Argentina: campaña contra la violación a niñas y niños indígenas en todo el país

«La violación a les niñes indígenas es criminal»

‘I-ton-no, i-ton-no’ (me arrastraron) alcanzó a balbucear Juana, una niña wichí que en 2015 tenía doce años y un retraso madurativo. Había salido con sus amigas y no volvió a su casa. Tenían mucho hambre y fueron al monte a comer mistol, el fruto del quebracho. A las nueve de la mañana del 29 de noviembre fue asaltada por un grupo de varones, los vecinos la encontraron desmayada en la cancha del pueblo, Alto de la Sierra, una localidad cercana a la frontera con Bolivia y Paraguay, donde viven unas dos mil personas, más de la mitad de ellas de origen wichí y chorote.

Todo pasó inadvertido hasta seis meses más tarde, cuando la menor, embarazada de un feto sin esperanza de vida, sufrió una cesárea en condiciones críticas. Así el caso de Juana –nombre que le pusieron en las redes a la niña cuyas iniciales son A.M.S– fue bandera de la lucha por el aborto legal cuando aún no estaba en la agenda política. Hace pocos días, los acusados fueron condenados a 17 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor a Jorge Salas, Juan Verón, Sebastián Salvatierra, Pantaleón Mansilla, Omar Arias, Luis Lamas y otros dos jóvenes por entonces menores de edad que fueron considerados adultos penalmente responsables. Sin embargo, la práctica brutal y sistemática de la que fue víctima Juana sigue invisibilizada.

Por eso el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir comenzó una campaña para exigir que se termine el chineo. «La violación a les niñes indígenas es criminal, desde hace siglos les niñes indígenas, entre los 8 y 10 años, sufren violaciones por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen a modo de rito iniciático de la sexualidad. Esto es posible por la impunidad que se disfraza de ‘costumbre cultural’, pero esto no es cultura sino un crimen y queremos que se termine esta atroz práctica», explicó la organización de mujeres, al mismo tiempo que demandó «condena inmediata para los abusadores». Hoy y mañana en las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer harán sus primeros pasos en la campaña, luego de haber realizado en mes pasado el Campamento Climático contra el Terricidio.

«Generaciones tras generaciones las mujeres hemos sido violadas desde niñas, y los funcionarios del Estado administradores de justicia lo consideran como parte de una cultura. Estamos denunciando que no es cultural, es una práctica aberrante, machista, sexista, violenta y criminal que se ha ido perpetuando a lo largo de los siglos desde la invasión a nuestros territorios, y afecta fundamentalmente a los pueblos del norte del país», dijo Moira Millán, integrante de ese movimiento y weychafe (guerrera) mapuche. «Hay impunidad y un doble crimen, por un lado el del violador hacia las cuerpitas de las niñas y por el otro el silenciamiento social racista que asume que es algo cultural, que está bien que los criollos con cierto poder político y social violen a las nenas», agregó.

Según Millán, «para comprar ese silencio y evitar ser denunciados ‘apadrinan’ a las familias de las víctimas directas de las violaciones, hay hambre y ellos les hacen pequeños favorcitos, dan prebendas, con la complicidad de los machos de las comunidades: caciques y lonkos que callan, y las mujeres muchas veces por miedo también callamos».

Basta de chineo

Setenta testigos pasaron durante el juicio por Juana que se desarrolló en Tartagal, hasta adonde viajaron también sus padres desde la comunidad Chofway para declarar a través de una intérprete, que recibió amenazas por parte de las familias de los imputados. En las redes sociales, la campaña #JusticiaPorJuana denunció que el caso estaba amparado por ley por uno de los supuestos del aborto no punible. Pero en junio de 2016, una junta médica resolvió practicar a la niña una cesárea en el hospital materno infantil de Salta. El feto tenía una patología terminal y murió enseguida. Junto al caso de Belén, la joven tucumana encarcelada luego de sufrir un aborto espontáneo, el de Juana llegó al Congreso durante la discusión por la legalización del aborto el año pasado. En ese contexto, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey decidió derogar su protocolo y adherir al que rige en todo el país, que no pone límites temporales.

