Argentina: masivo «pañuelazo» en las casas y en las redes para conmemorar 44 años del golpe de Estado
«Desde el lugar que sea, la lucha no cesa»
Esta vez, el aislamiento social dispuesto para mitigar el contagio del coronavirus impidió realizar las tradicionales marchas para conmemorar el 44º aniversario del golpe de Estado. “No estamos en las plazas como cada 24 de marzo pero estamos en unidad para salir adelante, levantando la bandera de la solidaridad”, explicaron los organismos en el documento que leyeron referentes de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora, entre otros. «Este 24 de marzo nos encuentra en nuestras casas. Desde el lugar que sea, la lucha no cesa», advirtieron desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo en la transmisión especial que propusieron.
El 44º aniversario del golpe quedará en la historia por el “Pañuelazo” propuesto para sustituir la masiva movilización de cada año. Los miles de pañuelos diseñados artesanalmente no se usaron como en 2017 para repudiar un intento de beneficiar a los represores sino para adornar puertas, ventanas y balcones. La performance impidió la foto imponente de cada marcha, pero no la viralización de infinitas imágenes con los hashtags #PañuelosConMemoria que impulsó la Secretaría de Derechos Humanos y que se replicó en todas las redes sociales.
En el documento los organismos le reclamaron “mayor celeridad” a los tribunales que juzgan represores y le encomendaron al Poder Legislativo discutir “las herramientas legales que permitan esa aceleración”. Exigieron que se retomen las investigaciones sobre las empresas que se beneficiaron con el genocidio, “terminar con el privilegio” del que gozan los condenados en “la cárcel VIP de Campo de Mayo” y derogar el decreto de Mauricio Macri que pretendió erigir una “reserva ambiental” en ese ex centro de tortura y exterminio. También alertaron sobre “los presos y presas víctimas” del law fare instaurado durante el gobierno de Cambiemos y le pidieron a la Corte Suprema de Justicia y a las cámaras federales “no demorarse más” en “reparar” los daños que “muchos de sus integrantes ayudaron a materializar”.
“No se borra la memoria el 24 de marzo porque no haya marcha”, explicó Nora Cortiñas, que esta semana cumplió 90 años. La mesa de organismos que también integran Familiares, H.I.J.O.S. Capital y la APDH difundió un video con el documento consensuado que sólo la Televisión Pública transmitó. Estela de Carlotto advirtió que “la búsqueda de nietas y nietos apropiados es cada vez más urgente”. Se resolvieron 130 casos pero faltan más de 300 y “cada año resulta más difícil encontrarlos y muchas Abuelas se han ido sin poder abrazarlos”. “Necesitamos que todas y todos nos comprometamos a apoyar el difícil proceso de quienes están frente a una duda sobre su identidad y también que quien tenga un dato sobre alguna posible apropiación se anime a decirlo”, imploró.
Lita Boitano, de Familiares, apuntó que se lograron “casi mil condenados en más de 200 juicios” pero también que “el tiempo pasa y el ciclo de la vida va marcando partidas: nuestras y de los genocidas”. “Necesitamos avanzar con mayor celeridad”, leyó. “No conformar tribunales, hacer audiencias con poca frecuencia y duración, no es trabajar para la justicia, es poner al Poder Judicial al servicio de la impunidad”, alertó, y consideró “indispensable la reforma del Poder Judicial”. “La demora es impunidad porque lo que no se juzga hoy no se podrá juzgar mañana”, remarcó.
Bella Epstein de Friszman, de la APDH, señaló que “desde 2015 se duplicó la cantidad de genocidas libres y han aumentado las prisiones domiciliarias”, alertó que “todavía existen casi 90 genocidas en la cárcel vip de Campo de Mayo, mientras hay presos comunes hacinados en cárceles” y pidió «terminar con ese privilegio”, pidió. Celebró la decisión de convertir a Campo de Mayo en un Espacio de Memoria y le pidió al presidente que derogue el decreto de Macri sobre la creación de una “reserva ambiental de la defensa”. “Ese país que tuvimos con Macri benefició a genocidas mientras persiguió y encarceló a militantes y referentes de la oposición”, dijo para introducir el tema del lawfare. Recordó que “la persecución judicial y política» se inició en Jujuy con la detención de Milagro Sala y tuvo “especial saña” con Cristina Kirchner y su familia.
Camilo Juárez, de H.I.J.O.S. Capital, agregó que “las comunidades originarias sufrieron particularmente estos procesos represivos” y retomó el tema de la persecución. “Son muchos los presos y presas víctimas de este accionar que se encuentran encarceladas por razones políticas”, dijo. Recordó la profusión de “causas armadas» y señaló que “la Corte Suprema y las Cámaras federales tienen la responsabilidad de no demorarse más” y “reparar lo que hasta hace muy poco muchos de sus integrantes ayudaron a materializar”.
