Informe de Amnistía Internacional: “La impunidad de los crímenes de lesa humanidad sigue siendo regla en Uruguay”
Informe de Amnistía Internacional: “La impunidad de los crímenes de lesa humanidad sigue siendo la regla en Uruguay”
La organización exige a las autoridades mayor esfuerzo para juzgar a los responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
A 35 años del retorno de la democracia, Uruguay todavía está lejos de alcanzar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, concluye Amnistía Internacional en su informe anual de la región publicado este jueves. “En otras palabras”, resume, “la impunidad de los crímenes de lesa humanidad sigue siendo la regla en Uruguay”.
Hasta marzo de 2019, en 91% de las 187 causas judiciales abiertas por estos crímenes “ni siquiera se había solicitado el procesamiento” de los sospechosos, según datos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad relevados en el informe. Solo en 14 se dictaron sentencias condenatorias.
Por otra parte, Amnistía Internacional denuncia que 83% de las 196 personas uruguayas detenidas desaparecidas (reconocidas oficialmente por el Estado) aún no han sido encontradas. Y destaca que, de las 44 personas desaparecidas en territorio uruguayo, sólo ocho fueron encontradas. El informe resalta el hallazgo de los restos de Eduardo Bleier en agosto del año pasado, pero asegura que “podría haberse efectuado 14 años antes si los técnicos del momento hubiesen continuado con las excavaciones tras el hallazgo los restos de otro detenido desaparecido, Fernando Miranda, en el mismo predio”.
La organización exige a las autoridades “que adopten de inmediato todas las medidas necesarias para llevar ante la Justicia a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, sin importar la fecha en que fueron cometidos”. Además, les recuerda “que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es Estado parte”.
Los baches del sistema carcelario
La situación de las personas privadas de libertad es otro de los puntos en los que Amnistía Internacional pone el foco, en particular por la tasa “preocupantemente alta” de la población carcelaria de Uruguay, la segunda más alta de América del Sur después de Brasil. De acuerdo con el informe, 26% de las personas privadas de libertad del país se encuentra en prisiones donde sus “condiciones de vida son muy malas, con elevados niveles de violencia, no se cumplen estándares mínimos previstos en las Reglas Mandela y en el mandato de la Constitución” y “por lo tanto se puede decir que allí […] hay tratos crueles, inhumanos o degradantes”. A la vez, se indica que 47% de las personas privadas de libertad disponen de “insuficientes condiciones para la integración social”.
Esto demuestra que la privación de libertad en Uruguay “está lejos de poder cumplir con sus objetivos constitucionales de rehabilitar a las personas para la vida en sociedad y prevenir el delito”, concluye el documento. De hecho, el efecto es el contrario, si se tiene en cuenta que la cantidad de homicidios en prisiones viene en aumento desde 2011 y la de suicidios prácticamente cuadruplicó la tasa nacional en 2019, de acuerdo con datos del Comisionado Parlamentario Penitenciario.
Las autoridades “deben abordar las deficientes condiciones de vida de las personas recluidas en establecimientos penitenciarios y garantizar que tengan oportunidades de rehabilitación e integración, de conformidad con las recomendaciones formuladas por organizaciones nacionales e internacionales”, dice Amnistía Internacional, y exhorta además a reducir al mínimo la aplicación de medidas de privación de libertad en el sistema penal adolescente.
Más derechos para mujeres y disidencias
Una de las principales problemáticas vinculadas a los derechos de las mujeres en Uruguay es la violencia de género. La aprobación a fines de 2017 de la Ley 19.580 supuso un avance importante en ese sentido, dice el informe, pero –según cuestiona– “las políticas recientes no abordan las deficiencias que requieren medidas adicionales del gobierno, más allá de las iniciativas legislativas”. Menciona algunos “obstáculos estructurales en la respuesta del Estado” como la falta de presupuesto para implementar la normativa, la falta de capacitación de los funcionarios judiciales y las deficiencias en los servicios de apoyo a las mujeres en situación de violencia.
Sumado a esto, el informe pone en cuestión la declaración del estado de emergencia nacional en materia de violencia de género realizada en diciembre por el presidente Tabaré Vázquez, ya que si bien supuso una “acción histórica”, “no se acompañó de medidas concretas, eficaces y prácticas para mitigar la alarmante realidad de la violencia de género contra las mujeres y en general”.
El mapeo de Amnistía Internacional también incluye un capítulo dedicado a los derechos sexuales y reproductivos, que aparecen como fundamentales frente “a las coyunturas políticas y a las iniciativas de grupos antiderechos”. Esto incluye la necesidad de multiplicar las acciones para que haya más y mejor educación sexual integral. Para la organización, la principal barrera es la desigualdad para acceder a información de calidad sobre la sexualidad a nivel territorial y dentro de la educación privada.
Por otro lado, la organización hace un llamado a las autoridades uruguayas para que garanticen la efectiva implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el territorio –incluso en los departamentos donde la objeción de conciencia aparece como principal obstáculo– “mediante la adecuada dotación de recursos materiales y humanos en centros de salud”.
En el apartado sobre los derechos de las disidencias sexuales y de género, Amnistía Internacional afirma que más allá de los avances legislativos de los últimos años y de la reciente aprobación de la Ley Integral para Personas Trans, “el país debe evaluar las acciones realizadas de lucha contra la discriminación que padece la población LGBTI y avanzar hacia políticas más articuladas e integrales”.
