Brasil: indígenas protestan contra leyes extractivistas en la Amazonía
Un proyecto de ley amenaza la sobrevivencia indígena en Brasil
Como “un proyecto de muerte”, definieron la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y una coordinadora similar de la Amazonia a la ley propuesta por el gobierno para promover la minería y otras actividades empresariales en las tierras indígenas.
El proyecto de ley 191/2020, enviado al legislativo Congreso Nacional el 5 de febrero, “materializa las manifestaciones de odio y racismo visceral” del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro “contra los pueblos, organizaciones y líderes indígenas”, acusó el manifiesto de la Articulación.
“Además de inconstitucional es inmoral”, acotó la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, con el argumento de que la propuesta viola derechos consolidados en la Constitución para atender intereses económicos y usar como argumento opiniones de “algunos individuos” opuestos a los pueblos originarios.
El proyecto probablemente va a ser rechazado en el parlamento y “si resulta aprobado, caería en la instancia del Supremo Tribunal Federal”, que tiene entre sus funciones velar por la Constitución, evaluó para IPS el fundador y director del Instituto SocioAmbiental (ISA), Marcio Santilli.
Su confianza se basa en “varios puntos inconstitucionales” de su texto, que oficialmente busca regular lo que determina la Constitución para, “atender las demandas y anhelos de los pueblos indígenas y a la vez viabilizar empresas de generación de energía hidroeléctrica y de minería” en sus tierras.
El Poder Ejecutivo, según plantea el proyecto, se responsabilizará de los estudios previos sobre el potencial de cada área para esas actividades y la extracción de petróleo y gas. Si concluye que hay condiciones favorables, deberá pedir autorización al parlamento autorización para la explotación de los recursos naturales involucrados.
Estos serán oídos, pero no tendrán derecho de veto, como sí sucede actualmente.
Solo en el caso de “garimpo”, la minería artesanal e informal, los indígenas tendrán prioridad, es decir podrán vedar la entrada de foráneos a esa actividad o admitirlos pero asumiendo su control.
La propuesta también permite que los mismos indígenas usen sus tierras para agricultura, ganadería, extracción de productos naturales y turismo. Son actividades económicas hace mucho practicadas por ellos. La novedad es autorizar la siembra de productos transgénicos.
Establece, como indemnización a las comunidades afectadas, 0,7 por ciento del valor de la hidroelectricidad generada, 1,5 por ciento del petróleo y gas extraídos y mitad de las ganancias producidas por otros recursos minerales.
Los obstáculos a una aprobación legislativa del proyecto o una ratificación por el máximo tribunal parecen insuperables, para Santilli, quien presidió en el bienio 1995-1996 la gubernamental Fundación Nacional de Indígena (Funai), responsable de la política indigenista del país.
Ello porque la Constitución dice que son de “usufructo exclusivo” de los indígenas “las tierras tradicionalmente ocupadas” por ellos, así como “las riquezas del subsuelo, de los ríos y lagos existentes en ellas”.
Parte del Campamento Tierra Libre de abril de 2019, que congregó a indígenas de todo el Brasil, en la Explanada de los Ministerios, en la capital. Al fondo el edificio del Congreso Nacional, cuyos integrantes deberán decidir ahora si aprueban un proyecto de ley del gobierno de extrema derecha que, según sus críticos, viola la Constitución y atenta contra los derechos indígenas. Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Solo un “relevante interés público” del Estado justifica la explotación de sus recursos naturales, a ser reglamentada por una ley complementaria a la Constitución, y no la ordinaria propuesta por el gobierno.
Además, se define como tierras de los indígenas las “necesarias a su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones”, de donde ellos no pueden ser removidos. Son tierras “inalienables e indisponibles, y los derechos sobre ellas imprescriptibles”, establece.
Además, Brasil ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige “la consulta previa, libre e informada” de los pueblos indígenas para la ejecución de proyectos que los afecten.
El proyecto, que “sorprende por su amplitud”, es solo “una cortina de humo” para legalizar el “garimpo”, cree Santilli.
Esa minería que suele reunir miles de personas donde se descubrió oro, ya opera ilegalmente en muchas áreas indígenas, dejando daños ambientales y sanitarios graves.
En las tierras yanomami, pueblo de unas 26000 personas en el extremo norte de Brasil, un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz de 2019 constató que 56 por ciento de esa población tiene exceso de mercurio en la sangre, producto del “garimpo” ilegal que usa ese metal para buscar oro.
