Colombia: expectativa por informe de la ONU en «el país con más asesinatos de defensores de DDHH»
‘Colombia, el país con más asesinatos de defensores de DD. HH.’
Tras la tempestad no llega la calma. Al contrario, por el contenido del informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia, que oficialmente se presenta este miércoles (04/03) en Ginebra, Suiza, la tensión entre el Gobierno Nacional y la Organización de Naciones Unidas, ONU, está distante de ceder.
En el documento, conocido por EL TIEMPO, el francés Michel Forst recuerda que “históricamente, la tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores y defensoras en Colombia se ha situado en torno al 95 %”.
El comparativo frente a la tasa de impunidad de los casos de homicidios dolosos conocidos por las autoridades, está por encima porque “este se sitúa entre el 86,58 % y el 94,30 %”.
Forst recuerda en su informe que desde 2016, “la Fiscalía ha decidido priorizar la investigación de los asesinatos de defensores documentados por ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), es decir 302 casos”.
“Esta cifra no representa el universo total de asesinatos ocurridos y excluye aquellos que sucedieron antes del Acuerdo de Paz. Según información de la Fiscalía, en agosto de 2019, de los 302 casos de asesinatos documentados por ACNUDH desde 2016, 33 cuentan con sentencias firmes, 55 están en etapa de juicio, 45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura y 3 han sido precluidos por muerte del indiciado”.
“Estas cifras sitúan en un 11 % los casos esclarecidos, frente a un 89 % que todavía no tienen una determinación de culpabilidad, si bien en el 54 % de estos últimos se están dando avances en la investigación”.
La conclusión de Forts es fuerte: “Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia”.
Sin embargo, hay matices. “El Relator Especial ha podido constatar la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos en Colombia”.
Empero concluye «que la gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del Acuerdo de Paz”.
“Las personas defensoras en mayor riesgo son los líderes y lideresas sociales, que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el Acuerdo de Paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente, frente a los intereses de grupos criminales, grupos armados e ilegales, y frente a los intereses de actores estatales y no estatales como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”.
Fort dice que “las personas defensoras carecen además de un reconocimiento público y social positivo, a pesar de declaraciones públicas del Presidente del Gobierno y otras autoridades reconociendo su importante papel, y son deslegitimizadas y criminalizadas por otros actores estatales y no estatales”.
¿En qué difiere este informe al que provocó el roce con el Gobierno Nacional, la semana anterior, de la alta comisionada para los derechos humanos? Son diferentes oficinas de la ONU. La Alta Comisionada está en Colombia de manera permanente y hasta que termine el mandato (si no lo renuevan).
Y el del Relator Especial hace parte de un grupo de relatores, cada uno cubre un tipo de derecho, que son expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos.
En su caso, ellos van a verificar el estado de los derechos a los países por invitación.
En este informe de Fort se pone también el énfasis en la dramática situación dada por el asesinato de líderes sociales.
“Los defensores y defensoras de los derechos humanos más expuestos en la era posterior al Acuerdo de Paz son los líderes y lideresas sociales y comunitarios, con o sin cargos en las Juntas de Acción Comunal, los líderes y lideresas étnicos, y sobre todo los promotores de las políticas derivadas del Acuerdo de Paz, en particular el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la reforma agraria, así como los reclamantes de tierra”, dice.
Y entrega las cifras: “Según el estudio de la Comisión Colombiana de Juristas, entre la firma del Acuerdo de Paz y finales de julio de 2018, del total de las personas defensoras asesinadas 23 % son dignatarios/as de las Juntas de Acción Comunal (incluyendo cuatro líderes afrodescendientes), 20 % líderes y lideresas comunales, 20 % líderes y lideresas étnicos (12 % indígenas y 9 % afrodescendientes), 5 % defensores de los derechos de las víctimas, 11 % líderes y lideresas campesinos, 2 % reclamantes de tierra y 2 % abogados/as defensores de derechos humanos”.
