México: la policía de Chiapas reprime a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Pedradas y balas de goma en choque entre polis y caravana por los 43
La mañana de este domingo policías antimotines se enfrentaron a estudiantes y a la caravana de padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La caravana de búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, arribó a la ciudad capital con la finalidad de realizar un volanteo por la mañana, y por la tarde una marcha rumbo al Palacio de Gobierno; sin embargo, fueron detenidos por un operativo del gobierno del estado.
El enfrentamiento entre policías y estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá inició cuando éstos bloquearon el libramiento norte en Tuxtla Gutiérrez.
Para replegarlos, la policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana restableció el libre tránsito tras el desalojo de estudiantes normalistas que mantenían bloqueado el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, afectando el derecho de la ciudadanía.
A través de un comunicado, el gobierno del estado informó que elementos antimotines actuaron con apego al protocolo para estos casos, a fin de retirar a estudiantes normalistas que mantenían bloqueo carretero en dicha zona de la ciudad, a la altura del boulevard Vicente Fox.
Previamente, con el propósito de establecer una mesa de diálogo para escuchar las demandas, las autoridades acudieron al lugar, sin embargo, la respuesta de los manifestantes fue agredirlas con bombas molotov, piedras y cohetones, además de vandalizar la unidad 026 de la policía estatal.
Cabe señalar que en estas acciones resultó herido un elemento uniformado quien fue trasladado al hospital para que recibiera atención médica.
Grupo Antimotines de la SSyPC restablece libre tránsito en Libramiento Norte en Tuxtla Gutiérrez https://t.co/BjN3nXX7qD
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSyPC_Chiapas) February 16, 2020
Padres de los 43 normalistas denuncian represión en Chiapas
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» denunció que padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, fueron agredidos con gas lacrimógeno cuando se reunían en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, para encabezar una marcha.
Alrededor de las 8:30 horas los policías sin ningún protocolo empezaron a tirar los proyectiles de gas lacrimógeno hacia los padres y madres; la represión duró por espacio de una hora con un saldo de tres alumnos heridos, dos madres y una menor de tres años de edad», apuntó la organización en un comunicado.
Agregó que dos alumnos fueron impactados con un proyectil en la cabeza, uno de ellos estudiante de Ayotzinapa; ambos, aseguró, se reportan como graves en la policlínica ubicada en la avenida quinta Norte.
Mientras, las madres se encuentran en la escuela normal sin poder salir para recibir atención médica porque el lugar sigue sitiado por la Policía Estatal.
Segob exige investigación sobre ataques contra padres de los 43
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó a través de Twitter que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa cuentan con su respaldo y que se deben aclarar los hechos y castigar a los responsables
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, demandó una investigación exhaustiva sobre la agresión ocurrida hoy en Chiapas en contra de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.
En una publicación emitida a través de Twitter dijo que los padres de los normalistas cuentan con su respaldo y que se deben aclarar los hechos y castigar a los responsables.
Lo sucedido hoy en Chiapas demanda una investigación exhaustiva. Desde la @SEGOB_mx exigimos al @ChiapasGobierno que tome todas las medidas necesarias para aclarar los hechos y castigar a los responsables. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa cuentan con mi respaldo.
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) February 16, 2020
Este domingo policías estatales desalojaron con gases lacrimógenos a estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá en Tuxtla Gutiérrez y a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes difundían sus inconformidades y bloqueaban un tramo del libramiento norte hacia la carretera Tuxtla Gutiérrez – Plan de Ayala – San Fernando.
Los normalistas participaban en una actividad de difusión con los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos que acudieron a la Mactumactzá, como parte de la “Caravana en busca de los 43” que esta mañana realizarían una marcha al centro de la capital de Chiapas. Los manifestantes cerraron las vialidades y obstruyeron el tránsito vehicular.
Equipos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) desalojaron a los inconformes a la altura del bulevar Vicente Fox, «de acuerdo con el protocolo de desalojo y restableció el orden».
Dicta Corte de Arizona sentencia histórica sobre el caso Ayotzinapa
Por Anabel Hernández/ Especial Aristegui Noticias
Este 2020 se cumplirán seis años de la desaparición impune de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y en un hecho histórico, el 7 de enero pasado, una Corte de Arizona se pronunció sobre la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014, sentando un nuevo precedente sobre el caso que aún no ha sido resuelto en México.