El 24 de marzo, la educación y la memoria
”Hoy estamos en nuestras casas, pero luchando y reivindicando a las y los 30.000”, cerró Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora. “Levantamos los pañuelos blancos”, arengó, y recordó que fueron esos pañuelos “los que reabrieron los juicios, construyeron sitios de memoria, acompañaron las luchas de los trabajadores y resistieron el negacionismo de Macri”.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo estrenó la película Todos son mis hijos, un largometraje íntegramente realizado y producido por el organismo que preside Hebe de Bonafini, de acceso libre on line. Además, en una transmisión especial, difundió imágenes inéditas del archivo de las Madres. Esas que representan todos estos años de una lucha que, aunque cambien las formas, sigue siendo una sola: Memoria, Verdad y Justicia.
El «Pañuelazo Blanco» mantuvo vivo el Día de la Memoria, a pesar del aislamiento
Un nuevo 24 de marzo llegó, en un contexto donde salir a la calle no es una posibilidad porque de eso depende la salud de todos. El Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que suele ser un día de marcha y de multitudes desplazándose por las ciudades y congregándose en las plazas más importantes del país, debió ser conmemorado de forma virtual desde sus redes sociales, y donde cada uno que quiso decir presente debió expresarse desde sus balcones y ventanas colgando pañuelos blancos.
El Pañuelazo Blanco, se llevó adelante en todas sus formas entre las familias que se encuentran cumpliendo con la medida que el gobierno nacional dictó por la situación que debe enfrenar el mundo por la expansión del nuevo coronavirus covid–19.
El 44 aniversario del Golpe Cívico Militar de 1976, encontró a todos en un asilamiento social, preventivo y obligatorio. pero unidos más allá de las distancias.
Desde casa nos sumamos al pañuelazo blanco para seguir exigiendo ¡Memoria, Verdad y Justicia!
¡Ni Olvido, Ni Perdón!
¡Son 30 mil!#PanuelosConMemoria pic.twitter.com/UUuFJlu2UV— Gastón A. Coumeig (@gastoncoumeig) March 24, 2020
Mujeres, hombres, niños, familias enteras confeccionando con papeles, cartones, pedazos de tela y con estampas en marcador con frases como “Nunca Más”, “Son 30.000”, “Memoria, Verdad y Justicia”, se hicieron oír en toda la Argentina y hasta del otro lado del mundo.
El Día de la Memoria se conmemoró de otra forma, la que se pudo encontrar en un contexto que no podía juntarlos de forma física pero sí de forma virtual.
Los gritos se justicia esta vez se leyeron desde los balcones, en las distintas redes y muchas voces se escucharon haciendo memoria a través de videos que cada uno realizó desde su hogar.
24 DE MARZO
NOS PRENDEMOS EN FLIA A LA VIGILIA DE ABUELAS Y MADRES CON EL PAÑUELAZONUNCA MÁS pic.twitter.com/4eKinOKQ5n
— AleFerrandenH (@Ale17387687) March 24, 2020
Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo estuvieron acompañadas en su lucha, una vez más como todos los años. El pedido de memoria y de justicia se hizo presente para demostrar que una sociedad que tiene memoria no olvida y que más allá de las adversidades ante las que se encuentra, lleva adelante un reclamo que es necesario expresar cada 24 de marzo.
El Día Nacional de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia donde se recuerda el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, donde hubo 30.000 personas asesinadas, desaparecidas, violadas, torturadas y exiliadas, se llevó adelante a pesar de la cuarentena obligatoria dictada a raíz de la pandemia.
Este 24 de marzo no vamos a la Plaza. Pero desde casa estaremos manteniendo viva la memoria.
Por nuestros 30000 compañeros y compañeras, más presentes que nunca #PañuelosconMemoria. pic.twitter.com/P4q3oanudm
— Claudio Morresi (@ClaudioMorresi) March 24, 2020
A 44 años del golpe los organismos reclamaron acelerar los juicios y la búsqueda de los nietos desaparecidos
Por primera vez desde la recuperación democrática de 1983, los organismos de derechos humanos de Argentina no marcharon a Plaza de Mayo para conmemorar el último golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 y reclamar Memoria, Verdad y Justicia. La movilización del 44° aniversario no se realizó por un acuerdo unámime para colaborar con la cuarentena que dispuso el Gobierno, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión del nuevo coronavirus. En su lugar los principales organismos impulsaron distintas recordaciones y difundieron en los medios el documento que, por esta única vez excepcional, no pudieron leer en la Plaza.