El informe hace una cruda radiografía del impacto que esa racha de asesinatos tiene para la democracia colombiana:
“La gran mayoría de estos defensores y defensoras de los derechos humanos en las zonas rurales no sólo ostentan la presidencia u otros puestos en las juntas comunales de sus comunidades, sino que pertenecen a diversas organizaciones y movimientos locales y nacionales”.
“Desde la firma del Acuerdo de Paz, Marcha Patriótica y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana registraron el mayor número de asesinatos. Los movimientos sociales étnicos, en particular Comunidades Construyendo Paz en los Territorios y el Consejo Regional Indígena del Cauca, registraron el mayor número de amenazas”.
El informe dice que el contexto en que llevan a cabo su labor de defensa de los derechos humanos es de una gran complejidad.
“Su agenda de derechos humanos les pone en peligro, en particular en los territorios donde hay una ausencia integral del Estado y las comunidades no son protegidas de manera efectiva por las fuerzas públicas del orden allí presentes”.
“El Relator Especial recibió testimonios de cómo se ven forzados a interactuar con los diferentes grupos armados ilegales y criminales y cómo, al oponerse a su presencia, al reclutamiento forzoso o a la explotación sexual de sus hijas, o cuando impulsan el Acuerdo de Paz.
Y reclama para ellos la atención del Estado pero no solo en fuerza pública. “Estos mismos defensores/as en zonas rurales demandan al Estado el disfrute de derechos económicos sociales y culturales sin discriminación. Sus demandas incluyen acceso al agua potable, educación primaria y atención básica en salud, todas ellas obligaciones mínimas esenciales que el Estado tiene la obligación inmediata de cumplir”.
“También exigen acceso a la electricidad y carreteras, algo fundamental para la comercialización de los productos producidos (alternativos a la coca), y denuncian la inacción y falta de protección de las Fuerzas Públicas de Seguridad. Cuando abogan por la reanudación de los diálogos de paz con el Eln son deslegitimados e incluso criminalizados por las autoridades y/o actores no estatales”, asegura.
La semana anterior, el presidente Iván Duque calificó de “intromisión” en la soberanía nacional las últimas recomendaciones que Naciones Unidas dio al Gobierno en relación a la gestión de la Policía y el resto de fuerzas de orden público.
“Respetando el carácter multilateral que tiene la organización, me parece también que es una intromisión en la soberanía de un país cuando dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior”, dijo Duque.
En su momento, el Presidente explicó que el Gobierno está analizando las recomendaciones que ha emitido la ONU en su último informe, en el que ha defendido la supervisión de la Policía Nacional por parte del Ministerio del Interior en lugar del de Defensa para “fortalecer la capacidad institucional”.
En ese informe, la ONU también cuestionó la labor del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante las manifestaciones de protesta social.
Los argumentos crearon un malestar en el alto gobierno. Ahora, cuando la situación no ha mejorado entre las partes, llega este nuevo informe.
MinInterior compara muerte por robo de celulares con crimen de líderes
«Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Parece mentira, pero hay que defender a todos los colombianos y hay que defender a los líderes, por supuesto, y en eso estamos», afirmó este martes la ministra del Interior, Alicia Arango.
La funcionaria intervino en la Mesa de protección a la vida, un evento que se llevó a cabo en Puerto Asís (Putumayo) y que congregó a instancias como la Procuraduría General y la Comisión de la Verdad.
Durante su intervención, Arango explicó que «en el 2019 de 12.577 (homicidios), 107 fueron líderes sociales, es decir, el uno por ciento de las personas que matan en Colombia».
«Yo digo esto no porque los líderes no tengan la suficiente importancia, claro que la tienen y la acabo de explicar con lo de la Unidad Nacional de Protección, pero también tenemos que estar pendientes, como dije al principio, del resto: 12.000 colombianos que murieron y nunca tuvieron una reunión con esta para defenderse», dijo.
Tras el evento, la funcionaria habló sobre el papel de la ONU en Colombia e hizo un llamado a los organismos internacionales.
