¿Contribuye la OEA a la estabilidad democrática de la región? El caso de Bolivia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
¿Contribuye la OEA a la estabilidad democrática de la región? El caso de Bolivia
Por Natalia Saltalamacchia Ziccardi*
El 28 de febrero de 2020, dos académicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), John Curiel y Jack R. Williams, publicaron un estudio en el que concluyen que no existe evidencia estadística que demuestre la existencia de un fraude en las pasadas elecciones presidenciales de Bolivia y establecen que las conclusiones y el análisis estadístico de la OEA es “profundamente defectuoso”. Dos estudios anteriores, realizados también por expertos independientes basados en centros de investigación de Estados Unidos, llegaron a conclusiones similares.
El asunto es relevante porque la actuación de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bolivia fue fundamental en el desarrollo de los sucesos que condujeron a la dimisión forzada de quien era el Presidente democráticamente electo de ese país. También porque alude a la credibilidad que puedan tener futuras misiones de este tipo. Y, finalmente, porque el Secretario General, Luis Almagro, desea reelegirse, por lo que es justo revisar su desempeño en casos importantes como este.
El papel crucial de la OEA
Por muchas razones, la elección presidencial del 20 de octubre de 2019 en Bolivia estuvo envuelta en un mar de dificultades. Evo Morales llegó a la cita con menor arrastre popular que en el pasado debido al desgaste de 13 años en el gobierno, su muy cuestionable maniobra para volver a presentarse como candidato desoyendo el referendo de 2016 y una gran debilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acusado de falta de autonomía. Como ya se esperaba, el resultado de la primera vuelta fue estrecho y contencioso. Y como sucede en muchas partes del mundo ―los mexicanos lo sabemos― dio pie a una conflictividad política y social que escaló rápidamente, tornándose violenta.
Dado que el punto de disputa fundamental entre el gobierno y la oposición se centró en si hubo fraude o no hubo fraude en una jornada electoral cerrada, la actuación de la OEA mediante la MOE y las posiciones del Secretario General se volvieron cruciales. Digamos que, ante la falta de credibilidad de la autoridad nacional electoral, la OEA se convirtió en la práctica en el verdadero árbitro de la disputa, con la responsabilidad que eso suponía. Habría sido lógico esperar que actuara con prudencia, máxima certeza y dando pasos de plomo. Después de todo, se jugaba el destino político de un Estado miembro que ya comenzaba a incendiarse. Lo que vimos, en cambio, fue mucha prisa por constatar que la elección fue fallida.
La posición básica de la OEA desde el primer momento fue cuestionar la integridad del proceso electoral. Lo hizo con base en una serie de consideraciones que no hay que desestimar, pero seamos claros: el elemento toral de su crítica, al principio y la final, fue que hubo manipulación de los resultados electorales de la primera vuelta el mismo día de la elección para otorgarle a Morales un margen mayor al 10% respecto a Carlos Mesa. ¿En qué se basó esta conclusión? En inferencias estadísticas que la MOE tomó como válidas y contundentes desde el día uno y nunca revisó. Por eso cobran relevancia los tres estudios académicos antes citados: al parecer, una de las pruebas medulares del supuesto fraude operado el día de la elección, no se sostiene.
Las prisas de la MOE y la “evidencia estadística”
La centralidad otorgada al análisis estadístico en los comunicados e informes de la MOE fue crucial porque, en general, se asume que las conclusiones basadas en datos duros tienen un cariz técnico y políticamente neutral. Vale la pena entonces recuperar sus aseveraciones en este sentido a lo largo del proceso.
Cabe recordar que la incertidumbre se alimentó cuando, la noche del mismo 20 de octubre de 2019, se interrumpió el flujo de datos del Sistema de Transmisión de Datos Preliminares (TREP). En ese momento, con el 83.8% de los votos computados, Morales no lograba el 10% de diferencia requerido para ganar la elección en la primera vuelta. En cambio, cuando se rehabilitó el TREP, casi 24 horas después, esta tendencia se habría revertido y Morales ganado la elección. Al calor de los acontecimientos, el 21 de octubre, la MOE emitió un comunicado en el que afirmaba:
La Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. (…) El TSE presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral.
Esto tuvo consecuencias políticas inmediatas: se instaló y legitimó la idea de fraude electoral porque la OEA ―organismo internacional supuestamente super partes― declaró que se habían modificado “drásticamente” los resultados. ¿Cómo llegó la MOE a esta conclusión tan rápida? Con base en una inferencia estadística necesariamente apresurada, quizá influida por el hallazgo de otros elementos que parecían enturbiar la elección. No obstante, si estamos a lo que dice el análisis de los investigadores del MIT, la diferencia en el comportamiento del voto antes y después de que paró el flujo de datos del TREP no resulta estadísticamente significativa y no constituye evidencia de fraude. Es decir, el resultado preliminar que daba ventaja a Morales por más de 10% de votos, llevándolo a ganar en la primera vuelta, nunca fue estadísticamente “inexplicable” pero así lo afirmó de manera concluyente la MOE. Y lo cierto es que esto cambió todo el juego político en adelante.
