Escándalo en Colombia: coronel denuncia que exjefe militar le ordenó cometer falsos positivos
Coronel colombiano dice exjefe militar le ordenó cometer «falsos positivos»
El coronel del Ejército colombiano Álvaro Amórtegui Gallego dijo este miércoles que cuando estuvo bajo el mando del general Mario Montoya supuestamente recibió la orden de matar a 17 civiles capturados en una operación para luego hacerlos pasar como supuestos guerrilleros muertos en combate.
Así lo aseguró en una entrevista a Caracol Radio en la que también denunció robo de munición, uniformes y otros elementos del Ejército.
El alto oficial explicó que esa situación, con el general Montoya, ocurrió en 2001 cuando él regresó al país de la península del Sinaí, donde Colombia tiene militares en la misión de paz que hace parte de la Fuerza Multinacional y de Observadores (MFO).
«Yo llego del Sinaí en 2001. En la primera operación que yo hago capturo a 17 tipos en una casa. Él (Montoya) me llama al celular y me dice ya le mando los brazaletes y le digo aquí no me mandan brazaletes, aquí no me mandan a nadie. Esos manes (hombres) yo los capturé vivos y vivos se quedan», relató Amórtegui a Caracol Radio.
Ante la gravedad de las afirmaciones del militar los reporteros le pidieron explicar lo sucedido con el general Montoya, que fue comandante del Ejército colombiano entre 2006 y 2008, y las acciones que le había pedido realizar con los detenidos.
«Pues me mandaba los brazaletes de las FARC. Porque es que (los 17 capturados) no eran de las FARC, o sea eran paramilitares», detalló el coronel Amórtegui a la emisora.
Los periodistas insistieron para que Amórtegui dijera qué le estaba pidiendo el general Montoya, a lo que respondió: «Que los matara, que más quiere, que más me estaba indicando».
MONTOYA ANTE LA JUSTICIA TRANSICIONAL
Hace ocho días el general retirado Montoya, que fue comandante del Ejército de Colombia durante los años más duros de los llamados «falsos positivos», declaró por primera vez ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), comparecencia calificada por las víctimas como «una burla» por su falta de respuestas.
Montoya, que dirigió el Ejército entre 2006 y 2008, durante la Presidencia de Álvaro Uribe, es el militar de más alto rango que rinde su versión ante este tribunal por las ejecuciones de civiles que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate.
Sobre la diligencia el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a víctimas de crímenes de Estado en el país, consideró que la comparecencia de Montoya fue «una burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional, que tiene la tarea de investigar los más graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado».
Los llamados «falsos positivos» eran una práctica en la que militares engañaban a jóvenes pobres, incluso discapacitados, con promesas de empleo para luego llevarlos a lugares del país distintos a los de su residencia donde eran ejecutados y presentados como guerrilleros para con ello obtener beneficios de sus superiores.
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 de estos casos que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
Un niño, entre los diez cuerpos de falsos positivos exhumados en Dabeiba
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suma diez cuerpos exhumados en dos días de labores, en el cementerio de Dabeiba, departamento de Antioquia. Si embargo, entre todo lo malo de este caso, lo peor es que fue encontrado de cuerpo de un niño, entre los restos de personas que fueron presentadas como dadas de baja en combates.
El menor tendría entre siete y diez años de edad y junto a él, hallaron los retos de personas con botas de caucho. Uno de los cuerpos presenta en su cráneo «una herida de arma de fuego y tres proyectiles», según indicó la JEP.
Funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación avanzaron en la exhumación en tres puntos del cementerio, todo gracias a la información de un testigo clave, un exmilitar que participó en los hechos.
Todos los restos serán entregados a Medicina Legal para su posterior identificación, sin embargo, según la información que la JEP tiene, en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate y en al menos 18 lugares del país se repetiría la historia.
La JEP detalló que las víctimas al parecer vivían en Medellín, capital de Antioquia, y algunos de ellos al parecer estaban «en condición de discapacidad».
Hasta el momento, la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
Los pocos condenados por estos hechos son en su mayoría soldados o suboficiales, pero no oficiales de alto rango.