En el marco de una solicitud de asilo político hecha por un testigo clave del caso, la Juez Molly S. Frazer determinó que la versión oficial dada por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue creada con base en “tortura” para inventar testimonios. Y afirmó que “piezas de evidencia fueron igualmente fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno de México con el fin de sustentar la falsa verdad histórica”.
En la sentencia de 24 páginas de la cual se tiene copia afirmo que la Corte considera que “el Ejército Mexicano y la Policía Federal Mexicana participaron y estuvieron presentes durante los ataques y la desaparición de los estudiantes normalistas”.
Y con base en la revisión de más de 61 pruebas presentadas durante el juicio, la juez dictaminó: “(La Corte) Desafía la creencia de que un departamento de policía municipal tendría influencia política y los recursos para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal de México y la policía federal hayan sido responsables de este horrible incidente”, señala la sentencia.
La postura judicial fue definida por la Juez Frazer, en una Corte Migratoria, en Florence, Arizona, en el marco del juicio llevado a cabo para determinar si se otorgaba o no “asilo político” a Ulises Bernabé García, quien era juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala y es una de las piezas clave para entender los hechos de esa noche.
El juez de barandilla fue el primer testigo directo que vio al Ejército en las calles de Iguala en las horas que ocurría el ataque y desaparición de los estudiantes, y negó que los normalistas hubieran sido llevados a la base de la policía municipal como asegura la llamada verdad histórica difundida por la Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de Peña Nieto.
En su sentencia la Juez determinó conceder el “asilo político” a Bernabé García.
Es la primera vez, en las últimas décadas, que una Corte americana se pronuncia sobre un caso de violaciones graves a derechos humanos en México. Esta es la historia del juicio y su histórica resolución.
Los antecedentes del veredicto
Para llegar a su veredicto la Corte de Arizona analizó el Informe I y II realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos humanos para realizar en México una indagatoria independiente sobre el caso.
También revisó el informe preliminar elaborado en 2016 por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, encabezada por el Visitador César Chávez Flores. Y escuchó el testimonio directo de Bernabé García, y tomó en cuenta diversos artículos publicados en México y Estados Unidos.
Asimismo, la autora de este reporte fue citada a declarar en la Corte de Arizona ante la Juez y representantes del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security DHS) como “testigo experto”, por los hechos descubiertos en la investigación periodística realizada de 2014 a 2019 sobre el caso del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y su desaparición. Hallazgos publicados en diversos medios de comunicación de México y Estados Unidos, así como en el libro “A Massacre in Mexico. The true story behind the Missing Forty-Three Students” (traducción al ingles del libro La Verdadera Noche de Iguala), el cual también fue presentado como una de las pruebas a analizar.
La Juez también tomó en cuenta las pruebas presentadas por DHS, entre ellas los mismos reportes del GIEI y la alerta roja emitida por Interpol México en 2015 para solicitar la detención de Bernabé García.
La verdad histórica bajo juicio en USA.
En la sentencia de 24 páginas la Corte hizo un recuento de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“El 26 de septiembre de 2014 estudiantes normalistas mexicanos de una escuela rural iban en camino a una protesta cuando fueron secuestrados. Se presume que todos los 43 estudiantes están muertos”, señala la sentencia.
“El caso ha generado controversia en contra del gobierno de México y hay muchos informes confiables que han demostrado que el gobierno de México se ocupó de encubrir los incidentes reales de esa noche.
“De acuerdo con el informe oficial del gobierno sobre el incidente, en adelante conocido como “La Verdad Histórica” los 43 estudiantes fueron arrestados por la policía municipal (de Iguala) después de que los estudiantes secuestraron autobuses. El gobierno de México sostiene que la policía de Iguala, después de encarcelar a los estudiantes, los entregó a un cartel local llamado Guerreros Unidos, a petición del alcalde local (José Luis Abarca)” “El gobierno de México sostiene que todos estos eventos ocurrieron sin el conocimiento o participación del gobierno de México, del Estado de Guerrero, ni de los oficiales del Ejército mexicano”.
Pero en su fallo la Corte refutó esa versión.
El testimonio clave de Bernabé García.
El 13 de noviembre de 2014 el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó que el 27 Batallón de Infantería supo del ataque dos horas después de ocurrido. En esa época los estudiantes sobrevivientes solo habían visto a los militares cuando éstos hicieron una redada en el Hospital Cristina, después de la medianoche.
Los estudiantes estaban ahí buscando atención médica para uno de sus compañeros y según su testimonio fueron amenazados y hostigados por el ejército, pero desconocían incluso el nombre de quien comandaba el grupo de militares.