En su territorio permanecen cerca de 20000 “garimpeiros”, se estima. En la década de los 80 alcanzó el doble, según denuncias.
Esa actividad es una confesada pasión de Bolsonaro que en aquella década habría participado en el Garimpo de Sierra Pelada, en la Amazonia Oriental, donde su padre fue uno de los más de 100000 “garimpeiros” que buscaban escapar a la crisis económica con la “carrera del oro”.
Su proyecto enfrentará reacciones internacionales, al afectar pueblos originarios y el ambiente amazónico. Pero a juicio de Santilli serán suficientes para abortarlo la resistencia interna y sus diferentes frentes.
Una encuesta hecha por el Instituto Datafolha en junio de 2019, promovida por el no gubernamental ISA, apuntó que 86 por ciento de los encuestados en todo el país se oponen a la entrada de empresas mineras en las demarcadas como tierras indígenas. Entre los que están a favor, solo una parte aprueba una ley como la propuesta ahora.
La legislación propuesta por Bolsonaro no beneficiaría a los indígenas ni a los “garimpeiros”, como pretende el discurso oficial, sino al agronegocio y las empresas mineras que tienen capital para invertir en máquinas y aparatos para operación en gran escala, sostuvo Ivaneide Bandeira, coordinadora de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé, del estado amazónico de Rôndonia.
En caso de que la norma se aprobase, tampoco atraerá las grandes mineras, como las involucradas en catástrofes ambientales y humanas de la avalancha de desechos minerales por el derrumbe de diques en Mariana (2015) y Brumadinho (2019), que se saldaron con 289 personas muertas y centenares de kilómetros de ríos contaminados.
Esas empresas, como la brasileña Vale, dependen de su imagen ya deteriorada para sostener sus exportaciones, recordó Bandeira a IPS.
Permitir actividades agrícolas a los indígenas en sus tierras es innocuo, porque ya es práctica corriente. Mucho de sus pueblos ya fueron forzados a convertirse en agricultores y piscicultores por el deterioro de su ambiente natural, la deforestación y la merma de peces en los ríos, apuntó.
“Ahora el gobierno trata de estimular la agricultura con agroquímicos, transgénicos, para luego criticarlos, señalar que ya no son indígenas, agravar prejuicios y justificar lo que se busca, quitarles la tierra y la identidad”, concluyó la activista.
Marcos Terena, presidente del Comité Intertribal Memoria y Ciencia Indígena, quiere ir más allá de la denuncia, que sería ignorada por el actual gobierno.
“Es una oportunidad para elevar y ampliar el debate con los parlamentarios” sobre no solo ese proyecto de ley, sino toda la política indigenista, destacó a IPS.
La Constitución determina la demarcación de todas las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, pero Bolsonaro dijo que no demarcará ninguna “y no pasa nada”, ejemplificó.
“El debate es necesario para conciencias a nuestra gente, convencer incluso parientes que discrepan (de la defensa de las tierras indígenas), gobernantes y la sociedad”, arguyó.
Hay grandes productores agropecuarios que abandonaron sus anteriores posiciones antiindígenas porque dependen de una imagen positiva para sus exportaciones, sectores económicos que temen la fuga de capitales extranjeros y gobernadores de estados en disputa con el presidente Bolsonaro, recordó.
“Son ventanas abiertas” donde el debate puede avanzar, cree Terena.
Pero hay riesgos de aprobación, aunque parcial, de la ley que dañaría la vida indígena y amenaza especialmente para los grupos aislados, “sin protección contra enfermedades contagiosas e imposiciones culturales”.
Los legisladores de la llamada bancada “ruralista”, vinculados a los intereses del agronegocio, y los que representan a confesiones evangélicas, aglutinan casi 400 escaños del total de 594 que suman las dos cámaras del Congreso, observó al recordar que esa mayoría respalda al gobierno.
Edición: Estrella Gutiérrez
Indígenas protestam em Brasília contra projeto que regulamenta mineração em terras tradicionais
Lideranças indígenas fizeram um protesto na Esplanada dos Ministérios, na manhã desta quarta-feira (12), contra o Projeto de Lei nº 191/2020 – que estabelece regras para a mineração e a geração de energia em territórios tradicionais.
O ato, que reuniu representantes de pelo menos cinco etnias, saiu em marcha pelo Eixo Monumental. O grupo se concentrou às 9h, no Museu Nacional da República, e seguiu até o Congresso Nacional.
