Persecución en Bolivia: detienen al segundo apoderado legal de Evo Morales
Detienen en Bolivia a segundo apoderado de Evo Morales
Las autoridades de facto de Bolivia detuvieron este lunes al abogado Wilfredo Chávez, el segundo de los encargados de presentar la documentación del expresidente Evo Morales para ser postulado a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
‘Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que la dictadura ha instruido la detención del delegado político del MAS ante el @TSEBolivia y mi apoderado, Wilfredo Chávez. Este es un atropello sin nombre que quiere proscribirnos’, escribió Morales en su perfil de twitter.
Las circunstancias de la detención aun no están claras y el gobierno de facto no se ha pronunciado sobre el asunto, considerado por analistas como un atentado a los derechos políticos del exmandatario, refugiado político en Argentina.
El domingo fue detenida la otra apoderada de Morales, la también abogada Patricia Hermosa, a quien le fue sustraída parte de la documentación a presentar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para oficializar la candidatura al legislativo por el partido Movimiento al Socialismo (MAS).
Hermosa y Chávez recibieron un poder notarial registrado por el Agente Consular de Bolivia en Argentina para realizar las gestiones correspondientes ante el TSE de cara a las elecciones generales del 3 de mayo próximo.
La detención de ambos representantes legales es vista como una prueba de las constantes denuncias de persecución política hechas por Morales, cuyo objetivo, asegura, es impedir su acceso a cargos públicos.
‘Primero, los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la Presidencia. Ahora temen que me postulen como diputado o senador. Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán’, escribió el primer presidente indígena de Bolivia en su perfil de twitter.
Estos impedimentos a aspirar a una carrera política en su país, fueron referidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el abogado argentino de Morales, Gustavo Ferreyra, para que dicha organización abogue mediante una medida cautelar para que se respete ese derecho.
La detención de ambos abogados y el secuestro de los documentos convierten al país andino a los ojos de Ferreyra en ‘un Estado de No derecho singularizado por el ejercicio de la fuerza bruta e irracional en la autoridad ejecutiva dictatorial’.
ONU llama a respetar derechos y evitar persecuciones en Bolivia
El enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Jean Arnault, llamó a respetar los derechos humanos y evitar persecuciones políticas y judiciales que pongan en riesgo la legitimidad del recién iniciado proceso electoral.
«En un contexto electoral es esencial que no se realicen actos de persecución política, incluyendo el abuso de procedimientos judiciales», dijo Arnault, enviado personal del secretario general de la ONU, António Guterrez, desde la crisis política del año pasado que provocó el derrocamiento de Evo Morales.
La declaración de Arnault fue divulgada por la oficina local de la ONU mientras transcurría el último día de inscripción de candidatos presidenciales y parlamentarios, que marcaba también el inicio del período de campaña proselitista hacia los comicios convocados para el 3 de mayo.
El llamado de la ONU surgió en medio de una incesante persecución del gobierno transitorio de Jeanine Áñez contra miembros de la pasada administración de Morales y de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), con procesos por supuestos delitos y detenciones denunciadas por los afectados como irregulares.
Los bolivianos, «independientemente de su afiliación política, deberán poder ejercer sus derechos constitucionales y a elegir y ser elegidos con plena libertad, sin atropellos, intimidación o discriminación de ningún tipo. La legitimidad del proceso electoral dependerá de ello», advirtió Arnault.
El enviado especial de la ONU consideró que para el éxito del proceso electoral es «imprescindible (…) debatir pacífica y democráticamente y (…) desistir de toda acción que viole el derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión, de asociación, de opinión y de circulación».
Añadió que el sistema de Naciones Unidas dará la asistencia técnica necesaria para que el órgano electoral boliviano «cumpla sus funciones ejecutivas y jurisdiccionales en consonancia con las altas expectativas [de] la ciudadanía».
El Gobierno de Áñez impulsa una dura campaña de desacreditación de las gestiones de Morales con denuncias frecuentes de presuntos actos de corrupción y sedición, e investigaciones que, según las autoridades, alcanzan a 592 miembros de la pasada administración.
El mismo Morales y varios de sus ministros están acusados de sedición y terrorismo por las protestas que siguieron al golpe de Estado de noviembre pasado.
El exministro de Gobierno, Carlos Romero, está preso en espera de proceso por negligencia y otras exautoridades han salido del país o están refugiadas en la embajada mexicana en espera de salvoconductos.
El 31 de enero, la Fiscalía detuvo a la exjefa de gabinete de Morales y su actual apoderada legal, Patricia Hermosa, acusándola de sedición, y al día siguiente demoró por casi diez horas la partida a México del exministro de Minería, César Navarro, y el exviceministro de Tierras, Pedro Dorado, pese a que tenían salvoconductos expedidos por la Cancillería.
El 3 de enero, Morales denunció que el gobierno ordenó detener también a su segundo apoderado legal y representante del MAS ante el órgano electoral, Wilfredo Chávez.
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