La primera persona que contradijo la versión hasta entonces sostenida por el gobierno del estado de Guerrero y el federal, fue Ulises Bernabé García, juez de barandilla quien durante todo el 26 de septiembre estuvo de turno.
La autora de este reporte entrevistó a Bernabé García en noviembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Afirmó que todo el día estuvo en funciones. Su puesto solo era temporal, y consistía en poner multas a quienes cometían una falta administrativa en Iguala: beber en la vía pública, orinar en la calle, entre otras. A él le correspondía recibir a los detenidos de la policía municipal, y levantar la boleta de multa. Si las personas pagaban enseguida podían retirarse, sino debían permanecer en los separos.
Dijo que hubo cerca de seis hombres detenidos durante la tarde y noche de ese 26 de septiembre por beber en la vía pública o conducir en estado de ebriedad.
Se trató de hombres de aproximadamente 30 años o más, quienes después de pagar su multa fueron liberados en el transcurso de esa noche y madrugada.
Entre las 23:00 y las 24:00 horas del 26 de septiembre -en que se estaba llevando a cabo el tercer ataque contra los estudiantes y su desaparición estaba en curso- un militar quien se identificó con el juez de barandilla como “Capitán Crespo”, del 27 Batallón de Infantería, llegó a la base de la Policía Municipal de Iguala junto con otros 12 elementos del Ejército.
El militar habló con el juez de barandilla Ulises Bernabé García y con el pretexto de buscar “una motoneta blanca” se metió a la base de la policía municipal e inspeccionó todo: celdas, baños, oficinas y el patio. En los separos estaban todavía algunas de las personas detenidas durante el día.
Según los testimonios de los policías municipales de Iguala detenidos, obtenidos bajo tortura entre las 23 y 24 horas habrían llevado a los normalistas a la base de la policía y después habrían sido trasladados por la policía municipal de Iguala y Cocula a las afueras de Iguala y entregados a los supuestos Guerreros Unidos. Pero ninguno de los policías dijo la misma versión. Todos firmaron confesiones con información diversa en horas, modo, tiempo y lugar, e incluso contradictorias entre sí. Cabe recordar que muchos de los policías detenidos ya fueron liberados por orden de un tribunal mexicano.
Cuando el juez de barandilla dio este primer testimonio estaba libre y vivía con normalidad en Iguala. La primera vez que fue publicado su testimonio fue el 13 de diciembre de 2014 en un reporte publicado por la autora de este reporte y Steve Fisher, en la Revista Proceso, en una investigación financiada por el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California, en Berkeley.
Antes de publicar su testimonio, se acudió directamente a la base de la policía municipal de Iguala para hacer una inspección de campo. A través del techo de una casa que tenía vista al interior de la base municipal se pudo constatar que varios domicilios estaban pegados a las instalaciones y tenían vista directa del interior.
Sus características coincidían con lo dicho por Bernabé García. Asimismo, se entrevistó a vecinos quienes aseguraron que estaban en sus domicilios o en la calle esa noche y que no vieron o escucharon nada extraño, excepto motociclistas que entraban y salían de la base. También se verificaron las inconsistencias de hecho en las declaraciones firmadas ante la PGR por los policías municipales, quienes por ejemplo describieron características físicas de la base que no correspondían a la realidad.
Bernabé García ya había dado la misma declaración el 21 de noviembre de ese año en las oficinas de la PGR en Iguala, a donde fue citado a declarar, y entregó las boletas de multas administrativas aplicadas a las seis personas detenidas. No se le detuvo en ese momento ni se le hizo ninguna acusación.
Fue después del reportaje publicado en Proceso que comenzó a ser hostigado por el Ejército mexicano en su domicilio.
En enero de 2015 la PGR giró una orden de arresto contra Bernabé García basado en el supuesto testimonio de Hugo Hernández Arias, un policía municipal de Iguala detenido. Según el Ministerio Público había declarado que él estaba presente cuando los estudiantes fueron llevados a la base de la policía municipal y que vio que el juez de barandilla habría permitido que policías de iguala y Cocula se los llevaran.
Para confirmar o desechar la versión de Bernabé García se obtuvo copia de la única declaración ministerial dada por Hernández Arias fechada el 28 de septiembre de 2014 en la cual consta que el ministerio público solo le formuló 41 preguntas, y en ningún punto de la declaración menciona la presencia de los normalistas en la base, ni la presunta participación de Bernabé García.