Durante o percurso, duas faixas da via S1 foram interditadas, e o trânsito foi liberado às 11h. Já no Congresso, no acesso pela chapelaria, os indígenas estenderam faixas com dizeres contra o PL e entoaram cantos tradicionais. O documento com as reivindicações foi protocolado na Casa.
O projeto de lei citado pelos indígenas foi assinado em 5 de fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto, em análise no Congresso Nacional, autoriza ainda que as aldeias promovam atividades como turismo e cultivo de transgênicos nas comunidades (veja detalhes abaixo).
Em nota enviada ao G1, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), disse que a manifestação pretende cobrar do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), a devolução do projeto ao Poder Executivo.
«O envio do PL 191/2020 à Câmara dos Deputados pelo governo Bolsonaro se dá num contexto de contínuos ataques aos direitos dos povos indígenas, inclusive no âmbito da Fundação Nacional do Índio (Funai)», diz trecho do comunicado.
No documento, a Apib se refere à proposta como “projeto de morte que busca autorizar a invasão dos territórios indígenas”.
Na última quinta (6), Maia determinou que o PL seja encaminhado à análise de uma comissão especial na Casa. Para isso, no entanto, preciso um ato de criação e a leitura em plenário para, depois, os líderes indicarem os membros que vão compor o colegiado.
Entenda o projeto
A regulamentação do garimpo e de outras atividades extrativistas em terras indígenas é defendida por Bolsonaro desde o início do mandato.
De acordo com o Planalto, o projeto define “condições específicas para a pesquisa e lavra de recursos minerais, inclusive a lavra garimpeira e petróleo e gás, e geração de energia hidrelétrica em terras indígenas”.
Segundo o governo, a proposta inclui os seguintes pontos:
- Critérios mínimos para consulta das comunidades indígenas afetadas
- Procedimento administrativo de autorização do Congresso Nacional para empreendimentos minerários, inclusive de petróleo e gás natural, e de geração de energia hidrelétrica;
- Pagamento às comunidades indígenas afetadas no resultado da lavra e da geração de energia hidrelétrica e de indenização pela restrição do usufruto dos indígenas sobre as suas terras;
- Uso desses recursos privados a conselhos curadores, entidades de natureza privada, compostos por indígenas, para repartir o dinheiro entre associações que representem as comunidades indígenas afetadas;
- Possibilidade de os indígenas explorarem economicamente suas terras, por meio de atividades como agricultura, pecuária, extrativismo e turismo.
O que diz a Constituição?
O Artigo 231 da Constituição determina que seja assegurada às comunidades «participação nos resultados da lavra». Segundo o governo, essa regra seguirá o que já existe para exploração em terrenos privados.
Por conta disso, de acordo com o Palácio do Planalto, a regulamentação das atividades também não terá impacto nos pagamentos dos royalties da mineração a estados e municípios.
Bolsonaro pede apoio a ruralistas para projeto sobre áreas indígenas
O presidente Jair Bolsonaro reuniu nesta quarta-feira 12 a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) para um café da manhã no Palácio do Planalto e pediu apoio ao projeto de lei do governo que regulamenta a exploração de atividades econômicas em terras indígenas. De acordo com o coordenador da FPA, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), o encontro serviu de aproximação entre o Executivo e os parlamentares para a articulação de matérias de interesse.
Para o deputado, esse debate é importante para que os instrumentos legais tenham a maior eficiência e eficácia possível a fim de evitar contestações. “Nós temos em outros setores, como Ministério Público e Poder Judiciário, outras relações de poder e com ângulo de visão distinto. Então se fizer um decreto e o decreto atender de maneira voluntarista ao que nos interessa, ele pode cair no primeiro recurso. Então é preciso fazer isso de maneira amadurecida”, disse Moreira, que coordena a bancada com mais de 250 parlamentares.
Moreira confirmou o pedido de Bolsonaro, de apoio ao projeto que regulamenta a exploração de terras indígenas, e defendeu a matéria. “Temos coisas absurdas acontecendo na Amazônia, como o cidadão que vende madeira de maneira legal [e] é perseguido pelo ilegal para não permitir a legalização, porque senão acaba aquele bom negócio. Cada vez que o presidente fala em legalizar não é autorizar de maneira indiscriminada que tome as terras indígenas. Queremos legalizar, conhecer, proteger e preservar”, argumentou.
O projeto do governo inclui a regulamentação de atividades como mineração, garimpo, extração de petróleo e gás, geração de energia elétrica e agropecuária. O Palácio do Planalto não divulgou a íntegra da proposta e não informou quando o PL será enviado ao Congresso Nacional.