En el mejor de los casos, el equipo técnico de la MOE actuó de buena fe, pero se equivocó porque su análisis estadístico fue expedito y partió de premisas teóricas equivocadas (como sugiere el estudio de Curiel y Williams). Lo cierto es que a lo largo de los siguientes días tampoco lo revisó. En el peor de los casos, ese equipo se vio sometido a presiones políticas para concluir, siempre apresuradamente, primero que era indispensable una segunda vuelta y, después, que era necesario reponer todo el proceso electoral. Veamos.
Inmediatamente después ―el 22 de octubre de 2019― el gobierno de Morales solicitó a la OEA que realizara una auditoría de los cómputos electorales. El Presidente reiteró una y otra vez que se respetarían las conclusiones de la OEA y habría segunda vuelta si eso determinaba la Organización. Es difícil recordar un gobierno latinoamericano que haya manifestado tanta deferencia a un organismo internacional en materia electoral.
Es factible suponer que el informe de la OEA tuvo incidencia en la ruptura del orden constitucional en Bolivia.
Mientras tanto, la MOE publicó el 23 de octubre ―de manera otra vez apresurada, ya que el TSE todavía no terminaba el cómputo total y no había emitido resultados oficiales― un informe preliminar en el que concluía que la tendencia de las actas ya computadas apuntaba a la necesidad de una segunda vuelta. Añadió que incluso si el margen de diferencia entre Morales y Mesa resultaba superior al 10% era “estadísticamente razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo”, por lo que “debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”. Es decir, la MOE ―organismo técnico que debía actuar bajo el principio de certeza en un ambiente políticamente convulso― se adelantó 2 días al resultado oficial. ¿Por qué? ¿Corresponde esto a una buena práctica en materia de observación electoral internacional?
El 31 de octubre de 2019, la OEA inició su auditoría. Morales solicitó a los embajadores de todos los países acreditados en Bolivia que acompañaran el proceso. Ante las continuas movilizaciones y actos de violencia, Morales pidió esperar a los resultados de la auditoría. El 10 de noviembre, la MOE publicó su informe de “hallazgos preliminares” en el que concluye:
Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta. (…) El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables. (…) El equipo de auditores seguirá procesando información. (…) Sin embargo, los hallazgos preliminares son contundentes.
Ese mismo día, el presidente Morales se allanó por completo a las recomendaciones de la OEA: anunció que convocaría a nuevas elecciones generales y se renovaría la totalidad de los miembros del TSE. Sin embargo, horas después se vio forzado a renunciar a su cargo ante una “sugerencia” de las fuerzas armadas.
Es factible suponer que el informe de la OEA tuvo incidencia en la ruptura del orden constitucional en Bolivia: una autoridad internacional supuestamente neutral concluyó, de manera “contundente”, que los resultados electorales estaban viciados, alentando a cada paso la inestabilidad. Dicha “contundencia”, sin embargo, se basó en buena medida en una supuesta “improbabilidad estadística”. Si a la postre, expertos en análisis estadístico electoral cuestionan esa conclusión, ¿no sería apropiado que se revise? En este caso, la carga de la prueba está en la OEA.
No se puede ser juez y parte
La carga está en la OEA no solo porque el que acusa debe probar, sino porque el comportamiento del Secretario General, Almagro, arroja serias dudas sobre su imparcialidad política ante la crisis boliviana. Y esto es un problema porque él es, a su vez, el jefe de los funcionarios que organizan las MOE.
Uno habría esperado que ante un hecho mayúsculo como es la dimisión forzada de un presidente, el Secretario General, que se precia de ser un adalid de la defensa de la democracia, expresara condena o consternación. Después de todo, Morales era el presidente democráticamente electo de Bolivia con un mandato hasta el 22 de enero de 2020. No obstante, en su escueto comunicado del 11 de noviembre de 2019, Almagro simplemente llamó a continuar con el “funcionamiento institucional” para sostener nuevas elecciones.
En la sesión del Consejo Permanente del 12 de noviembre de 2019, el Secretario General no actuó con la sobriedad que debería caracterizar a quien preside una organización internacional, compuesta por Estados con visiones diferentes sobre los hechos en Bolivia. No hizo ningún esfuerzo por ocultar sus preferencias personales. Asumió una posición de parte y legitimó abiertamente la salida inconstitucional afirmando que “en Bolivia ocurrió un golpe de Estado cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en la primera vuelta”. Parece que olvidó que este hombre “golpista” era también quien estaba dispuesto a reponer todo el proceso electoral, siguiendo a pie juntillas la vía institucional recomendada nada más y nada menos que por la propia OEA.
La parcialidad política demostrada por el Secretario General abre una duda legítima sobre si la actuación poselectoral de la MOE estuvo siempre y desde un principio encaminada a demostrar un fraude. La cuestión es lamentable porque el equipo del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral tiene una trayectoria de credibilidad y solidez técnica, que los manejos políticos de Almagro ponen ahora en entredicho.
Por ese motivo, es razonable que el gobierno de México haya solicitado a la OEA que realice un análisis comparativo entre los resultados de los académicos del MIT y el informe de la MOE. Corresponde que la organización de una respuesta y aclare este punto específicamente. Esto es en el mejor interés de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, cuya credibilidad está en juego. Es también en el interés de todos los Estados miembros que en adelante tendrán razones para preguntarse si aceptar o no una práctica de observación electoral internacional que podría traer los dados cargados.
*NATALIA SALTALAMACCHIA ZICCARDI es profesora en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Sígala en Twitter en @NataliaSaltalam.
