Colombia: la Farc pedirá a la CIDH medidas cautelares para proteger a excombatientes
Este martes el partido Farc convocó a un cacerlazo para protestar en contra de los asesinatos de excombatientes, uno de los temas más álgidos de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.
Carlos Antonio Lozada, senador del partido, explicó que con la manifestación espera crear conciencia en todos los colombianos sobre la «gravedad de los crímenes cometidos contra los firmantes del Acuerdo y buscar su solidaridad».
En entrevista con la Agencia Anadolu, el legislador enfatizó en que la violencia en el posacuerdo no solo ha cobrado la vida de 186 personas que dejaron las armas, sino que ha levantado cuestionamientos sobre todo el proceso de paz en Colombia.
Además, explicó que el partido Farc pedirá a la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) que le otorgue medidas cautelares al colectivo político para proteger sus vidas y presionar al Estado colombiano para que cumpla lo pactado en La Habana.
El pasado lunes se reunió la Comisión de Paz del Senado para analizar el fenómeno de violencia contra excombatientes en Colombia. ¿A qué conclusiones llegaron?
La conclusión principal a la que llegamos es la creación de una comisión de alto nivel con representantes de todos los partidos que tienen asiento en el Congreso y en la cual estaría la ministra del Interior, la ministra de Justicia, el fiscal general, el procurador y el defensor del pueblo, para que nos ocupemos permanentemente de analizar la situación que se viene presentando con el asesinato sistemático de quienes firmamos la paz. También con la misión de lanzar alertas tempranas, hacer presencia en los territorios y determinar cuáles son los factores de riesgo que están determinado que no se les garantice por parte del Estado la vida a todos quienes integramos el partido Farc.
Usted y el partido Farc han hecho mucho énfasis en la sistematicidad de los asesinatos. ¿Qué pruebas tienen de que los crímenes son sistemáticos y están ligados entre ellos?
La prueba principal son los 186 excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Allí indudablemente se está asistiendo a una sistematicidad. Algunos argumentan que esto se viene presentando en general, como un fenómeno de violencia en los territorios, pero no tiene sentido que una población de 13.000 colombianos, que no representamos un gran porcentaje demográfico, seamos las principales víctimas de esa violencia que se da en los territorios. De ahí parte un factor de sistematicidad. Pero también del hecho de que esos asesinatos se dan en medio de una campaña de estigmatización y señalamiento por parte de sectores políticos de extrema derecha. Es evidente que todas las semanas se vienen presentando esos asesinatos, así que no tenemos ninguna duda de que estamos ante una repetición de lo que fue el genocidio de la Unión Patriótica en la década de los 80 del siglo pasado.
¿Esta cifra de 186 asesinados que tienen el partido Farc es compartida por el Gobierno o hay discrepancias?
Siempre que hablamos de estos temas surgen discusiones de si son 186, 180, 130 o 120, pero la verdad es que es alarmante que quienes firmamos la paz, dejamos las armas y creímos en el Estado estemos siendo asesinados.
El Gobierno ha argumentado que algunos asesinatos podrían ser fruto de represalias por los daños que los excombatientes habrían causado durante la guerra. ¿Qué responden ustedes?
Es perversa esa afirmación del Gobierno. Los gobiernos en el mundo tienen una obligación primordial que es garantizar la vida de todos sus ciudadanos. Esa posición del Gobierno, además de indolente, nos parece sumamente peligrosa porque lleva a negar una verdad evidente.
El Gobierno del presidente Iván Duque ha anunciado en los últimos meses diferentes medidas para proteger a los excombatientes, como crear una unidad especial en la Fiscalía para investigar los asesinatos. ¿Qué piensa de las medias adoptadas?
El Gobierno se ha limitado a hacer análisis de planes sin que esas estrategias estén realmente dando resultados. El Acuerdo de Paz contiene una serie de medidas y enfatiza la necesidad de construir unas políticas públicas y una institucionalidad que buscaba rodear de garantías no solo a quienes firmamos el Acuerdo, sino también a los líderes sociales y a los territorios donde siempre se ha dado el conflicto. Por eso la exigencia que le estamos haciendo al Gobierno es que no le siga dando largas a la implementación de todo lo que está contenido en el Acuerdo de Paz.
¿A qué medidas específicas se refiere?
La activación permanente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la lucha contra el fenómeno del paramilitarismo, apoyar la construcción de los pactos locales y regionales para erradicar la violencia del ejercicio y de la política y fortalecer a la Fiscalía para que pueda dar resultados no solo términos de identificar quienes están detrás del gatillo de las armas, sino quién fue el autor intelectual y las causas que están determinado la persistencia del fenómeno del paramilitarismo en Colombia.
¿Han pensado acudir a instancias internacionales como la CIDH o el Consejo de Seguridad de la ONU para conseguir alguna solución?
Por supuesto. Estamos recogiendo toda la información necesaria para acudir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al sistema de DDHH de la ONU y también al Consejo de Seguridad de la ONU.
¿Qué estrategias jurídicas específicas han pensando para llegar a estas instancias?
Vamos a pedir medidas cautelares. Estamos recogiendo toda la información acerca de cada uno de los integrantes del partido que han sido asesinados, pero también documentando las amenazas y el desplazamiento del que viene siendo víctima nuestra militancia, para que existan las pruebas suficientes y se nos otorguen esas medidas cautelares para todo el partido, y se empiece a ejercer presión internacional para que el Gobierno cumpla cabalmente los compromisos pactados.
Este martes convocaron a un cacerolazo. ¿Qué pretenden lograr con la manifestación?
La idea con el cacerolazo es llamar la atención y sensibilizar al conjunto de la sociedad colombiana para que nos acompañe y sientan que no se trata solamente de la vida de quienes firmamos la paz, sino que está en cuestionamiento la propia implementación del Acuerdo.
