El Congreso salvadoreño aprueba Ley de Reconciliación Nacional y Bukele anuncia que la vetará
La Asamblea aprobó ayer en una plenaria extraordinaria la Ley de Reconciliación Nacional y Justicia Transicional, con 44 votos de ARENA, PCN y el PDC. Antes de ello, acomodó algunas observaciones que recibió de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de expertos de Washington en Derechos Humanos y de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
Sin embargo, el FMLN se echó para atrás de dar sus votos ayer mismo. En la votación de anoche los diputados de GANA, así como Reynaldo Carballo (PDC); Milena Mayorga y Felissa Cristales (ARENA) votaron en contra de la normativa. La diputada Eeileen Romero, del PCN, se abstuvo de votar.
Poco antes de la sesión, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó desde su Twitter su intención de vetar esta ley.
“No sancionaré ninguna ley que no contenga 3 elementos fundamentales para que sea justa y constitucional: 1. Verdad; 2. Reparación; 3. Justicia. El proyecto de ley que pretende aprobar la Asamblea no cumple ninguno de estos 3 elementos”, aseveró Bukele, minutos antes de que fuera aprobada.
Pese a eso, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, detalló qué cambios le hicieron ayer mismo a la ley y recalcó que “es bien difícil tratar de incluir todo lo que se propone”. La modificación más importante es la reducción de la pena que se había establecido originalmente hasta la quinta parte y hoy queda hasta una cuarta parte.
A raíz de la recomendación de la ONU, acordaron es reducción de penas. Según la ley, la cuantía la calculará el juez del tribunal común que lleve el caso.
“En el caso hipotético de un crimen que se le calcule 30 años, la quinta parte eran seis años, la cuarta parte son 7.5 años. Pero todos estos beneficios solamente son posibles si la persona de alguna manera colabora con la justicia”, señaló.
En este punto, las organizaciones sociales que defienden a las víctimas del conflicto armado cuestionaron que el proyecto de ley seguía manteniendo “impunes” los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Al respecto, Cristina Cornejo, del FMLN, expresó antes de la plenaria extraordinaria que no estaban a favor de la propuesta original y que le hicieron observaciones que coinciden con las que realizaron algunas organizaciones y asociaciones que representan a víctimas.
“Queremos seguir respetando el planteamiento que ellas han hecho. Las víctimas no están de acuerdo en cómo se judicializa. Más allá de toda la ley, en lo único que tenemos dificultades y que las víctimas están exigiendo tiene que ver con eso”, apuntó Cornejo.
Mientras que el parlamentario de ARENA, Alberto Romero, criticó que “siempre es un pequeño grupúsculo de gente” el que se opone a la aprobación de la ley.
Otro tema polémico fue el tiempo que se establecía para que la Fiscalía investigara los casos planteado en el proyecto de ley. Este pasó de seis meses hasta un año.
De acuerdo a los defensores de las víctimas, el plazo era muy corto para que la Fiscalía pudiera recabar los elementos y pruebas suficientes para llevar un caso a los tribunales.
“Había la posibilidad de solicitar un periodo de seis meses más, ayer (martes) en la reunión con los ciudadanos se ha hecho el cambio y se ha dejado un año para tener un caso bien estructurado”, dijo Ponce.
Otro punto criticado es que el monto asignado para compensar a las víctimas tampoco estaba contemplado en la ley. Por ello, consensuaron que desde 2021 se asigne un fondo base de $10 millones para resarcir los daños a través de programas y otros beneficios que contempla la normativa dentro del apartado de “Fondo de Reparaciones”.
Este contempla la “reparación colectiva”, la “cuota indemnizatoria e indemnización única”, y otros beneficios adicionales como pensiones y estipendios de acuerdo a las circunstancias de cada caso.
“Hicimos un esfuerzo, en un primer momento, Naciones Unidas nos pedía que pusiéramos un porcentaje del Presupuesto General de la Nación, la UCA nos pedía dos puntos porcentuales del presupuesto”, dijo Ponce. Justificó que por mandato constitucional no podían fijar un monto para no comprometer ingresos futuros del Estado.
Atendiendo también la petición de la ONU y de algunas organizaciones que defienden víctimas, todos los archivos en custodia de la Fuerza Armada y de la Policía pasarán a manos de la Fiscalía.
“Cómo es posible que sea una instancia que no tiene nada que ver con la investigación, nada más con la protección de esos archivos. Todos esos archivos de la Fuerza Armada del conflicto desde enero de 1980 a enero 16 de 1992” pasarán a la FGR, añadió Ponce.
Toda la documentación del trabajo realizado por la ONU de los expertos que integraron la Comisión de la Verdad, que contiene información de crímenes de guerra, también pasará a manos de la Fiscalía.
Otro aspecto que Ponce defendió, a pesar de que fue observado, es que la ley solo contempla una vigencia de 10 años, pero argumentó que ese lapso es al que podrán acceder las personas que reconozcan su delito y colaboren con la investigación y, que además, pidan perdón de sus crímenes.
Si el proceso no ha terminado después de esos 10 años, el caso seguirá su curso legal. En cambio, si una persona quiere ampararse a beneficios después de terminada la vigencia de la ley, será juzgada conforme a las penas que determine el tribunal sin competencia de la ley.
“Todo lo que sucede desde 2020 a 2030 y quien colabore con la justicia solo tendrán beneficios de la ley si se sujetan dentro de ese periodo. Después de 10 años, si un juez determina que es crimen de guerra o de lesa humanidad y se encuentran culpables, esas personas no tendrán beneficio alguno. Si se determina que son 30 años tendrán que purgar 30 años en la cárcel”, acotó.
Los diputados tenían hasta el 28 de febrero para avalar esta ley, según la ampliación de un fallo de la Sala de lo Constitucional, tribunal que anuló la Amnistía de 1993.