A pesar de que Juana fue víctima del chineo, poco o nada se dijo al respecto. «Cuando la agresión sexual contra las mujeres está agravada por las circunstancias de ser una práctica ‘habitual’, y en algunos parajes de nuestra geografía se podría decir hasta sistemática, como es el ‘chineo’. No es una práctica desconocida», escribió en Página12 la antopóloga social Ana González. «Un juez de Casación la definía muy bien en un fallo del 2008: ‘Se sabe que el llamado chineo es una pauta cultural de nuestro oeste provincial. Se trata de jóvenes criollos que salen a buscar chinitas (aborígenes niñas o adolescentes) a las que persiguen y toman sexualmente por la fuerza. Se trata de una pauta cultural tan internalizada que es vista como un juego juvenil y no como una actividad, no ya delictiva, sino denigrante para las víctimas”, agregó.

En sintonía con lo expresado por Millán, la antropóloga apuntó que «es de suma gravedad que abogados defensores de los agresores, y hasta magistrados, hagan un ejercicio ilegítimo y hasta ilegal de la antropología cuando intentan recurrir a la ‘costumbre’ o a la ‘cultura’ para justificar o ‘atenuar’ un delito y una práctica aberrante que contiene agravantes discriminatorios de género, etnia, edad y condición socioeconómica». González explicó que durante la ocupación militar de la región del Gran Chaco (Formosa, Chaco, una parte de Salta y el norte de Santa Fe), conocida como la conquista del desierto verde –que tuvo lugar entre finales del siglo XIX y hasta alrededor de la década del ’40 del siglo XX– «en todos los casos las mujeres (chinas) eran violadas, sometidas a servidumbre sexual y explotada su fuerza de trabajo, mientras que previamente les eran arrancados sus hijos».

La experta dijo que la matriz racista y discriminadora que naturalizó estos delitos fue la continuidad de estas prácticas por parte de los criollos que se fueron asentando en estas tierras ancestrales de los wichí, qom, pilagá, moqoi, tapiete, chorote, chané, entre otros pueblos, “conquistadas” a sangre y fuego, «sin tener casi nunca una sanción social ni judicial». El chineo sigue ocurriendo en algunos lugares, protagonizada por varones criollos, no indígenas, pudientes o pobres, que salen a “ramear” de los pelos a una “chinita” y violarla entre varios. Los agresores cuentan con la complicidad de diversos agentes estatales locales. «Cuando las víctimas intentan denunciar, se las hace callar con un chivo o una vaca. Si no acepta, ella y su familia sufrirán amenazas y agresiones violentas (…) El silencio es desamparo y desprotección, es dolor y humillación contenidos, no sólo de las mujeres indígenas, sino de toda su comunidad».

Como botón de muestra, en 2003, el caso contra una niña qom (toba) de El Espinillo, Chaco, a pesar de la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, dio lugar a un fallo judicial aberrante en el que se absolvió a los perpetradores. El caso llegó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el Estado nacional y provincial debieron reparar a la niña y su familia.

«Si bien las mujeres criollas o no indígenas, las mujeres urbanas o rurales, podemos ser víctimas de violación, la práctica sistemática de la violación sólo la sufren las víctimas de las redes de trata a las que se reduce a esclavitud sexual, mientras que las mujeres indígenas, por lo menos del Gran Chaco, son víctimas ‘habituales’ de ‘chineo’. Las situaciones específicas requieren de respuestas y políticas específicas, porque en nuestro país hemos aprendido dolorosamente que la impunidad siempre trae más impunidad», dijo la antropóloga González en el artículo publicado en 2011.

Violación en banda

Desde Salta, la periodista Alejandra Cebrelli escribió que «la violación en banda de criollos contra jóvenes originarias hoy por hoy goza de lamentable ‘buena salud’ gracias al silencio de sus víctimas, casi todas jóvenes wichis, obligadas a callar con amenazas o como resultado de una muerte inducida por la ingesta de alcohol con vidrio molido o, simplemente, de la brutal violación en manada que suele dejarlas agonizando en el monte hasta que es demasiado tarde; y cuando sobreviven, algunas no se recuperan jamás del ataque y pierden toda conexión con la realidad». Cebrelli, desde el portal Punto.Uno, lamentó que «casi ningún medio informa estas atrocidades».

Algo similar cuestionó la periodista Luciana Mignoli al afirmar que «cuando el femicidio es indígena no es noticia», en un artículo de Cosecha Roja en el que relató que María Magdalena Moreira, una joven wichí de 16 años de Miraflores, Chaco, fue asesinada por Facundo David Narciso, criollo de 20 años, quien la enterró en el patio de su casa. «Aquel genocidio indígena negado que se actualiza y se cruza con la cara más brutal del patriarcado. Yo no me acostumbro al femicidio. Y al racismo, tampoco», dijo Mignoli. Desnaturalicemos, pues, el chineo.

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