Venezuela: Los daños colaterales de las sanciones de EEUU – Por Jessica Sosa

Venezuela: Los daños colaterales de las sanciones de EEUU

Por Jessica Sosa

Hemos aprendido a comprender en el mundo que habitamos, que cuando nos hablan de daños colaterales, no son más que civiles, hombres, mujeres y niños en una guerra que no buscaron ni querían librar. Un eufemismo para perfumar la muerte tras bombardeos, eso sí, humanitarios.

El autoproclamado presidente de Venezuela se suma a a esta política y tras llegar al país, luego de una gira por Europa y América, su promesa es que «los mecanismos de presión solo van a aumentar, por polémicos que sean, solo van a seguir aumentando», según pronunció durante un discurso en una plaza pública a su llegada.

Lo que llama «mecanismos de presión», no son más que acciones agresivas que limitan cada vez más la economía nacional y con ello, un cerco cada vez más cerrado para los venezolanos en el acceso a medicinas y alimentación, por mencionar solo insumos básicos.
Un recuento de las sanciones

Según un informe de la Organización No Gubernamental venezolana Sures, dedicada a la investigación en materia de derechos humanos en torno al bloqueo económico, migración venezolana y violencia política, la escalada de sanciones contra el país comenzó en diciembre de 2014, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la «Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil”.

En su informe «Medidas Unilaterales coercitivas 2019», Sures detalle que este instrumento jurídico «dicta la línea de acción para la política del gobierno de los Estados Unidos de Norte América hacia Venezuela, que también ha marcado la hoja de ruta para que otros Estados, bajo su influencia y dominación, hayan adoptado en los últimos años una serie de medidas coercitivas unilaterales en su contra».

La Ley norteamericana establece de entrada sanciones dirigidas al bloqueo económico, financiero y comercial de Venezuela, así como acciones conjuntas con los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea. «Se trata de una ley que de forma explícita y expresa reconoce que contraviene los principios fundamentales del Derecho Internacional Público, de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos», según reza el informe de Sures.

Un estudio realizado por la misma ONG, revela que desde entonces, hasta agosto de 2019, se habían dictado unas 63 medidas coercitivas por parte de 5 países contra Venezuela en el contexto del cerco económico y financiero que impone Estados Unidos.

Hasta esa fecha, EEUU había impuesto unas 45 medidas, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, cada uno contribuyó con el bloqueo con 5 medidas, mientras el Grupo de Lima aplicó dos sanciones y Suiza 1.

Los destinatarios de estas sanciones son entidades financieras, bancarias y petroleras que mantienen una relación comercial y financiera con el Estado venezolano o con empresas radicadas en nuestro país. Hasta agosto de 2019, habían sido sancionados 43 buques (la mayoría de ellos propiedad de PDVSA, utilizados para el transporte de hidrocarburos), 2 aviones, 96 empresas privadas y públicas, entre los que destacan 6 bancos estatales, incluido el Banco Central de Venezuela.

Además, han sido sancionadas 120 personas, la mayoría de ellas, funcionarios del Estado venezolano, a quienes luego se coacciona: les ofrecen el retiro de las sanciones personales, a cambio de «colaboración».

Algunas de las medidas más graves han sido las siguientes:

• Octubre de 2017, el banco suizo UBS bloqueó el pago de recursos destinados a la compra de vacunas, lo que retrasó por cuatro meses los programas de vacunación que emprende anualmente el Gobierno nacional.
• En noviembre de 2017, 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares, fueron devueltas por los bancos internacionales.
• En mayo de 2018, se bloqueó el pago de nueve millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para diálisis de 15.000 pacientes de hemodiálisis en el país.
• 28 de enero de 2019 A través de la Sexta Orden Ejecutiva 13857, EEUU bloqueó todos los activos de PDVSA bajo jurisdicción estadounidense, con el propósito de ponerlo al mando del «nuevo Gobierno de Venezuela». Con esta acción fueron congelados 7 mil millones de dólares en activos de la filial Citgo, y se generó una pérdida alrededor de 11 mil millones de dólares.
• Enero de 2019, el Banco de Inglaterra confiscó ilegalmente 1.359 millones de dólares en oro de Venezuela, que estaban depositados en esa entidad.
• Abril de 2019, el Departamento del Tesoro bloqueó las operaciones del Banco Central de Venezuela (BCV), específicamente sus cuentas en el extranjero y el desenvolvimiento de la institución del sistema financiero internacional con el fin de evitar que por la vía del BCV se destinen los fondos para la compra de medicinas y alimentos necesarios para la protección social de la población.
• 7 de febrero de 2020 el Gobierno de EE.UU. sancionó a la empresa aérea venezolana Conviasa.

https://twitter.com/DrodriguezVen/status/1227999940019982336

Los daños colaterales

En el contexto de este cuadro de sanciones, el pueblo venezolano es la víctima principal de un asedio que además, han prometido arreciar. El Centro de Investigación Política y Económica publicó recientemente un estudio según el cual, entre 2017 y 2018 se produjeron unas 40 mil muertes en el país, debido a la imposibilidad de acceder a medicinas y alimentos.

De igual forma, la ONG Sures registra unos 90.000 personas con VIH que recibían de manera gratuita y periódica sus tratamientos antirretrovirales y que a partir de este cerco, se ha imposibilitado su atención. Lo mismo ocurre con 16.000 venezolanos con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión, impedidos de acceder a las medicinas de alto costo que suministraba el Estado venezolano.

Jessica Sosa