jerarca es la baja número 11 en el Gabinete de Carlos Alvarado y la tercera en dos días a la luz del inicio de las investigaciones judiciales, administrativas y políticas que se desarrollan en diferentes instancias por el caso de la UPAD.
Este martes también renunciaron Juan Alfaro, viceministro de ingresos de Hacienda y Luis Daniel Soto, viceministro de planificación.
Los cuestionamientos sobre Morales iniciaron hace varias semanas por la contratación de su hija en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en un proceso que concluyó en muy poco tiempo. El diputado dijo que no intercedió de ninguna forma para ayudar a su familiar a conseguir el puesto.
El pasado 25 de febrero, el medio AmeliaRueda.com informó que el entonces ministro de la presidencia eludió impuestos por inscribir tres propiedades con precios menores a los que realmente pagó.
Por el caso de la UPAD, Morales compareció ante el plenario legislativo el pasado lunes 2 de marzo. El jerarca reconoció que el Gobierno cometió un error al publicar un decreto “técnicamente débil e inexacto” y aceptó su omisión al no leer en detalle ese documento.
Eso sí, el político sostuvo que nunca se violaron datos sensibles de las personas y que toda la información utilizada por la unidad se obtuvo dentro del “marco de la legalidad”.
El mandatario Alvarado anunció en una segunda conferencia de prensa, la mañana de este miércoles, las renuncias de Felly Salas, jefa de despacho y de Diego Fernández, coordinador de la oficina de análisis de datos de Casa Presidencial.
Los dos funcionarios son investigados por la Fiscalía General de la República por el decreto de creación de la UPAD. Los otros tres economistas que formaban parte de esta dependencia del despacho del Presidente de la República serán reubicados en instituciones que requieren servicios de análisis de datos.
Alvarado también anunció la conformación de una comisión de trabajo para “fortalecer la gobernanza en Casa Presidencial”. Este grupo estará conformado por Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes; Silvia Lara, ministra interina de la Presidencia; y Geannina Dinarte, ministra de Trabajo.
“El análisis de datos es clave para hacer buena política pública y como país no podemos renunciar a hacer algo bueno”, defendió Alvarado.
Tras varios días de no comparecer ante los medios de comunicación, el presidente señaló que están a la órdenes de las diferentes instancias de investigación para esclarecer los hechos.
Más salidas
El diputado del PAC asumió el cargo de ministro de la presidencia el 1.° de agosto del 2019 tras la renuncia de Rodolfo Piza.
La dimisión de Morales se suma a otras bajas en el Gabinete de Alvarado que en poco menos de dos años de gestión ya registró 11 movimientos.
El ministerio de la presidencia es el sexto con mayor rotación desde 1978, según datos del Programa Estado de la Nación (PEN) analizados por EF.
La última salida de un ministro se dio apenas el pasado 7 de febrero cuando Marcia González, quien lideraba la cartera de justicia, renunció a su cargo.
Una investigación publicada por AmeliaRueda.com reveló que la funcionaria ocultó información clave sobre el momento específico en que pagó el impuesto a las casas de lujo correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Aunque la administración Alvarado Quesada suma 11 bajas de ministros todavía está lejos de las 21 salidas que se reportaron en los gobiernos de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) y Laura Chinchilla (2010-2014).
Carlos Alvarado anuncia equipo para mejorar gobernanza tras renuncias por caso UPAD
El Presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció la conformación de un equipo liderado por el Ministro Rodolfo Méndez Mata, para que en 2 meses le presenten una propuesta para mejorar Casa Presidencial.
Esto luego del escándalo por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que provocó la renuncia de Víctor Morales al Ministerio de la Presidencia, Juan Alfaro al viceministerio de Hacienda, Daniel Soto al viceministerio de Planificación, Luis Salazar a la asesoría jurídica, Felly Salas a la Jefatura de Despacho y todo el equipo que integraba la UPAD.
El mandatario dijo que el equipo de trabajo liderado por el Ministro del MOPT, también lo conforman la Ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, y la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara, quienes deberán presentar una propuesta para fortalecer la gobernanza.
Sobre lo ocurrido con la UPAD, el mandatario insiste en señalar que existen intereses económicos, políticos y electorales detrás del abordaje que se ha dado al tema desde diferentes instancias.
Incluso, aseguró que el ruido en torno al tema también lo provoca un grupo opuesto a la propuesta del gobierno para que en Costa Rica se levante el secreto bancario.
Para el Presidente Alvarado, el Congreso tiene la responsabilidad de priorizar el interés superior de las personas sobre otro tipo de intereses.
Tras la conferencia de prensa del mandatario se presentó un altercado entre la Ministra de Comunicación, Nancy Marín y los medios de comunicación presentes, quienes alegaban que la atención a prensa fue limitada. La jerarca decidió atender las consultas de los medios de comunicación de manera individual.
Prevaricato y violación de datos: los delitos por los que se investiga al presidente
Por Hulda Miranda
El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, afronta una investigación penal por los delitos de prevaricato y violación de datos personales. Por esos mismos hechos, se investiga a su ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y al viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto.
Además, los tres asesores analistas de datos, Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos; así como el exasesor legal Luis Eduardo Salazar, y la directora de despacho del presidente, Felly Salas, son investigados por abuso de autoridad y violación de datos personales.
El delito de prevaricato se castiga con prisión de dos a seis años y lo comete el “funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”.
En este caso, ellos son sospechosos de firmar el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, a pesar de que “presuntamente conocían que infringían la ley”, detalló la Fiscalía General.
El delito de violación de datos personales lo comete quien “en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos”.
La pena para ese delito es de uno a tres años de cárcel, aunque puede ser aumentada entre dos y cuatro años de prisión cuando lo realicen “personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos”.