En su intervención en la #MesaPorLaVida que se realiza en #Putumayo, la ministra del Interior @AliciaArango reiteró su compromiso y el del Presidente @IvanDuque con la vida y protección de los líderes sociales. pic.twitter.com/dMFZ0SenoN
— MinInterior Colombia (@MinInterior) March 3, 2020
«A nosotros no nos incomoda la presencia de la ONU, jamás. La presencia de la ONU es necesaria en Colombia y en el mundo por el papel que ellos tienen, pero la ONU tiene que ser siempre neutral, imparcial, tiene que basar los informes en hechos comprobados, con nombre propio», afirmó la funcionaria.
En los últimos días se formó una tormenta por el papel de Naciones Unidas en el país, luego de que la Oficina de Derechos Humanos de esa instancia revelara un duro informe sobre la situación en Colombia que fue criticado por diferentes sectores, comenzando por el Gobierno.
Incluso hubo voces que pidieron el cierre de esta oficina en Colombia.
Sobre este tema, la ministra Arango hizo un llamado a «los organismos internacionales» para que ayuden a Colombia «con la verdad».
«Nosotros sí queremos mejorar, pero no puede ser posible que no lo hayamos hecho en tantos años», afirmó la funcionaria, quien enfatizó que «la presencia de la ONU es necesarísima en Colombia».
Líderes sociales
Acerca del tema de los líderes sociales y la ola de crímenes contra ellos, Arango reiteró lo dicho por el Gobierno Nacional y es que sus crímenes están relacionados con grupos armados ilegales que hacen presencia en diferentes territorios.
«Los líderes sociales siguen siendo claves en el desarrollo de Colombia, en la participación democrática y por eso los hemos protegido. Es más, tienen el 75 por ciento de la protección que da el Gobierno y a nosotros nos parece que es lo correcto», afirmó.
Gobierno y organizaciones vinculadas al acuerdo de paz fijan ruta para proteger a líderes sociales
Se configuró una hoja de ruta dentro de las políticas públicas de las gobernaciones para proteger a los líderes sociales en Colombia. Desde la firma del Acuerdo de Paz, más de 800 defensores de Derechos Humanos fueron asesinados, según Indepaz.
En el marco de la Mesa por la Vida de Putumayo se suscribió un pacto liderado por la Federación Nacional de Departamentos donde se configuró una hoja de ruta para la efectiva protección de líderes sociales.
Dentro de las acciones acordadas, los firmantes definieron priorizar la implementación del programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios. Además, establecieron crear pactos de diálogo sobre “la propuesta de lineamientos para la política pública de desmantelamiento presentada por la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías”.
Otra de las acciones acordadas será incluir en los planes de desarrollo departamentales los mecanismos de articulación con los planes de la Comisión Nacional de Garantías. Estos planes tendrán un enfoque “étnico, de género, territorial y diferencial orientados a salvaguardar los procesos comunitarios y sociales de la población”.
Además, los firmantes solicitaron el fortalecimiento de la cooperación internacional para garantizar la implementación de los Acuerdos de Paz.
“Sin verdad nosotros jamás vamos a poder esclarecer ni vamos a poder tener paz en este país. La verdad es para todos. Si nosotros seguimos sin la verdad van a quedar muchos casos impunes injustamente”, dijo Alicia Arango, ministra del Interior.
El documento fue firmado por algunos gobernadores de los departamentos del país junto a la Procuraduría General de la Nación, el ministerio del Interior, la Comisión de la Verdad, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, entre otras organizaciones y entes de control.
De acuerdo con Indepaz, 817 líderes sociales o defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 20 de febrero de 2020. Uno de los casos más recientes se presentó en el municipio de Campoalegre, Huila, donde Julio Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal fue asesinado en la vereda El Esmero. Gutiérrez fue atacado por desconocidos con arma de fuego cuando regresaba a su finca después de haber socializado unos trabajos con la comunidad para realizar el mantenimiento de una vía de la vereda, según informan medios locales.
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