Pero conforme avanzó la investigación el ministerio público del Estado de Guerrero alteró la declaración original de Hernádez Árias y le añadió la pregunta 42 y el párrafo en que supuestamente Hernández Arias habría declarado lo referente a los estudiantes en la base de la policía municipal.
Aunado a esto, Ramón Navarrete, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero afirmó que la mañana del 27 de septiembre fue a la base de la policía municipal a buscar a los normalistas y que la Comisión hizo una inspección exhaustiva buscando algún indicio o rastro de su presencia ahí, pero no encontró ninguno.
Las mentiras del ‘Capitán Crespo’.
El testimonio de Bernabé García era importante porque afirmó que los estudiantes nunca fueron llevados ahí y porque fue el primero que dijo que el ejército estaba en las calles activo a la hora del segundo ataque y desaparición, a diferencia de lo dicho por la Sedena. También señaló el primer nombre de un militar activo esa noche: el “Capitán Crespo”.
Con base en ese testimonio se hicieron diversas solicitudes de información de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia para obtener todos los reportes y declaraciones de militares sobre los hechos ocurridos esa noche. Y aunque en un inicio la PGR tuvo resistencias fue obligada a entregar la información por ordenes del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) Fue así como se obtuvieron las primeras declaraciones del Ejército Mexicano publicadas por la autora de este reporte y Steve Fisher en la revista Proceso en 6 de septiembre de 2015. Esas primeras declaraciones fueron dadas por militares del 27 Batallón de Infantería el 3 y 4 de diciembre de 2014, pero el gobierno las quería mantener bajo secreto.
En esas declaraciones se pudo corroborar que el Ejército si había conocido de todos los hechos ocurridos esa noche, incluso antes de que iniciara el ataque contra los estudiantes y que el Coronel José Rodríguez Pérez ordenó a diversos militares salir esa noche a la hora en que estaba ocurriendo el ataque, e incluso uno de ellos, Eduardo Mota Esquivel quien pertenecía al Órgano de Búsqueda de Información del 27 Batallón.
El nombre completo del militar que habló esa noche con Bernabé García es José Martínez Crespo. A diferencia del juez de barandilla él y los demás militares interrogados por la PGR han cambiado constantemente la versión de lo que ocurrió e hicieron la noche del 26 de septiembre cuando desaparecieron los 43 normalistas.
Martínez Crespo declaró en las mismas oficinas de la PGR en Iguala, dos semanas después que Bernabé García. En su primera declaración rendida el 3 de diciembre de 2014 admitió que estuvo en las calles de Iguala junto con un pelotón a la hora en que ocurría la desaparición de los 43 normalistas y el tercer ataque y persecución contra los estudiantes sobrevivientes. Es decir, entre las 23:30 a 2:30 am tiempo en que fueron asesinados los estudiantes Daniel Solís y Julio César Ramírez.
Pero el capitán mintió y omitió decir que fue a la base de la policía municipal aunque otros integrantes de su pelotón lo señalaron desde su primera declaración.
En una segunda declaración rendida en agosto de 2015, Martínez Crespo añadió que esa noche estuvo acompañado por Eduardo Mota Esquivel, quien en su declaración confesó que estuvo presente en el ataque contra dos camiones en que viajaban los estudiantes cercano al Palacio de Justicia de Iguala. De uno de ellos desapareció al menos una veintena de estudiantes. Mota Esquivel también fue inconsistente con sus declaraciones y las fue cambiando con el paso de los años. Confesó que tomó fotos de lo sucedido en el Palacio de Justicia, pero supuestamente no participó en los hechos.
En su segunda declaración Martínez Crespo dijo que Mota Esquivel lo acompañó al hospital Cristina, donde estaban refugiados algunos estudiantes sobrevivientes de los ataques buscando atención médica para uno de sus compañeros que había sido herido con un disparo en la cara. Y que ahí Mota Esquivel fue también quien tomó fotos a los normalistas en el hospital. Lo que significa que uno de sus cometidos esa noche era vigilar a los estudiantes y tomar registro de ellos. Sin que hasta ahora sea claro cuál es la razón. Fue hasta una tercera declaración, rendida el 11 de septiembre de 2015, que Martínez Crespo confesó que sí fue a la base de la policía municipal a buscar
una motocicleta que pertenecía a Mota Esquivel y que según él se la habían llevado policías municipales durante lo hechos en el Palacio de Justicia. Solo que dijo que fueron a las 00:30, aunque esa hora no concuerda con la dada por otros integrantes de su pelotón.