En el texto los firmantes recuerdan que hasta ahora se ha recuperado la identidad de 130 nietos apropiados por la última dictadura «pero aún falta encontrar a más de 300». Los organismos convocaron a redoblar la búsqueda, advirtieron que durante la administración de Mauricio Macri disminuyó la cantidad de restituciones, pidieron profundizar las investigaciones respecto a la complicidad empresarial y acelerar los procesos en marcha.
En el documento apoyaron y reclamaron que el presidente Alberto Fernández avance con la reforma Judicial que prometió, pero apuntaron al Congreso por los pocos esfuerzos invertidos para acelerar los juicios. «No conformar tribunales, hacer audiencias con poca frecuencia y duración, no es trabajar para la justicia, es poner al Poder Judicial al servicio de la impunidad. Por eso, hoy entendemos como indispensable, la reforma del Poder Judicial, que garantice la realización de todos los juicios», sostiene el texto antes de apoyar la reforma que impulsa el Ejecutivo. «En su discurso del 1º de marzo, en ocasión de la apertura de las sesiones legislativas, el Presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de imprimir celeridad a los juicios de lesa. Pues el Poder Legislativo también tiene tarea en este tema discutiendo las herramientas legales que permitan esa aceleración».
La urgencia por los 300 nietos que todavía faltan
En la declaración los organismos buscaron dejar en claro que no hay tiempo que perder: han pasado 44 años y muchas madres y abuelas de detenidos-desparecidos no han podido encontrar respuesta a su reclamo de Justicia. Lo mismo sucede con los «300 hombres y mujeres que viven con su identidad falseada y más de trescientas familias que hace 44 años los estamos buscando», recuerda el pronunciamiento en referencia a un dato clave: la mayoría de esos 300 hombres y mujeres ya están por encima de los cuarenta años de edad.
«Son las y los desaparecidos con vida y son la deuda de la democracia. Por más de cuarenta años, desarrollamos las más diversas estrategias de búsqueda, primero en soledad y luego con el acompañamiento del Estado y de gran parte de la sociedad. No obstante, cada año que pasa resulta más difícil encontrarlos y muchas Abuelas se han ido sin poder abrazarlos. Por eso es importante el rol de la sociedad para contribuir con la restitución de las nietas y nietos que faltan», pidieron los organismos.
«Necesitamos que todas y todos nos comprometamos a apoyar el difícil proceso de quienes están frente a una duda sobre su identidad y también que quien tenga un dato sobre alguna posible apropiación, se anime a decirlo. Quien carece de la información no tiene la libertad para decidir», aseguró el documento.
También alertó que «en estos últimos cuatro años hemos visto disminuir el promedio de restituciones, a la vez que, con profundo dolor, debimos despedir a decenas de compañeras que partieron sin encontrar a sus nietos y nietas. Es tiempo de contribuir a cerrar esta herida. Por eso, si creés que podés ser hijo o hija de desaparecidos, o conocés a alguien que podría serlo, no dudes en acercarte a Abuelas».
Juicios y complicidad empresaria: «La demora es complicidad»
Los organismos recordaron que todavía «siguen los juicios en todo el país con casi mil condenados en más de 200 juicios realizados», pero «el tiempo pasa y el ciclo de la vida va marcando partidas: las nuestras y las de los genocidas». Al respecto reclamaron nuevamente «Juicio y castigo» pero sostuvieron que «la demora es impunidad porque lo que no se juzga hoy no se podrá juzgar mañana».
Otro de los ejes retomó la responsabilidad empresaria, uno de los puntos en las investigaciones penales que Macri buscó frenar. «Como hemos denunciado, en los últimos cuatro años se cerraron las distintas dependencias del Estado encargadas de investigar a quienes se beneficiaron con el genocidio y es hora de reactivar esas políticas públicas. Es necesario también avanzar en la apertura y desclasificación de todos los archivos nacionales, internacionales y de la iglesia», reclamaron los organismos porque se trata de «empresas que participaron activamente en la represión entregando listados de trabajadores a los militares o incluso, como se demostró en el juicio contra la empresa Ford de 2018, que permitieron el funcionamiento de campos de concentración en sus plantas», señaló el documento.
También apuntaron al incremento de libertades domiciliarias: «Desde 2015 se duplicó la cantidad de genocidas libres y han aumentado las prisiones domiciliarias. Todavía existen casi 90 genocidas que viven en la cárcel vip de Campo de Mayo, mientras hay presos comunes hacinados en las cárceles de todo el territorio argentino. Así de absurdo, en Campo de Mayo, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del Ejército, los genocidas pasan sus días de arresto al cuidado de sus subalternos. Debemos terminar con ese privilegio: el único lugar para cumplir las condenas es la cárcel común», aseguraron los firmantes del texto.