Cabe resaltar, que, en diciembre del 2019 la revista Semana reveló apartes del testimonio de un soldado de apellido Buitrago que indicó a la JEP cómo se habrían realizado las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes en medio del conflicto armado de Colombia, un capítulo oscuro de la historia del país.
“Los asesinaban con disparos de fusil, casi siempre en la cabeza y en el pecho, y luego los vestían con sudaderas, camisas y buzos negros y botas de caucho. Reportaban las muertes en zonas altas de difícil acceso y riesgosa seguridad, para que la Fiscalía no pudiera entrar al lugar y permitiera que el Ejército hiciera los levantamientos de los cadáveres. Un soldado verificaba que no se les pasaran irregularidades muy visibles: que los orificios de entrada de las balas coincidieran con los huecos en la ropa, que el calzado estuviera en el pie que correspondía”, indicó el testigo cuando testificó ante la JEP.
Es la punta del iceberg, puede ser un caso enorme: JEP sobre fosas comunes en Dabeiba
Las inspecciones adelantas por la JEP en el municipio de Dabeiba siguen revelando una historia dolorosa sobre cómo ocurrieron los falsos positivos en Colombia; en dos días de las diligencias se encontraron 10 cuerpos, uno de ellos de un menor de edad y otros que evidencian disparos en la cabeza.
El magistrado Alejandro Ramelli, quien lidera la inspección, aseguró que estos resultaos son solo el principio de lo que pueden encontrar.
“Los cuerpos que encontramos acá pueden ser víctimas desde la década de los noventa y el grado de participación de diferentes agentes del estado fue enorme y no fue un hecho puntual sino que era una práctica criminal que se venía desarrollando desde por lo menos el año 97, esto es la punta del iceberg, puede ser un caso enorme “.
De igual manera aseguro que se están adelantando inspecciones en 45 sitios donde también pueden existir víctimas de la guerrilla de las Farc.
“Hemos buscado en otros sitios donde podríamos decir que hay víctimas de la guerrilla en la zona más retirada, en algunas veredas, hemos recibido información sobre desaparecidos y víctimas de la guerrilla».
Asesinan en Colombia a exinsurgente de FARC-EP Daniel Jiménez
El exguerrillero de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército de Colombia (FARC-EP) Daniel Jiménez fue asesinado en el municipio colombiano de Puerto Guzmán pese al llamado de paz por parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en búsqueda de garantías a la seguridad personal de los excombatientes.
De acuerdo con el medio local Contagio Radio, el asesinato del firmante del proceso de paz “ocurrió el domingo 16 de febrero sobre las 9 de la noche, y su cuerpo fue trasladado al municipio de Curillo, en Caquetá”.
Refiere, además, que en su muerte estuvieron involucrados hombres armados quienes le dispararon repetidamente.
Asistimos a un #VendavalDePlomo que se pasea por las fauces del Gobierno y este no hace nada. Ayer asesinaron a Daniel Jiménez, firmante de la paz, en Puerto Guzmán, Putumayo. pic.twitter.com/wykNdxjBuk
— SERGIO MARÍN (@Sergio_FARC) February 19, 2020
A este asesinato se le suma el del también el excombatiente Darío Herrera a finales de enero en el municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, en el noroeste del país suramericano.
Ante esta situación, sumado a la violencia que existe en el país contra personas relacionadas a las FARC-EP, el partido se pronunció alegando que la falta de seguridad está “reflejada en la continuidad sistemática del asesinato de líderes sociales y de exguerrilleros de las extintas FARC-EP”.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, precisó que uno de los desafíos principales en la implementación del acuerdo es la seguridad.
Siguen los atentados contra líderes, siguen las amenazas contra la oposición y se ataca residencias de sus familiares y este gobierno sigue sin decir absolutamente nada. @IvanDuque @MisionONUCol @UNPColombia https://t.co/enXbjHLkGI
— Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) February 17, 2020
A más de tres años de la firma del Acuerdo de Paz entre la exguerrilla FARC-EP y el Estado colombiano resulta necesario implementar lo pactado pues según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en 2019 ocurrieron 86 asesinatos de líderes sociales, aspecto donde la seguridad es más crítica.