Hasta ahora esa historia de la motocicleta nunca ha estado clara, podría haber sido un cabo suelto que delataba la presencia del Ejército en el lugar de la desaparición, o un pretexto para entrar a la base de la policía municipal y ver si algún estudiante había sido trasladado ahí o escapado.
Pese a que Martínez Crespo mintió en sus declaraciones contra él no se giró orden de aprehensión.
Al conocer que diversos policías municipales de Iguala habían sido torturados y que había una orden de arresto en su contra en abril de 2015 Bernabé García se presentó en Arizona y entró ilegalmente a Estados Unidos para solicitar asilo político.
Aunque el gobierno de México solicitó que fuera deportado, el gobierno americano rechazó esa solicitud e inició el juicio de asilo político manteniendo a Bernabé García bajo arresto en una prisión donde ha estado los últimos cuatro años.
En el informe final del Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la CIDH, emitido en Noviembre de 2018, también se señalan las inconsistencias de las declaraciones de los militares sobre los hechos ocurridos.
Corte de Arizona dijo que el testimonio es “creíble”. Bernabé García declaró a la Corte de Arizona la misma versión dada en 2014 sobre los hechos ocurridos esa noche, según se lee en la sentencia.
Dijo que después del 27 de septiembre regresó a su trabajo con normalidad “y nada extraordinario ocurrió”. Dos días después a él y a otros funcionarios administrativos se les dijo que estaban de licencia, por lo que no debían ya presentarse a trabajar.
Señaló que su domicilio fue cateado de manera “ilegal por el Ejército sin que se encontrara ninguna prueba que lo involucrara con el caso de los normalistas”.
Testificó en la corte que tenía miedo de regresar a México porque podrían haber represalias por su “opinión política”, es decir por los hechos revelados sobre esa noche, y por pertenecer a un grupo social específico”, refiriéndose al hecho de que había trabajado en las oficinas de la policía municipal de Iguala.
En la sentencia se explica que un solicitante de asilo político no es elegible si hay razones serias para creer que cometió algún grave crimen “no político”, antes de llegar a Estados Unidos.
El DHS presentó como contra argumento al otorgamiento del asilo el mismo Informe II del GIEI en donde se señala que “de acuerdo a declaraciones de varios acusados dados a la PGR” un grupo de estudiantes fue llevado a las instalaciones de la policía municipal de Iguala. Y sometieron a consideración de la Juez los testimonios firmados por los policías municipales, entre ellos el de Hugo Hernández Arias.
Asimismo, el Departamento destacó que en ese informe del GIEI se señala que dos estudiantes sobrevivientes declararon que sus compañeros fueron arrestados y llevados en patrullas de la policía municipal.
Pero la Juez Frazer consideró el testimonio del ex juez de barandilla creíble.
“Después de revisar la totalidad de las circunstancias la Corte encuentra el testimonio del demandado creíble. Notablemente la Corte encuentra el testimonio del demandado detallado, consistente y específico. En particular el testimonio de los eventos reales que ocurrieron en septiembre 26 de 2014 y los eventos que ocurrieron después de esa noche. Incluyendo el interrogatorio al demandado, el abuso a los policías detenidos, el cateo a su casa, fue consistente con la evidencia presentada”.
Y determinó: “La corte sin embargo no encuentra razones serias para creer que el demandado cometió un crimen serio “no político” en México antes de llegar a Estados Unidos.
“Numerosas plausibles fuentes, incluyendo fuentes presentadas por DHS, señalan que la verdad histórica fue creada por el gobierno de México…”. Y destacó que muchos de los testimonios en que se acusa a la policía municipal de Iguala de llevar a los estudiantes a la base municipal “fueron obtenidos bajo tortura”.
Finalmente, la Corte de Arizona determino conceder a Ulises Bernabé García el asilo político por considerar fundado su temor de poder ser víctima de persecución y tortura por parte del gobierno de México, ya que aunque hay un nuevo gobierno encabezado por un nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora siguen libres los involucrados en las torturas contra los detenidos, y en la manipulación de la investigación de la PGR.
De esta forma la Corte americana sentó un nuevo precedente en el caso irresuelto de los 43 normalistas desaparecidos.
Comisión de la Verdad en México debería tomar en cuenta resolución de Corte de Arizona
Por Anabel Hernández/ Especial Aristegui Noticias
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debería tomar en consideración la resolución de la Corte de Arizona en las nuevas pesquisas para resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos desde hace seis años, dijo en entrevista la abogada Margaret Cowan, defensora de derechos humanos y abogada experta en temas migratorios, quien representa a Ulises Bernabé García en el juicio de asilo político en Estados Unidos.