A continuación, el texto completo:
DISCURSO 24 DE MARZO DE 2020
Este 24 de marzo no nos encuentra en Plaza de Mayo como cada año, ni en las demás plazas del país, debido a las medidas de prevención por la emergencia sanitaria para el cuidado de la salud de la población, pero sí hemos generado durante todo este día acciones para sostener la Memoria. En esta nueva conmemoración del Golpe genocida del 24 de marzo de 1976 recordamos a las y los 30.000 detenidos-desaparecidos, a las 10.000 presas y presos políticos; a los miles de exiliados y sobrevivientes; y reivindicamos sus luchas en organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas.
CON LOS Y LAS 30.000 COMO BANDERA, LOS PUEBLOS TENEMOS MEMORIA.
LA PATRIA EXIGE VERDAD Y JUSTICIA. LIBERTAD A LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas tomaron el poder derrocando al Gobierno constitucional en forma violenta, destituyendo así a las autoridades elegidas democráticamente. En pocos días, la Presidenta fue detenida, se disolvió el Congreso y se sustituyó por una Comisión de Asuntos Legislativos. Se destituyó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, reemplazándolos por otros, que juraron cumplir con el Estatuto y los objetivos del “Proceso de Reorganización Nacional”. Las Fuerzas militares, policiales y parapoliciales venían desarrollando desde inicios de la década del ‘70 acciones ilegales: asesinatos selectivos, masacres, colocación de explosivos y amedrentamiento, frente a la amplia movilización y organización social. Parte de ese accionar se concentró en la Triple A. Luego del Golpe de Estado, comenzó un plan sistemático de persecución y eliminación de toda la oposición política y de implementación de un modelo social, institucional y económico con alto grado de pobreza, injusticia y autoritarismo.
Este plan represivo fue planificado a niveles de las máximas autoridades, pero ejecutado a través de todas las jerarquías militares y con la participación de todas las instituciones de gestión estatal y empresarial, como así también la cúpula de la Iglesia y la corporación judicial. El principal método represivo fue la desaparición forzada de personas con más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, miles de asesinatos, presos políticos, la apropiación de menores, los crímenes sexuales, la proscripción política, el exilio y el robo de bienes. Fueron 30.000 personas detenidas-desaparecidas que lucharon por otro país.
Reivindicamos todas sus luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, la FAP, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del PRT; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y PCR, por nombrar sólo a algunas de las tantas organizaciones y espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, luchando por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social. En ese marco, se implementó el Plan Cóndor: la acción conjunta criminal de las dictaduras de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. Los delitos cometidos en la Argentina se reconocen a nivel internacional como de lesa humanidad y genocidio.
Esto significa que son crímenes sufridos no sólo por las víctimas directas y sus familiares, sino que dañan a toda la humanidad, por lo cual los Estados tienen la obligación de investigarlos y juzgarlos y no pueden quedar impunes. Por eso, hasta hoy continúan las denuncias y los juicios que permiten conocer Verdad, hacer Justicia y construir Memoria. Los organismos de derechos humanos que surgieron en la Argentina a partir del Golpe de Estado y los que existían desde antes, no son producto de hechos aislados, sino una muestra de que la lucha puede más que las aberraciones, perversiones, torturas, flagelos y asesinatos que generó la peor de las dictaduras que ha conocido el país.
De ese genocidio surgió la fuerza que llevó a los Familiares, las Madres, las Abuelas, los Hijos e Hijas, los sobrevivientes y a todos los organismos de derechos humanos a no rendirse ante el miedo, a no olvidar, a seguir la búsqueda de la Verdad, de la Justicia y a luchar por la Memoria. La búsqueda de las nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar es cada vez más urgente.
Llevamos resueltos 130 casos, pero aún falta encontrar a más de 300. Son más de 300 hombres y mujeres que viven con su identidad falseada y más de trescientas familias que hace 44 años los estamos buscando. Son las y los desaparecidos con vida y son la deuda de la democracia. Por más de cuarenta años, desarrollamos las más diversas estrategias de búsqueda, primero en soledad y luego con el acompañamiento del Estado y de gran parte de la sociedad. No obstante, cada año que pasa resulta más difícil encontrarlos y muchas Abuelas se han ido sin poder abrazarlos.