A centralização da gestão das ações da região no vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também é um processo que agrada à FPA. “Precisamos vencer questões, por exemplo, de imagem e comunicação. Continuamos com declarações de toda a parte do mundo com relação à Amazônia e não podemos fazer isso com raiva, com voluntarismo, precisamos centrar isso no vice-presidente, ter linguagem única com relação ao processo, mas demonstrar claramente política pública que faça a regularização fundiária, preservação, que não permita o desmatamento ilegal, a mineração ilegal, a devastação, e precisamos demonstrar isso para o mundo e faremos com inteligência”, disse.
Bolsonaro transferiu para a Vice-Presidência a coordenação do Conselho da Amazônia, criado em 1995 com o objetivo de integrar ações federais na região amazônica, incluindo articulação com estados, municípios e sociedade civil.
Pautas do setor agropecuário
A FPA também apresentou a Bolsonaro a pauta prioritária do setor, que inclui questões como o endividamento rural, questões indígenas e quilombolas, defesa sanitária, incentivo à pesquisa e inovação e assistência técnica e extensão rural.
“É possível mesmo produzir um projeto de agropecuária brasileira competitivo e não financiar adequadamente a pesquisa? Não, a pesquisa é vanguarda, ela está na frente, abre caminhos. A extensão rural e assistência técnica têm que estar com financiamento adequado e, principalmente, remodelado porque grande parte delas não serão feitas mais abrindo porteiras e serão feitas por conectividade. O cidadão em dois anos pode estar vendendo peixe no rio do Amazonas com cartão de crédito, a inclusão digital vai acontecer com todos esses setores”, explicou o deputado.
Deputados do PT defendem direitos humanos dos indígenas e convocam audiência
Os deputados estaduais do PT, Cabo Almi e Pedro Kemp, estiveram reunidos hoje (12) pela manhã, na Assembleia Legislativa com a Defensora Pública Federal, Daniele de Souza Ozório, Defensora Regional de Direitos Humanos e das causas indígenas em Mato Grosso do Sul e, lideranças da sociedade civil envolvidas na defesa dos Direitos Humanos. Na pauta, a “grave violação à segurança alimentar de indígenas nas aldeias existentes no Estado”.
A defensora fez um longo relato da grave situação violadora dos direitos humanos, apontando os riscos existentes e constantes para a segurança alimentar de toda a população indígena, incluído crianças, idosos e portadores de doenças diversas, adquiridas pela falta de assistência à saúde e de alimentação suficiente e adequada.
O Programa estadual “vale renda” garante ao indígena com renda inferior ou igual a meio salário mínimo, tem o direito a receber mensalmente cestas básicas do governo do Estado. Porém, segundo consta do Ofício nº 22/2020 da Defensoria Pública da União, o Estado de Mato Grosso do Sul e a União (Governo Federal), recusam-se a entregar as cestas básicas em áreas indígenas não regularizadas, deixando de fornecer alimentos básicos à camada mais empobrecida da população indígena, sujeitando centenas de crianças e idosos a desnutrição e as doenças dela decorrentes.
Segundo consta, no último mês de janeiro de 2020, houve a interrupção da entrega de cestas básicas, até então fornecidas pela União, por meio da CONAB, com o auxílio da FUNAI para os indígenas residentes nas retomadas e acampamentos, porém, evidenciou-se que, a “falta de segurança” para os funcionários responsáveis pela distribuição, motivou a suspensão das cestas básicas nas Aldeias.
No relato, a Defensora Pública Federal aponta que no dia 8 de janeiro último, representantes de diversas entidades de direitos humanos em Mato Grosso do Sul, realizaram visita à área denominada Ñu Verá, na cidade de Dourados/MS, e ouviram relatos de dezenas de indígenas, dentre eles, mulheres, crianças e idosos sobre as recentes ações violentas por parte de agentes de segurança privada, contratados por produtores rurais, vizinhos a Reserva Indígena. Afirmam ainda, que os agentes de segurança usam armas de grosso calibre, caminhonetes e um trator blindado para atemorizar e destruir as moradias e templos religiosos construídos na área.
Diante do cenário assustador apresentado pela defensora e por representantes de direitos humanos, os deputados Cabo Almi e Pedro Kemp se propuseram a fazer uma visita a CONAB e a FUNAI para tentar regularizar a distribuição das cestas básicas garantido por lei e, que segundo consta não estão sendo entregues.
Ficou definido que será feito uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para serem distribuídos em regime de urgência nas Aldeias e a realização de uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa no próximo dia 6 de março.
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