También si la información vulnerada corresponde a un menor de edad o incapaz o si las conductas afectan datos que revelan la ideología, la religión, las creencias, la salud, el origen racial, la preferencia o la vida sexual de una persona.
Mientras que el delito de abuso de autoridad se da cuando “el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien”. Este se pena con prisión de tres meses a dos años.
Durante los allanamientos realizados el viernes, la Fiscalía decomisó computadoras y teléfonos celulares, incluidos los del mandatario.
La investigación está a cargo directamente de la fiscala general, Emilia Navas, y la Sala Tercera actúa como juez de garantías. Esto debido a que entre las personas investigadas hay miembros de los supremos poderes, para quienes existe un procedimiento especial de juzgamiento por estar cobijados con inmunidad. (Vea recuadro aparte).
El exfiscal general Francisco Dall’Anese Ruiz (período 2003-2010), quien es uno de los abogados denunciantes de ese caso, consideró que, aunque el presidente derogó el decreto que creó la UPAD apenas cinco días después de su publicación, esto no elimina la posibilidad de que se cometieran delitos.
“Eso es como pretender que alguien se roba algo y, cuando lo descubren, devuelve la plata. El robo se consumó, la actitud posterior a la comisión del delito significaría un punto a favor del imputado a la hora de fijar la pena, si es que lo condenan”, argumentó.
“Aquí no hay arrepentimiento activo ni nada de lo que han dicho otros colegas, porque eso se da, por ejemplo, cuando usted pone una bomba y tiene que esperar a que explote, pero antes de que explote usted se arrepiente y hace lo necesario para que no explote, de manera que logra que el resultado no sobrevenga. En el caso del prevaricato, el resultado ya había sobrevenido, ya estaba emitida la resolución ilegal, y ya estaba el fraude de ley y se había actuado con abuso de autoridad”, añadió Dall’Anese.
El abogado indicó que los tribunales determinarán si se actuó con dolo (conocimiento y voluntad), lo cual sería necesario para que se configuren los delitos.
Diputados reprochan faltas a la verdad del gobierno sobre trabajo de analistas de datos en Casa Presidencial
Las declaraciones de la Ministra de Comunicación, Nancy Marín, sobre la permanencia de los analistas de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en Casa Presidencial, generaron indignación en el Congreso.
La Ministra Marín dijo que Alejandro Madrigal, Diego Fernández y Andrés Villalobos aún trabajaban con el Ejecutivo debido a que estaban otorgando información a la Fiscalía y otras instancias para las investigaciones. Esto fue desmentido horas más tarde por el mismo Ministerio Público.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Franggi Nicolás, dijo que es vergonzoso que la Ministra faltara a la verdad y que además se ve perjudicada la credibilidad del gobierno.
Por su parte, el jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank, manifestó que los asesores de la UPAD debían ser destituidos inmediatamente.
Tanto los analistas de datos como otras 7 personas, incluyendo al Presidente Carlos Alvarado, están siendo investigadas por la Fiscalía por supuesta violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
Carlos Alvarado acusa un interés “económico, político, partidario y electoral” en escándalo UPAD
El presidente Carlos Alvarado acusó un interés “económico, político, partidario y electoral” en el escándalo que originó la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), una crisis que este miércoles sumó tres nuevas renuncias.
Pocas horas después de que Víctor Morales Mora anunciara su renuncia como ministro de la Presidencia, Alvarado se citó ante la prensa resguardado por todo su gabinete para confirmar dos nuevas salidas: la directora del despacho presidencial Felly Salas y el coordinador de la UPAD Diego Fernández.
Sumado a esto confirmó la creación de un equipo de análisis para fortalecer la gobernanza dentro de Casa Presidencial, el cual estará conformado por el ministro de Transportes Rodolfo Méndez, la ministra de Trabajo Geaninna Dinarte y la nueva ministra a. i. de Presidencia, Silvia Lara.
Ellos tendrán hasta dos meses para presentar un informe al propio Alvarado sobre debilidades y oportunidades de mejora que tiene Presidencia en el tema de gobernación.
“Reconozco que en las últimas dos semanas a raíz del decreto y la incertidumbre lógica que trajo, se ha generado un ambiente que tiene dudas, eso es válido en una democracia, por eso es que hemos acudido a nuestra institucionalidad para que en las reglas de nuestra democracia se den respuestas claras, concisas a la ciudadanía para evacuar esas dudas, eso ha sido así desde que reconocimos esas dudas”, dijo el Presidente.
Sin embargo, poco después de aceptar esa culpa, Alvarado apuntó al oportunismo que dijo ha aflorado en diferentes sectores, entre ellos el empresarial y político.
“También afloran otros intereses, un interés de cierto sector muy particular económico porque es concomitante esta coyuntura con la de hablar del secreto bancario y esto no lo podemos soslayar como sociedad, también es claro que esto se vincula con otros intereses de orden políticos, partidista y electoral y el Gobierno de la República, como lo ha dicho, no entrará en esas materias, pero ciertamente eso está allí.
“Pero mi pregunta en todos esos intereses es ¿dónde está el interés de las personas? ¿El interés ciudadano? El interés ciudadano está en la mejor política pública, la que use mejor los recursos y respete la intimidad y libertad de las personas, eso era lo que queríamos”, aseguró.
En consultas de la prensa insistió en que se trató de una torpeza política y que todo lo relacionado a la UPAD se hizo “en el mejor interés de las personas”, desistió de responder si se arrepentía de esa firma del derogado decreto y eludió la pregunta de si renunciaría a su inmunidad para enfrentar los señalamientos en los diferentes frentes, asegurando que tienen depositada la total confianza en la institucionalidad del país.
Alvardo aseguró que, en este momento, es difícil entender cuál será el alcance de todo el escándalo UPAD.