Por eso es importante el rol de la sociedad para contribuir con la restitución de las nietas y nietos que faltan. Necesitamos que todas y todos nos comprometamos a apoyar el difícil proceso de quienes están frente a una duda sobre su identidad y también que quien tenga un dato sobre alguna posible apropiación, se anime a decirlo. Quien carece de la información no tiene la libertad para decidir. Muchas de las últimas restituciones fueron fruto de la colaboración de alguien que le dijo a un nieto o nieta que no era hijo de quienes creía. Ese nieto o nieta no dudó ni un segundo qué hacer cuando le contaron que no era hijo de quienes lo criaron y se dirigió a Abuelas para confirmar o desestimar si una familia lo estaba buscando. Por eso es fundamental que quien sepa algo no se lo guarde. A quienes dudan en acercarse, les decimos que el momento es ahora, que pueden encontrar el abrazo reparador de los familiares que los buscan hace más de 40 años.
Sabemos que los que tienen toda la información sobre el paradero de los nietos y las nietas son los genocidas, pero no dicen dónde están. A más de 36 años de recuperada la democracia los responsables de los crímenes más atroces –incluida la sustracción, ocultamiento y apropiación de menores–, siguen callando la verdad sobre las y los detenidos-desaparecidos y sus hijas e hijos. Los pactos de silencio de estos criminales parecen inquebrantables, pero desde la sociedad podemos romperlos. En estos últimos cuatro años hemos visto disminuir el promedio de restituciones, a la vez que, con profundo dolor, debimos despedir a decenas de compañeras que partieron sin encontrar a sus nietos y nietas. Es tiempo de contribuir a cerrar esta herida.
Por eso, si creés que podés ser hijo o hija de desaparecidos, o conocés a alguien que podría serlo, no dudes en acercarte a Abuelas. Llevamos más de 14 años de juicios por los crímenes contra la humanidad, procesos judiciales que en muchos casos empiezan a reconocer que nuestro país sufrió su segundo genocidio. Para llegar a estos juicios hubo que recorrer un largo camino de impunidades, pero jamás bajamos los brazos. No ha sido fácil y sabemos que a estos juicios los sostenemos colectivamente con sobrevivientes, familiares y quienes aportan testimonios en las salas de audiencias de todo el país para narrar las más tremendas atrocidades ante quienes deben impartir justicia.
A 44 años del golpe genocida, siguen los juicios en todo el país con casi mil condenados en más de 200 juicios realizados. Logros que nos comprometen aún más con la búsqueda de Verdad y Justicia por las y los 30.000 y por todo nuestro pueblo. Pero el tiempo pasa y el ciclo de la vida va marcando partidas: las nuestras y las de los genocidas.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES ha sido nuestra guía y necesitamos avanzar con mayor celeridad en este proceso. No conformar tribunales, hacer audiencias con poca frecuencia y duración, no es trabajar para la justicia, es poner al Poder Judicial al servicio de la impunidad. Por eso, hoy entendemos como indispensable, la reforma del Poder Judicial, que garantice la realización de todos los juicios por crímenes de lesa humanidad.
LA DEMORA ES IMPUNIDAD porque LO QUE NO SE JUZGA HOY NO SE PODRÁ JUZGAR MAÑANA.
En su discurso del 1º de marzo, en ocasión de la apertura de las sesiones legislativas, el Presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de imprimir celeridad a los juicios de lesa. Pues el Poder Legislativo también tiene tarea en este tema discutiendo las herramientas legales que permitan esa aceleración. Los juicios de lesa humanidad son política de Estado, por lo cual todos los poderes del mismo se deben comprometer con ese objetivo. Pero además de acelerar los juicios que hay en curso necesitamos avanzar sobre las responsabilidades que no fueron juzgadas todavía.
Las desapariciones y muertes fueron ejecutadas por las Fuerzas Armadas, pero los grandes beneficiados fueron los grupos de poder concentrados que planificaron la miseria, como ya lo adelantaba Rodolfo Walsh en su carta abierta a las Juntas Militares de 1977. Empresas que participaron activamente en la represión entregando listados de trabajadores a los militares o incluso, como se demostró en el juicio contra la empresa Ford de 2018, que permitieron el funcionamiento de campos de concentración en sus plantas. Las grandes empresas fueron los mayores beneficiados con el genocidio tanto con el disciplinamiento de los trabajadores como con las grandes ventajas económicas obtenidas.
Como hemos denunciado, en los últimos cuatro años se cerraron las distintas dependencias del Estado encargadas de investigar a quienes se beneficiaron con el genocidio y es hora de reactivar esas políticas públicas. Es necesario también avanzar en la apertura y desclasificación de todos los archivos nacionales, internacionales y de la iglesia. Otra de las deudas de la democracia es hacer justicia por las violaciones a los derechos humanos sufridas por nuestros soldados en la guerra de Malvinas a mano de los genocidas. Igual que en los campos de concentración en todo el país, los sobrevivientes de la guerra dan testimonio de las torturas y vejaciones a las que fueron sometidos.
Este año se logró un gran avance sobre una causa histórica y fueron procesados responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la guerra por las Malvinas. Un paso muy importante para seguir avanzando en Memoria, Verdad y Justicia.