“Ojalá que esta Comisión de la Verdad se reenfoque en los elementos (funcionarios) que realmente estaban controlando toda la conspiración para esconder la verdad”, “Esta Corte no tiene ningún interés en los asuntos interiores de México, sino el papel de esta Corte es buscar la verdad y la decisión que tomó la Juez es muy fuerte y muy clara”.
Cowan señaló que el veredicto de la Corte de Arizona es muy importante “porque verifica que lo que siempre ha ofrecido y ha dicho el gobierno mexicano, lo que llaman la verdad histórica no sucedió así…”
“La decisión de otorgar el asilo es muy importante porque en un tribunal neutral, después de considerar toda la evidencia, se decidió que la vida del señor Ulises Bernabé García sigue en peligro si regresa a su país.
“Ratifica que hay mucha gente inocente que ha sido acusada como el señor Bernabé García de haber participado en la desaparición de los estudiantes”.
Se cuestionó a Cowan si la Juez Molly S. Frazer tuvo la información suficiente para dar este fallo.
“Sí, ella en forma fuerte declaró que lo que testificó el señor Bernabé García es la verdad, y el testimonio de él no fue solo, sino estuvo apoyado por diferentes investigaciones internacionales, y reportes que hizo la oficina de la Procuraduría General de México (la Visitaduría General), donde llama la atención de todos los errores, errores que no fueron en realidad errores, sino fue con la intención de encubrir toda la verdad…”
Señaló que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno americano presentó una apelación contra la resolución judicial. Alegan que la Juez se equivocó al determinar que el ex juez de barandilla no cometió ningún delito. Y señalaron que además Bernabé García aún tiene orden de detención en México.
“Pero en realidad no hay ninguna gota de evidencia que él tuvo parte en la desaparición de los estudiantes”, dijo la abogada, quien consideró que la sentencia para dar asilo político a su cliente será ratificada.
“Nosotros pensamos que la decisión de la Juez es muy sólida y está fundamentada en evidencia, y la evidencia incluye muchos reportes de diferentes grupos internacionales que hicieron estudios profundos, desde peritajes científicos, hasta las pruebas de la gente que fue torturada, algunos de ellos todavía detenidos”.
“Ella (la juez) consideró todos esos reportes e investigaciones, no solamente la palabra del señor Bernabé García, pero todo apoya lo que él testificó”. “Nosotros pensamos que la Comisión de la Verdad no tendrá ningún interés en buscar personas inocentes para culparlas de este incidente tan grave, sino esperamos que busquen la verdad”.
Cowan explicó que la Comisión de la Verdad creada por el gobierno de AMLO, ha buscado establecer contacto con Bernabé García para interrogarlo. Dijo que su cliente está dispuesto a hablar con la Comisión pero una vez que su asilo político esté confirmado. Afirmó que su cliente está convencido de que pese al cambio de gobierno en México aún puede ser torturado en nuestro país por oficiales interesados en sostener la llamada “verdad histórica”.
La versión de Ulises Bernabé García
En abril de 2015 los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher entrevistaron en un lugar de México cercano a la frontera con Estados Unidos a Ulises Bernabé García, el ex Juez de Barandilla que la noche del 26 de septiembre de 2014 estuvo en las instalaciones de la Policía Municipal de Iguala. Ellos entonces realizaban una investigación sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos financiada por el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
Era la segunda vez que los periodistas se reunían con él, ya habían publicado parte de su testimonio en la revista Proceso en diciembre de 2014, pero era la primera vez que Bernabé García daba su versión on the record sobre lo que vio y vivió aquella noche.
Bernabé García fue el primero en señalar que el Ejército Mexicano estuvo activo en las calles de Iguala durante los ataques contra los estudiantes y la desaparición. Y fue el primero en identificar el nombre de uno de los militares: el “ Capitán Crespo”.
Después de la entrevista grabada Bernabé García solicitó asilo político en Estados Unidos porque temía por su integridad física y su vida.
Esta entrevista fue compartida por el IRP a Univisión, en Estados Unidos, y la revista Proceso en 2015. Por cortesía del IRP aquí se presenta un extracto de dicha entrevista en donde habla el hombre a quien el 7 de enero pasado una corte migratoria en Florence, Arizona, le otorgó “asilo político”.
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