La impunidad es inaceptable para la sociedad argentina, lo hemos demostrado incansablemente durante estos cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri ante las acciones negacionistas, el debilitamiento de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, y frente al intento de implementar el beneficio del 2×1 a los genocidas.
A pesar de la resistencia, desde 2015 se duplicó la cantidad de genocidas libres y han aumentado las prisiones domiciliarias. Todavía existen casi 90 genocidas que viven en la cárcel vip de Campo de Mayo, mientras hay presos comunes hacinados en las cárceles de todo el territorio argentino. Así de absurdo, en Campo de Mayo, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del Ejército, los genocidas pasan sus días de arresto al cuidado de sus subalternos.
Debemos terminar con ese privilegio: el único lugar para cumplir las condenas es la cárcel común. Estos sitios contienen pruebas de los delitos cometidos por los dictadores y sus cómplices, y deben ser preservados como prueba de los crímenes.
Es por eso que celebramos la decisión anunciada por el Presidente Alberto Fernández: Campo de Mayo será un Espacio de Memoria. Ese centro clandestino, donde se secuestró, torturó y desapareció a más de 5.000 víctimas, y donde además se robaron a cientos de bebés, recibirá en un futuro próximo a las nuevas generaciones que conocerán los delitos allí cometidos en el marco de la dictadura cívico-militar.
En esta fecha, le solicitamos al Presidente Fernández que derogue el decreto del Gobierno anterior sobre la Creación de la Reserva Ambiental de la Defensa en Campo de Mayo, una ofensa para la memoria colectiva. Ese país que tuvimos con Macri benefició a genocidas, mientras persiguió y encarceló a militantes y referentes de la oposición.
La forma actual de intervención de los EE.UU. en la región es a través del lawfare que en nuestro país impulsó el gobierno de Mauricio Macri de la Alianza Cambiemos, con parte del Poder Judicial, de la Agencia Federal de Investigaciones y los medios concentrados de comunicación, que prepararon a la opinión pública para que legitimara el permanente deterioro del Estado de Derecho.
El armado de causas se desplegó contra quienes se animaron a enfrentar al neoliberalismo. Se utilizaron todos los resortes del Estado para intentar someter a quienes se opusieron a las políticas de saqueo y hambre de millones de argentinos y argentinas, que nos impuso el gobierno macrista.
La persecución judicial y política se inició en la provincia de Jujuy con la detención de Milagro Sala y sus compañeros de la Tupac Amaru pero siguió en todo el país con la persecución a dirigentes y dirigentas políticas, sociales, empresariales y gremiales; referentes de los pueblos originarios o de distintas organizaciones sociales; ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con especial saña para con la actual Vicepresidenta y su familia. Todos fueron objeto de hostigamiento y persecución, lo que le sumó al lawfare argentino un carácter mafioso. Las comunidades originarias sufrieron particularmente estos procesos represivos.
La estigmatización a los pueblos originarios, la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y el encarcelamiento de los referentes comunitarios fue una práctica sistemática del ministerio a cargo de Patricia Bullrich.
Son muchos los presos y presas víctimas de este accionar que se encuentran encarceladas por razones políticas. Con causas armadas, abuso de las prisiones preventivas, teorías absurdas para justificar lo injustificable, los mantienen cautivos muchas veces en condiciones deplorables y sin atender a sus necesidades médicas. La Corte Suprema de Justicia y las Cámaras federales tienen la responsabilidad de no demorarse más. Deben reparar lo que hasta hace muy poco muchos de sus integrantes ayudaron a materializar, violentando todas las normas internas y la legislación internacional incorporada a la Constitución Nacional.
Como lo ha propuesto el Presidente de la Nación Alberto Fernández, se impone avanzar en una profunda reforma del sistema de justicia que nos encontrará acompañando y aportando para tener la justicia que nuestro pueblo demanda. Por eso reclamamos con toda nuestra voz NUNCA MÁS presos y presas políticas y NUNCA MÁS LAWFARE en la Argentina y en nuestra región. En este último tiempo hemos visto el avance de nuevas formas de ataque a los gobiernos populares.
Por eso, una vez más, repudiamos enérgicamente el Golpe de Estado cometido en Bolivia, como así también la vulneración de derechos en ese país hermano, esperando que la recuperación de la democracia ocurra de manera urgente. Toda nuestra solidaridad con el pueblo boliviano y su legítimo presidente Evo Morales.
Abrazamos al pueblo de Chile en lucha y resistencia, y repudiamos la represión y militarización del Gobierno de Sebastián Piñera. Nuevamente, lo instamos a resolver los conflictos por la vía del diálogo y la paz ante un pueblo que se pronuncia en defensa de sus derechos.
En nuestro país y el mundo hay una revolución que pide a fuerza de calles y lucha que se terminen las violencias contra las mujeres y diversidades. Que paren de matarnos. Que la violencia machista y patriarcal tengan su punto final.
Es también tiempo de escuchar las voces de tantas mujeres que a diario sufren las consecuencias de prácticas clandestinas de interrupción del embarazo por no poder decidir libremente sobre sus cuerpos.
Decidir sobre nuestros cuerpos no es un privilegio, es un derecho. Por eso, para cuidar tanto la salud como la libertad, este reclamo debe ser atendido con urgencia.
Los organismos de derechos humanos nos sumamos al reclamo de las mujeres y gritamos con ellas: EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR. ¡QUE SEA LEY!
La Argentina se está recuperando de un gobierno que dejó al país en la miseria, con un endeudamiento insostenible, con desocupación y hambre, persecución judicial y con retrocesos en materia de justicia por los crímenes de lesa humanidad. Fueron años de resistencia y lucha para defender nuestros derechos.
Parte de esas políticas persisten hoy en la Ciudad de Buenos Aires, con la continuidad de la misma fuerza gobernante, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, caracterizada por el desprecio por la salud y la educación pública y la represión a la protesta social, que incluye la decisión de usar picanas portátiles, medida que hemos denunciado en el país y el exterior.
Esta etapa de la Patria necesita el apoyo de todo el pueblo para salir adelante. Necesita que la solidaridad sea nuestra bandera. Necesita que le tendamos la mano a quienes menos tienen, a los más vulnerados, a los que se encuentran más frágiles frente a la situación que estamos viviendo.
Con políticas de Estado, solidaridad y compromiso podremos volver a tener la justicia de un plato de comida en la casa, de un trabajo digno, con las fábricas funcionando, con acceso igualitario a la salud y la educación, con inclusión y libertad. Hoy estamos en nuestras casas, pero luchando y reivindicando a las y los 30.000.
Siguiendo sus ejemplos de estar donde se necesita, de denunciar lo injusto, de abrazar a la Patria, de debatir la realidad para cambiarla, de organizarse ante quienes atacan a los pueblos, de poner a lo colectivo por delante de todo.
Levantamos los pañuelos blancos que buscaron a las y los 30 mil desaparecidos, que se enfrentaron a la dictadura, que reclamaron Memoria, Verdad y Justicia, que resistieron al neoliberalismo, que se hicieron pueblada en el 2001. Los pañuelos blancos que reabrieron los juicios, construyeron sitios de memoria, acompañaron las luchas de los trabajadores, resistieron el negacionismo de Macri. Los pañuelos que nos enseñan que no debemos ser indiferentes jamás.
El mundo atraviesa tiempos difíciles. Por eso hoy no estamos en las plazas como cada 24 de marzo. Pero estamos en unidad para salir adelante. Estamos levantando la bandera de la solidaridad como herramienta colectiva. De eso se trata. De seguir el ejemplo de 30.000 luchas que tenemos presentes en cada paso de nuestra historia. Fuerza, Argentina.
CON LOS Y LAS 30.000 COMO BANDERA, LOS PUEBLOS TENEMOS MEMORIA. LA PATRIA EXIGE VERDAD Y JUSTICIA.
LIBERTAD A LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS
¡RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS NIETOS Y NIETAS!
¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y PARTÍCIPES CIVILES!
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
Abuelas de Plaza de Mayo – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – H.I.J.O.S. Capital – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza – Asociación Buena Memoria – Centro de Estudios Legales y Sociales – Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte – Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz – Fundación Memoria Histórica y Social Argentina – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Con críticas al gobierno y al FMI, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia realizó su acto de manera virtual
Por Alfonso de Villalobos – @alfondevil
Las 300 organizaciones que desde 1996 integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) y, en aquel vigésimo aniversario del golpe militar, organizaron la primera movilización de repudio al gobierno de facto, por primera vez, y ante el desarrollo de la pandemia del Coronavirus, optaron por no movilizarse a la Plaza de Mayo.
La suspensión de la marcha callejera, sin embargo, no impidió que la organización en la que desde siempre se referencian dirigentes de derechos humanos como Nora Cortiñas y Elia Espen de Madres Línea Fundadora, el fallecido Enrique “Cachito” Fukman de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y Adolfo Pérez Esquivel, fundador del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), elaborara su documento que difundieron a través de un video documental.
La declaración tomó estado público a las 11 de la mañana de este martes 24 de marzo, y pone el foco en el reclamo de justicia para los 30 mil detenidos desaparecidos y la cárcel a los genocidas. Pero, como es tradición, también se refiere a la represión estatal ejercida contra militantes populares bajo los gobiernos democráticos y al mismo tiempo, asume como propias las consignas por las que lucharon y fueron asesinados por el terrorismo de Estado los militantes desaparecidos y que, consideran, sigue en plena vigencia.
El documento se propone “reivindicar a una generación que dio su vida por cambiar el mundo, y lograr una Argentina sin explotación, sin opresión y sin miseria”. Al mismo tiempo ratifican la lucha «para que se reconozca con su verdadero nombre: Genocidio” que “tuvo como objetivo principal aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones revolucionarias en la Argentina”.
El texto, está dicho, también denuncia las políticas de los gobiernos que, en democracia, actuaron en favor de una reconcilación con las fuerzas armadas: “somos parte de un movimiento que lucha contra las políticas de olvido, de perdón, y de reconciliación con los asesinos, con los torturadores, con los violadores, con los apropiadores, con quienes fueron sus cómplices civiles, empresariales, religiosos y políticos”. Por eso, aseguran, “no nos olvidamos de los decretos alfonsinistas que juzgaron a las cúpulas militares y a integrantes de las organizaciones armadas en base a la teoría de los dos demonios; los indultos del menemismo, las leyes de obediencia debida y punto final, la designación de Milani en el kirchnerismo, el negacionismo del macrismo y su intento de implantar el 2×1 para liberar a los genocidas condenados”.
Con todo, destacan que entre 2003 y 2017 “se dictaron 1354 condenas sobre 975 represores y hubo 240 absoluciones” pero, critican, “casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.590 represores imputados están en total y completa libertad”.
Por eso, aseguran, “la lucha no termina siquiera cuando los genocidas son condenados, porque los socios de la impunidad en el poder judicial otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a torturadores, asesinos y apropiadores”. En este punto, el documento insiste en un reclamo que ninguno de los gobierno posteriores a la llegada de la democracia concedió y que es el de la “apertura de los archivos secretos de la dictadura, para conocer el destino de cada uno de nuestras y nuestros compañeras y compañeros y para conocer el paradero de sus bebés que fueron apropiados.”
Del mismo modo, insisten en la lucha por la garantía de los derechos humanos y democráticos de los militantes populares en la actualidad: “exigimos la libertad de las presas y presos políticos o por luchar, como Milagro Sala y Luis D’Elía; el fin de las persecuciones, como a Sebastián Romero, y el cierre de las causas contra Daniel Ruiz, César Arakaki y demás activistas”. En la misma línea critican la política oficial de “transparentar” los fondos de la AFI y exigen “disolverla, como a todos los servicios secretos” así como “desmantelar el aparato represivo” y “poner fin al gatillo fácil, que cobra la vida de un joven pobre por día”.
Sobre el final, el documento cita al periodista desparecido Rodolfo Walsh para señalar el vínculo existente entre la represión y la política económica: “en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”, por eso el EMVyJ destaca que la deuda externa «antes del golpe era de 7 mil millones de dólares y al caer la dictadura trepó a 49 mil millones. Después, todos los gobiernos pagaron y pidieron más. Nunca nos “desendeudamos”. Con Macri se dio el mayor endeudamiento, que hoy supera los 310 mil millones de dólares”.
El documento no se priva de opinar sobre el contexto actual signado por la pandemia del coronavirus que, aseguran, “agravó la crisis sanitaria que ya existía”. En ese punto, aseguran que “la cuarentena es necesaria, pero no suficiente” y señalan que “lo que sirve es concientizar y tomar medidas eficaces como el testeo masivo para la detección precoz del virus”. Al mismo tiempo, repudian “la presión militarista” y, se adelantan, “cualquier intento de declaración de estado de sitio”.
Por último, ponen el foco en el actual gobierno de Alberto Fernández a quien le exigen el aumento general de los salarios, planes sociales y jubilaciones, critican la suspensión de la movilidad jubilatoria y reclaman el 82% móvil y el aborto legal así como el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI.
En el cierre, y como es tradición, se refieren a la orientación del gobierno con relación a la geopolítica global. Exigen “el fin del alineamiento internacional con los EE.UU. e Israel”, rechazan “las bases extranjeras en el país y los ejercicios militares con el imperialismo” y reclaman que la Argentina salga “del Grupo de Lima y retire sus tropas de Haití y Chipre”.En el cierre, y como es tradición, se refieren a la orientación del gobierno con relación a la geopolítica global. Exigen “el fin del alineamiento internacional con los EE.UU. e Israel”, rechazan “las bases extranjeras en el país y los ejercicios militares con el imperialismo” y reclaman que la Argentina salga “del Grupo de Lima y retire sus tropas de Haití y Chipre”.
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